Micelio

AUTO — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 520016000485200783356 02 NI 2299

Sala: PENAL

Ponente: Blanca Lidia Arellano Moreno

Fecha: 2017-10-26

Sujetos procesales: PROCESADO: LGT

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NULIDAD � VULNERACI�N DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS V�CTIMAS - DERECHOS DE LAS V�CTIMAS FRENTE A LOS PREACUERDOS � Deber del Fiscal y del Juez de velar por la garant�a de comunicaci�n al celebrarse estos - Se decreta la nulidad de la actuaci�n a partir de la audiencia de verificaci�n de la legalidad del preacuerdo, al establecerse que se han presentado irregularidades que afectan las garant�as de las v�ctimas determinadas y determinables, por cuanto no fueron convocadas de manera previa o concomitante para que conociera los t�rminos de la negociaci�n a fin de que pudieran intervenir efectivamente en la celebraci�n del preacuerdo, ni se adelantaron las gestiones procesales necesarias para obtener la representaci�n de los que resultaran perjudicados con el fallecimiento de la otra v�ctima, y no obstante, no cuentan con poder de veto ni es obligatoria su comparecencia, es un deber el que puedan ser o�das, lo cual implica la obligaci�n tanto para el ente instructor como para el funcionario judicial, de poner en su conocimiento la realizaci�n del preacuerdo y de la audiencia de verificaci�n de su legalidad, pues de ello depende su efectiva intervenci�n./ Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Radicado No. 520016000485200783356 02 NI 2299 REP�BLICA DE COLOMBIA  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO SALA DE DECISI�N PENAL Magistrada Ponente : Dra. Blanca Lidia Arellano MorenoRadicaci�n: 520016000485 200783356 N�mero Interno:: 2299Procesado: LGTDelito: Favorecimiento AgravadoFecha de aprobaci�n : Acta Nro. 17 del 19 de octubre de 2017 San Juan de Pasto, veintis�is (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017) OBJETO DE LA DECISI�N Resuelve la Sala el recurso de apelaci�n interpuesto por la apoderada del se�or SRG, en su condici�n de v�ctima, contra el auto dictado el 12 de mayo de 2016, por medio del cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pasto (N), en audiencia p�blica de verificaci�n de preacuerdo resolvi� aprobar aquel que fue celebrado entre las partes dentro de la actuaci�n adelantada en contra de LGT, acusado de la comisi�n del delito de FAVORECIMIENTO AGRAVADO.

ANTECEDENTES F�CTICOS: La Fiscal�a General de la Naci�n plasm� en el acta de preacuerdo que durante los a�os 2007 y 2008 oper� en los departamentos de Nari�o y Cauca, un pelot�n especial del Ej�rcito Nacional del Batall�n de Boyac� denominado BUITRE UNO, encargado de realizar operaciones militares de registro y control. Refiere que dicho pelot�n se encontraba bajo la direcci�n del Teniente JASMS, quien lo distribuy� en dos secciones, una al mando del Sargento Viceprimero JEC y la otra de JCT, los cuales ten�an a su cargo suboficiales de menor grado y soldados profesionales.

A continuaci�n el ente fiscal indic� que, una vez adelantadas las investigaciones penales y disciplinarias, se logr� establecer que las muertes que reportaron los comandantes de BUITRE UNO en realidad correspond�an a ejecuciones extrajudiciales, es decir, que se trat� de civiles que eran enga�ados y raptados por miembros del Ej�rcito Nacional para luego ser asesinados y hacer parecer como si los hechos hubiesen ocurrido en medio de combates con grupos al margen de la ley, e inclusive antes o despu�s de las ejecuciones les colocaron prendas militares, armas o explosivos de uso privativo de la fuerza p�blica o de uso civil, los cuales eran previamente sacados de la oficina del S2 del Batall�n Boyac�, en donde de manera ilegal se manten�an almacenados en un armario de doble fondo, cuya existencia fue verificada por miembros de polic�a judicial.

Dentro del anterior contexto, la Fiscal�a determin� que tuvo ocurrencia la muerte de PAGC y tentativa de homicidio de SRGB en hechos ocurridos el 5 de junio del 2008, en la vereda Pastales del municipio de San Lorenzo, en desarrollo de la supuesta misi�n t�ctica JUNIN. En cuanto a la participaci�n del procesado, el Fiscal hace alusi�n a que LGT aparece como testigo de los hechos en el informe de los mismos firmado por CT, y dirigido al comandante del batall�n, informe de 5 de junio de 2008, y 9 de junio del mismo a�o, adem�s del informe de patrullaje tambi�n suscrito por CT, en donde en el aparte de personal destacado se encuentra mencionado GT, a ello se agrega el acta de munici�n gastada en la operaci�n JUNIN, en la que GT reporta el gasto de 21 cartuchos para arma de fuego, lo que avala con su firma y huella dactilar, cartuchos que supuestamente fueron utilizados en el enfrentamiento que nunca existi�.

ACTUACI�N PROCESAL: El d�a 4 de marzo de 2014 se llev� a cabo audiencia preliminar de formulaci�n de imputaci�n ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Pasto con Funciones de Control de Garant�as en contra de CAC, HFAF y LGT por la comisi�n del delito de favorecimiento agravado, establecido en el art�culo 446 del CP., quienes no aceptaron cargos.

Posteriormente, el d�a 31 de marzo de 2014 el Fiscal D�cimo Especializado de la Unidad UNCDES de Pasto, suscribi� un preacuerdo con el imputado LGT y su apoderado judicial doctor MILTON EUGENIO JURADO, a trav�s del cual el procesado ACEPTA los cargos como AUTOR a t�tulo de DOLO en CONCURSO del delito de FAVORECIMIENTO AGRAVADO por ser con fines de Homicidio, seg�n lo contemplado en el C�digo Penal, art�culo 446, por lo que se pacta una pena de TREINTA Y CINCO (35) MESES DE PRISI�N y la inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por un tiempo igual a la pena principal, como pena accesoria.

Por reparto el asunto le correspondi� inicialmente al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, el cual declar� su incompetencia, resolvi�ndose el 28 de enero de 2016 por parte de esta Corporaci�n con ponencia de la suscrita Magistrada, situaci�n por la cual el tr�mite pas� a conocimiento del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto.

TR�MITE DE VERIFICACI�N DE PREACUERDO Y DECISI�N IMPUGNADA: El Juzgado asignado realiz� audiencia de verificaci�n del preacuerdo el 12 de mayo de 2016, a la que asistieron el Delegado de la Fiscal�a, el acusado y su abogado defensor, no as� el Delegado del Ministerio P�blico. En cuanto a las v�ctimas, el se�or SRG estuvo representado por la apoderada designada por la Defensor�a del Pueblo, sin embargo no ocurri� lo mismo respecto del occiso PAGC, de quien informa el ente acusador se conoce �nicamente que es oriundo de Medell�n, y que se expidi� orden a polic�a judicial para poder localizar sin �xito a alg�n integrante de su familia.

Con base en dicha informaci�n la Jueza solicit� a la Fiscal�a para que en coadyuvancia con su despacho se trate de encontrar a alg�n familiar y as� garantizar sus derechos a la justicia, verdad y reparaci�n, tal como lo dispone el art�culo 11 del CPP. En seguida, y sin que se presente ninguna objeci�n respecto de los aspectos de competencia, impedimentos, recusaciones o nulidades, que impidiesen adelantar dicho tr�mite, la Fiscal�a corri� traslado del preacuerdo y sus anexos, ante lo cual solicit� la aprobaci�n del mismo por no existir vulneraci�n de los derechos del acusado, ni de las v�ctimas y en consecuencia se emita sentencia condenatoria.

Una vez verbalizado el preacuerdo, la Directora de la audiencia solicit� a la apoderada de SRG, para que manifieste si conoce los EMP que respaldan el preacuerdo, ante lo cual inform� que los t�rminos del mismo fueron conocidos dos d�as antes de la audiencia por cuanto la Fiscal�a le corri� traslado de su contenido, sobre el cual presenta reparos tras considerar que si bien el preacuerdo respeta los f�cticos y la pena pactada se encuentra en los l�mites legales, no se propici� con el mismo la reparaci�n que en su componente econ�mico la v�ctima lo estima en la suma de $ 10.000.000 (diez millones de pesos), y pese a que existen otros estadios procesales para solicitarla, insiste que en esa oportunidad deb�a propiciarse la reparaci�n como lo establecen los art�culos 348 y 351 del ordenamiento procesal penal.

Por su parte la defensa inform� que conoc�a los t�rminos del preacuerdo y consider� que no se han vulnerado derechos fundamentales, y con respecto a la solicitud de la representante de las v�ctimas manifest� que ser� en el incidente de reparaci�n integral o demanda al Estado, donde la v�ctima puede acceder a mayores recursos, ya que su prohijado carece de ellos, y fue desvinculado del Ej�rcito Nacional.

A continuaci�n, la a quo decidi� sobre la legalidad del preacuerdo seg�n lo establecido en el inciso cuarto del art�culo 351 de la ley 906 de 2004 y en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, concluyendo que en el tr�mite se verific� que no hubo vulneraci�n de las garant�as y derechos fundamentales del acusado, como lo establece el C�digo de Procedimiento Penal en sus art�culos 10, 351, e inciso segundo del 368.

Sumado a lo anterior, constat� que existi� correlaci�n e identidad en la cuesti�n f�ctica imputada y la adecuaci�n t�pica realizada por la fiscal�a en audiencia de imputaci�n y en el preacuerdo, as� mismo estableci� que los elementos materiales probatorios, la evidencia f�sica presentados por la fiscal�a y debidamente descubiertos a la representaci�n de v�ctimas y a la defensa, resultan legales, id�neos, suficientes para concluir que existe un m�nimo de prueba para determinar que la conducta punible existi� y que el acusado particip� en calidad de autor y en forma dolosa, desvirtuando as� la presunci�n de inocencia que cobija a todo ciudadano, am�n de la aceptaci�n de culpabilidad pre acordada, aceptaci�n que implica la renuncia a la garant�a de no autoincriminaci�n y a contar con un juicio oral, p�blico, concentrado con mediaci�n probatoria.

En cuanto a los t�rminos del preacuerdo, la Jueza indic� que el reconocimiento de la rebaja del 50% otorgado por la Fiscal�a a cambio de la aceptaci�n de cargos resulta totalmente procedente, toda vez que en el asunto no existi� captura en flagrancia, y las penas principales y accesorias que pact� el ente acusador con el acusado se encuentran dentro de los rangos permitidos.

Con respecto a las personas que se consideran perjudicadas por la muerte de PAC, la a quo estableci� que la Fiscal�a inform� de su compromiso de comunicarse telef�nicamente con estas personas para informarles de la celebraci�n del preacuerdo y las posibilidades que tienen de lograr el pago de perjuicios causados, antes o despu�s de aquella audiencia, pero que sin embargo pese a las labores y esfuerzos realizados no ha sido posible ubicar a dichas personas, dejando como aclaraci�n que el despacho y la Fiscal�a continuar�n con las diligencias para ubicar a los familiares de GC.

En cuanto a los derechos del se�or SRG la Jueza consider� que el preacuerdo garantiza el derecho a la justicia y a la verdad, en el entendido de que la aceptaci�n de cargos del se�or GT permite conocer la verdad de cu�l fue su aporte para favorecer a los autores y responsables del delito de Homicidio y Tentativa de Homicidio. Igualmente manifest� que si bien el despacho dio la oportunidad en la audiencia para que la representante de v�ctimas proponga un quatum, ello no quiere decir que ese sea el �nico momento en que se pueda consolidar dicha reparaci�n, pues para ello se establece el incidente de reparaci�n integral dentro del cual existe la oportunidad no solo de una conciliaci�n sino tambi�n de demostrar en forma probatoria los perjuicios materiales (lucro cesante y da�o emergente), y tambi�n se reclame perjuicios morales objetivados y subjetivados.

Finalmente establece que si bien el despacho comparte la necesidad de garantizar la reparaci�n integral de las v�ctimas, tambi�n comparte la posici�n de la defensa respecto a que el no haberse consolidado una reparaci�n en ese momento no es obst�culo para aprobar el preacuerdo, pues era importante recordar que para esta clase de delitos no existe requisito de procedibilidad y en ese orden de ideas procedi� a aprobar el preacuerdo y a emitir sentido de fallo condenatorio.

SUSTENTACI�N DE LA APELACI�N: La representante de v�ctimas de SRG inconforme con la aludida decisi�n la apel�, tras considerar que el preacuerdo celebrado entre la Fiscal�a y el imputado por el punible de favorecimiento no cumple con las finalidades que de manera expresa consagra el art�culo 348 del CPP, es decir, no propicia la reparaci�n integral.

Solicita se recuerde que el componente exigido constituye una garant�a fundamental que fue desconocida en el preacuerdo, pese a su estirpe constitucional seg�n lo consagrado en el art�culo 250 numeral 7 que reza, la Fiscal�a deber� �Velar por la protecci�n de las v�ctimas, los jurados, los testigos y dem�s intervinientes en el proceso penal, la ley fijar� los t�rminos en que podr�n intervenir las v�ctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa�.

Refiere que no se justifica re-victimizar a las personas que han padecido el atropello desmedido de personas que buscaban prebendas a nivel institucional, por lo que reitera que el da�o que sufri� el se�or RG y todas las v�ctimas y sus familiares fueron de dimensiones insospechadas. Trae a colaci�n apartes de Sentencia de la Corte Constitucional T-458 de 2010, que sobre la reparaci�n ha reiterado que el Estado tiene la obligaci�n constitucional de proteger los derechos de las v�ctimas de hechos punibles, y que de ah� se desprende el deber de las autoridades de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia.

Finalmente, considera que no se justifica que su representado deba esperar hasta la etapa procesal del incidente de reparaci�n integral, ya que esto los victimiza m�s, y por tanto solicita se revoque la decisi�n y se rectifique frente a la petici�n de propiciar la reparaci�n. INTERVENCI�N DE LOS NO APELANTES: La Fiscal�a estableci� que la representante de v�ctimas, no fundament� en debida forma el recurso, ya que su inconformidad no radica en el monto de la pena fijada sino en la ausencia de reconocimiento econ�mico a favor de SRG en el preacuerdo, aspecto que considera no puede dar lugar a que se impruebe el mismo porque existe otra etapa procesal para tales efectos como lo es el incidente de reparaci�n, el cual se encuentra contemplado en el ordenamiento jur�dico por lo que tampoco es dable decir que con �l se re-victimiza a los afectados.

Indica que en la celebraci�n del preacuerdo no fue posible ubicar a familiares del occiso, por ello en el acta no se desarroll� lo referente a la reparaci�n integral, y adem�s el delito de favorecimiento agravado busca proteger el bien jur�dico de la administraci�n de justicia que es un bien jur�dico general, y no se trata de un delito contra la vida e integridad personal del se�or SRG, por lo que no encuentra legitimidad para la interposici�n del recurso de apelaci�n; adem�s agrega que el se�or RG ya fue considerado como v�ctima directa en otros preacuerdos realizados con los autores materiales del homicidio y de la tentativa de homicidio, los cuales ya fueron aprobados, en donde la v�ctima y su apoderada estuvieron presentes.

Por su parte la defensa manifest� no entender la posici�n y sustentaci�n que efectu� la apoderada de v�ctimas del se�or RG, ya que considera que el preacuerdo re�ne todas las caracter�sticas esenciales que tanto la constituci�n como la ley establecen, y que adem�s con �l no se hizo trasgresi�n alguna a los derechos fundamentales ni a las garant�as procesales que le asisten tanto al acusado como a las v�ctimas porque fue celebrado con pleno conocimiento, con toda la capacidad y libertad que el acusado ha tenido.

Deduce que si el inconformismo de la representante de victimas radica en que en el preacuerdo no se hizo alusi�n al incidente de reparaci�n, la ley prev� que una vez que la Jueza anuncie el sentido del fallo condenatorio se tiene hasta 30 d�as para que se presente legal y debidamente sustentado el incidente de reparaci�n, y desde ese punto de vista, esa etapa apenas se va a surtir por lo que tampoco se le ha violado ning�n derecho a las v�ctimas.

Solicita se tenga en cuenta que dada la imposibilidad econ�mica de su representado de llegar a alg�n acuerdo conciliatorio, en otras oportunidades quienes han ejercido la representaci�n de v�ctimas han esperado la sentencia para acudir a demandar al Estado por el delito que se ha condenado, y que adem�s el se�or G est� siendo acusado y ha aceptado su responsabilidad del delito de favorecimiento, con el cual se perjudic� a toda la sociedad y no en particular al se�or SRG.

As� mismo hace alusi�n a que la representante de victimas manifest� que por el delito de homicidio que se sigue en contra del sargento SC ya se estableci� una suma de dinero a t�tulo de reparaci�n, por lo que no es dable cobrar por ese concepto a cada uno de los acusados del delito de homicidio pues basta con que uno repare para que cubra en igualdad los derechos de los dem�s. Con base en las ideas anteriores solicita que no se acceda a las pretensiones de no aprobaci�n del preacuerdo presentadas por la apoderada de v�ctimas.

CONSIDERACIONES DE LA SALA COMPETENCIA: De conformidad con lo preceptuado en el numeral 1� del art�culo 34 de la Ley�906 de 2004, esta Corporaci�n �Sala de Decisi�n Penal - es competente para conocer del recurso de apelaci�n interpuesto�por la representante de victimas del se�or SRG, contra la decisi�n adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Pasto (N).

PROBLEMAS JUR�DICOS: En esta oportunidad la Sala se ocupar� en primer lugar de establecer si el se�or SRG y quienes hayan resultado perjudicados con la muerte de PAGC, pueden ser considerados como v�ctimas del delito de Favorecimiento Agravado con derechos frente a la suscripci�n del preacuerdo celebrado con el acusado LGT. De arribar a una respuesta positiva se determinar� si durante el tr�mite de fijaci�n de los t�rminos del preacuerdo suscrito entre la Fiscal�a D�cima Especializada de Pasto y el acusado LGT, y de verificaci�n adelantado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto, se respetaron los derechos y garant�as fundamentales de las v�ctimas.

De ser negativa la respuesta al cuestionamiento anterior se analizar� la procedencia de declarar de oficio el saneamiento procesal a trav�s de la nulidad de lo actuado. Para llegar a una soluci�n se estudiar�n las siguientes tem�ticas: i) La condici�n de v�ctima y su reconocimiento, ii) Derechos de las v�ctimas en el procedimiento penal acusatorio frente al tr�mite de los preacuerdos, iii) Estudio del caso.

FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES La Condici�n de v�ctima y su reconocimiento: De acuerdo al art�culo 250 de nuestra Constituci�n Pol�tica, y al Acto Legislativo No. 3 de 2002 que implement� el Sistema Penal Acusatorio, se reconoce a trav�s de su numeral 7�, los derechos de las v�ctimas, cuyo car�cter al interior del proceso penal fue aclarado por la Corte Constitucional en su Sentencia C 209 de 2007, reconociendo su condici�n de interviniente especial, y explicando que pese a que no tenga las mismas facultades del procesado ni de la Fiscal�a, ostenta algunas capacidades especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso penal.

Por su parte el art�culo 132 de la Ley 906 de 2004, establece que se entiende por �victimas a las personas naturales o jur�dicas y dem�s sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido alg�n da�o como consecuencia de un injusto�. En la misma norma en su inciso 2�, se indica adem�s que la condici�n de v�ctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al actor del il�cito e independientemente de que exista una relaci�n familiar con �ste.

Como quiera que la anterior preceptiva en su texto original, fijaba como requisito para reconocerse la calidad de v�ctima la acreditaci�n de un da�o directo, en la Sentencia C 516 de 2007, la Corte declar� su exequibilidad parcial dirigida a eliminar la calificaci�n del da�o como �directo�, al considerar que la misma restring�a el concepto fijado por la jurisprudencia constitucional sobre los titulares de los derechos a la verdad, la justicia y la reparaci�n que incluye tanto a la v�ctima como al perjudicado que acredite un da�o real, concreto y espec�fico como consecuencia de la conducta criminal.

Agreg� tambi�n el mismo fallo lo siguiente: �En el marco de la teor�a de la responsabilidad por da�o se ha considerado que para que el da�o o el perjuicio sea indemnizable debe tener ciertas condiciones de existencia. Esto es, que no basta que se produzca un menoscabo patrimonial o moral en cabeza de alguien para que este pueda ser exigible judicialmente en calidad de v�ctima, perjudicado o afectado.

El da�o reparable del que deriva la calidad de v�ctima o perjudicado debe reunir determinadas condiciones: debe ser cierto y la persona que reclama debe ser la misma que result� perjudicada, aunque no tuviere la titularidad jur�dica sobre el bien lesionado�. A tono con lo se�alado por la autoridad Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, en el radicado 39815 del 12 de diciembre de 2012, hace el estudio de un caso en donde el bien jur�dico afectado era la �eficaz y recta impartici�n de justicia� y decidi� reconocer la existencia de victimas individuales, as� como su representaci�n legal cuando se demuestre previamente la existencia de un da�o real, concreto y espec�fico que haya resultado de la comisi�n del presunto delito.

Asimismo, en pronunciamiento del 13 de noviembre de 2013, con radicado No. 40.414, la CSJ indic� que: �en los punibles contra la administraci�n p�blica y de justicia la v�ctima es el conglomerado social en su conjunto por tratarse de tipos penales que sancionan el mal uso de la funci�n y del cargo, por manera que el juicio de reproche se circunscribe a determinar si con la conducta atribuida al funcionario se afect� la credibilidad e integridad de la administraci�n y el funcionamiento del sistema jur�dico administrativo.

En otras palabras, el comportamiento del sujeto activo se estudia en s� mismo con independencia de los efectos respecto de terceras personas. (�) Con todo, si como consecuencia de uno de esos punibles resulta afectado un particular, adquiere la calidad de perjudicado, condici�n que lo legitima para intervenir en el proceso siempre y cuando se�ale un da�o real y concreto derivado del proceder investigado, situaci�n que debe verificarse en cada caso.

Adem�s, al emitir la Ley 906 de 2004 el legislador colombiano opt� por el t�rmino v�ctima para referirse a todas las personas naturales o jur�dicas que individual o colectivamente han sufrido alg�n da�o como consecuencia del injusto, dentro de las cuales, obviamente, se encuentran los perjudicados en tanto tambi�n han padecido un menoscabo derivado del delito.� Derechos de las v�ctimas en el procedimiento penal acusatorio frente al tr�mite de los preacuerdos: En t�rminos generales los derechos que la ley reconoce a las v�ctimas de delitos, se despliegan a trav�s de diferentes normas, como sucede con el art�culo 11 de la Ley 906 de 2004 que exige al Estado la garant�a al acceso a la administraci�n de justicia a trav�s del ejercicio de diferentes derechos como el de ser o�das, a recibir desde el primer contacto con las autoridades informaci�n sobre la protecci�n de sus intereses, los que adem�s se tendr�n en cuenta al adoptar una decisi�n discrecional sobre el ejercicio de la persecuci�n del injusto, a ser informadas sobre la decisi�n definitiva relativa a la persecuci�n penal, entre otras prerrogativas.

Igualmente, el art�culo 135 ib�dem, desarrolla la regla general para que la Fiscal�a comunique a las v�ctimas sus derechos desde el momento en que tengan el primer contacto con las autoridades y el art�culo 137 establece que �stas tienen derecho a intervenir en todas las fases de la actuaci�n judicial, de acuerdo a las siguientes reglas, entre otras: � (�) 3.

Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las v�ctimas est�n representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendr�n que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jur�dico de facultad de derecho debidamente aprobada. (�) 5. Si la v�ctima no contare con medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobaci�n sumaria de la necesidad, la Fiscal�a General de la Naci�n le designar� uno de oficio.

(�) 7. Las v�ctimas podr�n formular ante el juez de conocimiento el incidente de reparaci�n integral, una vez establecida la responsabilidad penal del imputado�. � Ahora en concreto respecto de las facultades de las v�ctimas para eventos en que se realiza un preacuerdo entre la Fiscal�a y el imputado o acusado, la Corte Constitucional en la sentencia C 516 de 2007, indic�: �La exclusi�n patente de las v�ctimas de los procesos de negociaci�n, no responde a las finalidades que la misma ley le atribuye a la instituci�n (Art. 348).

No conduce a la humanizaci�n de la actuaci�n procesal prescindir del punto de vista del agraviado o perjudicado en la construcci�n de un consenso que puede llevar a la terminaci�n del proceso, escenario en el que se deben hacer efectivos sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparaci�n. La eficacia del sistema no es un asunto que involucre �nicamente los derechos del acusado y los intereses del Estado; no se puede predicar la eficacia del sistema cuando se priva a la v�ctima de acceder a un mecanismo que pone fin al �nico recurso judicial efectivo para hacer valer sus derechos a la verdad y a la justicia. Es imposible activar de manera adecuada la soluci�n del conflicto social que genera el delito, y propiciar una reparaci�n integral de la v�ctima, si se ignora su punto de vista en la celebraci�n de un preacuerdo o negociaci�n. Finalmente la titularidad del derecho de participaci�n en las decisiones que los afectan reposa tanto en el imputado o acusado como en la v�ctima o perjudicado.

Si bien la v�ctima no cuenta con un poder de veto de los preacuerdos celebrado entre la Fiscal�a y el imputado, debe ser o�da (Art. 11.d) por el Fiscal y por el juez que controla la legalidad del acuerdo. Ello con el prop�sito de lograr una mejor aproximaci�n a los hechos, a sus circunstancias y a la magnitud del agravio, que permita incorporar en el acuerdo, en cuanto sea posible, el inter�s manifestado por la v�ctima.

Celebrado el acuerdo la v�ctima debe ser informada del mismo a fin de que pueda estructurar una intervenci�n ante el juez de conocimiento cuando el preacuerdo sea sometido a su aprobaci�n. En la valoraci�n del acuerdo con miras a su aprobaci�n el juez velar� por que el mismo no desconozca o quebrante garant�as fundamentales tanto del imputado o acusado como de la v�ctima.� En otra de sus decisiones, en la sentencia C 059 de 2010, la Corte explic� sobre el tema de acuerdos y negociaciones lo que sigue: �(i) la existencia de estas figuras no vulnera, per se, el derecho fundamental al debido proceso;

(ii) el fiscal no cuenta con una libertad absoluta al momento de adecuar la conducta punible; (iii) a los hechos invocados en su alegaci�n conclusiva, el fiscal no les puede dar sino la calificaci�n jur�dica que corresponda conforme a la ley penal preexistente; (iv) la intervenci�n de las v�ctimas en los acuerdos y preacuerdos debe ser compatible con los rasgos esenciales del sistema penal de tendencia acusatoria;

(v) no existe una necesaria coincidencia de intereses entre la v�ctima y la Fiscal�a, situaci�n que debe ser tenida en cuenta en materia de preacuerdos; (vi) si bien la v�ctima no cuenta con un poder de veto de los acuerdos celebrados entre la Fiscal�a y la defensa, tiene derecho a ser o�da e informada acerca de su celebraci�n; (vii) en la valoraci�n del acuerdo, el juez velar� porque el mismo no desconozca o quebrante garant�as fundamentales del imputado y de la v�ctima; y (viii) en determinados casos, el legislador puede restringir o incluso prohibir la celebraci�n de acuerdos o preacuerdos.� ESTUDIO DEL CASO: Por efectos pr�cticos debe abordarse en primer t�rmino la legitimaci�n que le asiste a la representaci�n de v�ctimas a impugnar, dado que el Fiscal delegado para el asunto y la defensa estiman que no le asiste tal facultad por encontrarse afectado el bien jur�dico de la administraci�n de justicia, en el que la sociedad en general pasa a ser la v�ctima y por tanto no se afectaban bienes jur�dicos de particulares.

De ah� que la Sala formul� como primer problema jur�dico a resolver el de determinar si SRG y quienes hayan resultado perjudicados con la muerte de PAGC, pueden ser considerados como v�ctimas del delito de Favorecimiento Agravado con derechos frente a la suscripci�n del preacuerdo. Y la soluci�n resulta di�fana conforme a los precedentes jurisprudenciales atr�s plasmados, ya que a pesar de ser la administraci�n de justicia la vulnerada con el comportamiento que se atribuye a LGT frente a hechos delictivos cometidos en la llamada �OPERACI�N JUNIN�, tambi�n es cierto que �stos precisamente tienen que ver con la afectaci�n de la integridad f�sica de SRG a quien se intent� fulminar su vida y con la culminaci�n de ese fin respecto de PAGC, de lo que deviene no solo la generaci�n de un da�o directo respecto al primero sino un da�o real, concreto y espec�fico en relaci�n con todo aquel que resulte afectado con la muerte del segundo, que no necesariamente pueden serlo con exclusividad sus familiares.

De lo anterior se desprende que dentro de la actuaci�n procesal, resulta procesalmente admisible reconocer como v�ctimas a GB y quienes hayan resultado perjudicados con el homicidio de GC y por lo mismo al menos en lo que al tr�mite adelantado se establece, con derechos entre otros de la representante del primero para no solo exigir ser escuchada frente a la negociaci�n preacordada que se adelant� sino tambi�n para debatir en sede de apelaci�n las decisiones que los puedan afectar.

Superada la anterior barrera, resulta necesario revisar el tr�mite adelantado a fin de establecer si el mismo garantiz� los derechos de las v�ctimas determinadas y determinables. De entrada se parte de la premisa com�n en materia de negociaciones que permite establecer que a las v�ctimas no les asiste un poder de veto, m�s sin embargo se debe tener en cuenta que ello no abre las puertas para que se omita totalmente su participaci�n y facultad de opinar a la hora de fijar los t�rminos de un preacuerdo, lo cual dicho sea de paso configura una estrategia procesal para las partes a fin de aminorar las posibilidades de controversia a la hora de su verificaci�n por el juez de conocimiento.

Entonces, revisemos el procedimiento adelantado en primer lugar por la Fiscal�a para la suscripci�n del preacuerdo, lo que lleva a examinar los reparos que se realizan por parte de la representaci�n de v�ctimas a fin de establecer el momento procesal desde el cual se genera resistencia de su parte, y al adelantar esta exploraci�n, se encuentran irregularidades sustanciales que afectan el tr�mite y por ende los derechos fundamentales de este interviniente en especial el de debido proceso, cuando es importante no solo establecer comunicaci�n sino que adem�s de manera previa o concomitante a la suscripci�n del acta de preacuerdo, hacerle conocer los t�rminos de la negociaci�n y a ser escuchada sobre los mismos.

Es as� como en el contenido del acta de preacuerdo no se suministr� ning�n dato de las v�ctimas o sus apoderados pese a que al menos una se encontraba plenamente determinada, haciendo referencia a SRG; tan solo se hace menci�n a los familiares del occiso PAGC quienes ser�an informados telef�nicamente de la celebraci�n del preacuerdo, punto que es tambi�n verbalizado en la audiencia correspondiente.

No se informa, al menos en lo que se escucha del registro de audio o en el acta y EMP anexos, cuando adquiere poder la Dra. Victoria Guerra Rodr�guez, como representante de la v�ctima SRG. Tan solo se verifica que en la audiencia el se�or Fiscal informa acerca del tr�mite que se adelant� para la suscripci�n del preacuerdo con el imputado, pero en ning�n momento menciona que en el mismo haya tenido convocatoria o participaci�n la v�ctima sobreviviente o el representante judicial de los que resultaron perjudicados con aquel que falleci�.

Ya en la audiencia convocada para el efecto por la Jueza de conocimiento, ante un requerimiento de dicha funcionaria para que manifieste si conoce los EMP que respaldan el preacuerdo, la apoderada de SRG inform� que su contenido fue conocido por ella dos d�as antes de la audiencia porque la Fiscal�a le corri� traslado del mismo, lo que significa conforme a los datos procesales y teniendo en cuenta que la audiencia se realiz� el 12 de mayo de 2016, que tal acto de comunicaci�n tuvo ocurrencia el 10 de mayo de ese a�o. Significa tambi�n lo anterior que a la fecha en que se suscribe el acta, lo que ocurre el 31 de marzo de 2014, ninguna participaci�n tuvo el se�or SRG, ya sea de manera directa o a trav�s de apoderado, no sirviendo de excusa la ausencia de representaci�n ya que conforme se establece en las normas procesales invocadas, bien pudo ser citado personalmente, de tal forma que de haberse escuchado su parecer y llegarse a una negociaci�n m�s ajustada a sus intereses, no necesariamente requer�a de los servicios de un abogado.

Tampoco hubo en el procedimiento adelantado una representaci�n judicial respecto de los perjudicados con la muerte de PAGC, para lo cual era deber de la Fiscal�a por encontrarse el proceso a su cargo, al menos designar un abogado de oficio, y m�s cuando al parecer hay familiares que le sobreviven. Como quiera entonces que por un lado, el se�or SRG, no fue convocado de manera previa o concomitante para que conociera los t�rminos de la negociaci�n y por otro no se adelantaron las gestiones procesales necesarias atinentes a que los intereses de los que resultaran perjudicados con el fallecimiento de la otra v�ctima, estuviesen representados, deviene una afectaci�n grave de los derechos que les asisten como v�ctimas especialmente el de debido proceso por falta de comunicaci�n y omisi�n de ser escuchadas seg�n lo exigen los art�culos 11, 135 y 137 de la Ley 906 de 2004.

Se trata aqu� de la presencia de una irregularidad sustancial, que bien pudo ser corregida por el despacho judicial de conocimiento antes de correrse traslado del preacuerdo, a fin de que la Fiscal�a revisara los t�rminos del mismo y de ser posible hacer ajustes seg�n los intereses de las v�ctimas, al igual que pudo solventarse respecto de las v�ctimas que resulten del homicidio de PAGC con la designaci�n de un abogado que represente sus derechos.

De lo anterior deviene que la soluci�n procesal no puede ser otra que la declaratoria de nulidad, como as� se decidi� en un asunto similar estudiado por esta Colegiatura, en el que tambi�n se vulneraron derechos y garant�as de las v�ctimas en la suscripci�n de un preacuerdo, a quienes se omiti� comunicar previamente de tal actuaci�n y as� conocer su posici�n. En aquella ocasi�n, se dijo: �Esa particular situaci�n ha generado una irregularidad no solo desde el punto de vista de las garant�as, merced a que se dej� al perjudicado sin la posibilidad de intervenir en un tr�mite que por la magnitud de la decisi�n que se adoptar�a, sin duda le incumbe, sino tambi�n en cuanto a la estructura procesal, por cuanto los precedentes hablan de la validez de los preacuerdos solo y en tanto en su rito intervengan las v�ctimas de la conducta punible.

De ese modo, no existiendo mecanismo diverso al de la nulidad, as� se decretar� a partir de la audiencia de verificaci�n de la legalidad del preacuerdo, la que se llevar� a cabo previa la constataci�n de que la Fiscal�a haya agotado todos los mecanismos para lograr la comparecencia de los ofendidos a la suscripci�n del pacto en cuesti�n�.

As� las cosas, se proceder� a decretar la nulidad desde la audiencia de verificaci�n de la legalidad del preacuerdo para que previo a correrse traslado del mismo la Fiscal�a revise los t�rminos de la negociaci�n con participaci�n activa de la v�ctima SRG a trav�s de su apoderada judicial y del apoderado que se designe en representaci�n de los afectados por el homicidio de PAGC.

En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1�. DECLARAR LA NULIDAD DE LA ACTUACI�N desde la audiencia de verificaci�n de la legalidad del preacuerdo para que previo a correrse traslado del mismo la Fiscal�a revise los t�rminos de la negociaci�n con participaci�n activa de la v�ctima SRG a trav�s de su apoderada judicial y del apoderado que se designe en representaci�n de los afectados por el homicidio de PAGC. 2� Se notifica en estrados y se informa que en contra de esta determinaci�n, no cabe ning�n recurso. 3�.

Devu�lvase el asunto al despacho de origen para que se contin�e con el tr�mite que corresponde. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE BLANCA LIDIA ARELLANO MORENO Magistrada SILVIO CASTRILL�N PAZ Magistrado JOS� AN�BAL MEJ�A CAMACHO Magistrado JUAN CARLOS �LVAREZ L�PEZ Secretario  C.O. Folio 12 � 13. Acta de Preacuerdo.  CD verificaci�n de preacuerdo.

Carpeta LGT. Audio minuto 00:43:37 y ss  Algunos autores identifican el concepto de da�o con el de perjuicio, tal como la hace la jurisprudencia de esta Corporaci�n (C-220 de 2002), otros en cambio hacen una distinci�n conceptual para afirmar que el perjuicio es la consecuencia del da�o. Para efectos del estudio que aqu� se adelanta tal distinci�n no resulta relevante.  A esta caracter�stica se le ha denominado el car�cter personal del perjuicio.

En fallo de 1989 el Consejo de Estado se�al� que �El derecho a la indemnizaci�n de quien sufre una �alteraci�n material de una situaci�n favorable� (que en esto consiste el da�o) se deriva no del hecho de que la v�ctima tenga una �situaci�n jur�dicamente protegida�, en el sentido de que el bien afectado est� protegido por una norma, sino de la existencia de un hecho il�cito del autor, de su comisi�n por culpa o dolo, de la certidumbre del perjuicio y de la relaci�n de causalidad entre �ste y el hecho.� (Consejo de Estado, Secci�n Tercera,19 de junio de 1989, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo, actor: Luis Y��es Carrero y otros.

Exp. 4678.  Fl. 19  Fl. 13  CD verificaci�n de preacuerdo. Carpeta LGT. Audio minuto 00:31:18 y ss  CD verificaci�n de preacuerdo. Carpeta LGT. Audio minuto 00:41:07 y ss  CD verificaci�n de preacuerdo. Carpeta LGT. Audio minuto 00:43:37 y ss  TS de Pasto, 29 jul 2014, NI 8291. MP Dr. Franco Solarte Portilla     Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Radicado No. 520016000485200783356 02 NI 2299 PAGE 22 =>?G`c����  % & ' 3 < @ U ���۸���������t�cRAR h�.�hj�CJOJQJ^JaJ h�.�ho7�CJOJQJ^JaJ h�.�hh$CJOJQJ^JaJ h�.�hecCJOJQJ^JaJ h�.�h!(�CJOJQJ^JaJ h�.�hnTCJOJQJ^JaJ h�.�h?@CJOJQJ^JaJ h�.�h`�CJOJQJ^JaJ#h�.�h`�5�CJOJQJ^JaJ#h�.�h^>�5�CJOJQJ^JaJ#h�.�h�.�5�CJOJQJ^JaJ� � bcd�����)*G�������������� �$If`�gd�;� ���^��`�gd�;�$�7$8$H$`�a$gd�;�$a$gd�;� $ �(Q a$gd�;� $��^��a$gd�;�$a$gd�;� �dh`�gd�;��d&d P�� `�gd�;� �d`�gd�;�U V ` | � � � � �   � � � n � � � M O ������̺�����s��b�Q�@ h�.�h�wpCJOJQJ^JaJ h�.�h��CJOJQJ^JaJ h�.�h��CJOJQJ^JaJ#h�.�h��5�CJOJQJ^JaJ h�.�h��CJOJQJ^JaJ#h�.�hm45�CJOJQJ^JaJ#h�.�h��5�CJOJQJ^JaJ#h�.�h@g�CJOJQJ\�^JaJ#h�.�ho7�CJOJQJ\�^JaJ h�.�ho7�CJOJQJ^JaJ h�.�hEy]CJOJQJ^JaJO P Q � � � � � `abcd��������ͼ͙ͫ�xjYK=h�_CJOJQJ^JaJh�_CJOJQJ^JaJ h�R�h�_CJOJQJ^JaJh�KxCJOJQJ^JaJ#h�.�h�;�5�CJOJQJ^JaJh��5�CJOJQJ^JaJ#h�.�h��5�CJOJQJ^JaJ h�.�h�CJOJQJ^JaJ h�.�h.@CJOJQJ^JaJ h�.�h��CJOJQJ^JaJ h�.�h�wpCJOJQJ^JaJ 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Car*5�CJOJPJQJ\�^JaJmH sH tH D@D 7/�0 Encabezado �C�"PJaJX�/��X 7/�0Encabezado Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH J @"J 7/�0 Pie de p�gina �C�"PJaJ^�/��1^ 7/�0Pie de p�gina Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH <)`��A< 7/�0N�mero de p�gina^J"@R" 7/�0�Texto nota pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,Footnote Text Char Char Char,texto de nota al pie,Footnote Text Char,Texto nota pie Car Car Car,ft Car,Texto nota pie Car Car,Car,ft,BVI fnr CJPJaJH�/��aH 7/��Texto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Car1,Footnote Text Char Char Char Car Car Car Car,Footnote Text Char Char Char Car Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH 6�/��q6 7/�0�Texto nota pie Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,Footnote Text Char Char Char Car,texto de nota al pie Car,Footnote Text Char Car,Texto nota pie Car Car Car Car,Car Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH &`��� 7/��Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,referencia nota al pie,Footnotes refss,Appel note de bas de page,FC,Footnote number,f,Fago Fu�notenzeichen,Ref. de nota al pie 2,Ref,de nota al pie,f1,Pie de P�gina,Texto de nota al pi,Footnote Reference1,4_GH*^JD�@�D 7/�P�rrafo de lista ^��m$B�o���B 7/�apple-converted-space����� 7/��Tabla con cuadr�cula7:V�0 d��mH sH 4^@�4 7/�0 Normal (Web)J�O�J 8P�0PENALESCJOJQJ\�^JaJmH sH <U ���< � X0 Hiperv�nculo >*B*ph�rC�r eX0Sangr�a de texto normald��d�d[$\$`�a$ mH $sH $tH $j�/��j eX0Sangr�a de texto normal CarCJOJPJQJ^JaJtH $jB@j "eX0Texto independiente!d��d�d[$\$`�a$ mH $sH $tH $b�/��!b !eX0Texto independiente CarCJOJPJQJ^JaJtH $X�2X k) bodytext21#d��d�d[$\$`�a$ mH $sH $tH $PPBP %�s0Texto independiente 2 $d��xn�/��Qn $�s0Texto independiente 2 Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH tSbt '�l�Sangr�a 3 de t. independiente&d��x^�`�a$CJaJ~�/��q~ &�l�!Sangr�a 3 de t. independiente Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH R��R �z�Car4(d���`� CJOJQJ^JaJmH sH tH R��R *�/.0Texto de globo)d�CJOJQJ^JaJ`�/���` )�/.0Texto de globo 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