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Ni es posible disponer que se mantenga la detenci�n domiciliaria como sustitutiva de la intramural hasta tanto el juez de ejecuci�n de penas se pronuncie al respecto, siendo que al ser las agresiones sexuales imputadas y aceptadas por el procesado cometidas en contra de una menor de edad, existen expresas prohibiciones establecidas por el legislador en el ejercicio de su poder de configuraci�n legislativa, entre las que se encuentra el art 199 de la Ley 1098 de 2006, el cual excluye la concesi�n de la sustituci�n de la detenci�n preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de residencia, para los casos previstos en los numerales 1 y 2 del art 314 de la ley 906 de 2014; norma que no ha sido derogada t�citamente por la Ley 1709 de 2014, teniendo en cuenta que para que esto ocurra, adem�s de ser una disposici�n contraria frente a la anterior ley, debe efectuarse exclusivamente sobre una norma de igual o superior jerarqu�a; determin�ndose que nos encontramos frente a una coexistencia de leyes que no pueden ser interpretadas de manera an�loga, por tratarse de disposiciones normativas claramente diferenciables por el legislador, que regulan fen�menos jur�dicos diferentes y tienen fines de pol�tica criminal dis�miles./ Magistrado: Dr. Silvio Castrill�n Paz San Juan de Pasto, treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017) OBJETO DE LA PROVIDENCIA Ha llegado a esta Sala de Decisi�n el proceso penal tramitado por la v�a abreviada establecida en la Ley 906 de 2004, en contra de LFGD, en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pasto � Nari�o, con Funciones de Conocimiento.
Corresponde resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por el apoderado de confianza del encartado, el doctor YAMITH CH�VES CORAL, contra la sentencia proferida el 26 de octubre de 2016 en el citado despacho judicial, a trav�s de la cual se lo conden� a dieciocho (18) meses de prisi�n intramural y en igual t�rmino a la accesoria de inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas, tras encontrarlo responsable de la comisi�n del delito de ACOSO SEXUAL AGRAVADO en menor de catorce (14) a�os.
ANTECEDENTES Y ACTUACI�N PROCESAL RELEVANTE Se remontan a los dos (2) d�as del mes de junio del a�o 2013 en el municipio de Sandon� �Nari�o- cuando la menor Y.L.A.B., quien contaba con apenas 10 a�os de edad a la fecha de ocurrencia del hecho ignominioso, se encontraba en la tienda del se�or AD ayudando a entregar el cambio de dinero de las compras realizadas por los clientes del lugar.
Seg�n la informaci�n obtenida dentro del expediente, en la precitada fecha lleg� al establecimiento el hoy sentenciado para revisar una bicicleta de propiedad del se�or AD, situaci�n que llev� a la menor Y.L.A.B. a dirigirse a la habitaci�n donde se encontraba el objeto para su arreglo; en ese momento, y seg�n la entrevista rendida por la v�ctima, el se�or LFGD le exigi� que se quitara la ropa interior; no obstante, y debido al rechazo de la menor, el procesado procedi� a tocar sus partes �ntimas, circunstancia que gener� que la menor Y.L.A.B. saliera de inmediato del lugar.
Transcurridos unos d�as, y debido a los constantes asedios del procesado a la menor, la precitada manifest� lo ocurrido a su madre MBBR, quien de inmediato se dirigi� a la Comisar�a de Familia del municipio de Sandon� (N) para informar lo sucedido, situaci�n que desencaden� la investigaci�n penal que se adelant� en contra del encartado. As�, el d�a dieciocho (18) de febrero del a�o que antecede, en el Juzgado Promiscuo Municipal de Sandon� � Nari�o con Funciones de Control de Garant�as, se celebr� la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, atribuy�ndole al se�or LFGD la conducta descrita tipol�gicamente en el art�culo 210A del C�digo Penal, referente a acoso sexual con menor de catorce (14) a�os, agravado por el numeral 4 del art�culo 211 del C�digo Penal, a titulo de dolo, y de la cual el procesado manifest� su aceptaci�n libre, consciente y voluntaria a los cargos formulados.
El Fiscal 52 de la Unidad de CAIVAS, el d�a 15 de marzo de 2016 radic� el escrito de acusaci�n ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pasto �Nari�o� con Funciones de Conocimiento, con la finalidad de que sea fijada la fecha y hora para la realizaci�n de las diligencias de verificaci�n de allanamiento, individualizaci�n de la pena y sentencia, la cual se llev� a cabo el d�a 13 de septiembre de la misma anualidad, dentro la cual el abogado defensor de los intereses jur�dicos del procesado, solicit� la concesi�n del sustituto de prisi�n domiciliaria a su favor, previsto en el art�culo 314 del C. de P. P. por presentarse en �l las causales contenidas en los numerales 2 y 4.
Finalmente, el 26 de octubre siguiente culmin� el proceso adelantado en contra del procesado LFGD, donde la A quo resolvi� condenar al encartado a una pena principal de dieciocho (18) meses de prisi�n y la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por el mismo t�rmino de la pena privativa de la libertad, por haberse demostrado su responsabilidad en la comisi�n de la conducta punible cometida en contra de la menor Y.L.A.B. LA SENTENCIA APELADA Debido a la aceptaci�n unilateral de cargos por parte del se�or LFGD, la Jueza A quo procedi� a actuar conforme lo reglado en el inciso 3� del art�culo 327 del Estatuto Procesal Penal, esto es, verificar si existi� una base de hechos y un m�nimo de pruebas para inferir la autor�a o participaci�n y la tipicidad de la conducta t�pica que le fue imputada al procesado por parte de la Fiscal�a General de la Naci�n. Para la verificaci�n de los requisitos m�nimos exigidos para demostrar la comisi�n de la conducta il�cita de ACOSO SEXUAL cometida por el encartado, la Juzgadora de instancia utiliz� los elementos de convicci�n aportados por la Fiscal�a, los cuales demostraron la ejecuci�n y autor�a del il�cito, aunado a la aceptaci�n de cargos que le fueron endilgados al procesado; presupuestos que en el saber de la Jueza fueron suficientes para satisfacer el requisito exigido de prueba que le atribuye la responsabilidad del acto cometido al se�or GD.
Como el delito imputado al autor del il�cito est� determinado en el art�culo 210A del C�digo Penal y agravado por la circunstancia descrita en el numeral 4 del art�culo 211 ib�dem (por cometerse en contra de una v�ctima menor de catorce a�os), la sentenciadora de primer grado se�al� que de acuerdo a lo normado en los art�culos precedentes la pena a imponer oscilar�a entre diecis�is (16) a cincuenta y cuatro (54) meses de prisi�n; de esta manera, al tener el encartado una buena conducta y carecer de antecedentes penales, la A quo fij� una pena definitiva de dieciocho (18) meses de prisi�n y por igual t�rmino la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas.
En cuanto a la solicitud incoada por el apoderado de confianza del se�or GD, de conceder a su prohijado el sustituto de prisi�n domiciliaria, la Juzgadora acot� que por tratarse de un delito cometido contra un menor de edad, por prohibici�n expresa contenida en el art�culo 199 de la Ley 1098 de 2006, no es procedente conceder al encartado ninguna clase de beneficios o sustitutos de la prisi�n formal, lo cual fue censurado por la defensa del condenado y, en consecuencia, dio lugar al arribo del proceso a esta instancia judicial.
APELACI�N DE LA DEFENSA El Doctor YAMITH CH�VES CORAL, en calidad de apoderado de confianza del se�or LFGD, en escrito radicado el 1 de noviembre del a�o que antecede, expuso su disconformidad respecto a la negativa de concesi�n del sustituto de prisi�n domiciliaria que fue incoado por �l en la audiencia del art�culo 447 del Estatuto Procesal Penal, argumentando como punto de disenso que a su cliente le asiste el derecho debido al factor etario que presenta, situaci�n que en su saber se encuentra respaldada bajo la descripci�n regulada en el inciso final del art�culo 68A del C�digo Penal el cual fue modificado por el art�culo 32 de la Ley 1709 de 2014.
De tal manera que como el precitado art�culo determin� en su inciso final que la prohibici�n de la concesi�n de beneficios sustitutivos de prisi�n domiciliaria no tendr�a aplicaci�n en los eventos contemplados a partir del numeral 2 a 5 del art�culo 314 de la Ley 906 de 2004, el apoderado coligi� que por tener su prohijado m�s de 65 a�os de edad es procedente aplicar en el caso en particular el petitum rogado a la Jueza A quo.
Aunado a lo anterior, consider� la defensa que como la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014 fue posterior a la Ley 1098 de 2006, en su concepto se debe aplicar la primera de estas y desestimar las prohibiciones contenidas en la segunda Ley; en ese sentido, consider� que los argumentos de la Juzgadora de instancia no pueden tener eco, toda vez que seg�n la interpretaci�n que efect�a de algunas sentencias de la Corte Constitucional, lo arribaron a determinar que el fen�meno de marras derog� t�citamente las disposiciones del C�digo de Infancia y Adolescencia que son contrarias al C�digo Penitenciario y Carcelario, es decir, del contenido previsto en art�culo 199 de la Ley 1098 de 2006 que proh�be expresamente la concesi�n de beneficios y mecanismos sustitutivos cuando el il�cito se perpetre en contra de menores de edad.
Como colof�n de las razones se�aladas, la defensa del se�or LFGD solicit� a esta instancia judicial se revoque parcialmente la sentencia condenatoria proferida el 26 de octubre del a�o que antecede y, en consecuencia, se conceda a su prohijado el sustituto de prisi�n domiciliaria por tener el ciudadano 69 a�os de edad a la fecha. CONSIDERACIONES DE LA SALA. 1.- Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del art�culo 34 de la Ley 906 de 2004, �sta Corporaci�n es competente para conocer del presente asunto. 2.- Problemas jur�dicos a resolver. a.- �Qu� funcionario judicial es competente para decidir sobre la sustituci�n de la pena de prisi�n intramural por la domiciliaria, en el evento contemplado en el numeral 2 del art�culo 314 del C. de P.P? b.- �Tiene el Se�or LFGD derecho al sustituto detentivo domiciliario contemplado en el numeral 2 del art�culo 314 del Estatuto Procesal Penal, por factor etario, encontr�ndose procesado por un delito de ACOSO SEXUAL contra menor de catorce (14) a�os? c.- �La Ley 1709 de 2014 derog� expresa o t�citamente el art�culo 199 del C�digo de Infancia y Adolescencia? 3.- Competencia para resolver peticiones de prisi�n domiciliaria por la causal 2 del art�culo 314 del C.P.P. Lo primero que debe advertirse es que ya la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en m�ltiples oportunidades con relaci�n a la competencia de los distintos jueces que act�an durante el devenir de la actuaci�n o proceso penal, para decidir peticiones de libertad y asuntos similares, en los siguientes t�rminos: �La competencia para decidir las peticiones de libertad y asuntos similares (incluyendo las de detenci�n o prisi�n domiciliaria) est� radicada en diferentes funcionarios judiciales, dependiendo de la etapa en la que se encuentre la actuaci�n. Si la solicitud se formula antes del anuncio del sentido del fallo, debe ser resuelta por los jueces de control de garant�as (Art. 154, N�m. 8 y 9, de la Ley 906 de 2004).
Si se presenta despu�s del referido acto procesal, corresponde al juez de conocimiento de primera instancia. Esto �ltimo tiene aplicaci�n durante el tr�mite del recurso de apelaci�n contra la sentencia (Cfr. CSJ SP, 25 Nov 2015, Rad. 46329 y 47003) e igualmente en el de casaci�n (Art. 190 del C�digo citado). Por �ltimo, tras la firmeza del fallo, en caso de que sea condenatorio, el competente es el juez de ejecuci�n de penas (Art. 38 y 459 y ss. del estatuto procesal en referencia)�.
De tal manera, queda suficientemente claro que dependiendo de la fase en la que se encuentre el asunto, se determinar� a cu�l de los jueces �de control de garant�as, conocimiento o de ejecuci�n de penas- le competa emitir un pronunciamiento frente a estos espec�ficos pedimentos. Ahora bien, entendido lo anterior, emerge necesario determinar qu� sucede en aquellos eventos en que la solicitud va dirigida a la concesi�n de la prisi�n domiciliaria como sustitutiva de la ejecuci�n de la pena intramural, en el marco de la causal establecida en el numeral 2 del art�culo 314 del C�digo de Procedimiento Penal.
Pues bien, esta tem�tica tampoco ha sido ajena a esta Corporaci�n Tribunalicia, quien en el pasado ha referido lo siguiente: �Este es un tema que de tiempo atr�s ya ha sido dilucidado por la Corte Suprema de Justicia al instruir que a los jueces de instancia no ata�e pronunciarse sobre la sustituci�n de la prisi�n intramural por la domiciliaria, en cambio s� a los de ejecuci�n de penas por fuerza del art�culo 461 de la Ley 906 de 2004, como bien en su recurso finalmente es reconocido por la defensa del se�or TORRES ARMERO, y no por el Ministerio P�blico.
Veamos: �En ese orden, le correspond�a al fallador de primer grado analizar si frente al caso concreto se cumpl�an las referidas exigencias, que advierte la Sala no concurren, concretamente el factor objetivo, en la medida en que uno de los delitos por los que V�squez Mart�nez fue condenado contempla una pena m�nima superior a cinco a�os de prisi�n, raz�n que resultaba suficiente para disponer la ejecuci�n de la pena al interior de un centro de reclusi�n. Ahora bien, examinado el motivo por el que el a quo estim� procedente la aplicaci�n de la prisi�n domiciliaria, observa la Corte que el mismo est� relacionado con la causal de sustituci�n de la detenci�n preventiva, prevista en el art�culo 314, numeral 2�, de la Ley 906 de 2004, relativa a que �sta podr� sustituirse por la del lugar de residencia �cuando el imputado o acusado fuera mayor de sesenta y cinco (65) a�os siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusi�n en el lugar de residencia�.
Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, el mencionado precepto, aplicable por raz�n de lo dispuesto en el art�culo 461 de la Ley 906 de 2004, como un mecanismo sustitutivo de la pena de prisi�n, solo puede ser reconocido, una vez ejecutoriada la respectiva sentencia, por el juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad, puesto que: �� en el sistema de enjuiciamiento penal con tendencia acusatoria no cabe pronunciamiento alguno de los jueces de instancia sobre la sustituci�n de la prisi�n intramural por la domiciliaria por cuanto, a voces del art�culo 461 de la Ley 906 de 2004, esta es una competencia reservada al juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad. �nicamente, en la hip�tesis de encontrar satisfechos los presupuestos normativos que regulan el instituto de la detenci�n domiciliaria, al momento de proferir sentencia, habr�a lugar a conceder la sustituci�n de la medida, no as�, la prisi�n domiciliaria�. (Negrillas fuera del texto original)�.
Por la misma senda, en otra oportunidad la Sala Penal de este Tribunal corrobor� tal postura e indic� que: �No obstante, otro argumento es foco de discusi�n por la libelista, relacionado con que LIA MARGOTH es una persona de la tercera edad por contar con 76 a�os, lo que remite a la Judicatura a observar lo normado en la Ley 906 de 2004 que en el canon 461 sobre la sustituci�n de la ejecuci�n de la pena, dice: �Sustituci�n de la ejecuci�n de la pena.�El juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad podr� ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la sustituci�n de la ejecuci�n de la pena, previa cauci�n, en los mismos casos de la sustituci�n de la detenci�n preventiva� Articulado que debe verse en armon�a con el art�culo 314, modificado por el art�culo 27 de la Ley 1142 de 2007 que reza: �Sustituci�n de la detenci�n preventiva.���La detenci�n preventiva en establecimiento carcelario podr� sustituirse por la del lugar de residencia en los siguientes eventos: (�) 2.
Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) a�os, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusi�n en el lugar de residencia.� Siendo en todo caso que, tales preceptos normativos no se conjugan en competencia como primera instancia para dirimir el tema por el Juez de conocimiento sino ante el Juez de Ejecuci�n de Penas, como acertadamente lo consider� el a quo.
Lo anterior, cobra sentido l�gico a partir del mandato de competencia fijado en el art�culo 478 del C�digo Instrumental Penal, donde se le arroga la facultad de conocimiento en segunda instancia sobre las determinaciones de tales institutos a los jueces de primera o �nica instancia, es decir, a quienes ejercieron la funci�n de conocimiento.
Por lo tanto, pensar o afirmar que el Juez de conocimiento se pronuncie sobre la sustituci�n de la pena, ser�a tanto como desconocer la competencia que en segunda instancia le asigna el legislador y consecuentemente que el Tribunal asuma en alzada un conocimiento que de manera expresa se ha otorgado a otra autoridad. As� las cosas, en �ltimo es el Juez de Ejecuci�n de Penas, quien con base en las reglas generales de competencias del art�culo 38 de la Ley 906 de 2004, quien se debe pronunciar de los institutos propios de la ejecuci�n de la sentencia, pues precisamente esa es su raz�n de ser constitucional y legalmente.
(�). Es razonable entonces que el legislador dentro del �mbito de discrecionalidad en el manejo de la potestad de configuraci�n legislativa, limite los subrogados y sustitutos penales a trav�s del establecimiento de unos presupuestos con miras al cumplimiento de los fines de las medidas cautelares y de la pena cuando a �sta se llega, todo encaminado a unos fines precisos de pol�tica criminal que prevenga o cuando menos controle el delito.
(�) Por todo lo considerado, se itera, carec�a de competencia el Juez de Primer Grado para resolver la solicitud aludida y su manifestaci�n de ninguna manera ri�e con el conjunto de principios y valores que integran el sistema jur�dico, por el contrario se ajusta a la interpretaci�n de la norma, sin que con ello, vulnere garant�as judiciales en cabeza de la procesada, raz�n por la cual, la sentencia recurrida debe confirmarse en su integridad.�.
(Negrita fuera del texto original) M�s recientemente, una de las Salas de Decisi�n Penal, precis� lo siguiente: �En el asunto al que converge la atenci�n de la Sala, el recurrente reclama que a su prohijado se le sustituya la ejecuci�n de la pena intramural por la prisi�n domiciliaria bajo el supuesto del numeral 4� del art�culo 314, del ordenamiento evocado, que determina que la detenci�n preventiva en centro carcelario podr� sustituirse por la del lugar de residencia �Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de m�dicos oficiales.�, bajo el entendido del citado art�culo 461.
Si bien esta disposici�n autoriza la sustituci�n de la ejecuci�n de la pena por la prisi�n domiciliaria reclamada por el recurrente, tal supuesto se puede verificar, �nica y exclusivamente cuando el tr�mite se encuentra en sede de conocimiento de los jueces de ejecuci�n de penas y medidas seguridad. El entendido no puede ser otro, pues el mismo precepto en que se funda tal pretensi�n otorga esa facultad de manera exclusiva a esta clase de jueces, evento que se verifica solamente cuando la sentencia se encuentra ejecutoriada o en firme, pues no es otra la oportunidad procesal que la especialidad de estos jueces, tienen la vocaci�n de competencia, precisamente para conocer la ejecuci�n de la sanci�n. (�) Vale recordar que esta Corporaci�n, soportada en jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia ya se ocup� del tema, oportunidad en la que destac� que al juez de conocimiento no le corresponde pronunciarse sobre la sustituci�n de la pena por la prisi�n domiciliaria al momento de proferir sentencia. En efecto, esta Sala al estudiar un asunto af�n, precis� que la sustituci�n de la ejecuci�n de la pena es un instituto cuya concesi�n debe ventilarse en el escenario del juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad, a quien por competencia legal en su esfera se halla la ejecuci�n de la sanci�n penal impuesta una vez se haya verificado la ejecutoria de la sentencia, labor que realizar� con apoyo de las autoridades penitenciarias y carcelarias conforme lo ritua el art�culo 459 del C�digo de Procedimiento Penal.�. Del anterior recuento puede colegirse que la competencia para resolver peticiones de sustituci�n de la ejecuci�n de la pena intramural por la prisi�n domiciliaria, prevista en el art�culo 314 del Estatuto Procedimental Penal, en concordancia con el art�culo 461 de la misma codificaci�n, recae sobre los Jueces de Ejecuci�n de Penas, no as� sobre los de conocimiento.
No obstante, el M�ximo �rgano de Cierre en materia penal ha propuesto una excepci�n a esta regla general, exclusivamente cuando en sede de conocimiento se encuentren verificados los presupuestos normativos que regulan el instituto de la detenci�n domiciliaria, que har�an posible conceder la sustituci�n de la medida, no as� la prisi�n domiciliaria.
De cara al asunto que convoca nuestra atenci�n, se observa que en efecto nos encontramos dentro de la excepci�n referida en l�neas anteriores, ello en virtud a que en este momento se ha emitido una sentencia condenatoria en primera instancia, situaci�n que nos irroga la competencia necesaria para realizar un pronunciamiento de fondo con relaci�n al problema jur�dico planteado por el censor, pero en punto a la posibilidad de la concesi�n de la DETENCI�N DOMICILIARIA como sustitutiva de prisi�n a favor del procesado, amparado en la causal 2 del art�culo 314 del Estatuto de Procedimiento Penal, pues, como se ha dicho hasta la saciedad, la prisi�n domiciliaria ser� �eventualmente- un tema que deber� resolverse por parte del Juez de Ejecuci�n de Penas a quien por reparto corresponda la vigilancia del asunto, una vez ejecutoriada la sentencia. 4.- An�lisis de la normatividad vigente aplicable para conceder el sustituto detentivo domiciliario y sus excepciones.
Como se acaba de indicar, la competencia excepcional del Juez de Conocimiento, en punto de resolver petici�n para conceder un sustituto punitivo, extendida antes de pronunciarse la sentencia anunciada como condenatoria, lo es para revisar si procede la Detenci�n Domiciliaria, m�s no la Prisi�n Domiciliaria, por ser �ste �ltimo aspecto del resorte exclusivo del Juez Ejecutor de las Penas.
Para �ste menester se debe recordar que bajo la regulaci�n normativa Procedimental Penal (Ley 906 de 2004) se estableci� la factibilidad de sustituir la detenci�n preventiva intramural en establecimiento carcelario por la de naturaleza domiciliaria, en variados eventos consagrados en el art�culo 314, que fue modificado por la ley 1474 de 2011, el cual es del siguiente tenor: �Art�culo�314.�Sustituci�n de la detenci�n preventiva.
La detenci�n preventiva en establecimiento carcelario podr� sustituirse por la del lugar de residencia en los siguientes eventos: 1. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusi�n en el lugar de residencia, aspecto que ser� evaluado por el juez al momento de decidir sobre su imposici�n. 2.
Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) a�os, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusi�n en el lugar de residencia. 3. Cuando a la imputada o acusada le falten dos (2) meses o menos para el parto. Igual derecho tendr� durante los (6) meses siguientes a la fecha del nacimiento. 4.
Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de m�dicos oficiales. El juez determinar� si el imputado o acusado debe permanecer en su lugar de residencia, en cl�nica u hospital. 5. Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor�de doce (12) a�os�o que sufriere incapacidad�mental�permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado.
En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendr� el mismo beneficio.�(Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante�Sentencia C- HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28329" \l "0" 154�de 2007) La detenci�n en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios para los controles m�dicos de rigor, la ocurrencia del parto, y para trabajar en la hip�tesis del numeral 5.
En todos los eventos el beneficiario suscribir� un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorizaci�n, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido, y, adicionalmente, podr� imponer la obligaci�n de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electr�nica o de una persona o instituci�n determinada, seg�n lo disponga el juez�.
Es de aclarar que estas figuras penales atienden fundamentos de falta de necesidad de las restricciones libertarias dentro de centros carcelarios oficiales y evitar el hacinamiento; otras privilegian condiciones humanitarias de protecci�n a la vejez, al hijo que est� por nacer, al menor que est� en riesgo de abandono y al estado de salud del mismo condenado.
Empero, si bien es cierto que es posible otorgar el sustituto de detenci�n domiciliaria previsto en los ac�pites anteriores cuando el peticionario se encuadre en alguna de las prerrogativas descritas, tampoco puede desconocerse que existen unas prohibiciones o excepciones legales para su concesi�n en casos espec�ficos, las cuales han sido establecidas de manera expresa por el legislador en el ejercicio de su poder de configuraci�n legislativa, entre las que se encuentra el numeral segundo del art�culo 199 de la Ley 1098 de 2006 C�digo de la Infancia y la Adolescencia), el cual prev� lo siguiente: �No se otorgar� el beneficio de sustituci�n de la detenci�n preventiva en establecimiento carcelario por la de detenci�n en el lugar de residencia, previsto en los numerales 1 y 2 del art�culo 314 de la Ley 906 de 2004� cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales, o secuestro, cometidos contra ni�os, ni�as y adolescentes.
Adem�s, cabe resaltar los pronunciamientos que sobre el tema en disquisici�n ha realizado la Honorable Corte Constitucional, como por ejemplo, la sentencia T- 718 de 2015, a trav�s de la cual se expuso lo siguiente: �Seg�n la codificaci�n en cita, se entiende por inter�s superior del menor el imperativo que obliga a todas las personas y entidades a garantizar la satisfacci�n integral y simult�nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes; y establece que adem�s de lo�se�alado en la Constituci�n Pol�tica y en otras disposiciones legales, ser�n obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado cumplir el conjunto de disposiciones previstas en la Ley de Infancia y Adolescencia (arts. 8� y 38). � Ahora bien, la misma ley en el art�culo 41 establece que��el�Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los ni�os, las ni�as y los adolescentes.
En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deber�: � �4. Asegurar la protecci�n y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados. � 6. Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los ni�os, las ni�as y las adolescentes son v�ctimas, y garantizar la reparaci�n del da�o y el restablecimiento de sus derechos vulnerados.� � Al referirse a los criterios�para el desarrollo del proceso penal por delitos cometidos en contra de menores,�el C�digo de Infancia y Adolescencia establece que la autoridad judicial debe prestar especial atenci�n para la sanci�n de los responsables, la indemnizaci�n de perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados. � En cuanto a los beneficios y mecanismos sustitutivos, el art�culo 199 del CIA dispone: � �Beneficios y mecanismos sustitutivos.
Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales, o secuestro, cometidos contra ni�os, ni�as y adolescentes, se aplicar�n las siguientes reglas: � 1.�����(�) � 2.�����No se otorgar� el beneficio de sustituci�n de la detenci�n preventiva en establecimiento carcelario por la de detenci�n en el lugar de residencia, previsto en los numerales 1 y 2 del art�culo 314 de la Ley 906 de 2004. � 3.�����No proceder� la extinci�n de la acci�n penal en aplicaci�n del principio de oportunidad previsto en el art�culo 324, numeral 8, de la Ley 906 de 2004 para los casos de reparaci�n integral de los perjuicios. � 4.�����No proceder� el subrogado penal de Suspensi�n Condicional de la Ejecuci�n de la Pena, contemplado en el art�culo 63 del C�digo Penal. � 5.�����No proceder� el subrogado penal de Libertad Condicional, previsto en el art�culo 64 del C�digo Penal. � 6.�����En ning�n caso el juez de ejecuci�n de penas conceder� el beneficio de sustituci�n de la ejecuci�n de la pena, previsto en el art�culo 461 de la Ley 906 de 2004. � 7.
No proceder�n las rebajas de pena con base en los "preacuerdos y negociaciones entre la fiscal�a y el imputado o acusado", previstos en los art�culos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004. � 8. Tampoco proceder� ning�n otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci�n consagrados en el C�digo de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva. �(�) � Lo anterior evidencia que uno de los mecanismos por medio de los cuales el Estado colombiano ha dado cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en la Convenci�n sobre los derechos del Ni�o y dem�s tratados internacionales sobre derechos humanos, en cuanto al deber de proteger de manera especial a los ni�os, ni�as y adolescentes, se concreta en el cat�logo de garant�as, deberes, derechos y medidas establecidas en la citada codificaci�n. � Trat�ndose de casos en que los infantes han sido v�ctimas de delitos que atentan contra�la libertad, integridad y formaci�n sexuales, o secuestro, en cuanto a las reglas a aplicar en el tratamiento de los imputados, acusados o condenados por la comisi�n de la conducta punible, regulaci�n legal establecida elimina�beneficios propios del procedimiento penal�v. g.�los subrogados penales HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-718-15.htm" \l "_ftn122" \o "" [122], la sustituci�n de la detenci�n preventiva HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-718-15.htm" \l "_ftn123" \o "" [123], la sustituci�n de la ejecuci�n de la pena HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-718-15.htm" \l "_ftn124" \o "" [124], la extinci�n de la acci�n penal HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-718-15.htm" \l "_ftn125" \o "" [125],�las rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la fiscal�a y el imputado o acusado, el subrogado penal de libertad condicional ni �otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo� los beneficios por colaboraci�n consagrados en el C�digo de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva� HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-718-15.htm" \l "_ftn126" \o "" [126],�lo cual guarda consonancia con las disposiciones superiores y los compromisos internacionales, en virtud de los cuales debe primar el inter�s superior del menor.
(Subrayas de Sala) 5.- Sobre la vigencia del art�culo 199 de la ley 1098 de 2006 (ley de infancia y adolescencia). Recu�rdese que la defensa del se�or LFGD plante� la posible existencia de una derogatoria t�cita del art�culo 199 de la Ley 1098 de 2006, por las disposiciones contenidas en el art�culo 32 de la Ley 1709 de 2014, argumentando que al ser el C�digo Penitenciario y Carcelario posterior a la promulgaci�n de las disposiciones del C�digo de Infancia y Adolescencia, la consecuencia inexorable es la derogatoria referida.
De esta manera, corresponde a esta instancia judicial establecer si la afirmaci�n realizada por el defensor de confianza del encartado se ajusta a las disposiciones normativas que sobre el tema se han trazado, a fin de verificar la correcci�n del fallo proferido por el juzgado de primer nivel y, en consecuencia, decidir lo que corresponda a derecho.
Con el anterior pre�mbulo, esta Sala de Decisi�n se permite recordar que a la saz�n del numeral 1� del art�culo 150 de la Constituci�n Nacional, el Congreso est� facultado para (1)interpretar, (2)reformar y (3)derogar las leyes; as�, para el caso que concita la atenci�n de la Sala, el legislativo puede derogar una ley total o parcialmente bas�ndose en el principio de libertad pol�tica.
En ese contexto, los art�culos 71 y 72 de la Ley 57 de 1887 plantean dos clases de derogaci�n de las leyes, una de ellas expresa, que indica de manera taxativa que una ley anterior queda derogada en relaci�n a la ley posterior, es decir, deja sin vigencia una disposici�n normativa antigua; y, una segunda derogaci�n denominada t�cita, que nos indica que una ley queda sin efectos cuando resulte contraria a la nueva o m�s reciente.
A su vez, la Ley 153 de 1887 plante� una derogaci�n org�nica en su art�culo tercero que transcribe: �Est�mase insubsistente una disposici�n legal por declaraci�n expresa del legislador, � por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, � por existir una ley nueva que regula �ntegramente la materia a que la anterior disposici�n se refer�a, que significa bajo la �rbita de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia: �que la nueva ley realiza una mejora en relaci�n con la ley antigua; que aquella es m�s adecuada a la vida social de la �poca y que, por tanto, responde mejor al ideal de justicia, que torna urgente la aplicaci�n de la nueva ley�.
De otra parte, la Corte Constitucional en Sentencia C - 159 de 2004 con ponencia del Honorable Magistrado ALFREDO BELTR�N SIERRA trat� �ste t�pico, precisando lo siguiente: �(�) �la derogaci�n t�cita supone un cambio de legislaci�n, una incompatibilidad con respecto a lo regulado en la nueva ley y la ley que antes reg�a. Hecho que hace necesaria la interpretaci�n de ambas leyes, para establecer qu� ley rige la materia, o si la derogaci�n es total o parcial.� En igual sentido, el mismo Tribunal Constitucional, con ponencia del Magistrado JORGE IV�N PALACIO PALACIO, en Sentencia C � 901 del 2011 se pronunci� frente al tema objeto de disquisici�n manifestando que: �(�) Adem�s, para que sea posible la derogaci�n debe darse por otra de igual o superior jerarqu�a. Entonces, la derogaci�n t�cita es aquella que surge de la incompatibilidad entre la nueva ley y las disposiciones antiguas que suele originarse en una declaraci�n gen�rica en la cual se dispone la supresi�n de todas las normas que resulten contrarias a la expedida con ulterioridad� (Subrayas fuera del texto original) En virtud de lo anterior, refulge importante se�alar que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, para que una ley derogue t�citamente a otra, adem�s de ser una disposici�n contraria frente a la anterior ley, debe efectuarse exclusivamente sobre una norma de igual o superior jerarqu�a, ello implica que no se puede entender que todas las disposiciones contrarias o que presentan pugnas en su aplicaci�n puedan entenderse derogadas t�citamente por la m�s reciente, como erradamente lo ha pretendido el apoderado del se�or GD.
F�jese adem�s, que sobre el asunto objeto de litigio el m�ximo �rgano de cierre en materia penal se pronunci� en un caso similar al que ocupa la Sala, estableciendo una coexistencia de leyes que no pueden ser interpretadas de manera an�loga, por tratarse de disposiciones normativas claramente diferenciables; as� se expres� la sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia: �Como se observa, es equivocado sostener que las normas citadas en la demanda de casaci�n regulan supuestos de hecho an�logos, pues v�ase como la Ley de infancia y adolescencia, en manera alguna aborda los requisitos de la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena que fija el C�digo Penal para infractores mayores de 18 a�os; tampoco insert� modificaciones a dicho estatuto en lo relativo al tema propuesto en el libelo, puesto que aquella normativa establece un r�gimen penal aut�nomo que se aplica a los menores de edad con independencia de las disposiciones que respecto de los adultos consagra la Ley 599 de 2000, al tiempo que fija una serie de prohibiciones y condicionamientos frente a figuras como la prisi�n domiciliaria, la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena, el principio de oportunidad, las rebajas de pena, todas ellas encaminadas a reprochar con mayor severidad las acciones delictivas que atentan contra los derechos de los ni�os, ni�as y adolescentes.
Y tampoco fue intenci�n del legislador a trav�s de la Ley 1709 de 2014, la de modificar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y las medidas que el mismo contempla para las v�ctimas menores de edad, como para entender que el art�culo 29 de la citada norma derog� esas prohibiciones, anulando en �ltimas el r�gimen diferenciado que el legislador quiso establecer entre quienes cometen delitos contra menores, y aquellos que no, discriminaci�n que se justifica por la protecci�n reforzada y prevalente de los derechos de ni�as, ni�os y adolescentes�. (Subrayas fuera del texto original)�.
De esta manera, en el caso sub examine es claro que nos encontramos frente a la coexistencia de dos leyes que son claramente diferenciables por el legislador, pues la primera de ellas, esto es la Ley 1098 de 2006, fue creada con la finalidad de: �garantizar a los ni�os, ni�as y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo (�)�, adem�s de establecer un procedimiento especial cuando los menores de edad sean v�ctimas de delitos, ello como parte del sistema de protecci�n al menor, al punto de que le corresponde al Juzgador de Instancia abstenerse de �otorgar el beneficio de sustituci�n de la detenci�n preventiva en establecimiento carcelario por la de detenci�n en el lugar de residencia, en los casos previstos en los numerales 1 y 2 del art�culo 314 de la Ley 906 de 2004�.; y la segunda la Ley 1709 de 2014, la cual reform� algunas disposiciones normativas de unos art�culos y leyes preexistentes y que se cre� con la finalidad de evitar el hacinamiento que presenta en la actualidad el Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia; por lo tanto, no es correcto afirmar que nos encontramos al frente de dos leyes an�logas, como lo pretendi� la defensa en su recurso de alzada, pues ya se indic� en precedencia que las mismas regulan fen�menos jur�dicos diferentes y tienen fines de pol�tica criminal dis�miles, de suerte que no es de buen recibo el aserto del defensor sobre la supuesta derogatoria t�cita del art�culo 199 de la ley de infancia y adolescencia. Finalmente, esta Judicatura debe se�alar que el asunto que concita nuestra atenci�n ya ha sido superado por este Tribunal a trav�s de otras providencias, entre ellas tenemos el auto interlocutorio de trece (13) de diciembre de 2016, con Ponencia del Honorable Magistrado Franco Solarte Portilla, donde en un asunto de rasgos f�cticos equivalentes se indic�: �(�) resulta di�fano resaltar que de aceptarse la aplicaci�n de la Ley 1709 de 2014 sin considerar la vigencia de la Ley 1098 de 2006, como as� lo exige el abogado de la defensa, se estar�a permitiendo una situaci�n de desigualdad entre aquellos que cometieron conductas delictivas con anterioridad a la entrada en vigencia de este �ltimo cuerpo normativo como lo es del caso � y aquellos que realizaron el hecho punible con posterioridad, habida cuenta que en el primer evento habr�a que concederse el subrogado de la libertad condicional, mientras que en el segundo acontecimiento este instituto no tendr�a cabida, puesto que el asunto no podr�a ser ventilado sin la influencia de la Ley 1098 de 2006, que en su art�culo 199 apareja expresa prohibici�n de su concesi�n para delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales perpetrados contra menores de edad.
Por eso mismo, esto es, que la Ley 1709 de 2014 y el C�digo de Infancia y Adolescencia conforman un plexo normativo que debe ser le�do de manera sistem�tica y conjunta (�).� 6.- An�lisis del asunto sometido a examen. Como se expres� en antecedencia, el aspecto jur�dico a considerar est� orientado al estudio de la posibilidad de conceder al condenado LFGD la detenci�n domiciliaria como sustitutiva de la intramural, mientras cobra ejecutoria material la sentencia de condena emitida en su contra por el delito de ACOSO SEXUAL en la modalidad AGRAVADA, por haberse cometido contra una menor de catorce (14) a�os de edad, momento en el cual asumir�a competencia un Juez de Ejecuci�n de Penas para verificar si sustituye o no la pena de prisi�n impuesta en establecimiento carcelario, por la domiciliaria.
La petici�n de reconocimiento del sustituto domiciliario la extiende el defensor con fundamento en el art�culo 314 numeral 2 del C�digo de Procedimiento Penal, atendiendo que el se�or LFGD es un adulto que supera la barrera de los sesenta y cinco (65) a�os de edad; lastimosamente �ste no es el �nico elemento jur�dico de naturaleza objetiva a considerar para este menester, y menos en este caso en particular, debido a que las agresiones sexuales imputadas y aceptadas por el filiado han reca�do sobre la menor Y.L.A.B., que ten�a escasos diez (10) a�os de edad al momento de los hechos.
Para la Sala es claro que el asunto se encuentra excluido legal y expl�citamente de la concesi�n del sustituto deprecado por el art�culo 199 de la ley 1098 de 2006, expedida para la protecci�n y garant�a de los ni�os, ni�as y adolescentes. No puede soslayar el juzgador de instancia la voluntad del legislador de darle tratamiento especial a los sujetos procesados por delitos atentatorios de la vida, integridad personal, libertad y desarrollo sexual de los menores.
Ante la claridad de la norma prohibitiva de conceder la sustituci�n de la detenci�n preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de residencia, para los casos previstos en los numerales 1 y 2 del art�culo 314 de la ley 906 de 2014, establecida tajantemente en el numeral 2 del art�culo 199 de la ley de infancia y adolescencia, no queda otro camino que dar cumplimiento estricto a la previsi�n legal y ello obliga a despachar negativamente las pretensiones del impugnante, porque cuando una norma es clara no hay lugar a interpretaciones extensivas.
Consecuencia de lo anterior es confirmar el fallo venido en apelaci�n, porque se aviene a las argumentaciones de esta instancia judicial. Sin m�s consideraciones al respecto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley. R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia condenatoria proferida en audiencia p�blica el 26 de octubre de 2016, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pasto � Nari�o, dentro del radicado 2013-00-103 N.I. 16511 que se adelant� en contra del se�or LFGD, con las consideraciones especiales consignadas en �ste libelo.
SEGUNDO. - Esta decisi�n queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso extraordinario de casaci�n. C�PIESE Y C�MPLASE SILVIO CASTRILL�N PAZ Magistrado JOS� AN�BAL MEJ�A CAMACHO FRANCO SOLARTE PORTILLA Magistrado Magistrado JUAN CARLOS L�PEZ �LVAREZ Secretario Se reserva la plena identidad de la menor v�ctima y de los menores testigos, para proteger su buen nombre.
(numeral 6 art�culo 47 del C�digo de Infancia y adolescencia). Folio 20 del expediente. Art�culo� HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388" \l "210A" 210 A.�Acoso sexual.�El que en beneficio suyo o de un tercero y vali�ndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posici�n laboral, social, familiar o econ�mica, acose, persiga, hostigue o asedie f�sica o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrir� en prisi�n de uno (1) a tres (3) a�os". "Art�culo 211.
Circunstancias de agravaci�n punitiva. Las penas para los delitos descritos en los art�culos anteriores, se aumentar�n de una tercera parte a la mitad, cuando: 4. Se realizare sobre persona menor de catorce (14) a�os. Inciso 3� art�culo 327 C.P.P La aplicaci�n del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados o acusados y la Fiscal�a, no podr� comprometer la presunci�n de inocencia y solo proceder�n si hay un m�nimo de prueba que permita inferir la autor�a o participaci�n en la conducta y su tipicidad. Folios 7-10,11, 19,20 del expediente. Art�culo 199.�Beneficios y mecanismos sustitutivos.
Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales, o secuestro, cometidos contra ni�os, ni�as y adolescentes, se aplicar�n las siguientes reglas: 1. Si hubiere m�rito para proferir medida de aseguramiento en los casos del art�culo 306 de la Ley 906 de 2004, esta consistir� siempre en detenci�n en establecimiento de reclusi�n. No ser�n aplicables en estos delitos las medidas no privativas de la libertad previstas en los art�culos 307, literal b), y 315 de la Ley 906 de 2004. 2.
No se otorgar� el beneficio de sustituci�n de la detenci�n preventiva en establecimiento carcelario por la de detenci�n en el lugar de residencia, previsto en los numerales 1 y 2 del art�culo 314 de la Ley 906 de 2004. 3. No proceder� la extinci�n de la acci�n penal en aplicaci�n del principio de oportunidad previsto en el art�culo 324, numeral 8, de la Ley 906 de 2004 para los casos de reparaci�n integral de los perjuicios. 4.
No proceder� el subrogado penal de Suspensi�n Condicional de la Ejecuci�n de la Pena, contemplado en el art�culo 63 del C�digo Penal. 5. No proceder� el subrogado penal de Libertad Condicional, previsto en el art�culo 64 del C�digo Penal. 6. En ning�n caso el juez de ejecuci�n de penas conceder� el beneficio de sustituci�n de la ejecuci�n de la pena, previsto en el art�culo 461 de la Ley 906 de 2004. 7.
No proceder�n las rebajas de pena con base en los "preacuerdos y negociaciones entre la fiscal�a y el imputado o acusado", previstos en los art�culos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004. 8. Tampoco proceder� ning�n otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci�n consagrados en el C�digo de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva. Art�culo��447.�Individualizaci�n de la pena y sentencia.� HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39994" \l "100" Modificado por el art. 100, Ley 1395 de 2010�Si el fallo fuere condenatorio, o si se aceptare el acuerdo celebrado con la Fiscal�a, el juez conceder� brevemente y por una sola vez la palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable.
Si lo consideraren conveniente, podr�n referirse a la probable determinaci�n de pena aplicable y la concesi�n de alg�n subrogado. Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare necesario ampliar la informaci�n a que se refiere el inciso anterior, podr� solicitar a cualquier instituci�n, p�blica o privada, la designaci�n de un experto para que este, en el t�rmino improrrogable de diez (10) d�as h�biles, responda su petici�n. Escuchados los intervinientes, el juez se�alar� el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia, en un t�rmino que no podr� exceder de quince (15) d�as calendario contados a partir de la terminaci�n del juicio oral, en la cual incorporar� la decisi�n que puso fin al incidente de reparaci�n integral. Art�culo 68A.�Exclusi�n de los beneficios y subrogados penales.�No se conceder�n; la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena; la prisi�n domiciliaria como sustitutiva de la prisi�n; ni habr� lugar a ning�n otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci�n regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) a�os anteriores.
Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administraci�n P�blica; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexual; (�) Lo dispuesto en el presente art�culo no se aplicar� respecto de la sustituci�n de la detenci�n preventiva y de la sustituci�n de la ejecuci�n de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del art�culo 314 de la Ley 906 de 2004. Art�culo��314.�Sustituci�n de la detenci�n preventiva.�� HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25620" \l "27" Modificado por el art. 27, Ley 1142 de 2007.
La detenci�n preventiva en establecimiento carcelario podr� sustituirse por la del lugar de residencia en los siguientes eventos: (�) 2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) a�os, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusi�n en el lugar de residencia. (�) Sentencia C-159 de 2004, C-443 de 1997, C-318 de 2007, C-157 de 2001, entre otras. Sala de Casaci�n Penal, Corte Suprema de Justicia, auto No 48349 del 19 de julio de dos mil diecis�is (2016).M. P. LUIS ANTONIO HERN�NDEZ BARBOSA. CSJ AP, 11 dic. 2013, rad. 41300;
CSJ AP, 30 jul. 2014, rad. 38262; entre otras. Ib�dem CSJ SP, 3 feb 2016, Rad. 45905. Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto, Sala Penal, sentencia No 2014 07315 01 N.I. 15939 del 15 de noviembre de 2016. M. P. Franco Solarte Portilla. �dem, sentencia No N. I. 8534 del 28 de junio de 2016. M.P. Jos� An�bal Mej�a Camacho. Sentencia de segunda instancia de 15 de noviembre de 2016, radicaci�n No. 2016-00591-01 N.I. 15939 MP.
Dr. Franco Solarte Portilla. Sentencia No N. I. 12174 del 30 de marzo de 2017. M. P. Jos� An�bal Mej�a Camacho. Art�culo 12 Constituci�n Nacional de 1991. En oportunidades anteriores la Corte ha examinado la raz�n de ser de la libertad de configuraci�n pol�tica del Congreso y de los l�mites de la misma. Al respecto, ha indicado que en principio la sujeci�n y subordinaci�n de la ley a la Constituci�n debe permitir cierto margen de acci�n en la labor de desarrollo de las normas superiores, de manera tal que las diversas alternativas se adopten dentro del marco del principio democr�tico y pluralista que orienta nuestro sistema constitucional.
Las distintas corrientes de pensamiento y opini�n representadas en el �rgano legislativo, deben participar en el desarrollo e implementaci�n de la Constituci�n, optando por las diferentes posibilidades dentro del principio de las mayor�as. Este margen de acci�n o libertad de configuraci�n pol�tica, admite una gradaci�n que depende a su vez del grado de precisi�n con el que el constituyente perfila una instituci�n jur�dica, y del propio desarrollo constitucional de la misma.
As�, podr�a decirse que la libertad de configuraci�n del legislador es inversamente proporcional a la precisi�n y amplitud con la que la Constituci�n regula una instituci�n jur�dica. A mayor precisi�n de las nociones constitucionales, menor libertad de acci�n para el legislador. A mayor desarrollo constitucional de la normatividad superior, menor espacio de acci�n para la ley.
A su vez, el grado de la libertad de configuraci�n, determina la intensidad del control constitucional. Sentencia C-404 de 2001, Magistrado Ponente MARCO GERARDO MONROY CABRA. Sala de Casaci�n Civil. Sentencia del�28 de marzo de 1984. Citada igualmente en la sentencia C-829 de 2001 Concepto de Jerarqu�a normativa: Principio que, en el seno de un ordenamiento jur�dico, impone la subordinaci�n de las normas de rango inferior a las de rango superior � Diccionario de la Lengua Espa�ola � dle.rae.es Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, Radicado 46332, Magistrado Ponente FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. Art�culo 1� Ley 1098 de 2006. T�tulo II, Cap�tulo �nico Ley 1098 de 2006. Art�culo 199, numeral 2� de la Ley 1098 de 2006. Radicado 2009-00129-01.
Condenado Nelson Libardo Y�pez Guzm�n. Delito acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir en concurso con acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) a�os. LFGD DELITO: ACOSO SEXUAL AGRAVADO CON MENOR DE 14 A�OS Radicado: 2013-00103-01 N.I. 16511 PAGE PAGE \* MERGEFORMAT20 REPUBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PASTO - NARI�O SALA DE DECISION PENAL "#:;EFIJKVkl�������츪�츜���}n�aN:'hOdh�N15�@�CJOJQJ^JaJ$h�Hh�N1@�CJOJPJQJaJh�H@�OJPJQJ\�h�$�h�N1@�OJPJQJh�X�@�OJPJQJ\�"h�$�h�N15�@�OJPJQJ\�h>k�@�OJPJQJ^Jh�X�@�OJPJQJ^J h�$�h�N1@�OJPJQJ^J h�O�5�@�OJPJQJ\�^J#h�Hh�H@�OJPJQJ\�^J&h�$�h�N15�@�OJPJQJ\�^J;Kl�����DD9 $dha$gd�N1K$ �#��L� �\ ����i�� �_�dh$d%d&d'dN��O��P��Q��]�i^�� `�_�a$gd�$�8$�i�� �_�dh$d%d&d'dN��O��P��Q��]�i^�� `�_�a$gd�$�5�i�� �_�dh$d%d&d'dN��O��P��Q��]�i^�� `�_�gd�$���� ~ � � % �ѿ��kYE1'h�Syhd�5�@�CJOJQJ^JaJ'h�Syh�G�5�@�CJOJQJ^JaJ'h�Syhj)S5�@�CJOJQJ^JaJ#h�Syha9�5�CJOJQJ^JaJAh�Syha9�5�@�B*CJOJQJ^JaJfHphq� ����Ah�SyhPfb5�@�B*CJOJQJ^JaJfHphq� ����#h�SyhPfb5�CJOJQJ^JaJ#h�Syh�q�5�CJOJQJ^JaJ+h�Syh�q�5�CJOJQJ^JaJmH sH /h�Syh�q�5�CJOJPJQJ^JaJmH sH %, � � � � � � 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Z@Z�N1T�tulo 2$$��@&5�B*CJOJQJ\�aJphO��``7TR�T�tulo 3$���<@&&5�CJOJPJQJ\�aJmHsHtHVV�N1T�tulo 5$$$�3��7$8$@&]�3^��a$CJaJNA ���NFuente de p�rrafo predeter.Ri���RTabla normal�4� l4�a�,k ���, Sin listaL�/���L�N1T�tulo 5 CarCJPJ_HaJmH sH tH B @B�N1 Pie de p�gina ��8!<)`��<�N1N�mero de p�gina^J<@"<�N1 Encabezado ��8!P�/��1P�N1Encabezado CarCJPJ_HaJmH sH tH "@B"�N1�Texto nota pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,Footnote Text Char Char Char,texto de nota al pie,Footnote Text Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char,ft Car Car,ft Car,CCJaJ(�/��Q(�N10�Texto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car1,Footnote reference Car1,FA Fu Car,Footnote Text Char Char Char Car1,texto de nota al pie Car1,Footnote Text Char Car,ft Car Car Car2,ft Car Car1, Car CarPJ_HmH sH tH &`��a�N10�Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,referencia nota al pie,Ref. de nota al pie 2,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Ref,de nota al pie,BVI fnr,Footnote symbol,Footnote,Ref. de nota al pie2,Nota de pie,Pie de pagina,Ref.,Ref1,FCH*V�/��qV�N1Pie de p�gina CarCJPJ_HaJmH sH tH fC�f�N1Sangr�a de texto normal��x^�CJOJQJaJn�/���n�N1Sangr�a de texto normal Car CJOJPJQJ_HmH sH tH rS�r�N1Sangr�a 3 de t. independiente��x^�CJOJQJaJ~�/���~�N1!Sangr�a 3 de t. independiente Car$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH FB@�F�N1Texto independiente�xb�/���b�N1Texto independiente CarCJPJ_HaJmH sH tH d�/���d�N1T�tulo 2 Car35B*CJOJPJQJ\_HaJmH phO��sH tH <U ���<�E�Hiperv�nculo>*B*ph��/��{@�Footnote Text Char Char Char Char Char Car1,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car1,Footnote Text Char Char Char Car,texto de nota al pie Car,Footnote Text Char Car1,ft Car Car Car,ft Car Car Car1 CJOJQJ^JaJmH sH tH D' ��D�4�Ref. de comentarioCJaJD"D#�4�Texto comentario"CJaJP�/��1P"�4�Texto comentario CarPJmH sH tH Lj!"L%�4�Asunto del comentario$5�\�`�/��Q`$�4�Asunto del comentario Car5�PJ\�mH sH tH H�bH'�4�Texto de globo&CJOJ QJ aJ`�/��q`&�4�Texto de globo Car$CJOJ PJQJ ^J aJmH sH tH N�O�NztNormal + Arial($a$OJPJQJ^JbQ@�b*ztTexto independiente 3)�xCJPJaJmHsHtH^�/���^)ztTexto independiente 3 CarCJaJmHsHtHh�O�hztBody Text 2 +$��5$7$8$9DH$`��a$@�CJPJaJmH sH `P@�`-ztTexto independiente 2,d��xPJmHsHtH^�/���^,ztTexto independiente 2 CarCJaJmHsHtH8���8ztapple-style-span����ztTexto independiente 22 /$��5$7$8$9DH$`��a$@�CJPJaJmH sH tH $B�o��B�apple-converted-spacen�n_s�P�rrafo de lista1��d��^��m$CJOJQJaJmH $sH $tH F^@"F�h�0Normal (Web)2�d�d[$\$PJ,X`��1,�h��nfasis6]>W ��A>�Q�`Texto en negrita5�\�H�ORH��western5�d�d[$\$PJmH $sH $tH $T�@bT�F6 Sin espaciado6�d�d[$\$PJmH $sH $tH $N�/��qNTR�T�tulo 3 Car5CJOJPJQJ\^JaJPK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� ��ð�_�g 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Bhttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-718-15.htm_ftn124kBhttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-718-15.htm_ftn123kBhttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-718-15.htm_ftn1226^Bhttp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2832901dBhttp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2562027<dBhttp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39994100Ahttp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388210A !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 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