Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Manizales

Radicado: 2016-80913-01

Sala: SALA PENAL

Ponente: Gloria Ligia Castaño Duque

Fecha: 2017-07-27

Sujetos procesales: PABLO EMILIO BONILLA CRIOLLO MENOR OFENDIDA MHR,

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H: 10:30 AM. Manizales, veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017). 1. ASUNTO Procede la Sala a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la Defensa en contra de la sentencia proferida el d�a 18 de octubre de 2016 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Boyac�, Boyac�, a trav�s de la cual se conden� al se�or PABLO EMILIO BONILLA CRIOLLO como responsable del delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR por el cual fue acusado. 2.

HECHOS Tal y como fueron relacionados en la decisi�n de primera instancia: �El 11 de julio de 2015, a eso de las 10:38 horas, funcionarios de la Polic�a de vigilancia fueron reportados de un caso en el barrio Chambac� de este municipio, a la altura de la carrera 0 No. 8-45, dirigi�ndose al sitio donde se encontraron con un sujeto agrediendo a una mujer, quien se identific� como MHR, y manifest� que ese se�or era su padrastro y que en repetidas ocasiones la hab�a maltratado f�sicamente, raz�n por la cual procedieron a realizar la aprehensi�n del ciudadano PABLO EMILIO BONILLA CRIOLLO�. 3.

ACTUACI�N PROCESAL 3.1. Producto de la aprehensi�n en flagrancia del implicado, ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Boyac�, en funci�n de control de garant�as, el d�a 12 de julio de 2015 se adelant� audiencia de formulaci�n de imputaci�n, en la cual se le endilgaron cargos por el delito de �Violencia intrafamiliar�, en los t�rminos del inc. 2� del art. 229 del C.P. y en concurso homog�neo.

El imputado se declar� inocente, luego de lo cual se dio curso a la solicitud de medida de aseguramiento intramural que, en efecto, fue decretada. 3.2. Superada la fase investigativa, se radic� el escrito de acusaci�n, realiz�ndose la audiencia para su formulaci�n oral ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Boyac�, en funci�n de conocimiento, el d�a 23 de septiembre de 2015, data en la que de manera definitiva se le atribuy� al se�or PABLO EMILIO BONILLA responsabilidad por la conducta punible atentatoria contra la familia en los t�rminos atr�s relacionados. 3.3.

Posteriormente, esto es, los d�as 5 de noviembre de 2015 y 22 de febrero de 2016 se adelant� la audiencia preparatoria, al interior de la cual se decretaron las pruebas a practicar e introducir en la audiencia de juicio oral. En tal diligencia hubo controversia con el decreto probatorio, raz�n por la que se activ� la segunda instancia, siendo as� como la audiencia se suspendi� hasta cuando el asunto regres� al despacho de origen que retom� la diligencia preparatoria el d�a 18 de mayo de 2016. 3.4.

Agotadas las anteriores etapas, tuvo lugar el juicio oral que tambi�n se desarroll� en varias sesiones entre el 3 de junio de 2016 que se instal� y el 21 de septiembre de la misma anualidad, cuando tras escuchar los alegatos de clausura de las partes e interviniente, se emiti� por la Juez de la causa un sentido del fallo condenatorio por el delito atribuido, pero dejando de lado el concurso homog�neo por el que se acus�. 4.

LA SENTENCIA. A los 18 d�as del mes de octubre del a�o 2016 se profiri� la sentencia condenatoria previamente anunciada, con la cual la Juez a quo realiz� unas anotaciones preliminares en torno a los presupuestos para proferir sentencia de condena, y m�s adelante acerca del delito endilgado, para luego descender al an�lisis del caso concreto, punto en el que sell� que se contaba con el conocimiento necesario para predicar la existencia de la conducta punible y deducir la responsabilidad del se�or BONILLA.

Para arrimar a tal conclusi�n la Juzgadora comenz� haciendo relaci�n a la prueba m�dico legal con la que se certific� que la menor M.H.R. presentaba lesiones en su pabell�n auricular izquierdo y en el muslo izquierdo, causadas con objeto corto contundente y que generaron incapacidad m�dico legal de 5 d�as, correspondi�ndose con la versi�n de la peque�a al decir que fue agredida con un palo, del que se vali� quien se logr� demostrar, a trav�s de formato de arraigo, el testimonio de M.H.R. y lo concluido por perito psic�logo, que ostentaba la calidad de padrastro de la v�ctima, habiendo as� uno de los v�nculos de que trata el delito de violencia intrafamiliar.

Se afirma en el fallo que con el testimonio de la menor v�ctima y del patrullero que atendi� el caso, es dable verificar que PABLO EMILIO fue capturado en flagrancia cuando atacaba a la primera, trat�ndose de un par de testigos que efectivamente vieron cuando el procesado golpeaba el rostro de su hijastra, lo cual no se desestim� por las ambivalencias en cuanto a la hora de los hechos, pues en el sitio que se presentaron fue ciertamente visto y capturado el acusado, de quien se predic� que con el testimonio de la menor se conoci� el modo en que obr� el 11 de julio de 2015, haciendo uso de la violencia que ya en otras oportunidades la hab�a empleado.

As�, con el testimonio calificado como sincero y consistente de M.H.R., aunado al testimonio del gendarme que tuvo contacto directo con el episodio delictual, adem�s de la prueba m�dico legal, se soport� el juicio de responsabilidad en contra del padrastro BONILLA CRIOLLO, lo cual se hac�a s�lo por la conducta delimitada del 11 de julio de 2015, no as� por las restantes referidas que quedaron sin una elucidaci�n certera, imponi�ndose as� una pena de 72 meses de prisi�n, m�nima posible de acuerdo al art. 229 (inc. 2�) del C.P., respecto de la cual no se accedi� a su suspensi�n o sustituci�n por tratarse de una de las ilicitudes frente a las cuales no proceden tales gracias, conforme lo dispone el art. 68A del C.P. 5.

LA IMPUGNACI�N 5.1. Una vez notificada la decisi�n en estrados, la Defensa interpuso el recurso de apelaci�n, el cual fue sustentado oportunamente mediante escrito con el que se reclam� la revocatoria del fallo de instancia, sustentada en una indebida estimaci�n del caudal probatorio. Inicialmente se realiz� una referencia a los criterios para evaluar la prueba testimonial, as� como una relaci�n de los errores que caben respecto a la estimaci�n probatoria, para abordarse el asunto en particular y reprobar que la Juez no identificara que el polic�a Jhon Garc�a Mazo hab�a mentido al decir que momentos antes pas� por la casa de la v�ctima, cuando ello no era posible por ser en una calle cerrada, en la cual no cab�an veh�culos, siendo as� tambi�n inveros�mil que afirmara que la patrulla arrim� hasta la casa del procesado.

Expresado lo anterior se hizo alusi�n al falso juicio de raciocinio, como proemio para expresar que si los hechos se hubieran presentado como los narr� el patrullero, era de esperar que alg�n vecino se hubiese dado cuenta del hecho y de la captura del acusado, sin que as� ocurriera, por lo que en este punto se presentaba una violaci�n a la sana cr�tica.

M�s adelante se adujo por la Defensa que la m�dico legista que evalu� a la menor no pod�a dar fe de que las lesiones que presentaba fueron generadas por el procesado, sino que se acogi� a lo que la joven le expresaba, como igualmente ocurri� con el psic�logo que la valor�, trat�ndose as� de testigos de referencia, admisibles por excepci�n y con un poder suasorio menguado como lo ha pregonado la jurisprudencia, la cual cit� in extenso, como igualmente lo hizo con pronunciamientos judiciales for�neos. 5.2.

La Representaci�n de v�ctimas, por su parte, como sujeto procesal no recurrente, clam� por la confirmaci�n del fallo de condena, expresando que, contrario a lo aducido por la Defensa, no se ha condenado con base exclusiva en prueba de referencia, neg�ndose que la m�dico legista y el psic�logo evaluador tuvieran tal calidad, en tanto que aportaron importante informaci�n desde sus conocimientos y su especial abordaje de la menor, lo cual jurisprudencialmente se ha apartado de la prueba de referencia. Con la r�plica se adicion� que la Juez no realiz� una evaluaci�n restringida ni sesgada de la prueba, desvirtu�ndose la presunci�n de inocencia como producto de una estimaci�n ajustada a los c�nones de la sana cr�tica, llamada a respaldarse, sin salir avante los reparos que se fundan en la inconformidad por la prelaci�n leg�tima de la prueba de cargo. 6.

CONSIDERACIONES 6.1. Planteamiento del problema. �Se cuenta en el presente asunto con prueba suficiente como para afirmar, m�s all� de cualquier duda razonable, que el se�or PABLO EMILIO BONILLA ha sido autor de violencia en contra de su hijastra M.H.R., o por el contrario, la vacilaci�n campea y el fallo de condena encarna una visi�n sesgada de la prueba que por esencia fue de referencia? Un interrogante tal, ciertamente conduce a esta Sala a un nuevo justiprecio de la prueba, con el fin de determinar su poder suasorio y, as�, dilucidar si la presunci�n de inocencia deb�a mantenerse inc�lume como ha sido clamado con la Apelaci�n, o imperaba dictar un fallo de responsabilidad tal y como se hizo en primera instancia. 6.2.

Y como la sana cr�tica se constituye en directriz para la valoraci�n de las pruebas, antes de entrar en materia del an�lisis al universo demostrativo acaudalado, valga sentar alguna ilustraci�n sobre el tema de la estimaci�n probatoria, actividad respecto de la cual la Corte Suprema de Justicia ha explicado que, adem�s de cognoscitiva, es hist�ricamente reconstructiva, a efectos de determinar si los hechos objeto de escrutinio penal, se adecuan a la descripci�n t�pica de la Ley.

En tal sentido esa Alta Corporaci�n ha dicho sobre este tema: �La sana cr�tica impone al funcionario judicial valorar la prueba contrast�ndola con los restantes medios, y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad de los sentidos con los que se tuvo la percepci�n, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibi� y las singularidades que puedan incidir en el alcance de la prueba examinada. �El examen probatorio, individual y de conjunto, adem�s de los criterios se�alados, acude a los supuestos l�gicos, no contrarios con la ciencia, la t�cnica ni con las reglas de la experiencia, para inferir la soluci�n jur�dica que la situaci�n examinada amerita. �En consecuencia, el razonamiento para determinar en un proceso penal si un hecho dado ocurri� o no (facticidad), y, en la primer eventualidad, las posibilidades en que se ejecut�, solo puede apoyarse en premisas argumentativas que apliquen las reglas de la sana cr�tica, en los t�rminos que vienen de explicarse, no a trav�s de la personal o subjetiva forma de ver cada sujeto la realidad procesal examinada�.

La misma Corporaci�n, sobre la relaci�n entre la apreciaci�n probatoria y el grado de conocimiento necesario para dictar sentencia condenatoria, ha establecido: �El acto de apreciaci�n probatoria se erige en la operaci�n mental que tiene por fin conocer el m�rito que pueda inferirse del contenido de la prueba. De ah� que cuando se habla de apreciaci�n o valoraci�n probatoria se parte de un estudio cr�tico individual y de conjunto de los elementos de juicio allegados v�lidamente al proceso, motivo por el cual el funcionario judicial debe examinar la credibilidad, fiabilidad o confianza que le merece la probanza y, posteriormente, examinarla en su conjunto. �Dicho de otra manera, en la apreciaci�n de los medios de prueba solamente se deben estimar aquellos en cuyo proceso de aducci�n y producci�n se respetaron todos su ritos, luego se debe verificar su pertinencia, conducencia y utilidad frente al convencimiento del funcionario judicial, para seguidamente proceder a realizar una reconstrucci�n hist�rica del acontecer f�ctico en discusi�n, teniendo como �nicos par�metros los postulados que informan la sana cr�tica, formando de esa manera un todo sint�tico, coherente, l�gico y concluyente. �En lo que respecta a la sentencia la ley exige que para dictar fallo de condena se requiere el grado de conocimiento de certeza, grado al que se llega luego de apreciar de manera individual y mancomunada todos los elementos de juicio allegados v�lidamente al proceso. �La certeza implica que el funcionario judicial est� fuera de toda duda, es decir, que acepta la existencia de unos hechos con criterio de verdad desde dos planos a saber: (i) Subjetivo.

Consistente en la manifestaci�n de aceptar el hecho como cierto y (ii). Objetivo. Son los fundamentos probatorios que se tienen para concluir en la existencia de dicho hecho. �En otras palabras, la certeza no es otra cosa que la convicci�n del hecho. Conocimiento al que se arriba luego de concluir que �ste encuentra cabal correspondencia con lo que revelan los medios de prueba incorporados al tr�mite, luego de ser examinados de acuerdo con los postulados de la l�gica, de la ciencia o de las m�ximas de la experiencia, excluy�ndose de esta manera las ideas contrarias que se ten�an de �l.� �En ese orden, el juez adoptar� fallo condenatorio s�lo cuando, luego de hacer la valoraci�n del material probatorio, llegue internamente a la convicci�n en grado de certeza sobre la materialidad del hecho punible y sobre la responsabilidad del procesado.

Si no alcanza ese nivel de convencimiento, de modo que tenga incertidumbre sobre alguno de los mencionados elementos, es preciso acudir al principio de in dubio pro reo. Esa duda -ha reiterado la Corte- debe ser trascendente, esto es, de una entidad suficiente que no permita tener certeza en relaci�n con el aspecto objetivo o subjetivo del comportamiento punible�. Expuesto lo precedente, aparece entonces que los medios de prueba deben apreciarse individualmente y en conjunto conforme al principio de an�lisis sistem�tico, en busca de una reconstrucci�n coherente de los hechos relevantes con apoyo en los postulados de la l�gica, la ciencia y las reglas de la experiencia, todo lo cual significa que para proferir un fallo condenatorio es necesario por parte del operador judicial el convencimiento o grado de convicci�n adecuada -contrario al capricho, la arbitrariedad, los prejuicios y la opini�n privada- de que los hechos objeto de estudio encuadran en la descripci�n delictiva establecida por el legislador y sobre los mismos puede predicarse la responsabilidad penal del procesado, gracias a una certidumbre producto de an�lisis objetivos y razonables.

Y a la sana cr�tica que venimos refiri�ndonos, claramente, no escapa la prueba testimonial, en tanto deber� el Juez verificar la credibilidad de la versi�n vertida por los testigos a partir de una confrontaci�n de las respuestas ofrecidas con la l�gica, la experiencia y la ciencia. Precisamente la verosimilitud del testimonio depende de su concordancia con el sentido com�n, con lo usual y con leyes de raigambre cient�fico.

Teniendo siempre presente que, al conformarse de las palabras de un sujeto con intereses y pasiones, no siempre estar� dispuesto a decir la verdad. Al fin y al cabo, la mentira es un componente de la condici�n humana. En tal sentido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, ha dicho: �La sana cr�tica se identifica con los ejercicios de verificabilidad del conocimiento hacia la aprehensi�n de la verdad, proceso en el que los jueces deber�n ser respetuosos de las m�ximas generales de experiencia, leyes de la l�gica, la ciencia, y de los criterios t�cnico-cient�ficos estatuidos para valorar determinado medio de prueba que para el caso del testimonio se hallan consagrados en el art�culo 403 de la ley 906 de 2004, que al ser correctamente aplicadas permiten efectuar inferencias acertadas, llegar a conclusiones y otorgar credibilidad a los distintos medios de convicci�n habida raz�n de la verosimilitud de los mismos.(�) �Las contradicciones sobre aspectos accesorios no destruyen la credibilidad del testimonio aunque s� la aminoran, sin que ello traduzca ruptura de la verosimilitud, pero al recaer sobre contenidos secundarios terminan siendo un desacuerdo aparente, esto es, no real y por ende conciliable que habr� de ser valorado con ponderaci�n y razonabilidad adoptando una especie de hermen�utica de favorabilidad apreciativa al interior de las expresiones f�cticas dispares en lo no esencial. �Lo que destruye el valor y la credibilidad de los testimonios vistos en su unidad o con relaci�n a otros, es la verdadera contradicci�n sobre aspectos esenciales relevantes y esa depreciaci�n ser� mayor cuando sea menos explicable la contradicci�n. �Es cierto que uno de los presupuestos para la eficacia probatoria del testimonio es su claridad, precisi�n y conformidad, es decir, que no comporten contradicciones internas en sus expresiones, ni externas en relaci�n a otros medios de convicci�n. (�)� Con lo anterior, aparece entonces como un imperativo para el operador judicial llevar a cabo una detallada labor de verificaci�n de todas y cada una de las respuestas ofrecidas por el testigo, para avistar tras la informaci�n aportada, alg�n posible inter�s de tergiversar la verdad, prejuicios, afectaci�n de la percepci�n o defectos en el proceso de rememoraci�n, todo ello sin pasar de soslayo su condici�n personal, social, cultural y acad�mica, que ser�n indicativas de su idiosincrasia y personalidad, y ello a su vez, se tornar� en derrotero para colocar en contexto las respuestas ofrecidas y la forma como se ofrecen. �De manera que no es la calidad misma del declarante sino su situaci�n personal, sus facultades superiores de percepci�n, retentiva y recordaci�n, la ausencia de intereses en el tr�mite o de circunstancias que afecten su imparcialidad, y las restantes peculiaridades de las que pueda precisarse la correspondencia y credibilidad de su dicho, las que resultan relevantes para determinar la ocurrencia de una determinada situaci�n desde el punto de vista probatorio� Todo lo anterior acompasado con aquel criterio jurisprudencial que reza que el cr�dito a asignar a la v�ctima o al testigo presencial solitario que fungen como conocedores �nicos de los precisos hechos investigados, est� directamente relacionado con: (i) la verosimilitud de sus atestaciones, (ii) que el se�alamiento haya sido consistente y no se encuentre maculado por contradicciones, y (iii) que las condiciones particulares del testigo indiquen su capacidad de aprehender la realidad y que no le asiste ladino inter�s en alterarla en disfavor de una persona respecto de la cual tiene una aversi�n u ojeriza. 6.3.

Valoraci�n en concreto de la prueba. Cuando se analizan los motivos de disenso, no se halla un ataque directo direccionado a la desestimaci�n absoluta del testimonio de la menor M.H.R., avizorando de entrada esta Sala que, en efecto, no hab�a lugar a ello, pues en este caso quien se pregon� v�ctima no dej� entrever que estuviese movida por un designio en alterar la verdad, sino que, al contrario, expres� con total naturalidad, espontaneidad, coherencia y contundencia la an�mala experiencia que produjo la judicializaci�n del se�or PABLO EMILIO BONILLA, a trav�s de una corta pero nutrida declaraci�n en la cual permiti� conocer la realidad familiar que la envolv�a y que dio lugar a ser objeto de violencia. En este sentido, quiere relievar este Juez Plural la manera abierta y directa en que M.H.R. hizo una descripci�n de lo sucedido, sin exagerar o recargar su se�alamiento, sino ci��ndose a las circunstancias de una situaci�n inicua de violencia, a trav�s de palabras de las que no es posible afirmar, y ni siquiera sospechar, que hab�an sido preparadas, pues nunca dej� vislumbrar que estuviese relatando un libreto preparado sobre una historia ficticia. Al contrario, la franqueza en el lenguaje fue rasgo distintivo de aquella jovencita que, sin escandalizarse sobremanera, sino haciendo notar con ecuanimidad lo irregular de lo ocurrido, permiti� conocer a la audiencia que su padrastro, el d�a 11 de julio de 2015, la hab�a golpeado, gener�ndole diversos traumatismos en su integridad personal.

As�, advierte esta Colegiatura, como ya lo hab�a hecho el Juez a quo, que no se est� ante un asunto en el que s�lo prueba de referencia se acaudal�, porque de entrada el contar con el testimonio de la v�ctima desdice tal postura, encontrando en simult�neo y como producto de lo acabado de relacionar, que no se trat� de una prueba directa inepta, sino una contundente probanza meritoria de cr�dito, para predicar as� que, en efecto, estamos ante un verdadero caso de violencia intrafamiliar y no ante una falsa sindicaci�n. �Y fue �sta la �nica prueba directa para fundar un fallo de responsabilidad? Frente a este interrogante, de tajo aparece una respuesta negativa, que se funda en que aquella versi�n, seg�n la cual, el se�or PABLO EMILIO BONILLA atac� con sus propias manos a su hijastra, cuenta con varias probanzas que la respaldan y corroboran.

En principio est� la prueba pericial en medicina constituida con la Doctora Eileen Melisa Gait�n, m�dico rural del Hospital Jos� Cayetano V�squez de Puerto Boyac� que, en raz�n a tal rol, evalu� a la jovencita, no en cuanto a su relato, sino ante su condici�n f�sica, encontrando que para la �poca de los hechos, presentaba escoriaci�n en pabell�n auricular izquierdo, asociado a equimosis retro-auricular, as� como escoriaci�n en muslo izquierdo, con edema y eritema perilesional, ocasionados con elemento corto contundente.

Dictamen propio de las lides m�dicas que, por tal, apartan a la m�dico legista de cualquier otro testigo que tuviese para referir en exclusiva lo que hubiese escuchado de la ni�a, siendo as�, m�s que simple interlocutora de M.H.R., la evaluadora de sus condiciones de salud, permiti�ndole ello entregar una informaci�n especializada que afirma que la examinada s� sufri� laceraciones en su cuerpo, lo cual entreg� en su rol de perito, con una t�cnica y guiada por unos protocolos.

Para respaldar lo que acaba de decirse, c�tese a la Corte de Suprema de Justicia al dictar: �En segundo t�rmino, tampoco son prueba de referencia las atestaciones de los profesionales en sicolog�a y siquiatr�a que valoraron a la ofendida, pues su dicho en el juicio oral, complementado con los informes elaborados con anterioridad, constituyen una prueba t�cnica que involucra conocimientos cient�ficos en su pr�ctica y conclusiones. �Sobre el caso de la prueba pericial, aunque es cierto que el dictamen siqui�trico o la entrevista sicol�gica suponen que el experto obtiene del examinado una serie de manifestaciones que aqu�l ha de escuchar y registrar en su informe, ello no permite por s� mismo calificar sus palabras o sus conclusiones como prueba de referencia, pues su esencia no es otra que el an�lisis de las manifestaciones y comportamientos del examinado bajo los preceptos de la ciencia que estudia el comportamiento humano, mas no es su objeto ni su m�todo cient�fico el de deslindar o asignar responsabilidades seg�n las manifestaciones de quien es objeto de estudio. �Es as� que el peritaje est� encaminado a ofrecer un elemento de juicio de naturaleza cient�fica que, en todo caso, est� sometido al tamiz de la sana cr�tica por parte del funcionario judicial.�  Luego, estamos ante prueba especializada que permiti� conocer que la afectaci�n de la integridad no era una invenci�n o falacia, sino una realidad t�cnicamente constatada.

Y si bien de las lesiones sufridas por la v�ctima no ten�a opci�n la m�dico legista de afirmar que fueron causadas por el acusado BONILLA CRIOLLA, como con objetividad lo reconoci� en el juicio oral, est� claro que el Juez no es aqu�l que se sienta en su atril a esperar que todas las pruebas le denoten rotundamente lo sucedido, sino que es preciso un abordaje anal�tico con el cual establezca el alcance de las pruebas y el poder que representan en la reconstrucci�n hist�rica de lo sucedido.

Criterio que aplicado al caso en concreto permit�a y permite entender que, m�s all� de las limitaciones de la prueba m�dica pericial, el que denotara que M.H.R. efectivamente estaba lesionada para cuando su padrastro era capturado por un ataque en su residencia, y en espec�fico en la fecha que ella relacionaba como aquella en que �l la hizo presa de su furia, resulta ser un respaldo s�lido del testimonio inculpatorio ofrecido por quien se reput� v�ctima.

V�ctima que encontr� tambi�n respaldo en otra prueba pericial, como es la psicol�gica presentada en la vista p�blica, la cual si bien tiene por base el relato que M.H.R. hizo extra-juicio al psic�logo, no se circunscribi� a la reiteraci�n indiscriminada de lo que ella dijo en su momento, sino que fue m�s all�, conteniendo un abordaje profesional para evaluar sus condiciones mentales, las cuales se reputaron sanas y acordes a la edad.

En este sentido, el psic�logo tra�do a estrados indic� que M.H.R. tiene equilibrio entre sus �reas cognitiva, emotiva y motriz, cuenta con capacidad para expresarse, presenta un desajuste en el �nimo por los hechos relatados, y finalmente complement� la anterior informaci�n sellando que la historia narrada por la menor fue ofrecida con claridad, conexi�n, consistencia, coherencia. Suerte de conclusiones que, a no dudarlo, no son prueba infalible de la ocurrencia de la violencia intrafamiliar juzgada, pero que s� denotan, como prueba pericial y no de referencia, que estamos ante una persona que inculpa con capacidades intelectivas plenas y con un relato sin baches, lo cual sirve para ahondar en la credibilidad que ya con el an�lisis de su testimonio se hab�a fundado, lo cual tambi�n resulta de gran importancia, porque se descarta el estar ante una peque�a fantasiosa, tendiente a la mentira o cualquier otra situaci�n mental que colocara en entredicho que las lesiones que su cuerpo mostraba fueron causadas por un arresto de violencia de su padrastro, como desde un principio lo ha dicho.

Y a prop�sito del principio de este asunto, sea el punto para cuestionarse �c�mo se conoci� la ilicitud juzgada? Encontrando como respuesta que no lo fue una denuncia de parte de M.H.R., sino que lo fue la intervenci�n contingente de la Polic�a Nacional para conjurar la situaci�n an�mala que se presentaba en la residencia en la cual habitaban tanto la menor como el acusado.

Particularidad que conduce a sellar que no estamos ante un intento ladino de la jovencita dirigido a lograr el encarcelamiento de su padrastro, pues de haber sido as� era de esperar que ella misma buscara a las autoridades, pero no lo hizo, siendo m�s bien auxiliada de manera espont�nea frente a un embate que en juicio oral adujo que no era primera vez que ocurr�a, sin que no lo hubiese denunciado o similar porque su madre no la apoyaba y, por el contrario, le suger�a no oponerse y tolerar el accionar de quien fung�a como el �jefe� del hogar.

Pero adem�s de lo anterior, el que hubiese habido una participaci�n de la Polic�a, nos coloca ante una nueva prueba de inconmensurable valor para respaldar la acusaci�n, tal y como lo es el testimonio del patrullero Mazo Garc�a, quien como gendarme encargado de la vigilancia en el cuadrante No. 1 que incluye al barrio Chambac�, fue quien realiz� la captura del procesado.

Captura que, tras una revisi�n de la actuaci�n, se percibe que no es un invento del patrullero para respaldar una acusaci�n que no le ata��a, sino una realidad que dio lugar a que PABLO EMILIO BONILLA, y no otra persona, el d�a 11 de julio de 2015 fuera restringido en su libertad, no por azar, sino como resultado de una intervenci�n policial, como fue controlar un ataque de �ste a una menor de edad que resid�a bajo el mismo techo.

Y valga anotar que tal captura se dio en t�pica situaci�n de flagrancia, lo cual nos conduce a recordar y reiterar que la �observaci�n del momento consumativo del delito�, adem�s de ser una de las circunstancias que faculta la aprehensi�n excepcional sin orden judicial, tambi�n se constituye en elemento de prueba relevante para evidenciar la materialidad de la conducta punible y fijar su autor responsable.

Es decir, cuando una persona es sorprendida al momento de cometer el delito, ello no s�lo es causal legal y leg�tima para su captura sin autorizaci�n judicial precedente, sino que al mismo tiempo se convierte en circunstancia trascendental en el campo probatorio, en tanto, resulta innegable que cuando una persona es encontrada o percibida en ejercicio de una actividad il�cita, tal situaci�n de suyo se constituye en elemento probatorio colosal para acreditar la ocurrencia de esa ilicitud y su art�fice, constat�ndose f�cilmente a trav�s del testimonio de la persona que percibe el momento consumativo del delito o quien realiza la subsiguiente aprehensi�n. As�, por ejemplo, resultar� de menor complejidad el juicio de responsabilidad en el que una persona ha sido vista accionando su arma sobre otra e inmediatamente capturada, que aquel proceso en que no se logra observar ni aprehender a quien atent� contra un semejante; o como en este caso, de suma relevancia para la verificaci�n de la ocurrencia del delito y su autor responsable, se torna el observar, intervenir y capturar en el preciso momento en que el grave altercado familiar se desarrollaba, tal y como en juicio lo ha dado a conocer el patrullero que realiz� la aprehensi�n, con la consabida importancia que ello representa para el esclarecimiento del episodio il�cito materia de juzgamiento.

No obstante lo anterior, con la apelaci�n se afirma que el patrullero ha faltado a la verdad y que no se presentaron los hechos como �l los ha relatado, en tanto que habl� de haber pasado segundos antes por la calle en que se ubica la residencia del procesado, a pesar de que se trata de un callej�n sin salida; adujo que realiz� la captura a pesar de que ning�n testigo dice haberlo visto en el sector, y tuvo bache frente a la hora de aprehensi�n con relaci�n a otras pruebas.

Reparos que buscan minar el cr�dito del gendarme, sin que esta Sala los respalde. En principio, porque ha querido apuntar el Defensor la imposibilidad de que el patrullero pasara antes por el lugar de los hechos, pero �ste es un dato insular sin relevancia para el esclarecimiento del caso y, por tanto, sobre el cual no era necesario faltar a la verdad, como quiera que siendo el llamado de la comunidad el que alert� al policial para que acudiera a controlar la situaci�n que se presentaba en un barrio bajo su vigilancia, nada aportaba o restaba a su verosimilitud el que ya hubiese pasado o no por la casa de los implicados.

Lo importante es que estuviese en el sector, y sobre ello s� hubo claridad, en tanto que siempre fue enf�tico el agente Mazo Garc�a en decir que cuando advirti� la necesidad de intervenci�n se encontraba a aproximada media cuadra, raz�n por la que pudo realizar la intervenci�n que, se insiste, no qued� entre sombras, sin referente tangible, sino que dio lugar a una captura en flagrancia que suscit� que PABLO EMILIO al d�a siguiente hubiese sido presentado ante la Judicatura, en un escenario en el que se debati� la legalidad de la aprehensi�n que finalmente fue avalada, sin que se sugiriera o apareciera desde temprano momento una historia de abuso policial en la cual se hubiera capturado sin fundamento.

Al contrario, surgi� como realidad constatada que fue una violencia intrafamiliar la que estimul� el accionar policial, lo cual se ratific� en la vista p�blica en que ello qued� sentado con el testimonio de la peque�a y del gendarme como una s�lida verdad procesal, la cual, para desventura de la coartada defensiva, tambi�n se soport� en los dichos de referencia de Martha Liliana Romero, testigo de la defensa que en el juicio adujo que conoci� que su amigo y vecino PABLO EMILIO fue detenido por haber empujado a la ni�a contra una pared, y no sin motivos o por otra raz�n. De este modo, la Sala avala la efectiva presencia del policial para escuchar las voces de alerta, darse cuenta del escenario de violencia, para intervenir en socorro de la menor y para dar captura al hoy acusado, sin que ello tampoco se desdiga porque, seg�n la impugnaci�n, no hubiesen sido tra�dos a juicio vecinos que certificaran haber visto al policial en acci�n, pues cuando se practic� la prueba de cargo tal aspecto fue dilucidado por la menor al referir de modo espont�neo que fue auxiliada gracias a la llegada de la Polic�a, y tambi�n con el testimonio del gendarme mismo, quien sin denotar estar faltando a la verdad fue di�fano en expresar que debi� controlar al acusado mientras atacaba a la ni�a, sin que hubiese testigo alguno que se opusiera a ello, pues parte de los que fueron convocados por la Defensa admitieron no haber estado para el momento de los hechos (tres de ellos), mientras que la testigo restante, que supuestamente escuch� gritos entre padrastro e hija, se limit� a tal acto de escucha, sin haber supuestamente visto el desenlace de la algarab�a, lo cual la apartaba de la posibilidad de percibir la intervenci�n policial.

Y sea este el punto para se�alar que la Defensa quiso colocar en entredicho la efectiva captura en flagrancia con la declaraci�n del se�or Andr�s Oviedo, amigo del acusado que para enturbiar la probidad en el accionar policial, adujo que cerca de las 9:30 o 10:00 am vio que un polic�a abord� -en lugar distinto a su residencia- a PABLO EMILIO y le dijo que lo necesitaban en la estaci�n de polic�a, en una hip�tesis a todas luces contraria a la teor�a acusatoria, que de salir avante coadyuvar�a a una absoluci�n, pero que no podr�a acogerse por la Judicatura, porque adem�s de soportarse en las palabras aisladas de un amigo del interesado directo en desprenderse de la responsabilidad penal, se contradice con el testimonio de la se�ora Mar�a Nohemy Ciro, tambi�n deponente de la defensa, que adujo que ella escuch� cuando padrastro e hijastra discut�an al interior de su residencia, en la misma ma�ana en que aqu�l fue aprehendido.

Contradicci�n no menor que impide creer entonces que PABLO EMILIO BONILLA estaba en lugar diferente a su residencia, y que no ten�a una relaci�n causal con la afectaci�n f�sica que present� su hija, sum�ndose a ello lo extra�o que resulta que una persona, de manera confusa y sin motivo alguno, pueda ser citado ante la Polic�a Nacional, por un agente del orden que ni en razones personales ni solidaridad con terceros encontraba est�mulo para servir a una inculpaci�n falsa soportada en una menor de edad que en cualquier momento habr�a de quedar al descubierto y le complicar�a su carrera policial.

Ello en verdad, resulta muy at�pico, como no lo es que el proveedor econ�mico de un hogar desorganizado que ha tenido una relaci�n dif�cil con su hijastra, haya optado por la violencia en un momento de tensi�n, apareciendo as� los estrujones y golpes que dieron lugar a unas lesiones intolerables para el derecho penal, pero quiz� s� permisibles para personas, en entornos de carencias materiales y emocionales, que por ausencia de una conciencia acerca de la gravedad del episodio, creen que una reacci�n tan violenta se justifica por lo malcriada que pueda llegar a ser M.H.R. Jovencita de la que no se desconoce la posibilidad de que sea rebelde y no se acoja a normas, pero que no por ello puede ser objeto de maltratos f�sicos lacerantes como los que ha vivido por parte de su padrastro, de quien se ratifica su responsabilidad por el delito contra la familia que le ha sido endilgado.

Se confirmar�, pues, la decisi�n de instancia, teniendo como eje probatorio el testimonio de la v�ctima misma, no solitario ni soportado en prueba de referencia, sino cobijado por prueba testimonial como la ofrecida por el patrullero que acudi� a auxiliarla al momento del ataque, y hasta algunos de los deponentes que trajo a juicio la Defensa, los cuales ratificaron el escenario de violencia, el que tambi�n se soporta con gran poder a trav�s de la prueba pericial psicol�gica y m�dica que, se reitera, cuenta como base con un relato extra juicio de M.H.R. pero que va m�s all� de ello, componi�ndose de an�lisis t�cnicos o especializados que permiten reafirmar que el se�or PABLO EMILIO BONILLA el d�a 11 de julio de 2015 s� violent� a su hijastra y, por tanto, debe responder en el campo del derecho penal, tal y como ya se hab�a anticipado. 7.

DECISI�N Por todo lo precedentemente discurrido, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES, SALA DE DECISI�N PENAL, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por v�a de apelaci�n se ha revisado, que fuera proferida el d�a 18 de octubre de 2016 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Boyac�, Boyac�, y a trav�s de la cual se conden� al se�or PABLO EMILIO BONILLA CRIOLLO como responsable del delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

SEGUNDO: De acuerdo al art�culo 102 del C�digo de Procedimiento Penal [modificado por la Ley 1395 de 2010] ADVERTIR que una vez adquiera firmeza la presente sentencia condenatoria, dentro del t�rmino de 30 d�as, la v�ctima del delito podr� solicitar [ante el Juzgado que conoci� del proceso en primera instancia] la iniciaci�n del INCIDENTE DE REPARACI�N INTEGRAL, con el cual se podr� lograr el resarcimiento de los perjuicios generados con el punible.

De no hacerse, en todo caso habr� lugar a su iniciaci�n oficiosa por tratarse de una v�ctima menor de edad, tal y como lo dispone el art. 197 del C�digo de la Infancia y la adolescencia.

TERCERO: Notif�quese la presente decisi�n a las partes, inform�ndoles que en contra de la misma procede el recurso extraordinario de casaci�n. Notif�quese y C�mplase Los Magistrados, GLORIA LIGIA CASTA�O DUQUE DENNYS MARINA GARZ�N ORDU�A JOS� FERNANDO REYES CUARTAS Yanet Licet Ocampo Vallejo Secretaria  Folio 140 del cuaderno principal.  Folios 7 a 10 del cuaderno principal.  El escrito de acusaci�n se encuentra entre los folios 1 y 4 del cartulario principal, mientras que el acta de su formulaci�n oral se halla en el folio 31.  Ver los folios 37, 55, 61 y 74.  Verificar los folios 88, 102, 119, 129 y 132.  C.S.J. Sala de Casaci�n Penal.

Rad. 21068 del 25 de mayo del a�o 2005.  C.S.J. Sala de Casaci�n Penal. Rad. 30443 del 25 de mayo de 2011. M.P. Augusto Ib��ez Guzm�n.  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal. Sentencia del 17 de junio de 2010; Radicado 33734.  Corte Suprema de Justicia. Decisi�n del 23 de febrero de 2011. Radicado: 32996.  Todo lo relacionado en este ac�pite se condensa en las consideraciones que sobre la prueba testimonial se encuentran en la decisi�n de la Corte Suprema de Justicia 40105 del 28 de mayo de 2014.

MP: Eugenio Fern�ndez Carlier. (SP-6700-2014).  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, sentencia de 29 de febrero de 2008, radicaci�n No. 28257.     P�gina  PAGE 26 Sentencia Ley 906-2016-80913-01 PABLO EMILIO BONILLA CRIOLLO Violencia Intrafamiliar Confirma Rep�blica de Colombia  Tribunal Superior de Manizales Sala Penal P�gina  PAGE 1 Sentencia Ley 906-2016-80913-01 PABLO EMILIO BONILLA CRIOLLO Violencia Intrafamiliar Confirma Rep�blica de Colombia  Tribunal Superior de Manizales Sala Penal !89Lgy|�����������������������Ѽ���������q`L`Lq`qLqLqL�'h�h� �5�OJQJ^JaJmH sH !hrF5�OJQJ^JaJmH sH !h� �5�OJQJ^JaJmH sH "h� �CJOJQJ^JaJmH sH "hrFCJOJQJ^JaJmH sH +h h� �5�CJOJQJ^JaJmH sH (h h� �CJOJQJ^JaJmH sH h� �mH sH %h��5�CJOJQJ^JaJmH sH %h� �5�CJOJQJ^JaJmH sH 89Lg���������������������$�dh^�a$gd� �$�7dh1$7$8$H$`�7a$gd� �$���dh^�`��a$gd� �$� dh^� a$gd� �����dh^��`��gd� �gd� �$dh&d P�� a$gd� � $dha$gd� � �����, 7 �  ! 9 S T ^ _ ` � � � D E � � � � � ��ʸ�ʪ��ʪ��ʸ�xixZx�F��'jh� �0JCJOJQJU^JaJh�-�6�CJOJQJ^JaJh-'6�CJOJQJ^JaJ#h� �h� �6�CJOJQJ^JaJhsRCJOJQJ^JaJ#h� �h� �5�CJOJQJ^JaJh� �CJOJQJ^JaJ#hk�hsR5�CJOJQJ^JaJh� �5�CJOJQJ^JaJ#hk�h� �5�CJOJQJ^JaJ(h�kHhsRCJOJQJ^JaJmH sH �R S T ^ _ ` � � � � � � NO������CDU�����������������������$��dh`��a$gd� � $dha$gd� �$�dh^�a$gd� �$��dh`��a$gd� �� � � � � � �  k  � � �����������̶�����n�n�nV�C�n�n�%h� �5�CJOJQJ^JaJmH sH /jh� �0JCJOJQJU^JaJmH sH "h�ECJOJQJ^JaJmH sH "h�-�CJOJQJ^JaJmH sH "h-'CJOJQJ^JaJmH sH "h� �CJOJQJ^JaJmH sH +h�9�h� �5�CJOJQJ^JaJmH sH #h#e hsR5�CJOJQJ^JaJh� �5�CJOJQJ^JaJ#h#e h� �5�CJOJQJ^JaJ��,q���������|���������@ABCD�����ܲܟ������ܲ�s��a�aOaʲs�"h�-�CJOJQJ^JaJmH sH "hE,�CJOJQJ^JaJmH sH +h�T�h� �5�CJOJQJ^JaJmH sH +h�Gh� �5�CJOJQJ^JaJmH sH %h� �5�CJOJQJ^JaJmH sH /jh� �0JCJOJQJU^JaJmH sH "h�ECJOJQJ^JaJmH sH "h� �CJOJQJ^JaJmH sH "h�>CJOJQJ^JaJmH sH UVWIJ��z{QSTfgwx�!�!�"#�������������������$��dh`��a$gd�k[$��dh`��a$gd�6� $dha$gd� �$��dh`��a$gdzex$��dh`��a$gd� �$�dh^�a$gd� �DVWXYZw���nsy�����+>Iu�������д���������{�����m_Qh�CJOJQJ^JaJhx kCJOJQJ^JaJh!' 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pie,Footnote Text Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Cha,Footnote Text Cha,Ca$a$CJ��o��� � �WTexto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char Car,FA Fu Car1$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH �o��! � ��Texto nota pie Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,Footnote Text Char Char Char Car,texto de nota al pie Car,Footnote Text Char Car,Texto nota pie Car Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH &`��1 � ��Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Footnote number,referencia nota al pie,BVI fnr,f,Ref,de nota al pie,Footnote symbol,Footnote,Ref. de nota al pie2,Nota de pie,Pie de pagina,Ref.,Ref1,FC,Pie de P�ginaH*<@B< � � Encabezado  �C�"X�o��QX � �Encabezado Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH Z�ObZ � � Profesi�n$ �ndha$5�CJ OJQJmH $sH $TP@rT � �Texto independiente 2 d��xaJn�o���n � �Texto independiente 2 Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH V�`���V � � Sin espaciado CJOJPJQJ_HmH 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