2010-00385 N.I. 12519 · Tribunal de Pasto

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Antecedentes Despu�s de haber sido vinculados formalmente al proceso penal efectuada la imputaci�n de cargos, en audiencia de formulaci�n de acusaci�n de los d�as 23 de enero y 15 de febrero de 2012 presidida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales, los se�ores YIYC, LLJ, FTP, JPC y OABH, como alcalde, secretario de infraestructura, tesorero y director de planeaci�n del municipio de C (N) y contratista, respectivamente, fueron inculpados los servidores p�blicos de la comisi�n concursal de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, inter�s indebido en la celebraci�n de contratos y peculado por apropiaci�n, y el particular, en calidad de interviniente, de los reatos de inter�s indebido en la celebraci�n de contratos y peculado por apropiaci�n. Lo anterior en tanto para la adquisici�n de una motoniveladora de origen chino, para la cual se pag� un valor de 460 millones de pesos y se apertur� un proceso de subasta p�blica presencial, a lo largo de todo el proceso licitatorio en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual habr�an desconocido aquellos las reglas que imperan en materia de contrataci�n p�blica, todo con el fin de que el contrato fuera adjudicado al �nico oferente, la empresa COOPGALERAS, la que al final gan� la subasta.

Efectuada entonces la acusaci�n, la audiencia preparatoria se evacu� los d�as 26 y 27 de noviembre de 2014; en la primera calenda tuvieron lugar todos los actos propios que se ejecutan en esa diligencia hasta la exposici�n de las solicitudes probatorias de las partes, mientras que en la �ltima se profiri� la decisi�n respectiva a cuyo culmen los togados de la defensa de los encausados presentaron sus respectivos recursos de apelaci�n. Sin embargo, por fallas t�cnicas los registros de audio de esa �ltima sesi�n se echaron a perder, lo que condujo al Juzgado de conocimiento con anuencia de los sujetos procesales a programar y celebrar el 17 de diciembre de 2014 la que se denomin� �audiencia de reconstrucci�n�; en ella, siendo fieles a lo expuesto en la diligencia anterior el Despacho dio lectura al auto otrora proferido y los defensores repitieron la interposici�n y sustentaci�n de sus alzadas, mientras que los no recurrentes, como la Fiscal�a, ejercieron su rol.

Fue as� como mediante auto del 14 de mayo de 2014 esta Sala resolvi� las apelaciones del decreto probatorio en los t�rminos que son ya conocidos. Regres� entonces el asunto al Juzgado de origen, y abierto el juicio oral el 4 de noviembre, el ente persecutor present� la solicitud de nulidad que nos convoca esta vez, que fue despachada desfavorablemente por esa Judicatura mediante auto proferido en audiencia del d�a subsiguiente, en la que el petente interpuso apelaci�n, mientras que la representaci�n de las v�ctimas el de reposici�n, manifestaci�n esta �ltima pese a la cual la Falladora de primer grado no se pronunci� sobre el recurso horizontal y en cambio lo concedi� junto con el del ente instructor tal como si se tratase del vertical.

Arribadas las diligencias a esta sede, percat�ndose de tal yerro, esta Corporaci�n con auto del 19 de mayo de 2016 decret� la nulidad parcial de lo actuado a partir de la providencia del 4 de noviembre a fin de que se procediese en manera legal frente al recurso de reposici�n. En obedecimiento a tal decisi�n el Juzgado convoc� nuevamente a la respectiva vista p�blica el 28 de julio de 2016, empero, en ella la representaci�n de las v�ctimas declin� de su recurso, desistimiento que tras ser aceptado por la A quo condujo a conceder el recurso depuesto por la Fiscal�a en el efecto suspensivo, y en tales condiciones retorna por esta nueva vez el asunto a la Sala.

Solicitud de nulidad Advirtiendo que en la audiencia preparatoria se sucedieron ciertos yerros que no pueden subsanarse de manera dispar a como lo consagra el art�culo 547 del C�digo de Procedimiento Penal, el Funcionario recurrente expuso que en dicha diligencia elev� sendas solicitudes probatorias, algunas de las cuales fueron rehusadas por la bancada de la defensa, por lo cual el Juzgador de primera instancia deslind� el an�lisis en punto a las que fueron y no fueron objeto de controversia, omitiendo, no obstante, pronunciarse de manera expresa sobre el conjunto de pruebas rotuladas con el No. 34, referidas a los documentos destinados a atestar las calidades de servidores p�blicos de los encausados.

Narr� entonces que los togados defensores incoaron la alzada respecto del decreto de algunas pruebas de cargo as� como de unas peticiones suasorias de descargo que las despach� desfavorablemente, mientras que en el espacio del traslado a los no recurrentes intent� ese delegado hacer alusi�n a la omisi�n precavida, lo que no fue permitido por la Judicatura previa oposici�n de la defensa, y ante lo cual el censor abord� en un receso del acto al Fallador, sin tener eco sus premisas en �l, y por ello hubo de resignarse a esa resulta considerando que pod�a echar mano de una prueba sustituta s� decretada para atestiguar lo pretendido.

Record� paso seguido las vicisitudes t�cnicas que sufri� la sesi�n celebrada el 27 de noviembre de 2014 y el convenio al que arribaron las partes e intervinientes en pro de su recuperaci�n, en la que nuevamente el Fallador salt� el pronunciamiento de las solicitudes probatorias 15 a 21 �vertidas sobre el proceso licitatorio-, y 34; situaci�n frente a la cual no pudo ejercer contradicci�n alguna pues as� hab�a sido pactado antes, que lo condujo a intentar fallidamente emitir alg�n dicho en el traslado a los no recurrentes, pues as� no le fue licenciado.

En ese menester indic� tambi�n que esta Colegiatura cuando hubo de resolver las apelaciones enrostradas por la defensa no manifest� nada sobre ese llamado de atenci�n que en ese sentido el ente instructor hab�a hecho, como que en su sentir de manera oficiosa este Tribunal deb�a declarar la nulidad. Explic� entonces que ante ese panorama, no encontrando otro escenario ideal, se vio conminado a incoar la nulidad, fin para el cual amonest� que los dislates de la judicatura no eran de poca monta en tanto las pruebas obviadas estructuran la teor�a del caso de la Fiscal�a, que tambi�n pueden despejar la de la defensa; el Juez no dio curso a los pasos legales en materia de solicitud y decreto probatorio que lo compelen a hacer un pronunciamiento expreso, sin distingo de su sentido, sobre las peticiones; como tampoco hizo uso de sus poderes como director del proceso en acopio de los principios moduladores para sanear la actuaci�n, m�s cuando la audiencia de reconstrucci�n no recogi� todo lo actuado.

Providencia impugnada. Record� la A quo los antecedentes procesales relevantes, la petici�n de nulidad y las exposiciones de los dem�s sujetos procesales, para aludir despu�s entre citas a la naturaleza de ese instituto y a los principios que las orientan. Con ese sustento anticip� que las solicitudes de prueba numeradas del 15 al 21 -que fueron objeto de oposici�n de la defensa- s� ameritaron en forma global la manifestaci�n del Juzgador que presidi� la diligencia en forma favorable, pues fueron decretadas in genere por �l. En forma opuesta a la anterior, esgrimi� que situaci�n distinta pod�a predicarse de la petici�n de prueba signada con el n�mero 34 �copias aut�nticas de los manuscritos que documentan las calidades de alcalde, tesorero, secretario de infraestructura y director de planeaci�n del municipio de C�rdoba, tales como el acta de escrutinio de la elecci�n del burgomaestre, su posesi�n y los decretos de nombramiento y posesi�n de los restantes funcionarios-: el censor por un error no deliberado hab�a olvidado adoptar la decisi�n sobre ese conjunto de elementos, error que en todo caso no hubo de ser recurrido por el ente acusador, quien se limit� a tratar de mencionar la inconsistencia en el traslado de los no recurrentes.

Trajo luego a colaci�n la se�ora Juez lo expresado por el Fiscal en la solicitud de nulidad, e insisti� que el propio fiscal no hab�a interpuesto recurso alguno, pues pretend�a �ste demostrar la calidad de servidores p�blicos de los acusados de autos acudiendo al empleo de otros medios que s� fueron decretados con fundamento en el principio de libertad probatoria.

Con tal sustrato decant� que el Fiscal no acredit� el cumplimiento de los principios de trascendencia, residualidad, convalidaci�n, protecci�n y dem�s propios del instituto de la nulidad, no atestigu� que esa irregularidad hubiera afectado garant�as constitucionales o desconocido las bases fundamentales del proceso; que la �nica forma de enmendar el agravio era la declaratoria de nulidad; como que �l hab�a convalidado la actuaci�n al no haber increpado manifestaci�n alguna en el traslado de la decisi�n, espacio propicio -que no el de los no recurrentes- para hacer este tipo de exposiciones.

Por �ltimo fustig� que la Judicatura s� hab�a seguido el camino que conduce hasta el decreto probatorio en los precisos t�rminos que legal y jurisprudencialmente se consagran, sin que de manera alguna se hayan menoscabado garant�as fundamentales. La sustentaci�n del recurso. En concreto, disidente con que no se haya invalidado parte de la actuaci�n para que se retrotrajese al punto en que el Juez deb�a exclamarse sobre la solicitud de prueba No. 34, esgrimi� el ente investigador que la proposici�n y sustentaci�n de las nulidades no demanda de f�rmulas sacramentales espec�ficas, al tiempo que tampoco cualquier anomal�a conspira contra la vigencia del proceso, sino solamente una que mine los derechos fundamentales de las partes e intervinientes, para lo cual deben ser observados los principios que rigen en esa materia, los que pas� a explicar a continuaci�n. Refiri�ndose a la taxatividad, adujo que los yerros deben vertirse en contra del debido proceso y el derecho de defensa de entidad tal que �nicamente puedan ser remediados con la nulidad, cuya acaecencia se soport� en el art�culo 457 del C�digo de Procedimiento Penal, pues la omisi�n advertida cercena la posibilidad a ese organismo de acreditar la calidad de sujetos activos calificados de los procesados, y ello toca con el debido proceso probatorio.

Sobre la protecci�n resalt� que las incorrecciones principiaron por las fallas t�cnicas consabidas y que se mantuvieron en el acto de reconstrucci�n, que justamente se hizo de manera defectuosa porque all� no complement� el juez su decisi�n que habr�a de zanjar una petici�n de prueba cuando hasta ese punto la Fiscal�a hab�a arribado siguiendo el trasegar legal.

El no haber acudido a la apelaci�n o a la adici�n de la providencia �rebati�- no era una carga que deb�a traslad�rsele; la Fiscal�a no ten�a la obligaci�n de enmendar el error generado por la Judicatura, ni siquiera coadyuvar en su correcci�n, en tanto incumb�a al Juez desenvolver su papel proactivo y asumir sus yerros para llenar los vac�os por �l propiciados, siendo as� que no pod�a achac�rsele no haber recurrido la providencia, pues precisamente �sta no exist�a. Para abordar otro principio �el de convalidaci�n- dimiti� que de manera alguna haya consentido el acto defectuoso, que por lo contrario puso a consideraci�n de la Judicatura con la petici�n de nulidad, y ello refuta que dicha convalidaci�n haya sobrevenido por no haberse impetrado alg�n recurso, toda vez que adem�s ese no era el �nico espacio para exhibir el llamado de atenci�n sobre la omisi�n. En materia de la instrumentalidad, arguy� que el equ�voco no permiti� que la audiencia preparatoria pueda cumplir su prop�sito de cristalizar los principios de igualdad de armas, contradicci�n y defensa.

En cuanto a la trascendencia se�al� que las solicitudes de pruebas marcadas con el n�mero 34 demuestran la condici�n de servidores p�blicos de los procesados, luego, su no pronunciamiento socava el debido proceso probatorio, el derecho de defensa, la igualdad de armas, la lealtad procesal y el derecho de contradicci�n. Para referirse a la residualidad rotul� que no emerg�a otro medio procesal para entregar una soluci�n a la situaci�n problem�tica m�s que invalidando la actuaci�n. Como colof�n formul� que no pod�a castigarse a la Fiscal�a por un error de la Judicatura.

Traslado a los no recurrentes. El defensor del se�or OABH, increp� que la apelaci�n no era el escenario para complementar una petici�n defectuosa que debi� elevarse en debida forma en el momento procesal preciso, y que habi�ndose hecho eso, en todo caso el disconforme no hubo de controvertir los argumentos de la Judicatura. Estim� que si en gracia de discusi�n se tuviese que esa carga s� fue cumplida por la Fiscal�a, el principio de convalidaci�n impon�a que nadie puede alegar a su favor su propio dolo o culpa, luego se demandaba del Fiscal que estuviera pendiente del decreto de sus solicitudes; si bien el Juez hab�a errado obviando manifestarse sobre una de ellas, as� mismo el Fiscal procedi� con su incuria y por ello deb�a soportar las consecuencias; actuaci�n a la que deb�a aunarse el no haber incoado los recursos o acudido a pedir la adici�n de la providencia al tenor de los art�culos 90 de la ley 906 de 2004 y 311 del C�digo de Procedimiento Civil, como tampoco las v�ctimas ejercitaron esas posibilidades legales.

Recalc� finalmente, en pro de la confirmaci�n de la decisi�n, que inclusive la Fiscal�a hab�a aceptado que pod�a suplir la ausencia a trav�s de otros medios probatorios que s� fueron decretados. La defensa de los dem�s procesados, tambi�n contempl� que la Fiscal�a no hizo uso del mecanismo de la correcci�n o adici�n de las decisiones que se gesta cuando el juez se releva de pronunciarse sobre alguna solicitud, al tiempo que expuso que esa herramienta no es el recurso de apelaci�n, porque precisamente no exist�a pronunciamiento, pero tampoco lo era el traslado de los no recurrentes, como fue admitido por el Fallador.

En otro orden de cosas, amonest� que en la sustentaci�n de este recurso el censor no impugn� la decisi�n sino que replante� y mejor� la solicitud de nulidad, esto es, que en la alzada ventil� los puntos que debieron tratarse en la petici�n primigenia, como que all� y no ac� deb�a abordar profusamente el cumplimiento de los principios que orientan las nulidades, por eso abog� porque no se concediera el recurso y se lo declarara desierto.

En subsidi� deprec� la confirmaci�n del fallo bajo la premisa fundamental que, reconoci�ndose el error de la Judicatura, tambi�n otro hab�a sido cometido por la Fiscal�a. La representaci�n de las v�ctimas describi� en pro de la revocatoria de la decisi�n de primera instancia que se cometi� un error por parte del Juez como ha sido reconocido por todos los sujetos procesales, no as� por parte de la Fiscal�a cuando se le endilga no haber recurrido dicha providencia pues se impugna cuando se decreta o no una prueba; anot� que ese acontecer impide probar las calidad de servidores p�blicos de los acusados, de fundamental importancia para soportar la teor�a del caso de cargo; coment� tambi�n que la v�ctima no puede cargar con el consabido yerro, pues equivaldr�a ello a transgredir el debido proceso y la estructura del proceso penal; concluy� entonces con arreglo a esas premisas que la nulidad es la �nica opci�n para salvaguardar esos caros principios.

Consideraciones Es el numeral 1� del art�culo 34 de la Ley 906 de 2004 que le entrega competencia a esta Sala para resolver la alzada que hoy la convoca, como que se trata de examinar en segunda instancia la decisi�n proferida en primera que despach� de manera desfavorable un pedido de nulidad izado por el ente acusador en los marcos limitantes en que ese recurso ha sido propuesto.

Cuesti�n previa Como ha podido ser percatado los abogados que ejercen la defensa de los encausados han mostrado su desacuerdo con la forma c�mo el Fiscal recurrente ha cumplido con su labor de sustentar la apelaci�n: al un�sono han convenido que en ese espacio dial�ctico dicho funcionario se dedic�, antes que a exhibir a las claras los motivos de discordia con la decisi�n de primer grado que promuevan su revocatoria, a mejorar la petici�n de nulidad al estilo de agregar proposiciones que debieron ser expuestas en su primera intervenci�n; as�, en particular, la que preside el Dr. GUIDO MAURICIO RAMOS TORRES se ha opuesto a que se conceda el recurso y en su lugar se lo declare desierto, propuesta que como se sabe no fue acogida por la A quo al apreciar que el inconforme s� hab�a atacado la decisi�n, sobre todo en lo que hace al t�pico de la convalidaci�n. De esa suerte entonces debe esclarecerse en primera medida si la sustentaci�n del recurso formulado por el delegado del organismo investigador es de tal portento que amerite que el Ad quem lo resuelva de fondo, examen del que no se releva la segunda instancia pese a que en primera hubo ya de determinarse que s� lo estaba.

En ese contexto se tiene que para la viabilidad del recurso jer�rquico la oportunidad y la debida sustentaci�n son dos presupuestos que deben ser cumplidos por el interesado; sobre esto �ltimo, aun cuando la doble instancia es un principio del orden constitucional y un postulado rector del proceso penal, por la otra v�a comporta una carga para quien quiera agitar el pronunciamiento de la segunda instancia, que se resume en la expresi�n clara y coherente de las razones por las cuales se estima que la decisi�n cuestionada es contraria a derecho; que si bien no se exige estar anclada en una t�cnica particular, s� debe ser capaz de suscitar un debate al interior de la Judicatura, o lo que es lo mismo, de edificar una suerte de ant�tesis de los postulados que soportaron la decisi�n del funcionario de primer grado, de modo que cualquier manifestaci�n que no est� encaminada a demostrar esa inconsistencia legal no puede tenerse como sustento de una impugnaci�n. En esta materia la Corte Suprema de Justicia tiene se�alado como derrotero que: �Conforme se desprende de la norma transcrita, no se somete a duda alguna, la necesidad de sustentar la impugnaci�n, pero la misma norma es clara en se�alar que no basta la mera sustentaci�n o defensa de una posici�n, sino que esa sustentaci�n debe ser la debida, la adecuada, la apropiada al caso.

Esto lleva a concluir que no es suficiente la mera exposici�n de argumentos que tiendan a defender una determinada postura, sino que es preciso que esa argumentaci�n est� orientada a controvertir de manera seria la decisi�n impugnada, se�alando las razones del disenso, destacando cu�les pueden ser las falencias de la providencia y de qu� manera tal decisi�n no resulta acertada y acorde con el ordenamiento, todo ello siempre sin perder de vista el substrato f�ctico sobre el cual se realiza el debate.

La sustentaci�n debe se�alar con claridad qu� es lo que se pretende�. (Negrillas fuera del texto original) Si de lo que se trata en �ltimas es que el recurrente d� a conocer la existencia de un desacierto judicial f�ctico o jur�dico en detrimento de los intereses de ese proponente, de manera tal que el sustento de esa impugnaci�n sea el id�neo para vislumbrar una equivocaci�n que debe ser corregida, raz�n asiste en sus alegatos iniciales a la bancada de la defensa en cuanto afirma que con el traslado concedido al impugnante no se puede adicionar, ampliar ni mejorar la solicitud primigenia que dio vida a la decisi�n judicial atacada, porque una argumentaci�n orientada con esa finalidad queda por fuera del marco en que el objeto recursal no es otro que el de advertir las falencias de la declaraci�n judicial, que ha sido adoptada a partir de lo trazado en la respectiva solicitud y su debate.

Dentro de las acotaciones de la A quo para rehusar el decreto de nulidad se plasm�, reconociendo que la Judicatura en efecto hubo de obviar el pronunciamiento sobre la solicitud probatoria No. 34, que el Fiscal no recurri� dicha decisi�n mientras que se circunscribi� a intentar reflejar la ligereza en el traslado para los no recurrentes, particular momento que no era el id�neo para esa finalidad, y con lo cual convalid� la actuaci�n, en tanto adem�s el propio censor admiti� que la calidad de funcionarios p�blicos de los acusados iba a ser atestiguada con el arsenal probatorio que s� fue decretado por el Fallador; que el ente instructor tampoco hab�a justificado los principios que informan las nulidades, fundamentalmente en lo que hace al desconocimiento de las garant�as constitucionales y la estructura del proceso penal.

Es verdad que la sustentaci�n del recurso del se�or Fiscal no es una que reluzca por su excelencia; su estructura general se ci�� a se�alar principio por principio c�mo estaban satisfechos los presupuestos para concluir con la nulidad de lo actuado, lo que as� de manera tan expresa no fue relatado en la primera solicitud. No obstante se repara que materialmente y en el fondo de los argumentos explicados en cada uno de esos �tems, el recurrente s� arremeti� en contra de lo dise�ado por la A quo, toda vez que ante la falla judicial �refiri�- no pod�a impon�rsele a esa parte una carga que no estaba conminada a soportar y que deb�a ser subsanada por cuenta de d�nde provino, puntalmente por esa raz�n no pod�a censur�rselo al no haber recurrido la decisi�n, que ni siquiera exist�a, como para pensar que convalidaba el yerro que dej� al descubierto en otro escenario procesal; insisti� adem�s en que esa falta de pronunciamiento s� cercenaba garant�as fundamentales como las invocadas en su petici�n y que la �nica salida posible para enmendarlo era la nulidad, tal como tambi�n lo adujo en el pedido inicial y que fue desestimado por la Judicatura.

Es precisamente ese aserto �el que se refrende considerar por debidamente sustentada la apelaci�n- que permite a esta Magistratura esbozar un problema jur�dico de discusi�n tal como lo arrojan los extremos de la Litis: si la actuaci�n presidida por el Juzgador de primera instancia en el culmen de la audiencia preparatoria, cuando omiti� emitir un pronunciamiento expreso favorable o no sobre la solicitud probatoria rotulada con el n�mero 34, con la que el instructor pretend�a acreditar la condici�n de servidores p�blicos de los procesados, vicia de nulidad esa parte de la causa, en el �mbito en que la parte afectada con tal dislate tampoco procur� su resarcimiento cuando le fue trasladada la decisi�n. Motivo por el que s� habr� de conocerse de fondo el presente litigio, como se procede a continuaci�n. La nulidad deprecada El sistema de procesamiento penal de que trata el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004 es uno que se articula dentro de la perspectiva acusatoria, que apareja entre otros principios el adversarial, y que impone un respeto por las posibilidades de contradicci�n y controversia.

En esa l�gica se inscribe el procedimiento de depuraci�n probatoria regulado en los art�culos 356 a 362 del estatuto adjetivo, que se gesta por antonomasia en la audiencia preparatoria, en la cual la Fiscal�a y la defensa como partes, fundamentalmente dirigen sus pedimentos en pro de que sean admitidos los medios suasorios que soportan sus alegaciones a fin de que sean practicados y rebatidos en el juicio oral, as� como tambi�n pueden abogar por la exclusi�n, rechazo e inadmisi�n de los postulados por su contraparte.

La carga argumentativa que ata�e a cada una de las partes procesales permite al funcionario judicial determinar los hechos a probar y el material probatorio a practicar, insumos fundamentales para que consecuentemente pueda proferir el auto que decide sobre dichas solicitudes probatorias y que delimitar� el objeto del juicio oral. Esto es, al tipo de controversia que se suscita en ese estadio procesal debe d�rsele un fin a trav�s de una decisi�n proferida por un sujeto imparcial que de manera clara, precisa e inequ�voca dictamine cu�les de las evidencias son conducentes, pertinentes, �tiles, l�citas y legales para ser asentidas, rechazadas o excluidas.

Luego, el Fallador est� compelido a pronunciarse de forma expresa en uno como en otro sentido en aras de finiquitar la contienda, tanto para, como ya se dijo, definir lo que ser� objeto de pr�ctica en el juicio, como para que antes esa decisi�n pueda ser debidamente controvertida: �Conforme a lo anteriormente expuesto, es posible concluir que el ejercicio cabal del derecho a controvertir las pretensiones probatorias de la contraparte cumple su prop�sito cuando el funcionario judicial determina de manera inequ�voca aquello que va ser objeto de conocimiento en el juicio oral, mediante el proferimiento de un auto de decreto de pruebas, en el que se se�ale cu�les de los medios que pretenden introducir las partes e intervinientes procesales al debate oral son admitidos, cu�les rechazados y excluidos.

As� las cosas, si el referido debate no concluye con una decisi�n integradora de cada una de las respuestas que la judicatura debe otorgar a las m�ltiples solicitudes probatorias que le fueron planteadas por las partes e intervinientes procesales, ya sea porque el Juez incurre en una omisi�n dentro de la din�mica dada a la audiencia preparatoria o a causa de la falta de motivaci�n de su prove�do, el debate probatorio se prolongar� o extender� a la audiencia de juicio oral, en raz�n a que no se ha delimitado aquello que va ser objeto de conocimiento en el juicio oral, gener�ndose all� una falencia que afectar� los principios de celeridad y concentraci�n en la fase subsecuente.

(�) Esa es la raz�n por la que en un esquema acusatorio no debe d�rsele cabida a decisiones confusas, ambiguas, inciertas o dudosas, menos aun cuando se trate de aquellas cuyo prop�sito es definir las armas probatorias con las que contaran las partes para demostrar su particular teor�a del caso. De igual forma, en un proceso dispositivo no es posible que existan decisiones impl�citas, pues en el evento en que el funcionario judicial responda parcialmente a las solicitudes probatorias de las partes, debe aceptarse que estar� vulnerando de inmediato uno de los pilares del sistema adversarial, cual es la igualdad de trato jur�dico entre los sujetos procesales, m�s conocida como �igualdad de armas en el proceso penal�, toda vez que, en una fase siguiente, las falencias que alberga su prove�do se har�n evidentes, ya sea porque ante la imposibilidad de ingresar o practicar un medio probatorio la parte afectada as� lo alegue o, como en el caso presente, el Juez en aras de sanear o enmendar su error se ver� impelido a adoptar determinaciones que privilegian o dan supremac�a a una de las partes, en tanto fallar� conforme a sus propios prejuicios.

(�) Dicho de otra forma, resulta un imposible discutir y confrontar razonamientos y argumentaciones que se desconocen por no haber sido expresadas.� Reconoce la misma Judicatura, as� como las partes e intervinientes, que el Juzgador cometi� un yerro �efectivamente pudo comprobarse que as� lo hizo tras la revisi�n de los registros de audio- cuando dej� de referirse a la solicitud probatoria de cargo rotulada con el No. 34, donde se inclu�an los medios tendientes a demostrar la calidad de alcalde de uno de los enjuiciados y de funcionarios p�blicos de sus subalternos, como el acta de escrutinio de la elecci�n, posesi�n y los decretos de nombramiento y posesi�n; desliz que no puede negarse es de entidad superlativa pues se traza en principio como un obst�culo para decantar el debate probatorio y para permitir a sus participantes ejercer la contradicci�n de esa decisi�n. Sin embargo, a estas alturas tambi�n debe reconocerse que en la sistem�tica procesal penal no todo falla o equivocaci�n del operador judicial conlleva de manera autom�tica e irreflexible a la nulidad de una actuaci�n; ello es as� porque el instituto de las nulidades procesales constituye un mecanismo extremo con el cual se corrigen las falencias en el procedimiento que afectan las garant�as fundamentales de las partes e intervinientes, y solamente puede ser decretado si se colman los presupuestos del principio de trascendencia, que a su vez impone la observancia de los principios de taxatividad, protecci�n, convalidaci�n, instrumentalidad y residualidad ; en dicho orden quien depreca la declaratoria de nulidad �tiene el deber de demostrar no s�lo la ocurrencia de la incorrecci�n denunciada, sino que se afectaron de manera real y cierta las garant�as de los sujetos procesales o fueron socavadas las bases fundamentales del proceso�.

Para hacer hincapi� en algunos de esos axiomas, el de protecci�n veta su invocaci�n al sujeto que origin� la configuraci�n de la causal, salvo en el caso de la ausencia de defensa t�cnica; el de convalidaci�n manda que la irregularidad puede aceptarse con el consentimiento expreso o t�cito del perjudicado siempre que se hayan observado las garant�as fundamentales; y en su g�nero desde la �ptica de la trascendencia, la magnitud del defecto debe tener incidencia en el sentido de justicia incorporado a la decisi�n. Haciendo un salto en la materia para regresar al primer t�pico tratado, ata�e precisar que las cargas que se imponen a los interesados no se agotan con la sustentaci�n en debida forma de las peticiones probatorias que convienen a su teor�a del caso con la aducci�n de los argumentos sobre la pertinencia, conducencia y utilidad, trascienden a la hora de �estar vigilantes a la respuesta que profiera el funcionario judicial a sus peticiones probatorias�, entendi�ndose por respuesta el proceder o actividad que realice el juez ante esos pedimentos, favorable �cuando accede a ellos �o desfavorable �cuando no lo hace, omitiendo su pronunciamiento o rehus�ndolos expresamente-, pues solamente de esa manera se podr� consentir lo decidido o refutarlo.

Deber �el de permanecer atento y alerta a la decisi�n respectiva- que debe cumplirse de manera activa por el afectado; no basta con que aquel advierta un posible desacierto de la judicatura que trunque sus finalidades, ha de exteriorizarlo en los t�rminos, espacios y momentos procesales legales. Se cuestiona aqu� entonces, cuando acaece una circunstancia como la sucedida en el sub lite, c�mo deb�a proceder el ente instructor ante la omisi�n de la Judicatura, parti�ndose del supuesto elemental que pendiente de la resoluci�n que diera la administraci�n de justicia deb�a estar ese sujeto procesal; y se responde que, bien como lo esgrimieron los se�ores defensores, la incoaci�n de los recursos ordinarios como parte del ejercicio impugnatorio no pod�a ser exigida al ente fiscal frente a una decisi�n inexistente, depuestos que ni el afectado ni los dem�s participantes pudieron conocer, y por ende controvertir; tales mecanismos est�n dispuestos a fin de fustigar los argumentos de los que se vali� el Juzgador para adoptar tal o cual decisi�n, y no por esa misma naturaleza para conminarlo a que profiera una; adem�s considerar lo contrario enderezar�a a desconocer el principio de la doble instancia, porque la declaraci�n judicial emitida as� de esa forma no podr�a ser cuestionada ordinariamente.

Pero a la par tal acepci�n no puede ser llevada al extremo de consentir o licenciar que el perjudicado con la omisi�n copie tambi�n una actitud omisiva o pasiva como la asumida por parte de quien aquel amonesta, a saber, que con su silencio apruebe la inexactitud que lo damnifica; precisamente es el traslado de la decisi�n final adoptada por el juez para promoverse en contra de esa distracci�n. De nuevo se hace acopio de la soluci�n que fue ventilada por la parte defensiva, que se acompasa con las l�neas que ha prohijado la Corte Suprema de Justicia cuando ha debido solventar eventos en los que los funcionarios judiciales obviaron pronunciarse sobre alguna materia o pedido como se ver� m�s adelante y de las posibilidades que v�lidamente proporciona el ordenamiento jur�dico vigente.

Con preciso criterio en la notificaci�n de la decisi�n pod�a deprecarse al A quo la adici�n del prove�do; si bien la figura de la adici�n de las decisiones judiciales, a diferencia de lo acontecido con la Ley 600 de 2000, no est� expresamente regulada en el estatuto procedimental penal m�s reciente, como principio rector del procedimiento aparece el de integraci�n, que avala la aplicaci�n de disposiciones como las del C�digo de Procedimiento Civil, hoy C�digo General del Proceso en tanto no se apongan a la naturaleza del sistema acusatorio, y �stas �ltimas contemplan la posibilidad de adicionar decisiones cuando se omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la Litis o sobre cualquier otro punto dentro del t�rmino de ejecutoria del auto inconcluso, mediante providencia de igual entidad que puede ser recurrida.

Esa hip�tesis no se avizora incompatible con los dictados del sistema de procesamiento penal, am�n de que garantiza el ejercicio de defensa y contradicci�n en igualdad de armas en los t�rminos que han sido expuestos. Ahora esa posibilidad es una que pod�a formularse por la parte afectada justamente en el t�rmino de ejecutoria del auto que se verti� sobre las solicitudes suasorias, esto es, en el traslado que a cada sujeto se le proporcionaba, y no en otro teatro procesal, pues no puede perderse de vista tampoco que el principio de preclusividad de los tr�mites, actuaciones u oportunidades procesales irradia sus efectos en estas materias, al cabo de que los t�rminos consagrados en la legislaci�n adjetiva devienen obligatorios tanto para el juez como para las partes e intervinientes e impiden volver a realizar un acto procesal �as� sea con el pretexto de mejorarlo o de integrarlo con elementos omitidos en la debida oportunidad, m�xime si quien pretende renovarlo (juez) carece de competencia para hacerlo.

El principio de preclusi�n, en la pr�ctica, trata de evitar los retrocesos innecesarios, salvo la nulidad que tampoco podr�a asumirse como disculpa, pues ser�a ella una manera de disfrazar la violaci�n de la regularidad procesal y el desbordamiento de las atribuciones constitucionales y legales de los respectivos �rganos judiciales.� Con todo, estas propuestas son respaldadas por lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, que se transcriben con cierta amplitud por su pertinencia a continuaci�n: �Desde luego, la naturaleza y trascendencia de la impugnaci�n permite advertir evidente que su funci�n no es la de servir de medio de expresi�n de las partes ante la emisi�n de un auto de decreto de pruebas en el que no se le ha dado respuesta a cualesquiera de sus solicitudes probatorias (admisi�n, rechazo, exclusi�n, interrogar directamente a los testigos de la defensa), toda vez que esa clase de inconformidad debe plantearse en el t�rmino del traslado que precede a la toma de esa decisi�n; raz�n por la que operar�a por v�a de consecuencia, como mecanismo de contradicci�n de lo resuelto, precisamente por entenderse que all� no se tuvieron en cuenta las argumentaciones o peticiones realizadas previamente por el afectado.

As� las cosas, en el evento de omitirse resolver sobre solicitud probatoria de las partes, una vez agotado el traslado a �stas del auto de decreto de pruebas proferido en audiencia preparatoria, lo resuelto emerge no solo inmotivado, sino vulnerador del derecho de contradicci�n, raz�n por la que se habilita la posibilidad de acudir al instituto impugnatorio para restablecer el menoscabo ocasionado a la parte, dado que ya se elimin� una posibilidad de intervenci�n de �stas.

(�) Igualmente, resulta oportuno precisar que si bien es cierto la referida omisi�n en la que incurri� la judicatura configur� una anomal�a que afect� el derecho de la Fiscal�a de acceder a la administraci�n de justicia e impidi� a las partes ejercer su derecho a impugnar, por cuanto, en esencia, mal podr�a tacharse de equivocada una determinaci�n inexistente; tambi�n lo es que el silencio que guard� la Fiscal�a durante el t�rmino del traslado del auto de decreto de pruebas emitido durante la audiencia preparatoria convalid� la irregularidad se�alada (consentimiento t�cito del sujeto perjudicado), toda vez que precluy� la oportunidad procesal para que manifestara su inconformidad respecto de la falta de resoluci�n de su solicitud probatoria (principio de convalidaci�n).� (Negrillas fuera del texto original) Y m�s adelante, refiri�ndose al caso concreto de esa oportunidad, de connotaci�n f�ctica muy parecida al que hoy se estudia, se�al�: �Ahora bien, de conformidad con el principio de preclusi�n, era la audiencia preparatoria el escenario en el cual la Fiscal�a ha debido advertir la omisi�n en la que incurri� el Tribunal al no responder la solicitud probatoria que hiciera respecto del testimonio de CLARA IN�S CASAS DE MATA, para entonces proceder a requerir del a quo, en los t�rminos y oportunidades previstos en la legislaci�n procesal, el proferimiento de la correspondiente contestaci�n, esto es, el auto de adici�n al prove�do de decreto de pruebas, que de resultar adversa a su pretensi�n, lo legitimar�a para hacer uso de los recursos ordinarios, cuesti�n que no ocurri� a pesar de que en el desarrollo de la referida audiencia se enter� el delegado del ente acusador de las pruebas que decret� la Colegiatura de instancia, pues al respecto obran los respectivos registros audiovisuales y el acta correspondiente.

(�) Luego el silencio que guard� el delegado del ente acusador respecto de la omisi�n del Tribunal de ordenar la pr�ctica del testimonio de CLARA IN�S CASAS DE MATA, durante el t�rmino de traslado del auto que decret� las pruebas en la audiencia preparatoria, s�lo conduce a significar que se convalid� la referida irregularidad y, en consecuencia, ning�n caso tiene ya atender cualquier alegaci�n dirigida a subsanar o remediar tal falencia, al operar el principio de preclusi�n. Es decir, la posici�n asumida por la Fiscal�a en el sub examine, ha de entenderse como un desistimiento de la pr�ctica del referido testimonio, pues una vez ejecutoriado el auto de decreto de pruebas proferido en audiencia preparatoria, precluy� la oportunidad para que requiriera de la autoridad judicial la respuesta correspondiente a su solicitud probatoria, pues recu�rdese que son los t�rminos los que cumplen con la trascendental funci�n de determinar con precisi�n la �poca para la realizaci�n de las cargas procesales de las partes, los intervinientes y tambi�n de los funcionarios judiciales.� (Negrillas fuera del texto original) Con esto que viene siendo arg�ido se decanta m�s que trasl�cido que no emerge circunstancia de nulidad que deba ser decretada, como a bien lo tuvo la Juzgadora de primera instancia; en todo caso se hace necesario traspolar esas argumentaciones legales y jurisprudenciales al caso concreto, cuando por la contundencia de esas acotaciones no ser� menester transitar con excesiva fluidez por todos los principios que informan al instituto de las nulidades procesales, sino en aquellos que aqu� son m�s trascendentales.

Dan cuenta la Judicatura, la defensa y la propia Fiscal�a que en la audiencia preparatoria cuestionada, y habr� de tomarse como una unidad dicha diligencia, tanto la sesi�n que por fallas t�cnicas fue registrada en forma parcial y la que reconstruy� lo no grabado con la mayor fidedignidad posible a lo otrora sucedido, que cuando el Funcionario judicial notific� y corri� traslado del auto interlocutorio que absolvi� los pedidos probatorios de las partes los dos togados defensores apelaron el no decreto de ciertas pruebas de descargo y el decreto de algunas de cargo, mientras que antes y a su turno la Fiscal�a estuvo conforme con la decisi�n, pasaron entonces los primeros a sustentar sus respectivas alzadas, y cuando culminaron, en el traslado de los no recurrentes, despu�s del receso, el ente acusador no hizo ning�n pronunciamiento en pro de que se desestimaran los recursos de su antagonista y en cambio trat� all� de reflejar que nada se hab�a dicho de los elementos de prueba rotulados con el n�mero 34, desde luego los profesionales del derecho se opusieron a esa intervenci�n, que encontr� eco en lo indicado por el A quo.

La omisi�n en el pronunciamiento expreso sobre ese particular pedimento de prueba se engendr� en el descuido del Fallador y no de la Fiscal�a �presupuesto objetivo-, pero su existencia fue replegada o nutrida por el proceder complaciente del persecutor, que cuando tuvo a su alcance los medios para propender por su enmienda no lo hizo, ergo, no puede tenerse a plenitud colmado el requisito de protecci�n, como tampoco el de convalidaci�n, no solamente por esa falta de diligencia endilgable tambi�n a la representaci�n de las v�ctimas am�n de su legitimidad, sino en cuanto adem�s admiti� �l inicialmente que esa laguna pod�a ser llenada con otros elementos de convicci�n que fueron decretados por el Juzgador, se itera en el �mbito en que las garant�as fundamentales le fueron resguardadas al conced�rsele el espacio para exhibir alguna oposici�n, y si eso es reconocido por el propio agente afectado, tampoco se visualiza en punto a la trascendencia la magnitud del defecto judicial.

De cualquier manera la postulaci�n de nulidad de la Fiscal�a no trascendi� m�s all� de poner sobre la mesa la ocurrencia de la incorreci�n, careci� de la aptitud de demostrar la afectaci�n real y cierta de las prerrogativas de los sujetos perjudicados, pues las garant�as para abogar por su remedio nunca le fueron cercenadas, ni las bases fundamentales del proceso socavadas, comoquiera que la audiencia preparatoria, con excepci�n de ese dislate, se surc� por los cauces legales, y finalmente el proceso de depuraci�n probatoria qued� delimitado con la anuencia del recurrente.

Por eso es que no es del todo cierto que el error sea endosable solitariamente al Juez, pero aun cuando fuera as� se pregunta esta Corporaci�n si ante su gravedad y entidad, no apremiaba al lesionado a tomar inmediatas cartas en el asunto; no puede resultar de recibo que como sost�n a la solicitud de nulidad se arguya que se pod�a permanecer imp�vido ante una situaci�n agraviante a la espera de que los efectos fueran m�s ruinosos o de que otros suplieran su labor.

Estas son las razones por las cuales el problema jur�dico planteado se finiquitar� con la confirmaci�n de la providencia apelada. Decisi�n En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, Resuelve. Primero.- Confirmar la providencia objeto de impugnaci�n. Regrese la actuaci�n al Despacho de origen para lo de su cargo.

Se notifica en estrados y se hace saber que contra esta decisi�n no procede recurso alguno. C�piese y c�mplase, Franco Solarte Portilla Magistrado Blanca Lidia Arellano Moreno Silvio Castrill�n Paz Magistrada Magistrado Juan Carlos �lvarez L�pez Secretario CSJ SP, 23 feb 2011, Rad. 35.678 y CSJ SP, 28 sep 2011. Rad. 37.258. CSJ SP, 11 abril 2007, Rad. 23.667. CSJ SP, 29 jun 2007, Rad. 27.608. CSJ SP, 8 oct 2015, Rad. 46109. CSJ SP, 13 mar 2013, Rad. 39.574. CSJ SP, 28 oct 2016, Rad. 44.124. CSJ SP, 10 ago 2016, Rad. 48.448. Ib�dem. CSJ SP, 20 mar 2003, Rad. 19.960.

Posici�n reiterada en: CSJ SP, 15 mar 2008, Rad. 30.107 y CJS SP, 22 jun 2011, Rad. 36.611. Pues por v�a del art�culo 25 de la Ley 906 de 2004 se integrar�a lo estipulado en el art�culo 287 de la Ley 1564 de 2012, as�: ADICI�N. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb�a ser objeto de pronunciamiento, deber� adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

(�) Los autos solo podr�n adicionarse de oficio dentro del t�rmino de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo t�rmino. Dentro del t�rmino de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementaci�n podr� recurrirse tambi�n la providencia principal. CSJ, SP, 22 jun 2011, Rad. 36.611. CSJ SP, 8 oct 2015, Rad. 46.109. Auto Interlocutorio Segunda Instancia Radicaci�n: 2010-00385-01 NI 12519 M.P. Franco Solarte Portilla PAGE \* MERGEFORMAT25 Ap�� +, U _ � ��Ǵ��ǎ��{hQ:Q,h�hl>�5�B*OJQJ^JmH ph sH ,h�h�5�B*OJQJ^JmH ph sH $h�hl>�5�B*OJQJ^Jph $h�h�5�B*OJQJ^Jph $h�hI[�5�B*OJQJ^Jph $h�hZJ5�B*OJQJ^Jph $h�h�E�5�B*OJQJ^Jph $h�h�ux5�B*OJQJ^Jph $h�hG:5�B*OJQJ^Jph $h�h}-5�B*OJQJ^Jph ~ � � � � 9��KLM�� $dha$gd�X[$�L�<�^�L`�<�a$gd�X[$��^��`��a$gd"B$��^��`��a$gd�$a$gd�X[dhgd�X[ $dha$gd�X[ $dha$gd"B$&dP��a$gd�-�� : \ � � � �һ��ziXG6%!h�h�IB*OJQJ^Jph !h�hw"�B*OJQJ^Jph !h�hd` B*OJQJ^Jph !h�h�N�B*OJQJ^Jph !h�h�B*OJQJ^Jph )h�h�N�B*OJQJ^JmH ph sH )h�h�B*OJQJ^JmH ph sH ,h�h�N�5�B*OJQJ^JmH ph sH ,h�h�5�B*OJQJ^JmH ph sH ,h�h�5�B*OJQJ^JmH ph sH ,h�hl>�5�B*OJQJ^JmH ph sH � � � FLPdf��̻��wfUD3!h�h��B*OJQJ^Jph !h�hD~�B*OJQJ^Jph !h�hjz�B*OJQJ^Jph !h�hsSB*OJQJ^Jph !h�hmqB*OJQJ^Jph !h�h��B*OJQJ^Jph !h�h1fB*OJQJ^Jph !h�h��B*OJQJ^Jph !h�h6�B*OJQJ^Jph !h�h;I�B*OJQJ^Jph !h�h�=�B*OJQJ^Jph !h�hVt�B*OJQJ^Jph ��KL`dg�� L V W { } ��ݻݪ��w�f�U�D�D�D!h�h�t B*OJQJ^Jph !h�h[h�B*OJQJ^Jph !h�hs?B*OJQJ^Jph !h�hb�B*OJQJ^Jph !h�h-gB*OJQJ^Jph !h�h�dZB*OJQJ^Jph !h�hl�B*OJQJ^Jph !h�h�d�B*OJQJ^Jph !h�h�0\B*OJQJ^Jph !h�hc 9B*OJQJ^Jph !h�hsU�B*OJQJ^Jph } ~ � � � � � ,8��¬��lWlBWl-l(h�hS.�5�B*CJOJQJaJph (h�h�5�B*CJOJQJaJph (h�h"B5�B*CJOJQJaJph (h�h�X[5�B*CJOJQJaJph (h�h�X[5�B*CJOJQJaJph +h�h�X[5�6�B*CJOJQJaJph +h�h�X[5�6�B*CJ$OJQJaJ$ph +h�h"B5�6�B*CJ$OJQJaJ$ph +h�h��5�6�B*CJ$OJQJaJ$ph !h�hj{�B*OJQJ^Jph ��'5JKL��֮��քoZEo�(h�h�5�B*CJ OJQJaJ ph (h�h�7�5�B*CJ OJQJaJ ph (h�h�X[5�B*CJ OJQJaJ ph (h�h�X[5�B*CJOJQJaJph (h�h�7�5�B*CJOJQJaJph (h�h�5�B*CJOJQJaJph %h�h�X[B*CJOJQJaJph (h�h�X[5�B*CJOJQJaJph (h�h.�5�B*CJOJQJaJph Mij��BCDYZ""�$�$�� $dha$gd�L� $dha$gd�K# $dha$gd&Y� $dha$gd�X[ $dha$gd�X[Lij��HU��ð��wdQ�d>�)(h�h�<.5�B*CJ$OJQJaJ$ph %h�hq/�B*CJOJQJaJph %h�h�e_B*CJOJQJaJph %h�h'9�B*CJOJQJaJph %h�h�X[B*CJOJQJaJph %h�h�K#B*CJOJQJaJph %h�hg�B*CJOJQJaJph %h�h.-B*CJOJQJaJph %h�h�B*CJOJQJaJph (h�h�X[5�B*CJOJQJaJph (h�h�X[5�B*CJ$OJQJaJ$ph ��@ijklmop��ðÝ��w�w�w��dQd�d�>�%h�h�vVB*CJOJQJaJph %h�h�uB*CJOJQJaJph %h�hv�B*CJOJQJaJph %h�h�CqB*CJOJQJaJph %h�h�a�B*CJOJQJaJph %h�h�"B*CJOJQJaJph %h�h.-B*CJOJQJaJph %h�h�F�B*CJOJQJaJph (h�h�X[5�B*CJOJQJaJph (h�h�X[5�B*CJ$OJQJaJ$ph ��hi��c�� 8��ٳ�Ơ�ƠƠƠ��ƍz�z�z�gTg%h�h|9B*CJOJQJaJph %h�h��B*CJOJQJaJph %h�h+jB*CJOJQJaJph %h�h&Y�B*CJOJQJaJph %h�h�?�B*CJOJQJaJph %h�hv�B*CJOJQJaJph %h�h�uB*CJOJQJaJph %h�h.-B*CJOJQJaJph %h�h�K#B*CJOJQJaJph 8RS��?Pegv��l��ƳƠٍ��٠zgzgTAT�T%h�h�K#B*CJOJQJaJph %h�h�SB*CJOJQJaJph %h�h�&1B*CJOJQJaJph %h�h./B*CJOJQJaJph %h�h�-�B*CJOJQJaJph %h�h�B*CJOJQJaJph %h�h�w�B*CJOJQJaJph %h�h��B*CJOJQJaJph %h�h|9B*CJOJQJaJph %h�hI^iB*CJOJQJaJph ��%Kiq~��ٳ٠�z�zgzT�TAT%h�h�K#B*CJOJQJaJph %h�hF'�B*CJOJQJaJph %h�hw:B*CJOJQJaJph %h�h�xVB*CJOJQJaJph %h�h/i�B*CJOJQJaJph %h�h�&1B*CJOJQJaJph %h�h��B*CJOJQJaJph %h�h�w�B*CJOJQJaJph %h�h�SB*CJOJQJaJph %h�h�QB*CJOJQJaJph ��"#.STY�� )�� ,4BKo�� ()Hhj��ƳƠƠ��ƠƠƠƠƍ�zg�g�g��g�g�g��%h�hc=nB*CJOJQJaJph %h�h�E`B*CJOJQJaJph %h�h|9B*CJOJQJaJph %h�h�?�B*CJOJQJaJph %h�h�QB*CJOJQJaJph %h�hF'�B*CJOJQJaJph %h�h/i�B*CJOJQJaJph %h�h# B*CJOJQJaJph (jwx��"(ABCD��Ʊ��ٞ��x�eR=(h�h�Vj5�B*CJ$OJQJaJ$ph %h�h�4�B*CJOJQJaJph %h�h�x$B*CJOJQJaJph %h�h�w�B*CJOJQJaJph %h�htchB*CJOJQJaJph %h�h�^B*CJOJQJaJph (h�hX6�B*CJOJQJaJph %h�hXB*CJOJQJaJph %h�hF'�B*CJOJQJaJph %h�h# B*CJOJQJaJph DYZe # M � � 8!O!o!u!�!�!" 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$tH $T`��T�X[Normal5$7$8$9DH$OJQJ^J_HmH sH tH NA ��NFuente de p�rrafo predeter.Ri��R 0Tabla normal�4� l4�a�,k ��, 0 Sin lista@�0�Texto nota pie,Texto nota pie Car1,Texto nota pie Car Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car1 Car,Footnote Text Char Char Char Char Car1 Car,Footnote reference Car1 Car,FA Fu Car1 Car,texto de nota al pie Car1 Car,Footnote Text Char Car Car,FA F<^@<�R�0Normal (Web)CJaJ*�/��*�_��Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car Car Car Car Car Car Car Car Car,FA Fu Car Car,FA Fu Car Car Car Car Car Car,Texto nota pie Car Car Car Car,FA Fu Car,texto de nota al pie@��OJQJ^JmH sH tH FB"FaX�0Texto independiente�xf�/��1faX�0Texto independiente Car CJOJQJ^JaJmH sH tH B�/��AB�Happle-converted-spaceL�RL�V�0Texto de globoCJOJQJ^JaJ\�/��a\�V�0Texto de globo Car CJOJQJ^JaJmH sH tH B @rB"B0 Pie de p�gina �C�"Z�/��Z"B0Pie de p�gina Car CJOJQJ^JaJmH sH tH <@�<"B0 Encabezado �C�"T�/��T"B0Encabezado Car CJOJQJ^JaJmH sH tH H��H P�rrafo de lista ��^��m$�&`��0�Ref. de nota al pie,referencia nota al pie,Texto de nota al pie,Appel note de bas de page,BVI fnr,Footnote symbol,Footnote,Ref. de nota al pie2,Nota de pie,Ref,de nota al pie,Pie de pagina,Ref.,Ref1,FCH*^J2�/��20�Texto nota pie Car,Texto nota pie Car1 Car,Texto nota pie Car Car Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car1 Car Car,Footnote Text Char Char Char Char Car1 Car Car,Footnote reference Car1 Car Car,FA Fu Car1 Car Car,texto de nota al pie Car1 Car Car CJOJQJ^JaJmH sH tH PK!��[Content_Types].xml��N�0E�H��-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a��(7��I��R�{�pgL�=��r��8�5v&��uQ�뉑8��C��X=��$␴�?6N�JC��F�B.ʹ'�.�+��Y�T��^e5�5�� ð�_�g -�;��Yl�ݎ��|6^�N��`�?��[��PK!�֧��6_rels/.rels��j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"��O� ��=�� C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0��O�R�Bd��JE�4b$��q_��6L��R�7`��0̞O��,�En7�Li�b��/�S��e��е��PK!ky��theme/theme/themeManager.xml�M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ��7��՛K Y,� �e�.��|,��H�,l��xɴ��I�sQ}#Ր�� 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