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En el mismo momento y pocos metros despu�s fue capturado ERG por parte de un miembro de la Polic�a Nacional que se encontraba en el lugar y presenci� cuando el agresor pretend�a escapar de la escena criminal. 2. Actuaci�n procesal y sentencia recurrida 2.1. Al d�a siguiente, es decir, el 28 de noviembre de 2011 ante el Juez Segundo Penal Municipal con funci�n de control de garant�as de Tumaco (N), se adelantaron las audiencias preliminares de legalizaci�n de captura en condiciones de flagrancia, formulaci�n de imputaci�n en contra de ERG, como presunto autor de los delitos de homicidio en concurso heterog�neo con el de fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones e imposici�n de medida de aseguramiento consistente en detenci�n preventiva en establecimiento carcelario. 2.2.
El 28 de febrero de 2012, la Fiscal�a 30 Seccional de Tumaco, radic� escrito de acusaci�n en el Juzgado Primero Penal del Circuito de esa localidad, despacho que para el 13 de abril de 2012, celebr� la audiencia de formulaci�n de acusaci�n. 2.3. Llevada a cabo la audiencia preparatoria y finalizada la de juicio oral, se anunci� el sentido de fallo condenatorio.
El 12 de agosto de 2016 se profiri� sentencia en la que el a quo, luego de referirse a los aspectos de car�cter formal y precisar los tipos penales que se le atribuyeron al acusado, analiz� las posturas de los distintos sujetos procesales. El Juzgador destac� que la Fiscal�a acus� y solicit� condena por el delito de homicidio y fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Por su parte la defensa, solicit� sentencia absolutoria en favor del procesado alegando que en juicio se acredit� que su prohijado no fue el autor de la muerte de JMLA, debiendo imperar en el caso, el principio de in dubio pro reo. En punto a la acreditaci�n de la conducta punible y responsabilidad del acusado, el a quo empez� por referir que para acertar en cuanto a las reglas de la l�gica, se deb�a recurrir al insumo probatorio debidamente incorporado al juicio.
Inici� con el informe pericial de necropsia que era concordante con la inspecci�n t�cnica al cad�ver, en donde se concluy� sobre el fallecimiento de un hombre adulto joven de sexo masculino que se identificaba como JMLA, as� como la ubicaci�n de los signos de violencia producida por arma de fuego. Sum� el contenido del peritaje bal�stico rendido por Edgar Giovanni S�nchez que describi� t�cnicamente el tipo de arma que fue incautada al enjuiciado al momento de su captura por parte del policial Luis Felipe P�ez Guisa, como lo refiri� su compa�ero Espa�a Bele�o. De otra parte, refiri� la plena identidad de ERG, que se encontraba demostrada por la perito Magaly Rosero Potos�, de acuerdo a lo consignado en su informe de investigador de campo.
En referencia a la responsabilidad del encausado afirm� que mediante la declaraci�n que rindi� el miembro de la Polic�a Nacional Jorge Leonardo Espa�a Bele�o, se pudo conocer la hora y fecha de la ocurrencia de los hechos. Destaca que este testigo relata a partir del momento en que escuch� una detonaci�n de un arma de fuego, momento en el que junto a su compa�ero Luis Felipe P�ez Guisa, de manera inmediata, arribaron al sitio de donde proven�an las detonaciones, fue en ese lugar donde presenciaron a un hombre robusto de raza negra que portaba un arma de fuego y en frente suyo se halla el cuerpo sin vida de una persona; agregando que cuando el individuo sospechoso nota la presencia policial emprende la huida, momento en el que unos ciudadanos que se encontraban en el lugar indicaron al sujeto que hu�a, como la persona que hab�a ultimado a la v�ctima, quien en persecuci�n en una distancia escasa de tres metros ingresa a un establecimiento p�blico y al salir de ese lugar fue capturado, sin que hubiera sido perdido de vista durante la persecuci�n, seguidamente se logr� verificar que el agresor hab�a arrojado el arma de fuego en el lugar de los hechos, misma que inmediatamente fue recuperada.
Estim� de tal testimonio que se constitu�a en piedra angular probatoria, en tanto que no exist�a en su relato animadversi�n contra el acusado, siendo lo apreciado por su parte de manera directa, grabado en su memoria y evocado un tiempo despu�s. Agreg� de lo observado estaba presente de manera clara y evidente la situaci�n de flagrancia en la captura del acusado, predic�ndose desde las audiencias preliminares, que conservaba la estructura propia del caso independientemente del transcurso del tiempo, que llevaba a demostrar indefectiblemente la responsabilidad que le asiste al acusado en esos hechos.
Mencion� que en lo que respecta a que el testigo presencial y de cargos EEOS, no hubiera comparecido a juicio, no dificultaba arribar a la realidad encontrada, puesto que, muchas personas en la zona por situaciones de constre�imiento o amenaza no hacen presencia en las diligencias a riesgo de perder su vida; reiter� no obstante, que en subsidio el agente Jorge Leonardo Espa�a, por su proximidad al sitio de los acontecimientos permitieron la captura del procesado.
Coligi� que la proximidad e inmediatez en la reacci�n de los agentes permiti� no solo la aprehensi�n del procesado en una clara situaci�n de flagrancia sino tambi�n su avistamiento una vez ejecutados los disparos y portando el arma homicida, lo que permiti� su plena individualizaci�n e identificaci�n en el momento de los hechos y con posterioridad a los mismos.
Declar� que se hallaba demostrado en alto grado de certeza que ERG, era el autor de las conductas punibles por las cuales la Fiscal�a lo llam� a juicio. 2.2.1 Dosificaci�n de la Pena A partir de la acusaci�n que se hizo por la Fiscal�a en contra de RG, precis� que la condena se impart�a como autor de los delitos en concurso heterog�neo de homicidio simple y fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, que ten�an establecidas penas de prisi�n de 208 a 450 meses y de 108 a 144 meses, respectivamente, con lo cual se evidenciaba que la pena m�s grave reca�a en el delito de homicidio.
Pas� a referir los l�mites y m�ximos punitivos en consonancia con el art�culo 60 del C�digo Penal, por lo cual, observ� que el acusado no ten�a antecedentes penales y que no hab�an ni agravantes ni atenuantes que modificaran la pena, por ello, se ubic� en el primer cuarto punitivo, esto es, 208 a 268.5 meses de prisi�n. En atenci�n a los criterios para la individualizaci�n de la pena, el Juzgado encontr� que estaba presente un alto grado de dolo con que se ejecut� el punible, cegando la vida de una persona joven que ten�a una expectativa de vida productiva a futuro, comportamiento que revest�a de gravedad, por violatoria de las m�s elementales normas de convivencia ciudadana.
Fij� entonces la pena a imponer en 208 meses incrementada en 27 meses por el punible de fabricaci�n, tr�fico o porte de armas de fuego, quedando una �ltima pena a imponer de 235 meses de prisi�n, siendo las penas accesorias como la relacionada con la privaci�n al derecho a la tenencia y porte de armas por igual t�rmino. Por �ltimo, en consideraci�n a la pena privativa de la libertad a aplicar al enjuiciado ERG, se neg� la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena como tambi�n la prisi�n domiciliaria. 3.
Argumentos del recurrente y de los no apelantes 3.1. Defensa de ERG El defensor p�blico de RG, con inconformidad a la determinaci�n interpuso el recurso de apelaci�n fundado en los siguientes argumentos: 3.1.1.- En esencia cuestiona la actividad probatoria del juicio para concluir que no existe prueba que acredite que su representado es la persona que le caus� la muerte a JMLA, sin que el a quo hubiera tenido en cuenta en la sentencia, las observaciones que la defensa realiz� sobre el juzgamiento. 3.1.2.- Discute que si bien ingresaron los dict�menes periciales y especialmente la experticia bal�stica, ello se hizo sin observancia de lo dispuesto en el art�culo 415 del C�digo de Procedimiento Penal, por cuanto, la defensa no conoci� ni antes ni despu�s las bases de la opini�n pericial, pues lo �nico que se hizo fue leer los dict�menes que se hab�an practicado. 3.1.3.- Alega que la perito Magaly Rosero, quien rindi� el informe pericial sobre la identificaci�n e individualizaci�n del acusado, no tiene la calidad de perito como qued� acreditado en el contrainterrogatorio de la defensa, pues afirm� que no ha realizado cursos sobre dactiloscopia, que era emp�rica, contraviniendo el mandato de los art�culos 405 y siguientes del C�digo de Procedimiento Penal, situaci�n que deben llevar al Juez a valorar su idoneidad y credibilidad.
Refiere que el juez le realiz� algunas preguntas sin que la testigo perito dijera nada, guardando silencio, motivo por el cual solicita que tal interrogatorio se escuche con detenimiento. Por �ltimo reafirma que el �nico testigo de cargo en el caso era EEOS, sin que hubiera comparecido a juicio, pues la Fiscal�a desisti� de su pr�ctica al igual que de los resultados bal�sticos de laboratorio de la ciudad de Cali.
Agrega que el agente de la Polic�a Jorge Leonardo Espa�a en su declaraci�n, expres� que �l estaba en la estaci�n de la Polic�a cumpliendo con su turno y que al o�r un disparo se desplaz� al �posible� sitio de donde proven�a la detonaci�n y que luego ve a una persona en el suelo y a otra que se deshace de un arma al entrar a un establecimiento comercial y cantina de Salahonda, resalta que se est� en una calle del comercio del mencionado municipio, que est�n al lado de un puesto de comida, sin que se se�ale si hab�a m�s personas, si era noche; que adem�s el arma no se le decomis� al acusado, sino que se encontr� en un rinc�n donde unas personas dijeron que era �l quien la hab�a votado pero nada m�s. Respecto del testimonio del agente Carlos L�pez Jaramillo, se�ala que solo intervino en la elaboraci�n de la inspecci�n t�cnica a cad�ver y nada m�s, realizando solamente actos urgentes.
Reitera que la defensa no discute que hubo un muerto; sin embargo, no est� de acuerdo con que se incrimine a ER, como el autor del hecho y quien portaba un arma de fuego, pues no existe prueba que lo se�ale. Reclama que al acusado no se le practic� la prueba de absorci�n at�mica. Solicita se revoque la sentencia y en su lugar, se absuelva a su defendido. 3.2 Fiscal�a Treinta y Uno Seccional no apelante Estima que el an�lisis hecho por la judicatura fue juicioso, explica que se sabe de la din�mica de los EMP, la evidencia f�sica y la informaci�n legalmente obtenida no siempre es la �ptima, como se quisiera para exhibir en el desarrollo de juicio oral.
Afirma que en el presente caso con la prueba que se alleg� al juzgamiento se tiene plenamente acreditado que ERG fue la persona que le caus� la muerte a JMLA, al haberse logrado su captura en flagrancia. Refiere que los testimonios analizados no solo merecen credibilidad, sino que dan el cimiento jur�dico para que se haya proferido la sentencia condenatoria.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia Esta Corporaci�n es competente para desatar el recurso de apelaci�n interpuesto por la defensa contra la sentencia de 12 de agosto de 2016 emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tumaco, conforme a lo dispuesto en el numeral 1� del art�culo 34 de la Ley 906 de 2004. 2. Problemas jur�dicos a resolver Corresponde a esta Corporaci�n resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la defensa de ERG, que se funda en los siguientes problemas jur�dicos: 2.1.- La inexistencia de prueba que acredite la responsabilidad a t�tulo de autor de ERG en la comisi�n de las conductas punibles en concurso heterog�neo de homicidio simple y fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. 2.2.- Determinar si con ocasi�n al peritaje de bal�stica incorporado en juicio no se cumpli� con el descubrimiento previo al juicio del concepto base de opini�n y si ello fue as�, qu� efectos tiene con ocasi�n a la teor�a del caso de la Fiscal�a. 2.3.- Si para acreditar la idoneidad como perito es suficiente la experiencia en la pr�ctica del arte u oficio o es indispensable haber realizado estudios especializados relacionados con la pericia, espec�ficamente para determinar la identidad de una persona. 3.- Cuestiones previas 3.1.- Lo primero que debe advertir la Sala es que en cumplimiento de la cl�usula de competencia funcional que regula el recurso de apelaci�n, la presente decisi�n se centrar� en el estudio de los temas propuestos en la impugnaci�n y los inescindiblemente vinculados al mismo.
Por tanto, atendiendo a que las inconformidades del censor se centran en controversias probatorias sobre la no demostraci�n de la responsabilidad del procesado en la comisi�n del delito de homicidio, tales ser�n los ejes tem�ticos a abordar. 3.2.- En segundo orden debe declarar la Sala que sobre el acontecer de los delitos por los que se emiti� condena no existe ninguna controversia, pues ninguna de las partes puso en duda o cuestion� su realizaci�n y adicionalmente el recurrente en su alegaci�n parte de reconocer la ocurrencia del deceso violento de una persona que fue identificada como JMLA, raz�n por la que m�s all� de precisar la existencia de suficiencia probatoria para la demostraci�n material de los punibles investigados, no se har� ninguna otra referencia a esa tem�tica.
En efecto, con base en los elementos allegados al juicio se estableci� que el pasado 27 de noviembre del a�o 2011, siendo aproximadamente las 20:00 horas en el municipio de Francisco Pizarro - Salahonda, en la v�a p�blica � sector de la calle del comercio contiguo a un puesto de comidas r�pidas, cuando se encontraba JMLA y HEOS departiendo unas comidas r�pidas, JMLA fue atacado por un hombre de raza negra con un arma de fuego, heridas con las que se le caus� la muerte.
Al juicio se introdujo como evidencia N�1: la inspecci�n t�cnica a cad�ver FPJ-10 que da cuenta de la fecha y hora del deceso de JMLA, donde se se�ala como hip�tesis de la manera de muerte �herida ocasionada al parecer por arma de fuego�. Tambi�n se tiene la evidencia N� 2 y sus anexos que corresponde a una inspecci�n al lugar de los hechos con fijaci�n de los elementos materiales de prueba hallados y recaudados, entre ellos, el cuerpo sin vida de JMLA, un tel�fono celular, una ojiva de proyectil de arma de fuego, una vainilla, entre otros.
Del mismo modo la evidencia N�3, que contiene el informe pericial de necropsia que da cuenta de la conclusi�n pericial, refiri�ndose el estudio a un hombre adulto joven de sexo masculino de nombre JMLA, quien fallece a consecuencia de laceraciones encef�licas debido a trauma cr�neo encef�lico severo secundario, heridas penetrantes en cara y cabeza por proyectil de arma de fuego de carga �nica.
En relaci�n al punible de porte ilegal de armas, se tiene el decomiso del arma de fuego hallada en el lugar de los hechos y se�alada por el agente captor como la utilizada y elemento causal del homicidio, la que conforme a la evidencia n�mero 4 que contiene el estudio bal�stico rendido por el perito Edgar Giovanny S�nchez Pardo quien declar� en juicio, verbaliz� y ratific� su contenido, describiendo que se trata de un arma de fuego clase pistola, marca GLOCK 17 de fabricaci�n austriaca, calibre 9 x 19 mil�metros, con n�mero BGB582 en el ca��n y placa met�lica con n�mero ACM353 delante del disparador, de funcionamiento semiautom�tico, con capacidad de carga de 17 cartuchos, en buen estado de funcionamiento y con inscripci�n de �POLIC�A NACIONAL DEL ECUADOR�, entre otras caracter�sticas. 4.
De la prueba que acredita la responsabilidad del procesado ERG en los delitos por los que fue objeto de acusaci�n El eje central de discusi�n se ubica en que no existe prueba que acredite la responsabilidad de ERG, como autor de los delitos de homicidio y fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Desde ya debe anunciar la Sala que la alegaci�n del recurrente carece de todo fundamento. Si bien es cierto como lo dice el defensor, que la Fiscal�a renunci� a la pr�ctica de varias pruebas testimoniales debido a las dificultades de comparecencia de los declarantes, especialmente de HEOS, presencial que acompa�aba al occiso en el momento mismo de su deceso y presenci� al agresor que le dispar�, no se puede pasar por alto que al debate oral se incorporaron otros elementos materiales de prueba que acreditan plenamente la responsabilidad de ERG en la comisi�n de los delitos por los que fue convocado a juicio.
Resulta oportuno recordar que conforme al art�culo 372 del C�digo de Procedimiento Penal, las pruebas, todas, tienen la finalidad de llevar al conocimiento del juez, m�s all� de duda razonable, los hechos y circunstancias material del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado, como autor o part�cipe. En esta l�nea conceptual, el art�culo 373 del mismo ordenamiento establece el principio de libertad probatoria, conforme al cual los hechos y circunstancias de inter�s para la soluci�n correcta del caso, se podr�n probar por cualquiera de los medios establecidos en este c�digo o por cualquier otro medio t�cnico o cient�fico, que no viole los derechos humanos. As� mismo el art�culo 381 siguiente determina que para condenar se requiere el conocimiento m�s all� de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en juicio, advirtiendo que la sentencia condenatoria no podr� fundamentarse exclusivamente en prueba de referencia. Bajo esta senda el art�culo 382 se�ala que son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspecci�n, los elementos materiales probatorios, evidencia f�sica o cualquier otro medio t�cnico o cient�fico, que no viole el ordenamiento jur�dico.
Por tanto, al inexistir en materia penal tarifa legal probatoria que indique que determinado hecho o circunstancia para acreditar un hecho punible y la responsabilidad de su posible autor o part�cipe se deba acreditar con una prueba espec�fica, tales componentes del hecho punible podr�n ser demostrados con cualquier medio de conocimiento que no afecte los derechos humanos. 4.1.- Bajo lo anterior, tenemos que de manera v�lida y oportuna se alleg� el testimonio de cargo del agente Jorge Leonardo Espa�a Bele�o, respecto de quien se acredit� se trata de un funcionario de la Polic�a Nacional quien para la �poca de los hechos, 27 de noviembre de 2011, se encontraba laborando en la Estaci�n de Polic�a del municipio de Francisco Pizarro � Salahonda desde hac�a 1 a�o y 6 meses.
Destac� al responder al interrogatorio formulado por la Fiscal�a que el d�a de los hechos se encontraba al servicio de seguridad a las instalaciones de polic�a, momento en el que escuch� a poco metros del lugar varias detonaciones, raz�n por la cual corri� en compa��a de otro policial de nombre Luis Felipe P�ez Guisa al sitio del que proven�an los estallidos, observando a �un individuo de sexo masculino, el cual portaba en una de sus manos un arma de fuego, a pocos metros de donde ocurrieron los hechos de inmediato �l ingresa a un establecimiento abierto al p�blico, al cual ingresa por una puerta y sale por la otra, al notar nuestra presencia policial, el cual arroja en el interior del establecimiento el arma de fuego�� Describe que en cumplimiento del procedimiento policial de forma inmediata retienen al agresor y le indica a su compa�ero que registre y busque el arma de fuego en el establecimiento de comercio abierto al p�blico al que al pretender huir hab�a ingresado el reci�n aprehendido, la cual hall� en el mismo momento en un rinc�n del lugar.
Relat� que ante tales circunstancias se le dieron a conocer los derechos del capturado, el que se identific� con el nombre de �EG�, habiendo sido necesario llevarlo de manera apremiante en una patrulla hasta la estaci�n, dado que la ciudadan�a lo quer�a golpear y agredir, como represalia por el hecho que hab�a realizado, al que una vez en el lugar fue puesto a disposici�n de la fiscal�a. Sobre los aspectos puntuales de las circunstancias de tiempo modo y lugar dijo que cuando escuch� las detonaciones se hallaba como a 10 metros del lugar por lo que lleg� a avistar al capturado unos 20 segundos despu�s de los disparos.
Describi� al capturado como un hombre que vest�a botas negras, jean azul, esqueleto blanco con un arma en su mano, quien en ese momento se hallaba aproximadamente a dos metros de distancia de la escena criminal. Como es de advertir, en el presente caso, como acertadamente lo declaro el juez a quo, existe prueba directa que acredita la responsabilidad de ERG.
Este medio de prueba le merece a la Sala plena credibilidad, pues proviene de una persona que estuvo en el lugar de los hechos en el momento de ocurrencia, con la precisi�n de haber advertido la escucha de las detonaciones del arma de fuego cuando se hallaba como a 20 metros de distancia del lugar en el que se le causaba la muerte a JMLA, para segundos despu�s, avistar al incriminado parado con un arma de fuego en la mano dos metros frente a la escena criminal, el que al advertir la presencia policial pretendi� huir del lugar y deshacerse del arma, pero habiendo logrado su captura de manera inmediata y la recuperaci�n de una pistola que fue tirada en un rinc�n del establecimiento de comercio adyacente al escenario del insuceso.
Este mismo testigo, depuso que fue la persona que como policial realiz� la inicial individualizaci�n del procesado y le puso en conocimiento los derechos como capturado, habiendo sido identificado como ERG. En este momento resulta oportuno responderle al recurrente que a partir de esta prueba testimonial se disipa cualquier discusi�n que se pueda plantear sobre la individualizaci�n e identificaci�n de ERG como presunto autor de los delitos por los que fue acusado.
En efecto, no existe duda alguna para la Sala que la persona que se identific� como ERG fue la que el policial que declar� en el juicio captur� instantes despu�s, esto es, 20 segundos, aproximadamente, desde el momento en que se le caus� la muerte a JMLA, en el mismo lugar del crimen y a quien presenci� parado frente al cad�ver portando el arma de fuego.
Esta afirmaci�n sobre su plena identidad se corrobora con la presentaci�n de la misma persona ante los estrados judiciales para los eventos de las audiencias de formulaci�n de imputaci�n, acusaci�n y el juicio, escenarios judiciales en los que de viva voz se ha presentado el mismo encartado como ERG. Se suma a lo anterior que en el mismo espacio de la audiencia de juzgamiento, el testigo ESPA�A BELE�O lo reconoci� como la persona que captur� y se identifica bajo ese mismo nombre.
Inadvierte la defensa en su alegaci�n cuando pretende enervar que ERG sea la persona que le caus� la muerte a JM y portaba el arma de fuego, que el testigo presencial tambi�n declar� en juicio que ante la huida del capturado, los ciudadanos que se encontraban en el lugar lo se�alaban como autor del hecho y reclamaban su persecuci�n y aprehensi�n. No se ofrece a dudas de que se trata de la misma persona que caus� el hecho y fue sorprendida tanto por la comunidad, como por los policiales en el momento de la comisi�n de los delitos que se le reprochan.
La l�nea del tiempo que no supera los 20 segundos as� lo permiten inferir y declarar. Lo anterior, por cuanto a que la misma parte que recurre al ejercer el contrainterrogatorio en el juicio y pretender desacreditar al testigo, ahond� en el tema, obteniendo como respuesta s�lida, precisa, clara y determinante del declarante que el sorprendimiento del acusado fue inminente a la comisi�n del hecho por la proximidad al agente que se encontraba en el lugar de los hechos, que le permiti� hacer presencia en pocos segundos al punto que alcanz� a advertir cuando el acusado a�n se encontraba frente al cuerpo del occiso portando el arma de fuego.
As� se desarroll� este espacio probatorio en el juicio cuando la defensa la pregunta al testigo: ��Cuando miran al sujeto con el arma de fuego, concretamente que hacen ustedes?� El policial respondi�: �De inmediato �l ingresa al establecimiento de comercio, entra por una puerta y al ver que nosotros ven�amos detr�s de �l, arroja el arma de fuego, sale por una puerta, el cual se retiene; adentro del establecimiento p�blico hab�an unas personas que lo se�alaban que �l hab�a arrojado el arma de fuego, all� le digo a mi compa�ero que verifique y en un rinc�n por donde estaba una de las puertas por donde ingreso all� estaba el arma de fuego.� Luego persiste el mismo defensor: �C�mo explica usted que dijo, que del sitio donde se encontraba prestando su servicio al sitio donde posiblemente se encontraba la persona que hab�a disparado, hab�a una distancia inicialmente 10 metros, luego dijo que hab�an dos metros y finalmente 5 metros?� Rigor al que el declarante le contesta: �10 metros desde donde yo me encontraba hasta donde estaba el se�or con el arma de fuego, dos metros aproximadamente en l�nea recta desde donde se encontraba el cuerpo sin vida y el se�or con el arma de fuego y 5 metros desde donde el se�or corri� hasta donde se entr� al establecimiento p�blico.� No podr�a ser m�s di�fano Espa�a Bele�o para describir su inmediatez, ubicaci�n visual y capacidad de percepci�n, para con ello tambi�n evidenciar su condici�n de presencial respecto de los momentos inmediatos a cuando ERG le caus� la muerte a JM mediante la utilizaci�n de un arma de fuego que al momento de su sorprendimiento a�n portaba.
Es claro para la Sala que esta exposici�n permite extraer situaciones tales como: (i).- que en el lugar de los hechos, hizo presencia el testigo Espa�a Bele�o para identificar a la persona que por las situaciones inmediatas y concomitantes le hab�a disparado a JM caus�ndole la muerte; conclusi�n a la que se arriba si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde las detonaciones y distancia a la que se encontraba el policial, quien es preciso en indicar que luego de escuchar los disparos hizo presencia en el lugar del que proven�an, en aproximadamente 20 segundos, factores que le permitieron avistar a escasos 10 metros a un hombre portando en una de sus manos el arma de fuego y vestido con �botas negras, jean azul, esqueleto blanco� y a escasos dos metros del cuerpo que acababa de recibir el impacto de proyectiles, precisamente de un arma de fuego, obteni�ndose de ese hecho los indicios de presencia y oportunidad.
(ii).- Que ante la presencia policial, quien fue luego identificado como ERG, pretendi� abandonar el lugar y deshacerse del arma de fuego, hecho que estructura el indicio de huida. Por �ltimo, referente a la inconformidad de la defensa de que este testigo no fue claro en mencionar si en la escena de los hechos hab�a o no m�s personas, o si era de d�a o de noche; se le debe precisar que de lo narrado por el deponente se tiene que efectivamente s� absolvi� tal inquietud.
De su relato se extrae que la v�ctima estaba acompa�ada de otra persona, HEOS que era uno de los testigos de cargo de la Fiscal�a, de quien ahora se tiene a partir de las constancias procesales que no se logr� su comparecencia al juicio; al igual que describe la presencia de muchas otras personas, cuando relata que hubo de parte de varios ciudadanos el se�alamiento directo de ERG como autor del hecho y que la aprehensi�n del acusado tambi�n fue consecuencia de la captura p�blicamente requerida, adicionalmente a la constancia que deja del traslado del capturado en una patrulla para evitar que la gente lo linchara, circunstancias que con creces denota a partir de su testimonio la presencia de varias personas en el lugar, el cu�l fue descrito como la zona comercial de la localidad y precisamente frente a un establecimiento de comercio.
Si bien el declarante no pone de presente las dem�s circunstancias que reclama el recurrente, de la alegaci�n del impugnante no se advierte en qu� medida afecta esa situaci�n a la credibilidad del testigo motivo por el que su cuestionamiento se torna absolutamente inane. Respecto a la inconformidad del censor dirigida a se�alar que el arma no fue decomisada al acusado, sino que se encontr� en un rinc�n donde unas personas dijeron que era el acusado quien la hab�a botado, se le debe precisar que a partir de la atestaci�n de Espa�a Bele�o se tiene acreditado que en el momento del sorprendimiento por los policiales, Espa�a Bele�o observ� al acusado con el arma en la mano, la que luego de emprender la huida, abandon� en el establecimiento de comercio por el que se pretend�a fugar. 4.2.- De otra parte, se cuenta con el testimonio del tambi�n uniformado Carlos Mario L�pez Jaramillo, quien inform� llevar 10 a�os prestando servicio en la Polic�a Nacional y 2 a�os en Francisco Pizarro como Subcomandante de la Estaci�n de Salahonda.
Este testigo no fue presencial del momento en que el acusado dispar�. Sin embargo es testigo directo de varias circunstancias antecedentes al homicidio y la posterior de captura del enjuiciado. Precisamente refiere que funcionalmente como agentes del orden ya ten�an conocimiento de la presencia en la municipalidad de ERG a quien ya hab�an conducido a la Estaci�n de Polic�a para identificarlo y verificar sus antecedentes, por quejas de los lugare�os de tratarse de un extra�o que hab�a llegado al pueblo y estaba realizando actos de coacci�n. Al punto espec�fico el Ministerio P�blico le pregunt� sobre qu� otra informaci�n conoc�a del acusado y respondi� �El se�or E hab�a llegado aproximadamente 15 o 20 d�as al pueblo, la gente comenz� a arrimar a la estaci�n a poner quejas que el se�or estaba molestando a la gente, que los estaba queriendo coaccionar, que ese se�or estaba muy extra�o en el pueblo, que nunca lo hab�an visto, que practic�ramos m�s control en ese sentido, igual al se�or se llev� a la estaci�n para hacer un registro de �l, de d�nde ven�a, si se tuvo quejas de �l, que estaba queriendo coaccionar a la gente y queri�ndola molestar�.
Este es un hecho acreditado con prueba directa a trav�s de la prueba testimonial, conforme al cual las autoridades de polic�a con antelaci�n al homicidio de JM ya ten�an plenamente individualizado e identificado al acusado ERG, dadas las denuncias y quejas que los residentes del municipio hab�an formulado en la estaci�n de polic�a y necesaria conducci�n del mismo para su registro.
Por tanto, contrario a lo alegado por la defensa, con estos dos testimonios se debe declarar que existe prueba suficiente que acredita m�s all� de toda duda que el acusado es la persona que fue sorprendida en la inminencia de la comisi�n del delito de homicidio portando el arma de fuego y que no existe duda sobre su individualidad. 5.- El traslado del concepto base de opini�n pericial Ahora bien, respecto de la inconformidad por el cumplimiento del descubrimiento y traslado previo al juicio del concepto base de opini�n del peritaje de bal�stica, advierte la Sala que tampoco le asiste raz�n al recurrente.
Veamos: Con el descubrimiento probatorio, en lo esencial, se pretende no sorprender en el momento del juicio oral a la parte adversaria con elementos materiales probatorios, evidencias f�sicas o informaci�n legalmente obtenida, que no conoc�a se hallaba en poder de la contraparte o que se pretende utilizar en el debate oral de tal manera que, frente al descubrimiento oportuno, tenga el tiempo, el espacio, los medios para no solo conocer la estrategia y soportes de su oponente sino estructurar su postulaci�n y si fuere el caso contrarrestarla.
La Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia al referirse a la tem�tica del descubrimiento se�ala: �Por ello, como as� lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte, es de la esencia del sistema acusatorio consagrado en nuestra legislaci�n el descubrimiento probatorio, el cual consiste en que la fiscal�a y la defensa deben suministrar, exhibir o poner a disposici�n de la contraparte todos los elementos materiales probatorios y evidencia f�sica que posean como resultado de sus averiguaciones y que, en un momento procesal posterior, eventualmente le pedir�n al juez de conocimiento que sean decretadas y practicadas en el juicio oral como sustento de sus argumentaciones.
Significa lo anterior que el instituto procesal del descubrimiento probatorio encuentra su raz�n de ser en los principios de igualdad, lealtad, defensa, contradicci�n, objetividad y legalidad, entre otros, permitiendo de esa manera que ninguno de los intervinientes sea sorprendido por los elementos de prueba que posteriormente pida su oponente para hacerlos valer en juicio oral; se trata, pues, de que tanto el fiscal como la defensa conozcan oportunamente cu�les son los elementos de prueba sobre los cuales el adversario fundar� su teor�a del caso y, de ese modo, cada uno pueda elaborar las distintas estrategias propias de su rol particular.� En este entendido se tiene que para la Fiscal�a el descubrimiento probatorio se inicia desde el mismo momento en que se radica el escrito de acusaci�n y para la defensa en la enunciaci�n de los elementos materiales de prueba en la audiencia preparatoria.
Para el primer evento, es uno de los requisitos exigidos por el orden procesal penal que el fiscal delegado deber� hacer contener en el escrito de acusaci�n una relaci�n de los elementos materiales de prueba con los que cuenta y pretende hacer valer en juicio, incluso los que resulten favorables al acusado. Luego en la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, el mismo actor deber� poner a disposici�n de la defensa todos los elementos que �ste requiera y en el evento en que tal situaci�n no se pueda verificar en el mismo acto, a instancias del juez de conocimiento lo deber� hacer dentro de los 3 d�as siguientes.
De otra parte y en lo que ata�e al punto de impugnaci�n, cuando la Fiscal�a General de la Naci�n pretenda hacer valer alg�n hecho o circunstancia de su teor�a del caso a trav�s de peritaje, para efectos del descubrimiento de esta clase de prueba, deber� correr traslado o poner a disposici�n de la defensa el concepto base de opini�n del perito dentro de un periodo que va hasta 5 d�as antes a la celebraci�n del juicio.
As� lo determina el art�culo 415 de la Ley Instrumental Penal cuando indica que: �Base de la opini�n pericial.�Toda declaraci�n de perito deber� estar precedida de un informe resumido en donde se exprese la base de la opini�n pedida por la parte que propuso la pr�ctica de la prueba. Dicho informe deber� ser puesto en conocimiento de las dem�s partes al menos con cinco (5) d�as de anticipaci�n a la celebraci�n de la audiencia p�blica en donde se recepcionar� la peritaci�n, sin perjuicio de lo establecido en este c�digo sobre el descubrimiento de la prueba.
En ning�n caso, el informe de que trata este art�culo ser� admisible como evidencia, si el perito no declara oralmente en el juicio�. En el presente caso la defensa reclama que no conoci� ni antes ni despu�s del juicio las bases de la opini�n pericial de los peritos que la Fiscal�a present� en juicio. Verificada su intervenci�n en juicio y la reclamaci�n que ahora realiza en la alzada, advierte la Sala que su sola proposici�n es toda una paradoja, que la lleva por si misma a ser desestimada.
Lo anterior porque de su propia afirmaci�n se tiene que expresa que las bases de opini�n no le fueron descubiertas, por cuanto a que lo �nico que se hizo -no explica en qu� etapa procesal- fue leerle los dict�menes que se hab�an realizado. Con lo anterior es claro que s� conoc�a de los conceptos base de opini�n, a pesar de que reitera que no se acataron los t�rminos del art�culo 415 del C�digo de Procedimiento Penal, ya evocado.
De la necesaria revisi�n de las carpetas y en espec�fico de las actuaciones surtidas en las etapas de las audiencias de formulaci�n de acusaci�n (escrito de acusaci�n), preparatoria y de juzgamiento corrobora la Sala, que el aludido informe de experticio bal�stico que constituye el concepto base de opini�n rendido por el perito Edgar Giovanni S�nchez Pardo tuvo la debida producci�n. Lo anterior es as�, porque el mismo se descubri� con el escrito de acusaci�n. Luego se verbaliz� en la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, para posteriormente ser enunciado y solicitado como prueba a tener en cuenta en el juicio en el acto p�blico de la audiencia preparatoria.
Valorada la pretensi�n por el juez de conocimiento, al satisfacer los presupuestos de admisibilidad se dispuso el decreto de la prueba pericial en juicio, ante lo cual, debe reiterarse, la defensa en ning�n momento hizo objeci�n alguna. Por tanto desde que se le corri� traslado del escrito de acusaci�n, con el mismo, tambi�n se le corri� traslado del concepto base de opini�n del dictamen bal�stico.
Falta a la verdad procesal el censor cuando de la confrontaci�n de las piezas procesales, en el escrito de formulaci�n de acusaci�n se corrobora que en el literal g del numeral 3 del ac�pite de �ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS QUE HACEN PARTE DEL DESCUBRIEMIENTO PROBATORIO��, se enuncia el testimonio de Edgar Giovanni S�nchez Pardo, como perito bal�stico; y al literal g. del numeral 4.
Se enuncia el informe de laboratorio bal�stico, el que como informe pericial ser�a incorporado al juicio a trav�s del testimonio del perito Edgar Giovanni S�nchez Pardo. Por �ltimo, tambi�n se advierte que en el inicio de la audiencia de juicio oral, la Fiscal�a manifest� haber dado traslado de los EMP indicados en el escrito de acusaci�n como tambi�n el concepto previo de que trata el art�culo 415 C�digo Instrumental Penal, lo que a su turno llev� a la defensa, a indicar que efectivamente recibi� en oportunidad un documento de necropsia y otros, presentando una glosa a la opini�n pericial de la necropsia.
En lo que respecta a la base de opini�n de la experticia bal�stica, nada dijo. Adicionalmente debe acotarse que en el momento en que durante el juicio rindi� testimonio Edgar Giovanni S�nchez Pardo como perito bal�stico del Cuerpo T�cnico de Investigaci�n, la defensa no hizo ning�n reproche ni observaci�n. De la din�mica procesal se verifica en el registro que luego de la acreditaci�n del perito, la Fiscal�a le puso de presente a la defensa el concepto base de opini�n y an�lisis bal�stico, sin que �sta, como contraparte, ni en el inicio, tampoco en el desarrollo del interrogatorio, menos a�n al ejercer el contrainterrogatorio realizara impugnaci�n alguna basada en la tem�tica que ahora propone.
Todo este actuar y alegaci�n solamente refleja que la controversia que plantea el recurrente no deja de ser m�s que una afirmaci�n falaz al carecer de todo sustento, por lo que se hace necesario llamar su atenci�n por el desconocimiento del deber profesional de lealtad que le demanda el ejercicio de su profesi�n como abogado. La glosa no tiene prosperidad. 6.- La prueba pericial como medio probatorio Es del caso recordar que el dictamen pericial es un medio de prueba que consiste en el aporte de conocimientos t�cnicos, cient�ficos o art�sticos que tiene una persona por ser versada en determinada materia, adquiridos por la experiencia, formaci�n acad�mica o por el ejercicio de una destreza y que se hace necesario o importante llevarlo al juicio para ilustrar al juez para que le permita decidir la controversia que se le plantea sobre determinado asunto, que requiere del aporte de tales conocimientos de los que no es un especialista el juzgador.
O como lo ense�a el catedr�tico Eugenio Flori�n �La peritaci�n es el medio particularmente empleado para transmitir y aportar al proceso nociones t�cnicas y objetos de prueba, para cuya determinaci�n y adquisici�n se requieren de conocimientos especiales y capacidad t�cnica�. El C�digo de Procedimiento Penal se ocupa del tema el cual en su art�culo 405 dispone que su pr�ctica resulta procedente: �cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos cient�ficos, t�cnicos, art�sticos o especializados � Aunado a ello, los art�culos 406, 412, 413, 414 y 415 de la Ley 906 de 2004, regulan el proceso de elaboraci�n y presentaci�n de los informes derivados de los experticios solicitados por las partes, de donde es dable extraer que: (i) las investigaciones o an�lisis realizados por los peritos deben ser consignados en informes que se entienden como prueba en el Proceso Penal Colombiano presentados bajo la gravedad de juramento (406), (ii) las partes pueden presentar informes de peritos de su confianza y pedir que estos sean citados a la audiencia del juicio oral (413 y 415), (iii) el juez �admite� el informe y a partir de ello dispone la citaci�n del perito (en todo caso debe entenderse que no se trata de la admisi�n del informe como prueba, pues el art�culo 415 establece con claridad que la admisi�n del informe est� supeditada a que el perito comparezca a la audiencia de juicio oral) (414), (iv) el interrogatorio y contrainterrogatorio de los peritos en la audiencia de juicio oral tendr�n como punto de referencia los informes presentados con antelaci�n (412) y (v) el informe por s� s�lo no puede admitirse como prueba (415).
Debe tenerse en claro, que dentro del sistema acusatorio todas las pruebas se deben practicar dentro de la audiencia p�blica, lo que necesariamente implica que el perito comparezca al proceso a rendir su peritaje, donde ser� interrogado por la parte que lo hubiese solicitado y ser� contrainterrogado por la contraparte. 6.1.- Perito sobre plena identidad Es materia de impugnaci�n, la tard�a alegaci�n sobre la desacreditaci�n de la idoneidad de la perito Magaly Rosero, quien en juicio se pronunci� sobre la identificaci�n e individualizaci�n del acusado.
La controversia gira en torno a que la perito no ha realizado estudios o capacitaciones en dactiloscopia y por tanto, no era la persona indicada para individualizar e identificar al procesado, pues considera la defensa que admitir lo contrario es contravenir el mandato de los art�culos 405 y siguientes del C�digo de Procedimiento Penal. En camino a dilucidar el planteamiento, encuentra la Sala que lo primero a abordar es el tema referente a qui�n es perito y c�mo se desarrolla esa actividad.
Para ello, lo primero y principal referente es acudir al contenido de la normatividad procesal penal vigente sobre el tema, labor que por dem�s, no asumi� el recurrente para sustentar su superficial alegato. Por este sendero encontramos que el art�culo 408 del C�digo de Procedimiento Penal, se�ala qui�n puede ser perito, as�: �Art�culo 408.�Qui�nes pueden ser peritos.�Podr�n ser peritos, los siguientes: 1.
Las personas con t�tulo legalmente reconocido en la respectiva ciencia, t�cnica o arte. 2. En circunstancias diferentes, podr�n ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, t�cnica, arte, oficio o afici�n aunque se carezca de t�tulo. A los efectos de la cualificaci�n podr�n utilizarse todos los medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como perito.� (Destaca la Sala).
Esta norma ense�a que pueden estar en tal connotaci�n las personas con t�tulo reconocido en la respectiva ciencia, t�cnica o arte, lo que implica que podr� serlo cualquier profesional, especialista, t�cnico en alguna de las ciencias del conocimiento, del arte u ocupaci�n. Pero adem�s se extrae del contenido literal de la disposici�n, que en su numeral 2, el legislador tambi�n considera como perito a quienes no tengan t�tulo de profesional, t�cnico o artista, pues le reconoce tal condici�n a las personas de: ��reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, t�cnica, arte, oficio o afici�n aunque se carezca de t�tulo.�, supuesto que desconoce por completo el defensor que recurre.
Por tanto, es dable enunciar que la calidad de perito no se adquiere solamente por la obtenci�n de un t�tulo acad�mico en determinada actividad de la ciencia, t�cnica, arte u oficio, pues para ello tambi�n basta la experiencia y el conocimiento que los seres humanos adquieren por v�as diferentes como autodidactas y emp�ricos que los habilita para emitir un concepto serio sobre la materia que conocen, bien sea de ciencia, t�cnica, arte, oficio o afici�n Es dable entonces extraer que la condici�n de perito no emana exclusivamente de los t�tulos universitarios o de estudios certificados, �sta puede provenir del conocimiento especializado que adquiere una persona en raz�n de su actividad cotidiana.
Un ejemplo claro de ello son las personas que sin haber asistido a un centro acad�mico para formarse en una profesi�n, arte u oficio, se desempe�an como expertos anticuarios, pintores, m�sicos, herreros, forjadores de metales, talladores de gemas preciosas, corredores de bolsa, filatelistas, actividades propias de la criminal�sticas, entre otras muchas m�s, quienes con base en esas destrezas y experiencias obtenidas en el desarrollo permanente, cotidiano, adquirido muchas veces de la cultura oral generacional o autoformaci�n, son autoridades en la materia y est�n autorizados para emitir concepto de autoridad.
As�, en punto a la r�plica que reclama el defensor, debe decirse que si bien la testigo perito Magaly Rosero al declarar en juicio y dictaminar sobre la identidad del procesado manifest� no contar con preparaci�n acad�mica como dactiloscopista, tal deficiencia de educaci�n formal no le resta idoneidad para fungir como experta en esa materia.
Lo anterior porque tambi�n es oportuno traer a colaci�n que en el proceso de acreditaci�n de la testigo, la Fiscal�a demostr� que se trata de una persona que funge como servidora p�blica al servicio de la Polic�a Nacional SIJIN, quien para la fecha de ocurrencia de los hechos laboraba en la localidad de Tumaco como investigador perito preliminar, llevando un a�o realizando la misma actividad sobre labores preliminares para determinar la plena identidad de las personas, asignada al grupo de laboratorio de criminal�stica y recordando que no era la primera vez que asist�a a ese tipo de audiencias.
En consecuencia, no encuentra eco la alegaci�n de impugnaci�n, pues la defensa no llega m�s all� de se�alar la ausencia de t�tulos acad�micos de la perito, sin entrar a confrontar que la actividad que realiz� carece de idoneidad para demostrar el hecho que se pretende probar con su concepto t�cnico. Olvida el censor que con la perito la Fiscal�a busca demostrar que la persona capturada, judicializada y condenada es ERG y que la rese�a decadactilar que se le tom� guarda correspondencia con la tarjeta decadactilar que levant� para esa persona la Registradur�a Nacional del Estado Civil para la preparaci�n de su c�dula de ciudadan�a. Su concepto base de opini�n contenido en el informe para plena identidad llevado al juicio y verbalizado por la perito, no fue controvertido, tampoco la t�cnica y los procedimientos empleados para llegar a esa conclusi�n. De este modo, la sola afirmaci�n del recurrente como impugnaci�n no se basta a s� misma, es est�ril, dado a que dej� en su solo enunciado la inconformidad sobre su idoneidad, desconociendo la Sala por completo, cu�les son las razones para afirmar que una persona que lleva un a�o realizando procedimientos dactilosc�picos de las personas que se judicializan en Tumaco para establecer su plena identidad, carece de la habilidad para emitir un concepto espec�fico sobre esa tem�tica.
Adicionalmente, en la argumentaci�n se desconoce por completo la trascendencia de la tard�a desacreditaci�n de la perito, en la medida que inadvierte el libelista que ERG se encuentra plenamente individualizado desde el albor de la investigaci�n, incluso desde antes de su captura. Para inter�s del juicio, la perito compareci� a la audiencia donde manifest� ser quien realiz� el informe sobre plena identidad de ERG, y reconocer la firma estampada en el mismo.
En cuanto a los procedimiento ejecutados para llegar a esa conclusi�n, fue precisamente en relatado en el desarrollo del contrainterrogatorio adelantado por la defensa que recurre. En ese escenario la perito se�al� que hizo la comparaci�n entre la rese�a decadactilar y que para ello tom� 10 dibujos de las manos derecha e izquierda y la tarjeta decadactilar de preparaci�n de c�dula de ciudadan�a emitida por la Registradur�a Nacional del Estado Civil en fotocopia para colegir que guardaban correspondencia para afirmar que la persona procesada es ERG.
Esta pericia, en aplicaci�n del principio de libertad probatoria, es un medio v�lido y pertinente a efectos de revelar una verdad que interesa al proceso, esto es, la plena identidad del acusado. Tambi�n inadvierte la defensa que existen otros elementos de prueba que as� lo acreditan, como son el testimonio del comandante de la estaci�n de polic�a Carlos Mario L�pez Jaramillo quien depuso que desde d�as antes a la comisi�n de los delitos que se le reprochan, hab�a sido necesario conducirlo a la dependencia policial para identificarlo ante las reiteradas quejas de la ciudadan�a referidas a que era un reci�n llegado a la poblaci�n que estaba realizando coacciones a la comunidad.
Adicional a lo anterior, son hechos irrefutables y por ende acreditados que bajo el mismo nombre y cupo num�rico de cedulaci�n por el que se emiti� el concepto pericial, ERG se present� en las audiencias de formulaci�n de imputaci�n, acusaci�n y del juicio oral como la misma persona, hechos procesales que no admiten otro contraste, dejando infecunda la indefinida alegaci�n de la defensa.
Basten estos argumentos para confirmar la decisi�n recurrida. III. LA DECISI�N Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, Resuelve: 1�. Confirmar la sentencia de 12 de agosto de 2016 por medio de la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tumaco (N) conden� a ER, como responsable de los delitos de homicidio simple en concurso con fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. 2�.
Esta providencia se notifica en estrados y se hace saber que en su contra procede el recurso extraordinario de casaci�n. Notif�quese y c�mplase, JOS� AN�BAL MEJ�A CAMACHO Magistrado Ponente FRANCO SOLARTE PORTILLA Magistrado BLANCA ARELLANO MORENO Magistrada JUAN CARLOS �LVAREZ L�PEZ Secretario Aud. Lectura de fallo, record 1:11:44 Aud.
Lectura de Fallo, record: 01:20:08 Audiencia de juicio,17 de julio de 2012, corte 2, record 01:00:03 Ib�dem 01:19:06 Audiencia de juicio,17 de julio de 2012, corte 2, record: 01:37:48 CSJ AP nov. 8 de 2011 Rad. 36177 Aud. Juicio oral, 17-07-2012, corte 2, record: 25:05 Aud. Juicio oral, 17-07-2012, corte 2, record: 28:14 Aud.
Juicio oral, 19-03-2013, corte 4, record: 2:58 Parra Quijano Jairo. �Manual de Derecho Probatorio�. Ediciones librer�a del profesional. 1986. P�gina 351. Flori�n Eugenio �De las pruebas penales� Tomo II Editorial Temis Tercera Edici�n. 1982 pagina 351. La Prueba En El Proceso Penal, P�g. 179, Luis Fernando Bedoya Sierra, 2008. Ib�dem Audiencia juicio oral, 19-marzo-2013, corte 3, record: 41:39 Proceso N�: 528356000538201180513-1 No. Interno: 18434 Conducta Punible: Homicidio simple; fabricaci�n, tr�fico y porte de armas de fuego Sentenciado: ERG PAGE P�gina PAGE 20 de 36 $(fkpx����;
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