Micelio

AUTO — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 520016000485201200011NI 6966

Sala: PENAL

Ponente: José Aníbal Mejía Camacho

Fecha: 2017-06-13

Sujetos procesales: IMPUTADO: WJRM

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Es por ello que los art�culos respectivos advierten de un pacto bilateral en el que intervienen apenas la Fiscal�a y el imputado o acusado y su defensor, aunque la Corte Constitucional dispuso en la Sentencia C-516 de 2007, que se citara y escuchara siempre a la v�ctima, sin poder de veto de parte suya. Y adem�s, de forma expresa el art�culo 351, inciso cuarto, determina que �Los preacuerdos celebrados entre la Fiscal�a y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garant�as fundamentales�.

Junto con lo anotado, tambi�n como l�mite expreso a las facultades del Fiscal, el art�culo 327, inciso tercero, de la Ley 906 de 2004, determina �La aplicaci�n del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la Fiscal�a, no podr�n comprometer la presunci�n de inocencia y s�lo proceder�n si hay un m�nimo de prueba que permitan inferir la autor�a o participaci�n en la conducta y su tipicidad�.

La norma, debe decirse para evitar equ�vocos, busca eliminar la posibilidad de acudir al principio de oportunidad u obtener preacuerdos respecto de conductas no tipificadas como delitos o personas que no intervinieron en los mismos. De ah� que se exija un m�nimo probatorio para sustentar la existencia de la conducta y posible participaci�n del imputado o acusado en la misma.

Junto con lo referido en precedencia, el T�tulo examinado establece formas o modalidades de acuerdo, que regulan las posibilidades de modular el delito objeto de imputaci�n o acusaci�n o simplemente entregar al imputado o acusado una rebaja concreta de pena por aceptar su responsabilidad penal en la conducta despejada por la Fiscal�a. Respecto de la modulaci�n en rese�a, la Corte Constitucional, en sentencia C-1260 de 2005, dej� claro: Cuando el numeral acusado refiere a que el fiscal podr� adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo �preacuerdos desde la audiencia de formulaci�n de imputaci�n- en el que el imputado se declarar� culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal �Tipifique la conducta, dentro de su alegaci�n conclusiva, de una forma espec�fica con miras a disminuir la pena�, no se refiere a la facultad del fiscal de crear nuevos tipos penales, pues trat�ndose de una norma relativa a la posibilidad de celebrar preacuerdos entre la Fiscal�a y el imputado, la facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal penal est� referida a una labor de adecuaci�n t�pica, seg�n la cual, se otorga al fiscal un cierto margen de apreciaci�n en cuanto a la imputaci�n, pues con miras a lograr un acuerdo se le permite definir si puede imputar una conducta o hacer una imputaci�n que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta negociaci�n el Fiscal no podr� seleccionar libremente el tipo penal correspondiente sino que deber� obrar de acuerdo con los hechos del proceso.

La facultad otorgada al fiscal de tipificar la conducta con miras a disminuir la pena es una simple labor de adecuaci�n y no de construcci�n del tipo penal por el mismo. Las normas positivas deben consagrar previamente las conductas punibles y concretar igualmente las sanciones que ser�n objeto de aplicaci�n por el fiscal. Por ende, se cumple a cabalidad con el principio de legalidad penal cuando se interpreta en correspondencia con el de tipicidad plena o taxatividad en la medida que la labor, en este caso del fiscal, se limita a verificar si una determinada conducta se enmarca en la descripci�n t�pica legal previamente establecida por el legislador o en una relacionada de pena menor.

En conclusi�n, la Corte declarar� la exequibilidad�del numeral 2, del art�culo 350 de la Ley 906 de 2004, que dispone que �Tipifique la conducta de su alegaci�n conclusiva, de una forma espec�fica con miras a disminuir la pena�,�en el entendido que el fiscal no puede en ejercicio de esta facultad crear tipos penales; y que en todo caso, a los hechos invocados en su alegaci�n conclusiva no les puede dar sino la calificaci�n jur�dica que corresponda conforme a la ley penal preexistente.

De lo anotado, varias conclusiones b�sicas surgen: 1. El Fiscal goza de plena autonom�a para aceptar o no negociar, y en procura de lograr el acuerdo debe citar a la v�ctima, pero lo expresado por esta no tiene car�cter obligacional, ni puede impedir la presentaci�n de lo pactado. 2. La Fiscal�a cuenta con varias posibilidades o formas de modular el acuerdo, pero no puede, en curso del mismo, violentar la presunci�n de inocencia, raz�n por la que debe contar con un m�nimo suasorio que permita inferir la materializaci�n del hecho como conducta punible y la participaci�n en el mismo de la persona. 3.

En t�rminos de legalidad o estricta tipicidad, el Fiscal puede definir qu� conducta imputa o imputar una menos gravosa, pero no le est� permitido �crear tipos penales�. 4. El Juez de Conocimiento est� obligado a aceptar el acuerdo presentado por la Fiscal�a, salvo que este desconozca o quebrante las garant�as fundamentales. Acerca de esta �ltima circunstancia, para la Sala es claro que las garant�as fundamentales a las cuales se refiere la norma para permitir la injerencia del juez, no pueden examinarse a la luz del criterio subjetivo o arbitrario del mismo y deben remitirse exclusivamente a hechos puntuales que demuestren violaciones objetivas y palpables necesitadas del remedio de la improbaci�n para resta�ar el da�o causado o evitar sus efectos delet�reos.

En este sentido, a t�tulo apenas ejemplificativo, la intervenci�n del juez, que opera excepcional�sima, debe recabarse, se justifica en los casos en que se verifique alg�n vicio en el consentimiento o afectaci�n del derecho de defensa, o cuando el Fiscal pasa por alto los l�mites rese�ados en los puntos anteriores o los consignados en la ley �como en los casos en que se otorgan dos beneficios incompatibles o se accede a una rebaja superior a la permitida, o no se cumplen las exigencias punitivas para acceder a alg�n subrogado-.

De ninguna manera, es imperativo destacarlo, la evaluaci�n de aprobaci�n o improbaci�n del preacuerdo puede pasar por auscultar que todas las partes e intervinientes se sientan satisfechos con el mismo, ni a partir de verificaciones eminentemente subjetivas acerca del valor justicia y su materializaci�n en el caso concreto, pues, sobra referir, precisamente la raz�n de ser del preacuerdo estriba en las renuncias mutuas de quienes lo signan e indispensablemente ello representa sacrificios m�s o menos tolerables del valor justicia, pero tambi�n de los principios de contradicci�n, doble instancia y el derecho de defensa, conforme lo establecido en el literal k) del art�culo 8� de la Ley 906 de 2004.

En este sentido, siempre ser� posible significar, no importa la �ndole de lo acordado o los beneficios entregados al imputado o acusado, que el pacto representa alg�n tipo de afectaci�n en lo que atiende a los derechos de verdad, justicia y reparaci�n de la v�ctima. Pero, precisamente la tensi�n entre esos derechos y los postulados y finalidades esenciales del sistema, la solucion� el legislador dando prevalencia al criterio del Fiscal y estableciendo respecto de lo pactado unos l�mites espec�ficos que, de cumplirse, obligan avalar la negociaci�n con el consecuente fallo de condena.

Ahora, no ignora la Sala que el art�culo 348 de la ley 906 de 2004, al momento de detallar las finalidades del sistema premial examinado, en su inciso segundo advierte: �El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscal�a General de la Naci�n y las pautas trazadas como pol�tica criminal, a fin de aprestigiar la administraci�n de justicia y evitar su cuestionamiento�.

Sin embargo, el an�lisis de su contenido permite verificar que no se trata de un designio imperativo para el juez, ni mucho menos de un concepto que deba gobernar su decisi�n de aprobar o improbar el acuerdo, sino de una especie de desider�tum dirigido al Fiscal para que gobierne su tarea bajo esos postulados. Sobra referir que el acoger o no, como lo dice el apartado transcrito, las directivas de la Fiscal�a General de la Naci�n, escapa a la labor de verificaci�n del juez, dada la ninguna fuerza vinculante que las mismas comportan.

En seguimiento de lo considerado en precedencia, es que la Corte, en sus m�s recientes decisiones, ha privilegiado la naturaleza y finalidades de los preacuerdos, sobre las posibilidades de injerencia del juez o las necesidades de justicia de la v�ctima� (Subrayas y negrillas fuera del texto original). Dichos precedentes, han sido ratificados en sede de tutela en los fallos CSJ STP, 24 sep. 2013, rad. 69478;

CSJ STP, 13 no. 2013, rad. 70392; CSJ STP, 4 dic. 2013, rad. 70712; CSJ STP, 27 feb. 2014, rad. 72092, CSJ STP 17226, 16 dic. 2014, rad. 76549, CSJ STP 934, 2 feb. 2015, rad. 77673, CSJ STP 440, 16 abr. 2015, rad. 79041 y CSJ STP 39989, 31 mar. 2016, rad. 84886 al interior de los cuales se han concedido la protecci�n del derecho fundamental al debido proceso, al constatarse la injerencia indebida del juez en las funciones propias del Fiscal�.

(Subrayado fuera del texto original) En la mencionada decisi�n, la Corte en sede de tutela remata coligiendo que al improbar el preacuerdo, los accionados: �(�) se apartaron de la Filosof�a que orienta el sistema procesal penal de 2004 e invadieron el rol atribuido a la Fiscal�a, ya que desconocieron que el preacuerdo es un acto de parte.

Aunado a ello, excluyeron el car�cter vinculante del precedente jurisprudencial dominante de la Corte Suprema de Justicia, sin se�alar las razones de tal proceder, como tampoco justificaron porque su inferencia resultaba m�s acorde con la Constituci�n y la ley. En suma, permitir que el juez imponga su criterio sobre la facultad que tiene la Fiscal�a de calificar la conducta punible para edificar los preacuerdos, conlleva a que se parte del principio de imparcialidad que debe gobernar su actuaci�n y asuma un rol que no es de su competencia�.

Postura que se ha adoptado por este Tribunal, en recientes pronunciamientos, decisiones que en efecto, reafirman contrario a lo alegado por el delegado del Ministerio P�blico recurrente que no es posible permitir que el Juez, so pretexto de encontrar afectaci�n de garant�as fundamentales, realice un control material del acuerdo e imponga su criterio sobre el ejercicio de calificaci�n de la conducta punible�efectuada�por el Fiscal,�asumiendo un rol que no es de su competencia, imponiendo al Ente Acusador compromisos probatorios que posiblemente exceden a sus posibilidades.

Verificada la rese�a procesal del presente asunto se advierte de manera di�fana que el a quo, acierta al momento de aprobar el acuerdo puesto a su consideraci�n, resaltando que la mirada subjetiva por parte del Ministerio P�blico sobre la ausencia de cumplimiento de m�nimos legales en el reconocimiento de lo preceptuado en el art�culo 56 de la Ley penal, desconoce como se expuso anteriormente que tal instituto con efectos en la pena puede ser otorgado en funci�n de beneficio al interior de los preacuerdos, sin necesidad de contar con un sustento f�ctico que lo acredite, pues, se repite, es una creaci�n intelectiva de las partes con ocasi�n al pacto, comportamiento procesal que es autorizado en la ley penal.

En mismo contexto se debe acotar que la Fiscal�a en el preacuerdo celebrado con el procesado, no realiz� ninguna variaci�n o modificaci�n a la base f�ctica de imputaci�n, pues los hechos natural�sticamente siguen siendo los mismos, correspondiendo el objeto de negociaci�n �nicamente el reconocimiento de marginalidad, la que se justific� por corresponder al �nico beneficio punitivo que recibir�a el encartado, conforme se encuentra autorizado en el inciso segundo del art�culo 350 ya citado; siendo oportuno aclarar que el delito de violaci�n de habitaci�n ajena, siendo de car�cter querellable fue desistido por la propia afectada previa celebraci�n del preacuerdo.

Y es que para lo que interesa a la discusi�n, en el acuerdo presentado al Juez adecu� los mismos hechos a la calificaci�n jur�dica respecto del delito por el que el procesado se acogi�, esto es, acceso carnal abusivo con incapaz de resistir; facultad y actividad procesal que se halla dentro de las autorizaciones expresas consagradas en el art�culo 351, en cuanto a que �� podr�n el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias�.

En ese orden, debe reiterarse que el supuesto bajo el cual la Fiscal�a y la defensa acordaron, se enmarca bajo el supuesto descrito en el art�culo 350, que autoriza al Fiscal a tipificar la conducta, en el sentido explicado previamente, bajo ese reconocimiento de la situaci�n de marginalidad como atenuante de la punibilidad. Cabe recabar que esta f�rmula jur�dica de acordar, resulta completamente v�lida, al resultar de la selecci�n de las diferentes opciones que el legislador ofrece en el cat�logo adjetivo para la terminaci�n anticipada del proceso, la cual se encuentra tambi�n avalada por la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, Corporaci�n que dentro del radicado N� 45736 del 24 de febrero de 2016, consider� lo siguiente: �(�) Cosa distinta ocurre si se hace una negociaci�n sobre los hechos o sus consecuencias, de modo que haya una degradaci�n en la tipicidad, como ser�a, por ejemplo, eliminar alguna causal de agravaci�n, incluir un dispositivo amplificador o degradar su forma de participaci�n, toda vez que la consecuencia es imponer la pena que corresponda y tenerla como soporte para estudiar los subrogados y sustitutos.

Ninguna remisi�n ha de hacerse a los montos de que hablan los c�nones 351 y 352 del estatuto procesal de 2004. Entonces, hay que tener en cuenta que todo depender� de lo que las partes acuerden, pues -se insiste- una cosa es que convengan disminuci�n en la cantidad de pena imponible, caso en el cual queda indemne el grado de participaci�n imputado y no se podr� pactar una disminuci�n distinta a la del par�grafo del art�culo 301, en concordancia con los preceptos 351 y 352 del C�digo de Procedimiento Penal.

Y, otra desemejante es si, como acaeci� en esta oportunidad, se hizo un negocio en punto de la tipicidad, degradando el t�tulo de la participaci�n, en cuanto la pena ser� la prevista para el c�mplice, con todas sus consecuencias, y ninguna injerencia tiene el l�mite de rebaja por raz�n de la captura en flagrancia, (�)�. (Subrayado por el despacho).

Por lo tanto, se muestra v�lido el preacuerdo celebrado con el imputado WJRM, a quien como �nico beneficio punitivo se le reconoce la circunstancia de marginalidad, que se ajusta completamente a la legalidad, sin que ello, vulnere garant�as fundamentales de alguno de los intervinientes. De modo que no es dable avalar los argumentos consignados por el representante del Ministerio Publico para solicitar la improbaci�n del acuerdo; siendo suficientes los motivos esgrimidos para confirmar la decisi�n aprobatoria del acuerdo celebrado entre la Fiscal�a y el acusado WJRM, en los t�rminos que se pact�, debiendo regresar el asunto a la Juez de instancia para que prosiga el tr�mite que corresponda.

III. LA DECISI�N Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, Resuelve: 1�. Confirmar el auto recurrido de la naturaleza y procedencia conocidas. 2�. Regrese el asunto a su lugar de origen, para que contin�e el tr�mite que corresponda. 3�. Esta decisi�n se notifica en estrados y se hace saber que contra ella no procede recurso alguno. Notif�quese y C�mplase, JOS� ANIBAL MEJ�A CAMACHO Magistrado Ponente FRANCO SOLARTE PORTILLA Magistrado BLANCA ARELLANO MORENO Magistrada JUAN CARLOS �LVAREZ L�PEZ Secretario  Audiencia de revisi�n de preacuerdo, record 01:07:09  Audiencia de Imputaci�n, record 26:03 y siguientes, corte 7  Audiencia de Imputaci�n, record 32:41 y siguientes, corte 7  Sala Penal Tribunal Superior de Pasto, Rad. 2012-000183-01 N.I. 11302, del 19 de abril de 2016.  USAID. �TECNICAS DEL JUICIO ORAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO�.

Manual para operadores jur�dicos. Segunda Edici�n. Impresi�n D�vinni S.A. Bogot�. 2009. P�gina 45.  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Penal. Sentencia del 7 de mayo de 2012, radicado 43523. MP. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ.  CS STP, 13 abril 2015, Rad. 79.041  Auto SAP Rad. 520016000485201105288-1 NI. 9251; M.P. Dr. Silvio Castrill�n Paz;

Rad. 520016000485201011746-1 N.I. 5699, 29 de abril de 2016; M.P. Dra- Blanca Arellano Moreno     Proceso N�: 520016000485201200011 N�mero Interno: 6966 Conducta Punible: Acceso Carnal Abusivo con incapaz de resistir Imputados: WJRM P�gina PAGE 2 de 25 H S T �  f � n p � � � � � � � � � � � P]��������ʽʽ���������wl�a�TGh'_?h'_?@�CJaJh'_?h� @�CJaJh'_?h-k^CJaJh'_?h�"�CJaJh'_?h� CJaJh'_?h>}�CJaJh'_?h� VCJaJh'_?h�CJCJaJh'_?h� V@�CJaJh'_?h�m@�CJaJh'_?h�Z@�CJaJh'_?h�Z0J 5�CJaJh'_?h�m0J 5�CJaJh'_?h�vt0J CJaJh'_?hfbJ0J CJaJ����Ch����!���������������$�S�Sdh]�S^�Sa$gdnw$�S�� ��]�S^�� `��a$gd�QH$�S�� ���]�S^�� `���a$gdnw$�S�S]�S^�Sa$gdnwdhgdnw $dha$gdnw$&d P�� a$gd{e�������$CQRghyz������������� !"#4����ŷũ�������������������������{och�QHCJ aJ mH sH h�b CJ aJ mH sH hFHWhnwCJ aJ h�d+CJaJh�QHCJaJhnwCJaJhFHWhnwCJaJhFHWhnw5�CJ\�aJhFHWhnw5�@�CJ\�hFHWhnw5�@�CJ \�h'_?5�@�CJ \�h�LT@�CJaJh'_?h�LT@�CJaJh'_?h{eCJaJ$!"#\pqr���QR����������������������� $dha$gd�QH $dha$gd_�$�/ dh^�/ a$gdnw$����^��`��a$gdnw $dha$gdnw4D]chinor����'1m�������������U���ʾ�峣�����������������������rf[h�QHhnwCJ aJ h4z�h_�CJ \�aJ h4z�h_�5�CJ \�aJ h4z�h_�CJ aJ h�QHCJ aJ h��CJ aJ hnwCJ aJ hFHWhnw5�@�CJ \�aJ hFHWhnwCJ aJ h�QHCJaJ mH sH h�d+CJaJ mH sH hFHWhnwCJaJ mH sH hFHWhnwCJ aJ mH sH h�d+CJ aJ mH sH #Umnrel���������,02��#35Haj������ ;qu����������������տ������������������������휑�xphP_CJ aJ h4z�h_�CJ aJ h4z�h_�5�CJ \�aJ h_�5�CJ \�aJ h�QHh_�CJ aJ h��CJ aJ h�CJ aJ h�y�CJ aJ h�QHh��CJ aJ h��h��CJ aJ h��h��:�CJ aJ h��hnw:�CJ aJ h�QHhnwCJ aJ h��CJ aJ *���������  � � � � � � � * + � � �!������������������������$ �n�ndh^�na$gd� $dha$gdf� $dha$gd_��������)*4EFRqt������*ISZ (GPQ������  ! 3 S Z a | ~ � � � � � � � � � � ��������������������������������������������������������hP_5�CJ aJ hP_hP_5�CJ aJ hP_h_�5�CJ aJ h4z�h_�5�CJ aJ h4z�h_�CJ aJ h_�CJ aJ h�&hf�6�CJ aJ h9&�6�CJ aJ h�&CJ aJ h9&�CJ aJ hf�CJ aJ 8� � � � � � � � ( ) * 2 5: ? @ A B I M � � � � � a d M!N!z!�!�!�!�!" 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