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El aspecto f�ctico Seg�n el relato que aparece en el informe ejecutivo que dio origen a la actuaci�n, en las horas de la tarde del d�a dieciocho (18) de diciembre de 2014, en el kil�metro 2 de la v�a que desde el Municipio de El Tabl�n de G�mez, Nari�o, conduce a la vereda La Victoria, ocurri� un hecho de tr�nsito entre una volqueta de servicio p�blico de placas SBV 205, que era conducida por FRVO, y una motocicleta OLG 90D, en la que se movilizaban como conductor LAU y como copiloto EUO, quien falleci� de forma instant�nea en el lugar. 2.
La providencia impugnada Ante la solicitud de preclusi�n de la investigaci�n elevada por la fiscal�a delegada bajo la causal de �ausencia de intervenci�n del imputado en el hecho investigado�, el Juzgado de conocimiento realiz� una s�ntesis de los hechos, de los elementos materiales aportados y expres� que con ocasi�n a las responsabilidades atenientes a los individuos frente a los riesgos que por ocasi�n de su conducta asumen, no puede concluirse nada distinto a que desde el punto de vista jur�dico el indiciado fue ajeno a la realizaci�n del hecho que se investiga, y que termin� con el fallecimiento de EUO, pues su conducta se ajust� a las exigencias legales, en tanto que si bien desde el punto de vista objetivo, su conducta fue la que deriv� en la muerte de la v�ctima, ello no basta para determinar su responsabilidad penal, la que exige de manera concurrente la satisfacci�n del componente subjetivo.
Precis� que el deceso de la prenombrada no obedeci� �nicamente a circunstancias externas, como el estado de la v�a, la lluvia en el sector, y a la ca�da aparatosa de la motocicleta, que en cualquier caso no pueden ser imputables al investigado, sino tambi�n la infracci�n al deber objetivo de cuidado de los dos ocupantes adultos del veloc�pedo, quienes no utilizaron casco y llevaron consigo a un tercer pasajero beb�, dos circunstancias que constituyen claras infracciones a las normas de tr�nsito.
Afirma que tambi�n logr� demostrarse dentro de la actuaci�n, con el informe rendido por ANDR�S PINZ�N CAMPOS, que para la fecha de ocurrencia de los hechos LAUO carec�a de licencia de conducci�n, de donde se desprende una nueva y grave infracci�n a las normas de tr�nsito, quedando la sensaci�n de impericia del referenciado para el manejo de cualquier tipo de veh�culo.
Establece que le asiste raz�n al defensor cuando aduce que en el presente caso, la actuaci�n a propio riesgo de la v�ctima, concretado en los comportamientos ya aludidos, excluyen la imputaci�n del resultado, criterio que se refuerza con lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal, Radicado 36.842, hace referencia a la teor�a de la imputaci�n objetiva, que �permite determinar los eventos en los cuales una acci�n causal puede ser considerada t�pica, pues para esta corriente doctrinal aunque el nexo causal constituye presupuesto esencial de toda imputaci�n, no es suficiente para considerar realizado el tipo objetivo (�)� Adicionalmente menciona que existen una serie de actividades cotidianas que aunque generan riesgos jur�dicamente relevantes deben ser permitidas, siempre y cuando se respeten las reglas de cuidado previstas en la ley. �Respecto de la autopuesta en peligro, se�ala que esta se concreta cuando: (i) el agente se pone en riesgo a si mismo o (ii) cuando, con plena conciencia de la situaci�n, se deja poner en dicha situaci�n por otra persona (�)� Conforme lo anterior, el a quo considera que la imputaci�n en contra de FRVO por los acontecimientos ya conocidos resulta insostenible, y cualquier paso que la Fiscal�a d� con el �nimo de acusar y perseguir una sentencia de condena se ve expuesta al fracaso, de modo que ante la contundencia de los elementos de juicio en punto de la configuraci�n de la causal cuya aplicaci�n se reclama, accede favorablemente a la pretensi�n elevada por la Fiscal�a, y se decreta la preclusi�n de la investigaci�n y la extinci�n de la acci�n penal por el delito de homicidio culposo, en raz�n a la ausencia de intervenci�n del indiciado en el hecho investigado, respecto de quien cesar�, con efectos de cosa juzgada. 3.
Argumentos de recurrentes y no recurrentes 3.1 Argumentos del recurrente 3.1.1 La representante de las v�ctimas El representante de las v�ctimas recurre la decisi�n adoptada, de acuerdo a las siguientes consideraciones. Dice que no ser�n debatidas las condiciones de modo, tiempo y lugar, toda vez que del informe pericial, inspecci�n del lugar de los hechos y las entrevistas, se pudo determinar que no fueron las m�s adecuadas, pues se trataba de una v�a con dif�ciles condiciones de acceso, no se encuentra pavimentada, la v�a estaba resbalosa, estaba lloviendo, se denotaba tambi�n que la v�a era angosta.
Afirma que lo que ataca es la causa que origin� que LAU resbale de la moto. Menciona que frente a la teor�a del caso de la Fiscal�a existen dudas respecto de c�mo sucedi� el homicidio culposo, indaga acerca de por qu� no se determin� la velocidad a la que transitaba FRVO, pues se�ala que no es posible que la moto se haya resbalado sin ninguna circunstancia externa y esto lo lleve a frenar intempestivamente, situaci�n que ocasion� el homicidio.
Afirma que dicho vac�o, se suple con la entrevista realizada al se�or LU, �nico testigo presencial de los hechos, quien afirma que la volqueta se movilizaba r�pidamente, no se detuvo, e informa que en la regi�n el se�or es conocido por conducir a altas velocidades. Aduce que ninguna persona puede resbalarse sin alguna circunstancia ajena por lo que no es procedente aceptar la teor�a de la Fiscal�a en la que no se puede indagar sobre la responsabilidad penal en la muerte de una persona que se movilizaba sin casco.
Dentro del caso objeto de estudio la representaci�n de v�ctimas no discrepa de que el representado deb�a actuar de manera diferente respecto del deber objetivo de cuidado, como es portar casco y no llevar a un menor de edad en una moto. Sin embargo, considera que el punto del debate es que la volqueta ven�a a gran velocidad y la misma no fren� cuando pasaba Luo, su hermana y su sobrino; afirmaci�n que considera probada a trav�s de los elementos de prueba allegados al juez, pues reitera que la velocidad a la que se conduc�a la volqueta fue la causante sin duda alguna de que LU resbale de su moto y en esos lamentables hechos perdiera la vida EU.
Por �ltimo, reitera que en la entrevista verbalizada de LU, se extrae que la causa directa de que el se�or resbalara en su moto y su hermana cayera y muera en el acto, es por tratar de esquivar la pesada volqueta que se movilizaba a gran velocidad, veh�culo conducido por FRVO, para la representante de victimas es clara la causalidad, la imprudencia y la violaci�n al deber objetivo de cuidado.
Conforme con lo anterior, reclama se revoque la decisi�n y en su lugar, se niegue la preclusi�n solicitada por la Fiscal�a General de la Naci�n. 3.2 Argumentos de los no recurrentes 3.2.1 Intervenci�n de la Fiscal�a El delegado de la Fiscal�a solicita se confirme la decisi�n, explica que la argumentaci�n para encaminar a la preclusi�n de la investigaci�n tiene origen en todos los elementos materiales probatorios aportados por su parte con los que se evidencia que no hubo por el imputado transgresi�n de las normas de tr�nsito, ya que los elementos dicen todo lo contrario, adem�s de que no ha faltado al deber objetivo de cuidado, contrario a lo que acontece al conductor de la motocicleta, quien s� falt� al deber objetivo de cuidado al igual que la v�ctima, al no utilizar los elementos de protecci�n que se exige cuando se transporta en una motocicleta.
Al considerar que la representante de v�ctimas no logra desvirtuar los argumentos de fondo que se han presentado en el auto de preclusi�n de la investigaci�n, solicita se confirme la decisi�n del a quo. 3.2.2 Intervenci�n del Ministerio P�blico Por su parte el Procurador Judicial establece que teniendo en cuenta las pruebas recolectadas por el Fiscal, donde una de ellas indica que la volqueta ven�a cargada, situaci�n que tal como da a conocer la experiencia, impide que un veh�culo aunado su peso considerable, se movilice de manera r�pida, m�s a�n teniendo en cuenta las condiciones de tiempo, modo y lugar que no fueron discutidas por las partes.
Adicionalmente resalta que el conductor de la motocicleta no acredit� la pericia para conducir la moto, situaci�n que se encuentra demostrada, en el hecho de que para el d�a del accidente no contaba con licencia de conducci�n, adem�s afirma que el hecho de llevar a un menor de edad en sus brazos impidi� a la v�ctima en el momento en que el veh�culo fren� de forma intempestiva, sostenerse del piloto, situaci�n que a juicio del procurador produjo la ca�da de EU.
En consecuencia solicita se confirme la decisi�n recurrida, toda vez que afirma que la apelaci�n se basa en presunciones. II. PARA RESOLVER SE CONSIDERA 1. El problema que se plantea Se trata de examinar en primer lugar, la procedencia de precluir la investigaci�n, bajo el reconocimiento de la causal de �ausencia de intervenci�n del imputado en el hecho investigado� que fundamenta la Fiscal�a, y segundo, si existe otra causal que se encuentre plenamente comprobada que d� lugar a la preclusi�n de la investigaci�n. Tambi�n se verificar� si tal determinaci�n menoscaba los derechos de la v�ctima como lo aduce el recurrente, que en su pensar considera que el imputado al momento del accidente conduc�a con exceso de velocidad, es decir, incumpliendo normas del tr�nsito. 2.
De la preclusi�n de la investigaci�n Como repetidamente lo ha precisado esta Corporaci�n, la figura jur�dica de la preclusi�n de la investigaci�n como una de las formas de terminaci�n anormal del proceso, tiene como finalidad esencial, finiquitar la acci�n penal tan pronto se presente alguna de las causales taxativamente determinadas en el art�culo 332 del C�digo de Procedimiento Penal.
Se ha precisado tambi�n que ante la verificaci�n de alguno de tales supuestos no se hace necesario promover un proceso hasta la etapa del juicio, pues se debe evitar el desgaste de los �rganos de acusaci�n y juzgamiento; adem�s, de respetar los derechos fundamentales del imputado o acusado -seg�n el estadio procesal de que se encuentre el tr�mite- al someterlo indefinidamente a la carga de un proceso penal cuando no hay lugar a ello.
As� mismo se ha decantado que la solicitud de preclusi�n de la investigaci�n es una facultad que reside exclusivamente en la Fiscal�a General de la Naci�n, como titular de la persecuci�n del delito y la promoci�n de la acci�n penal. 2.1. Causales de preclusi�n de la investigaci�n El art�culo 332 del C�digo de Procedimiento Penal refiere las causales por las cuales resulta viable decretar la preclusi�n de la investigaci�n: �Art�culo��332.�Causales.�El fiscal solicitar� la preclusi�n en los siguientes casos: 1.
Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acci�n penal. 2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el C�digo Penal. 3. Inexistencia del hecho investigado. 4. Atipicidad del hecho investigado. 5. Ausencia de intervenci�n del imputado en el hecho investigado. 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunci�n de inocencia. 7.
Vencimiento del t�rmino m�ximo previsto en el inciso segundo del art�culo 294 de este c�digo.� As� pues, son claros los supuestos en los que el delegado del ente acusador puede solicitar la preclusi�n de la investigaci�n penal ante el juez de conocimiento, verificando la Sala que para el presente evento, la Fiscal�a elev� petici�n bajo la causal 5, consistente en la ausencia de intervenci�n del imputado en el hecho investigado. 2.2.
Facultad de variaci�n de la causal de preclusi�n elevada por el fiscal, por parte del Juez de conocimiento Como se viene rese�ando, el proceso penal puede ser terminado de manera anormal cuando se avizore alguna de las causales descritas en el art�culo 332 del estatuto instrumental, siendo indispensable para ello que el delegado de la Fiscal�a que la solicita adec�e su argumentaci�n al supuesto que reclama.
Para efectos del an�lisis que se surte se debe tener en cuenta que la preclusi�n s�lo procede por las causales contenidas en el art�culo 332 del C�digo Adjetivo Penal, donde es expresa la distinci�n para cada una de ellas y consecuentemente la necesidad de tener una sustentaci�n singular, para que conforme con ella el juez proceda a declarar si el motivo reclamado tuvo ocurrencia. Sin embargo, no se exime la posibilidad de que en el sustento base de la petici�n de preclusi�n, el delegado del ente fiscal se equivoque al interpretar el sustento f�ctico y por esa senda realice una errada adecuaci�n del supuesto jur�dico, desconociendo la verdadera naturaleza de la causal invocada que incluso puede llegar a evidenciar que los elementos de persuasi�n encajan en otra de las causales determinadas en la disposici�n legal.
Como esta clase de eventos ya se han presentado a nivel nacional, la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la tem�tica considerando un imperativo de la judicatura como responsable de dirimir los conflictos penales puestos a su conocimiento, ejerciendo la facultad de readecuar las solicitudes de la fiscal�a a la causal en la que halla identidad configurativa en cada caso en concreto, cuando la argumentaci�n exhibida por parte del solicitante corresponda a la justificaci�n una diferente a la reclamada.
Al analizar un caso similar al que ocupa la atenci�n de la Sala dijo: �Esta �ltima orientaci�n modera la doctrina de esta Corporaci�n a la que se refiri� el Tribunal Superior de Cundinamarca para negar la preclusi�n y omitir pronunciarse de fondo respecto de la tem�tica que efectivamente le fue presentada, pues la tendencia actual se dirige a que no s�lo con relaci�n a la causal alegada se puede decretar la preclusi�n, sino que tambi�n es v�lido hacerlo por otra, cuando sus componentes estructurales y los soportes materiales probatorios y evidencia f�sica as� lo determinen, es decir, que en la audiencia se haya puesto de conocimiento de los jueces, los motivos que la estructura.
(�) Y de manera reciente se reiter� [], que en los eventos en los que el representante del ente acusador invoque como fundamento de la solicitud de preclusi�n de la investigaci�n una causal y su argumentaci�n en realidad corresponde a otra diferente, como ocurre en el presente caso, la Sala debe inclinarse por resolverla conforme a la sustentaci�n otorgada, a efectos de hacer efectivo el derecho sustancial de las partes e intervinientes a obtener decisi�n en torno a la controversia planteada.
Se agreg�, que una circunstancia de tal particularidad no comporta el pronunciamiento respecto de causal diversa a la trazada, porque el peticionario materialmente ajust� sus razones a la que corresponde y solamente por una imprecisi�n conceptual err� al mencionar el motivo por el cual impetraba la preclusi�n.� (Subrayado y resaltado fuera del original) Por tanto, dado que en el presente caso el fiscal delegado solicit� la preclusi�n por la causal 5 por la no intervenci�n del imputado en el hecho investigado, sin que la sustentaci�n se adecuara a tal hip�tesis, pues desde toda �ptica es claro que de los f�cticos puestos en conocimiento por el mismo ente acusador FRVT fue la persona que conduc�a la volqueta que arroll� a la v�ctima, hecho b�sico que descarta la causal alegada, dado que contrario a lo consagrado en la causal enarbolada por la Fiscal�a para solicitar la preclusi�n, probatoriamente se da cuenta de la participaci�n del indiciado en los hechos investigados, es por esto que al considerar los argumentos de petici�n de preclusi�n se examinar� si estos se adec�an al supuesto descrito en la causal 4, y declarar la atipicidad de la conducta, al encontrar identidad jur�dica con los hechos, pruebas y alegaciones de sustentaci�n pese, se repite, a no ser la invocada en la solicitud. 2.3.
Causal �Ausencia de intervenci�n del imputado en el hecho investigado� Esta causal ha sido definida por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia con Radicado 31537, Magistrado Ponente Augusto J. Iba�ez Guzm�n, 17 de junio de 2009 como: �La ausencia de intervenci�n del imputado en el hecho investigado, como casual de preclusi�n, supone la presencia de evidencia f�sica o elementos probatorios que trasmitan la certidumbre sobre la total ausencia de compromiso del imputado en el hecho materia de investigaci�n, esto es, que a partir de esos medios de cognici�n se pueda inferir con suficiente certeza que el indiciado no tuvo ninguna participaci�n, ni como autor, coautor, c�mplice o interviniente en la conducta punible, vale decir, que es totalmente ajeno a ella�.
De igual forma, la Corte Constitucional al respecto ha establecido mediante sentencia C � 920 de 2007, Magistrado Ponente Jaime C�rdoba Trivi�o, 7 de noviembre de 2007: �La causal del numeral 5 �ausencia de intervenci�n del imputado en el hecho investigado-, puede ser analizada desde dos perspectivas, una f�ctica y una jur�dica. La primera supone que la persona no estaba presente en el momento de la ocurrencia del hecho investigado o que su conducta no guarda relaci�n con el mismo; la segunda, en cambio, requiere una valoraci�n jur�dica de las circunstancias f�cticas que determinen si se encuentra dentro de alguno de los supuestos de participaci�n en el hecho punible.
En este orden de ideas, la intervenci�n en sentido f�ctico constituye una causal de tipo objetivo y la intervenci�n, en sentido jur�dico es una causal de tipo subjetivo. Esta causal se configura cuando, conforme a la evidencia f�sica o elementos probatorios aportados al expediente, se obtiene certeza sobre la total ausencia de compromiso del indiciado en el hecho materia de investigaci�n porque no tuvo ninguna participaci�n, ni como autor, coautor, determinador o c�mplice en la conducta punible, vale decir, es totalmente ajeno a ella�. 2.4.
Causal �atipicidad del hecho investigado� La tipicidad comporta una garant�a, conforme a la cual solamente constituyen delitos las conductas que el legislador haya descrito de manera clara, expresa, gen�rica e inequ�voca con todas las caracter�sticas estructurales del tipo penal. A partir de esta comprensi�n, se tiene que la atipicidad se muestra como el fen�meno en virtud del cual un determinado comportamiento no se adecua a un tipo legal.
De todas maneras, la impresi�n al interior de las codificaciones penales, per se, no constituye presupuesto �nico para referir la tipicidad en la ejecuci�n de un hecho, pues para su satisfacci�n tambi�n se necesita que el supuesto normativo se verifique en sus aspectos objetivos y subjetivos. Es reflejo de lo anterior, lo que ocurre en los llamados delitos culposos donde no solamente se deben verificar componentes que se ocupan del cumplimiento del deber objetivo de cuidado, espec�ficamente cuando a quien se le reprocha un comportamiento que reviste las caracter�sticas de delito en el ejercicio de una actividad peligrosa o de riesgo se le exige m�s all� del cuidado y diligencia en su actuar, que el riesgo autorizado o permitido no se haya desbordado, bajo los par�metros propios de las autorizaciones legales, espec�ficamente, como en este caso, cuando se trata de la conducci�n de veh�culos automotores del ce�imiento irrestricto a las normas del C�digo Nacional de Tr�nsito.
As� pues, es deducible la conceptualizaci�n de la �atipicidad del hecho investigado�, cuando nos hallamos frente a un caso en el que no se estructura el cumplimiento de los par�metros espec�ficos de la conducta culposa, aspectos que se deber�n soportar en elementos materiales probatorios, evidencia f�sica e informaci�n legalmente recogida, recaudada y presentada por la Fiscal�a General de la Naci�n. 2.5.
Del delito de Homicidio Culposo Es preciso hacer menci�n a la definici�n de la conducta punible por la que se solicita la preclusi�n de investigaci�n, la cual corresponde a la descrita en los art�culos 103 y 109 del C�digo Penal, bajo el supuesto del que por culpa matare a otro. As� es plasmado en el C�digo Penal: �Art�culo 103.�Homicidio.
El que matare a otro, incurrir� en prisi�n de trece (13) a veinticinco (25) a�os.� Ahora bien, la modalidad culposa, tratada como la conducta consistente en la ejecuci�n del hecho punible por falta de previsi�n del resultado previsible, o exceso de confianza en cuanto al dominio del resultado, o la ausencia de cumplimiento del deber objetivo de cuidado frente a las situaciones que lo requieran, aumentando de tal forma el riesgo permitido que se contiene en el estatuto sustantivo bajo la siguiente prescripci�n: �Art�culo 109.�Homicidio culposo.
El que por culpa matare a otro, incurrir� en prisi�n de dos (2) a seis (6) a�os y multa de veinte (20) a cien (100) salarios m�nimos legales mensuales vigentes. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondr� igualmente la privaci�n del derecho a conducir veh�culos automotores y motocicletas y la de privaci�n del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente, de tres (3) a cinco (5) a�os.� El homicidio, dice Francisco Carmignani, que fue definido por los cl�sicos bajo la acepci�n de: �homicidium est hominis caedes ab homine injuste patrata�, traducido como la muerte que causa un hombre a otro de manera injusta.
Por su parte la Corte Constitucional sobre este delito ha se�alado que: �Dentro del desarrollo legislativo sobre la forma de tipificar y punir los delitos culposos, se dio un paso entre la culpa prevista en el C�digo Penal anterior (Decreto Ley 100 de 1980) y la contemplada en la Ley 599 de 2000, consider�ndose en la primera que el agente incurr�a en culpa cuando realizaba el hecho punible por falta de previsi�n del resultado previsible o cuando habi�ndolo previsto confiaba en poder evitarlo, mientras que en el texto que ahora rige se acogi�, adem�s de la previsibilidad que se le exige al agente, la infracci�n al deber objetivo de cuidado.
Esta nueva visi�n doctrinaria en materia punitiva adoptada por el legislador y decantada por la jurisprudencia, se satisface con la teor�a de la imputaci�n objetiva, seg�n la cual un hecho causado por el agente le es jur�dicamente atribuible a �l si con su comportamiento ha creado un peligro para el objeto de la acci�n no abarcado por el riesgo permitido y dicho peligro se realiza en el resultado concreto.� Agregando: �Lo anterior significa que, frente a una posible conducta culposa, el juez, en primer lugar, debe valorar si la persona cre� un riesgo jur�dicamente desaprobado desde una perspectiva ex ante, es decir, teniendo que retrotraerse al momento de realizaci�n de la acci�n y examinando si conforme a las condiciones de un observador inteligente situado en la posici�n del autor, a lo que habr� de sum�rsele los�conocimientos especiales�de este �ltimo, el hecho ser�a o no adecuado para producir el resultado t�pico� Y frente a la estipulaci�n de un riesgo agregado, producido de parte del indiciado se declara: � �En cambio, por regla absolutamente general se habr� de reconocer como creaci�n de un peligro suficiente la infracci�n de normas jur�dicas que persiguen la evitaci�n del resultado producido.� � 4.3.5.�As� mismo, se crea un riesgo jur�dicamente desaprobado cuando concurre el fen�meno de la�elevaci�n del riesgo, que se presenta �cuando una persona con su comportamiento supera el arrisco admitido o tolerado jur�dica y socialmente, as� como cuando, tras sobrepasar el l�mite de lo aceptado o permitido, intensifica el peligro de causaci�n de da�o`.� � En este orden de ideas, como bien lo sintetiza Roxin, �para constatar la realizaci�n imprudente de un tipo no se precisa de criterios que se extiendan m�s all� de la teor�a de la imputaci�n objetiva`.� � A su vez, se descartan como generadores de riesgo no permitido, por ende no susceptibles de reproche penal, los resultados que se presentan cuando:�i)�se desarrolla una��conducta socialmente normal y generalmente no peligrosa�;�ii)�en aplicaci�n del��principio de confianza�, se observan los deberes exigibles al ejecutar una actividad especializada o profesional, siempre que sea otra persona la que��no respete las normas o las reglas del arte (lex artis)��pertinente; o,�iii)�cuando el resultado se presenta como consecuencia del desarrollo de una��autopuesta en peligro dolosa��de quien resulte afectado.� 3.
Caso en concreto En esta oportunidad precisa aclarar que el Despacho Fiscal solicit� la preclusi�n de la investigaci�n a favor de FRVO, con respaldo en la causal 5� del art�culo 332 del C�digo Instrumental; que hace referencia a la �ausencia de intervenci�n del imputado en el hecho investigado�, al se�alar que el encausado no actu� con culpa dentro del asunto investigado, siendo el resultado, responsabilidad exclusiva de la v�ctima hoy occisa EUO, al inobservar el deber objetivo de cuidado en el momento de movilizarse en una motocicleta sin observancia de las normas de tr�nsito previstas.
En punto, el Funcionario de la primera instancia, accedi� a decretar la preclusi�n de la investigaci�n en favor de FRVO, al aducir que de los elementos materiales probatorios recaudados, se puede determinar que el indiciado no tuvo intervenci�n dentro del hecho bajo an�lisis; adem�s destaca que las v�ctimas, obraron sin observancia al deber objetivo de cuidado pues actuaron contrariando las normas que regulan el tr�nsito automotor, al movilizarse sin los elementos de protecci�n adecuados, con un menor de edad en brazos, y finalmente sin licencia de conducci�n, lo que demuestra que LAU no contaba con el permiso que legalmente acredita la pericia necesaria para conducir la motocicleta en la que se movilizaban.
Por su parte, el representante de v�ctimas sienta su inconformidad al considerar que la motocicleta conducida por LAU, se vio obligada a frenar de manera intempestiva para esquivar la volqueta conducida por FRVO porque �sta se movilizaba con exceso de velocidad, es decir, que se encontraba transgrediendo normas de tr�nsito, situaci�n que gener� el homicidio culposo.
Lo primero que debe recodar la Sala, es que uno de los presupuestos para decretar la preclusi�n de la investigaci�n es que la causal evocada se halle plenamente demostrada. Y ello no puede ser de otra manera, dado que este instituto, como ya se evoc�, tiene como finalidad la terminaci�n de manera excepcional del proceso penal. En ese orden de ideas, encuentra la Sala que en el presente caso se caus� la muerte de EUO, que se movilizaba como copiloto en la motocicleta de su hermano, quien al caer de esta, fue arrollada por los ejes traseros de la volqueta que conduc�a el indiciado, quien seg�n la Fiscal�a y el juzgado de instancia cumpl�a con el deber objetivo de cuidado en el desarrollo de esa actividad peligrosa.
Tal afirmaci�n, dirigida a lograr la preclusi�n de la investigaci�n la comparte la Sala, haciendo la salvedad de que esta procede, pero por una causal diferente a la solicitada por la Fiscal�a General de la Naci�n y decretada por el a quo, pues de los hechos y argumentaciones es claro que el imputado s� tuvo participaci�n activa en los hechos sometidos a estudio.
Sin embargo, encuentra la Sala que los elementos materiales de prueba y las argumentaciones alegadas por la Fiscal�a, acreditan que FRVO en la actividad de conducir veh�culos automotores, observ� el deber objetivo de cuidado que le es exigible, lo que nos ubica frente a la causal de preclusi�n descrita en el numeral 4 de la disposici�n evocada, es decir, la atipicidad del hecho investigado.
La actividad de conducir veh�culos automotores ha sido catalogada por la doctrina y la jurisprudencia como una actividad de riesgo, en la medida en que la interacci�n de �stos con las personas las expone a sufrir potencialmente afectaciones, entre otros derechos, a su integridad personal y la vida. Este riesgo se ve exponencialmente aumentado por la contundencia, fuerza y velocidad con la que se desplazan tales elementos, adicional a la especializaci�n en la destreza que para la maniobra de los mismos se exige de quienes las conducen.
Ante la innegable necesidad que tiene el ser humano de contar con los beneficios que ofrecen los veh�culos automotores para el transporte de personas, bienes de consumo y mercader�as, el legislador a pesar de declarar y conocer el riesgo que genera para todas las personas lo ha autorizado. Es decir, la conducci�n de los veh�culos automotores constituye el ejercicio de un riesgo permitido.
Pero para ese ejercicio, tambi�n el legislador previ� que es indispensable que quien lo vaya a realizar cumpla con un sin n�mero de requisitos de capacitaci�n e idoneidad para ejercerla requiriendo precisamente la expedici�n previa de un permiso o licencia que as� lo acredite, contenidos todos en el C�digo Nacional de Tr�nsito y las normas que lo complementan.
En ese proceso de formaci�n de conductores de veh�culos automotores es presupuesto que quien aspira a la licencia conozca todas las normas que regulan el tr�nsito automotor y de quien es licenciado, que ya las conoce y asume su respeto y aplicaci�n, pues de lo contrario, al inaplicarlas o desconocerlas al momento de conducir, estar�a desbordando el riego que legalmente se le tiene permitido y por ese camino inobservando el deber objetivo de cuidado que se le exige.
Por tanto, los conductores de los veh�culos automotores que no acatan las disposiciones de tr�nsito automotor y en ejercicio de esa actividad afectan derechos de otras personas, como la vida o integridad personal, pueden llegar a incurrir en los delitos de homicidio o lesiones personales seg�n sea el caso. Trasladados nuevamente al caso que ocupa la atenci�n, de los elementos materiales de prueba se tiene que el d�a 18 de diciembre de 2014 cuando FRVO conduc�a la volqueta de servicio p�blico de placas OLG 90D en la v�a que desde el municipio de El Tabl�n de G�mez, Nari�o, conduce a la vereda La Esperanza, ocurri� un hecho de transito con una motocicleta en la que se movilizaban como conductor LAU y como copiloto EU, quien falleci� de forma instant�nea en el lugar.
De los elementos materiales de prueba aportados se tiene que EUO muri� a consecuencia de trauma craneoencef�lico severo penetrante secundario a aplastamiento, que gener� shock neurog�nico con paro cardiorespiratorio, tal como consta en el acta de inspecci�n t�cnica a cad�ver elaborada por el inspector de polic�a del Tabl�n de G�mez, como el informe de necropsia emanado por m�dico adscrito al Centro de Salud del mismo municipio.
Se tiene adem�s que el veh�culo que ocasion� la muerte de EUO, la volqueta de placas SBV 205 conducida por FRVO, se encuentra en adecuado estado de funcionamiento, de acuerdo al informe de investigador de campo realizado por el servidor de polic�a judicial. Respecto de las condiciones de la carretera donde ocurri� el accidente incidieron en mayor o menor grado en la ocurrencia de los hechos, tal como lo afirma el a quo, pues se trataba de una carretera rural destapada y estrecha, que por virtud de la lluvia, ten�a presencia de lodo.
Por otra parte, las motocicletas son consideradas veh�culos automotores en el C�digo Nacional de Tr�nsito, con capacidad para el conductor y un acompa�ante, estas se encuentran sujetas a la regulaci�n expedida en este ordenamiento, por tanto, deben cumplir con todas las disposiciones de conducci�n relativas a la observaci�n de se�ales de tr�nsito, utilizaci�n de v�as, observaci�n de distancia entre veh�culos, velocidad de desplazamiento autorizado y porte de casco de seguridad para el conductor y su acompa�ante.
Considera esta Corporaci�n, conforme a lo decidido en la instancia que con los elementos materiales de prueba con que cuenta la Fiscal�a y de la sustentaci�n de la petici�n de preclusi�n, se acredit� que FRVO en el momento en que se produjo el accidente al conducir la volqueta de servicio p�blico de placas SBV 205, observaba el deber objetivo de cuidado, contrario a lo que sucede con la v�ctima del presente caso.
Es importante recordar que el ordenamiento de tr�nsito en el art�culo 55 establece que toda persona que tome parte en �l como conductor, pasajero o peat�n, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los dem�s y debe conocer y cumplir las normas y se�ales de tr�nsito que le sean aplicables, as� como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tr�nsito.
As� mismo dispone en el art�culo 96, en cuanto a las normas espec�ficas para motocicletas, que estas podr�n llevar un acompa�ante en su veh�culo, el cual tambi�n deber� utilizar casco y elementos de seguridad. Respecto de la licencia de conducci�n, establece en su art�culo 19 que para obtenerla por primera vez, deber� acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: �Para veh�culos de servicio diferente del servicio p�blico: 1.
Saber leer y escribir. 2. Tener 16 a�os cumplidos. 3. Aprobar un examen te�rico-pr�ctico de conducci�n para veh�culos particulares que realizar�n los organismos de tr�nsito de acuerdo con la reglamentaci�n que expida el Ministerio de Transporte, o presentar un certificado de aptitud en conducci�n otorgado por un centro de ense�anza automovil�stica debidamente aprobado por el Ministerio de Educaci�n Nacional en coordinaci�n con el Ministerio de Transporte. 4.�Certificado de aptitud f�sica, y mental para conducir expedido por un m�dico debidamente registrado ante el Ministerio de Salud antes de que entre en funcionamiento el RUNT o ante el RUNT una vez que �ste empiece a operar.�� Agrega el C�digo Nacional de Tr�nsito, que quien no cumpla con las normas previstas en el mismo, ser� sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios m�nimos legales diarios vigentes (smldv) el conductor y/o propietario de un veh�culo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: �(�) C.24.
Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente c�digo.� A su turno, quienes conducen un veh�culo sin licencia de conducci�n Ser� sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios m�nimos legales diarios vigentes (smldv) el conductor y/o propietario de un veh�culo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: �D.1.
Guiar un veh�culo sin haber obtenido la licencia de conducci�n correspondiente. Adem�s, el veh�culo ser� inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que este sea retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de conducci�n.� En el presente caso, se tiene que el conductor de la motocicleta y la v�ctima se encontraban contrariando normas de tr�nsito, toda vez que se movilizaban con un tercer pasajero menor de edad, sin los elementos de seguridad correspondientes y el conductor no contaba con licencia de conducci�n para la �poca del accidente, situaci�n que permite afirmar que no actuaron en observancia al deber objetivo de cuidado.
Respecto de los argumentos de la representante de v�ctimas, se afirma que el accidente se produjo a causa del exceso de velocidad con el que conduc�a el indiciado; esto no se encuentra probado pues de los elementos materiales probatorios aportados, solo se sabe que la volqueta se movilizaba cargada de triturado, y una vez se levant� el croquis del lugar de los hechos, esta se encontraba a 3,5 mts de la v�ctima, situaci�n que tal como lo afirma el a quo evidencia que no se movilizaba con exceso de velocidad.
En el presente caso, la decisi�n que se revisa se centr� de manera particular en se�alar que adicional a que el actor no incurri� en culpa por observar el deber objetivo de cuidado, el caso se verific� por la auto puesta en peligro de la propia v�ctima por tratarse de una mujer que se movilizaba en una motocicleta, sin los elementos de seguridad exigidos por la ley, y con un beb� en brazos, situaci�n que muy probablemente le impidi� sostenerse del conductor, para de esta forma evitar caer de la motocicleta.
Se dice por el a quo que FRVO al momento en que ocurri� el accidente se desplazaba observando el deber objetivo de cuidado, situaci�n que comparte la sala, toda vez que revisado el infolio se verifica que no se encuentra probado el exceso de velocidad, aunado al examen que realiz� medicina legal determina que el indiciado no se encontraba en estado de embriaguez, y finalmente es importante destacar que cuenta con licencia de conducci�n vigente que tal como se ha mencionado, muestra la pericia para conducir autom�viles.
Conforme lo anterior se puede establecer que actuaba conforme a lo exigido por la Ley en materia de tr�nsito vehicular. Bajo este panorama la determinaci�n del a quo referida a que hay lugar a precluir la investigaci�n en favor de FRVO, por cuanto a que al momento de conducir la volqueta de servicio p�blico que caus� la muerte a EUO ejerc�a una actividad peligrosa observando el deber de cuidado para ello, es correcta.
Tal como lo estableci� el a quo, actualmente �el art�culo 23 adem�s de la previsibilidad, acogi� la �infracci�n al deber objetivo de cuidado� as�: �La conducta es culposa cuando el resultado t�pico es producto de la infracci�n al deber objetivo de cuidado y el agente debi� haberlo previsto por ser previsible, o habi�ndolo previsto, confi� en poder evitarlo.� � Al respecto ha establecido la Corte Constitucional mediante Sentencia C � 115 de 2008: �Esta nueva visi�n doctrinaria en materia punitiva adoptada por el legislador y decantada por la jurisprudencia,��se satisface con la�teor�a de la imputaci�n objetiva, seg�n la cual un hecho causado por el agente le es jur�dicamente atribuible a �l si con su comportamiento ha creado un peligro para el objeto de la acci�n no abarcado por el�riesgo permitido�y dicho peligro se realiza en el resultado concreto� Seg�n esa misma decisi�n, corresponde al operador judicial, al momento de analizar el resultado objeto de an�lisis, determinar si el comportamiento fue el adecuado para producir el resultado, para el caso, la vulneraci�n del derecho a la vida o a la integridad personal del presunto ofendido. � En segundo lugar, el funcionario tiene que valorar si ese peligro se realiz� en el resultado, teniendo en cuenta todas las circunstancias conocidas ex post�. �� Frente a la creaci�n de un riesgo no permitido, sintetiz�: � ��En cambio, �por regla absolutamente general se habr� de reconocer como creaci�n de un peligro suficiente la infracci�n de normas jur�dicas que persiguen la evitaci�n del resultado producido�. � As� mismo, se crea un riesgo jur�dicamente desaprobado cuando concurre el fen�meno de la�elevaci�n del riesgo, que se presenta �cuando una persona con su comportamiento supera el arrisco admitido o tolerado jur�dica y socialmente, as� como cuando, tras sobrepasar el l�mite de lo aceptado o permitido, intensifica el peligro de causaci�n de da�o� � En este orden de ideas, como bien lo sintetiza Roxin, �para constatar la realizaci�n imprudente de un tipo no se precisa de criterios que se extiendan m�s all� de la teor�a de la imputaci�n objetiva�. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-115-08.htm" \l "_ftn5" \o "" [5]� De igual forma, ha establecido que se descartan como generadores de riesgo no permitido, por ende no susceptibles de reproche penal, los resultados que se presentan cuando: i)�Se desarrolla una��conducta socialmente normal y generalmente no peligrosa�;�ii)�en aplicaci�n del��principio de confianza�, se observan los deberes exigibles al ejecutar una actividad especializada o profesional, siempre que sea otra persona la que��no respete las normas o las reglas del arte (lex artis)��pertinente; o,�iii)�cuando el resultado se presenta como consecuencia del desarrollo de una��autopuesta en peligro dolosa��de quien resulte afectado.
Conforme lo anterior encuentra la Sala que no nos encontramos frente a la creaci�n de un riesgo desaprobado, pues como se dijo anteriormente el indiciado actuaba conforme a las normas de tr�nsito, es decir, que se observan los deberes exigibles para ejecutar una actividad que si bien es considerada peligrosa, es permitida por la sociedad, finalmente se puede determinar que el resultado se present� como consecuencia de la autopuesta en peligro de la v�ctima.
Para verificar la autopuesta en peligro de la v�ctima, se deben determinar las siguientes circunstancias: �i) el agente se pone en riesgo a s� mismo o ii) cuando, con plena conciencia de la situaci�n, se deja poner en dicha situaci�n por otra persona, eventos en los cuales no puede imputarse al tercero el tipo objetivo porque quien conscientemente se expone a un acontecer amenazante se hace responsable de las consecuencias de su propia actuaci�n�.
Para el presente caso nos encontramos frente a la primera circunstancia, pues la v�ctima fue quien se puso en riesgo a s� misma. Para afirmar esto, se debe adem�s determinar conforme lo establecido en sentencia con Radicado 36842, Magistrada Ponente Mar�a del Rosario Gonzales Mu�oz de 27 de noviembre de 2013, que la persona: �tenga el poder de decidir si asume el riesgo y el resultado; que sea autorresponsable, es decir, que conozca o tenga posibilidad de conocer el peligro que afronta con su actuar.
Con otras palabras, que la acompa�e capacidad para discernir sobre el alcance del riesgo; y que el actor no tenga posici�n de garante respecto de ella� Conforme lo anterior, se sienta que aun cuando exista una corresponsabilidad de deberes como son las normas de tr�nsito y teniendo en cuenta que la tutela de los bienes jur�dicos se cimienta en el respeto de los derechos de los dem�s, que se materializa en su estricta observancia, esto no exime a nadie de los deberes de autotutela, que son las posibilidades individuales de protecci�n, la consolidaci�n del Principio de Autorresponsabilidad del individuo, consiste en la asunci�n de un cierto nivel de tutela.
Este margen de tutela individual se fundamenta en las posibilidades que tenga el individuo de proteger sus bienes jur�dicos por s� mismo y sin intervenci�n del Estado. De este examen de los hechos y los elementos materiales de prueba allegados por la Fiscal�a, se indica que se halla plenamente demostrada la causal �atipicidad del hecho investigado� en favor de FRVO, pues acat� como se ha establecido las normas establecidas para la conducci�n de veh�culos, contrario a lo sucedido con la v�ctima quien obr� a todas luces contrario al deber objetivo de cuidado que corresponde a todos quienes participan en actividades que han sido catalogadas como peligrosas, evento que aqu� se acredit� debidamente por la Fiscal�a General de la Naci�n. Basten estos argumentos para una vez o�das las alegaciones de los intervinientes, modificar el numeral primero del auto, en el entendido de que la preclusi�n de la investigaci�n procede bajo la configuraci�n de la causal cuarta, que establece la �atipicidad del hecho investigado�.
III. LA DECISI�N Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, Resuelve: 1�. Modificar el numeral primero del auto, en el entendido de: Decretar la preclusi�n de la investigaci�n y la extinci�n de la acci�n penal por el delito de homicidio culposo, en raz�n a la atipicidad del hecho investigado, a favor de FRVO, quien se identifica con C.C. No. �expedida en Buesaco, Nari�o. 2�.
Esta providencia se notifica en estrados y se hace saber que contra ella no procede recurso alguno. 3�. Regrese la actuaci�n al Juzgado de origen para lo de su competencia. Notif�quese y C�mplase, JOS� AN�BAL MEJ�A CAMACHO Magistrado Ponente FRANCO SOLARTE PORTILLA Magistrado BLANCA ARELLANO MORENO Magistrada JUAN CARLOS �LVAREZ L�PEZ Secretario C.D. Audiencia de preclusi�n de la investigaci�n, record 23:51 C.D. Audiencia de preclusi�n de la investigaci�n, record 31:17 C.D. Audiencia de preclusi�n de la investigaci�n, record 34:10 C�digo de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, Articulo 332 CSJ AP 6 Dic. 2012, Rad. 37370 [] En auto de 22 de febrero de 2012, radicaci�n No. 37185 la Sala dijo: �Sin embargo, aunque el representante del ente acusador invoca como fundamento de su solicitud de preclusi�n de la investigaci�n el �estricto cumplimiento de un deber legal�, su argumentaci�n en realidad corresponde a causal diferente, espec�ficamente a la denominada atipicidad de la conducta.
(�) Ante esta contradicci�n, la Sala opta por resolver la solicitud conforme a la sustentaci�n otorgada, a efectos de hacer efectivo el derecho sustancial de las partes e intervinientes a obtener decisi�n en torno a la controversia planteada, circunstancia que, en este particular evento, no comporta pronunciarse respecto de causal diversa a la esbozada, por cuanto el ente acusador materialmente ajust� sus razones a la causal de atipicidad, s�lo que por una imprecisi�n conceptual err� al mencionar el motivo por el cual impetraba la preclusi�n.(�) Entonces, se hace necesario atender la argumentaci�n del peticionario para evitar el desgaste judicial que comportar�a retornar el expediente sin decidir el recurso, exclusivamente por motivos de forma, cuando resulta evidente que lo razonado por el Fiscal se circunscribe a se�alar que el indiciado no profiri� decisi�n manifiestamente contraria a la ley, t�pico sobre el cual se pronunci� el juzgador de primera instancia.� C�digo Penal Colombiano, Articulo 109. Sentencia C-115 de 2008 Mg.
P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla ib�dem ib�dem Folios 83 a 86 Folio 4 Folio 60 Proceso N�: 521106000507201400189 N�mero Interno: 12632 Conducta: Homicidio Culposo Imputado: FRVO Decisi�n: Auto I. revoca el recurrido P�gina PAGE 26 de 29 !fjO y z � � � � � � � � � � � � � 2 7 Q T \ z � � � � �������Ϻ�ϮϮϮϮϮ���sds�hdI�ha6�CJaJmH sH hdI�h8bHCJ\�aJhdI�ha6�CJ\�aJhdI�h�1�CJ\�aJhdI�h8K~CJ\�aJhdI�h�1�CJaJhdI�h�885�CJaJhdI�h�1�5�CJaJh�5�CJaJhdI�h B5�CJaJhdI�hdI�5�CJaJhdI�h' 5�CJaJhdI�h8K~5�CJaJ!� � !89l����BC��������������������$�/dh^�/a$gd� �$a$gd�a^ $dha$gd� �$����Sdh]���^�Sa$gd�a^$�S�S]�S^�Sa$gd� �dhgd� � $dha$gd� �$ ��&dP��a$gd Z� � � � 78Muv~� 3 I n o q x � ����ʿʰ����w�hYhYhJh�h�hdI�h5 �CJaJmH sH hdI�h�a3CJaJmH sH hdI�h.dCJaJmH sH hdI�h�XCJaJmH sH h�yWCJaJmH sH hdI�h�gCJaJmH sH hdI�h5{$CJaJmH sH hdI�h� CJaJmH sH hdI�h� CJaJhdI�h<�CJaJhdI�h8K~CJaJhdI�hMI�CJaJmH sH hdI�hMI�5�CJaJmH sH � � � � � � !9Mlz}����������������#�����ĶĨ������������vkv���`���Uh�a^h� 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Z�/��QZ0Pie de p�gina Car CJOJQJ^JaJmH $sH $tH <)@��a<0N�mero de p�gina^JLrL0 Encabezado ��8!CJaJmH sH T�/���T0Encabezado Car CJOJQJ^JaJmH $sH $tH "@�"0�Texto nota pie,Texto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Ref. de nota al pie1,FA Fu,texto de nota al pie,Footnote Text Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Ref. de nota al pie2,CarCJaJmH sH (�/���(8*d0�Texto nota pie Car1,Texto nota pie Car Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car1,Footnote Text Char Char Char Char Car,Ref. de nota al pie1 Car,FA Fu Car,texto de nota al pie Car,Footnote Text Char Char Char Car,Ref. de nota al pie2 Car,Car CarOJQJ^J_HmH sH tH ^B@�^0Texto independiente$dha$CJaJmH sH f�/���f0Texto independiente Car CJOJQJ^JaJmH $sH $tH RP�R0Texto independiente 2$dha$j�/���j0Texto independiente 2 Car CJOJQJ^JaJmH $sH $tH zR�z 0Sangr�a 2 de t. independiente$�dh^�a$CJaJmH sH z�/��z0!Sangr�a 2 de t. independiente Car CJOJQJ^JaJmH $sH $tH rTr0Texto de bloque!$�7�7dh]�7^�7a$CJOJQJ^JaJmH sH VJ"V#(Y�0 Subt�tulo"$dh7$8$a$5�CJ \�aJ mH sH R�/��1R"0 Subt�tulo Car CJOJQJ^JaJmH $sH $tH P�BP,Ds0 Profesi�n$$ �ndha$5�CJ \�aJ L�RL&�O0Texto de globo%CJOJQJ^JaJ\�/��a\%0Texto de globo Car CJOJQJ^JaJmH $sH $tH @U��q@]A0Hiperv�nculo>*B*^Jph�D'���D� �0Ref. de comentarioCJ^JD�D*� �0Texto comentario)CJaJ`�/���`)� �0Texto comentario Car CJOJQJ^JaJmH $sH $tH `Z@�`,� �0Texto sin formato+7$8$CJOJQJ^JaJmH sH b�/���b+� �0Texto sin formato Car CJOJQJ^JaJmHsHtH \^@�\� �0Normal (Web)-�d�d7$8$[$\$CJ^JaJmH sH F�O���F� �0apple-converted-space^J:/�:F_0Lista/����^�`���m$>2>F_0Lista 20�6���^�6`���m$>3>F_0Lista 31�Q���^�Q`���m$(K(3F_0Saludo2L�/��1L2F_0 Saludo Car CJOJQJ^JaJmH $sH $tH 0?B05F_0Cierre 4��^��L�/��QL4F_0 Cierre Car CJOJQJ^JaJmH $sH $tH JDbJF_0Continuar lista6��x^�m$NFrNF_0Continuar lista 37�Q�x^�Qm$VC�V9F_0Sangr�a de texto normal8��x^�n�/���n8F_0Sangr�a de texto normal Car CJOJQJ^JaJmH $sH $tH nN��n;F_0%Texto independiente primera sangr�a 2:��`��j�/���j:F_0)Texto independiente primera sangr�a 2 CarF&@���F3v0Ref. de nota al pieH*^JJ+�J>M 0Texto nota al final=CJaJf�/���f=M 0Texto nota al final Car CJOJQJ^JaJmHsHtH J*���JM 0Ref. de nota al finalH*^JPK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� ��ð�_�g -�;�����Yl�ݎ��|6^�N��`�?���[��PK!�֧��6_rels/.rels���j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ ����C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0���O�R�Bd���JE�4b$��q_����6L��R�7`�������0̞O��,�En7�Li�b��/�S���e��е������PK!ky���theme/theme/themeManager.xml�M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ����7��՛K Y,� �e�.���|,���H�,l����xɴ��I�sQ}#Ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�GW���)�E�+& 8���PK!8#3��theme/theme/theme1.xml�Y]�7}/�?���k�K���I��$�NJ���QV32#y7&J�X(��� ���m 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