NO. 2015-00235-01 N.I. 18324 · Tribunal de Pasto

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El acto impugnado y la apelaci�n Como se dijo, despu�s de advertirse competente para tramitar el asunto, la A quo se cuestion� si era plausible disponer la sustituci�n de la detenci�n preventiva intramuros por la domiciliaria con ocasi�n del estado de salud del procesado. Record� que la funcionaria responsable de la atenci�n y tratamiento de los internos de la c�rcel Buchely de Tumaco, hizo conocer al Director de ese establecimiento penitenciario del estado f�sico y mental del interno EC, en virtud del cual recomend� que sea valorado por personal de psiquiatr�a y continuara con las atenciones m�dicas requeridas; a su vez, ello implic� que ese servidor dirigiera misiva al Despacho judicial solicitando, con fundamento en la Ley 1709 de 2014 y el art�culo 314 de la Ley 906 de 2004, la sustituci�n de la detenci�n preventiva.

Apunt� que no pod�a ser atendida la solicitud, comoquiera que no se hab�an agotado los pasos que el C�digo Penitenciario y Carcelario exige. Especific� que el referido ciudadano fue condenado mediante sentencia del 6 de julio de 2016 a la pena de 50 meses de prisi�n, por ser coautor de los delitos de porte de armas agravado y hurto calificado y agravado, junto con el se�or BCA, quien en materia de subrogados apel� la decisi�n, de ah� que la misma respecto del peticionario se encontrara en firme, esto es, ostentaba condici�n de condenado y no de detenido, por lo cual la norma aplicable era el art�culo 107 de la Ley 1709 de 2014.

De ese modo, indic� que no se hab�a comunicado por parte de la Direcci�n de la C�rcel a Medicina Legal, con miras a la obtenci�n del dictamen m�dico legista, mismo que por ello no exist�a en el proceso, sino tan solamente un concepto de la responsable de la atenci�n de salud de los internos, luego, no pod�a despacharse favorablemente la petici�n. Concluy� entonces diciendo que no pod�a accederse al traslado del interno al m�dico especialista, porque la carga inicial le ata��a al INPEC, como tampoco a la sustituci�n anotada.

Inconforme con la decisi�n, la apoderada judicial del se�or FEC present� recurso de apelaci�n, habida cuenta de que el establecimiento m�dico en la actualidad no cuenta con las condiciones higi�nico sanitarias para garantizar el servicio de salud del mentado, por lo que su estad�a all� entre tanto el estado de salud de su prohijado se hace incompatible.

De otro lado, indic� que se satisfacen los requisitos del art�culo 314 del C�digo de Procedimiento Penal para sustituir la detenci�n preventiva. Al cabo de esas consideraciones deprec� que se revoque el auto de primera instancia y en su lugar se conceda el subrogado de la prisi�n domiciliaria. En esas condiciones el d�a 23 de enero de 2017 a esta Judicatura lleg� la causa apelada.

Consideraciones Sin pre�mbulos, es oportuno evocar que el d�a 6 de julio de 2016 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco conden� a los se�ores FEC y BCA, tras pactarse preacuerdo, a la pena de 50 meses de prisi�n por el delito de porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado; decisi�n que fue �nicamente apelada por la defensa del segundo de los nombrados, en punto a la no concesi�n de la prisi�n domiciliaria por condici�n de cabeza de familia.

Luego, a esta Corporaci�n, el d�a 28 de septiembre de 2016 le fue arrimada la solicitud indicada, que a la calenda subsiguiente fue remitida por competencia, conforme a las razones se�aladas, al Juzgado sentenciador. Para aquella data, en turno de resoluci�n se encontraba en esta Corporaci�n la apelaci�n de la sentencia condenatoria que la defensa del se�or BCA, procesado como coautor junto con el se�or FEC, incoare.

El d�a 23 de enero del hoga�o el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco �como fue recontado- mediante auto interlocutorio dio soluci�n adversa a lo pretendido por la togada de EC; as� mismo, el d�a 25 de esa mensualidad esta Magistratura confirm� la sentencia recurrida en todas sus partes. Sin que se haya presentado demanda de casaci�n en contra de la misma, como es informado por la Secretar�a de esta Corporaci�n, el asunto adquiri� firmeza en esa misma fecha.

Dicho recuento fue hecho con dos miras: de un lado, para refrendar la competencia de esta Sala para fallar en segunda instancia la decisi�n proferida por el A quo que neg� la solicitud elevada por la defensa de EC en orden a que se le sustituyera la medida de detenci�n intracarcelaria que sobre �l pesaba, con ocasi�n de �diremos en t�rminos gen�ricos- su estado de salud; esto, am�n de lo preceptuado por la Corte Suprema de Justicia en CSJ, 6 julio 2016, Rad. 48310; de otro, a ese mismo estilo para referir que aunque hoy en d�a, como sea que el asunto se encuentra en firme, lo que habilita la competencia del juez de ejecuci�n de penas, es verdad que cuando la alzada lleg� a esta Judicatura tal firmeza no pod�a predicarse, siendo entonces necesario que se salvaguarde el principio de doble instancia respecto de esa decisi�n, sin que pueda predicarse que el pronunciamiento que aqu� se haga caiga al vac�o por esa circunstancia. Por la gradualidad en que se desarrolla el proceso penal est� dispuesta la intervenci�n de diversos actores, y por ende, el se�alamiento de distintas competencias en su devenir, sobre todo en lo que hace a los funcionarios judiciales que lo dirigen; al paralelo, conviene tambi�n indicar que las medidas que en materia de restricci�n a la libertad y otros derechos fundamentales se irrogan, corren tambi�n de manera diferenciada seg�n la etapa en que se halle el proceso penal.

Lo uno como lo otro dictan que aquellas ser�n asumidas seg�n el estadio procesal y por el funcionario al que le corresponda liderarlo. De esta forma, en lo que toca con la imposici�n de medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad de car�cter precautelar, como la detenci�n domiciliaria, se adoptan en el tr�mite de un proceso no culminado ante el juez de control de garant�as, que tienen por fin, cuando se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o part�cipe de una conducta delictiva, evitar la obstrucci�n a la justicia, la fuga o no comparecencia y el peligro para la sociedad y las v�ctimas que pudiera implicar la libertad del encausado (art�culos 307 y siguientes del C�digo de Procedimiento Penal).

Se precisa inclusive que hasta que no se haya emitido pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad penal del encausado, lo que se sabe ya acontece con el sentido del fallo, es al juez de control de garant�as al que le incumbe decidir sobre la afectaci�n de esas garant�as fundamentales. Desde el otro extremo, cuestiones de ese tipo han de ser dilucidadas por el juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad cuando adquiera ejecutoria el fallo condenatorio, porque es a ese juzgador que incumbe la ejecuci�n de la sanci�n penal impuesta con apoyo de las autoridades penitenciarias y carcelarias (art�culo 459 del C�digo de Procedimiento Penal).

Pues bien, en el interregno que ocupa el proferimiento de la condena y su firmeza, cuando se han incoado los recursos ordinarios �el de alzada- y a�n no han sido resueltos, ha zanjado la Corte Suprema de Justicia que peticiones tendientes, por ejemplo a la sustituci�n de las medidas que afectan la libertad de los encausados, han de ser absueltas por los jueces de conocimiento, habida cuenta que con la declaraci�n de responsabilidad penal quien act�a como funcionario de control de garant�as ha perdido su competencia, mientras que el juez que ha de vigilar el cumplimiento de una pena inicialmente impuesta no ha habilitado la suya.

V�ase lo siguiente: �En aras de resolver el asunto en estudio resulta necesario precisar que durante el tr�mite del proceso penal y hasta tanto no se haya emitido declaraci�n de responsabilidad penal en contra del acusado, la �nica autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales, es el Juez de Control de Garant�as, tal como lo establecen los art�culos 306, 308 y 318 de la Ley 906 de 2004.

Empero, una vez proferida condena, as� no se encuentre en firme, lo atinente a la libertad del sentenciado le compete decidirlo al juez de conocimiento, seg�n lo prev� el art�culo 40 del mismo compendio normativo as�: �Anunciado el sentido del fallo, salvo las excepciones establecidas en �ste c�digo, el juez de conocimiento ser� competente para imponer las penas y medidas de seguridad� Adicionalmente, es oportuno precisar que una vez se haya anunciado el sentido de fallo condenatorio, toda pretensi�n relacionada con la libertad del procesado, deber� ser estudiada a la luz de los requisitos legales exigidos para la concesi�n de los subrogados y sustitutos penales, en el entendido que ya en ese estadio procesal, la reclusi�n del penalmente responsable s�lo se justifica en funci�n del cumplimiento de la sanci�n impuesta.

De suerte que, mientras cobra ejecutoria el fallo condenatorio, la competencia para resolver ese tipo de peticiones radica en el juez de conocimiento y una vez en firme la condena las mismas deber�n ser resueltas por el juez de ejecuci�n de penas. Descendiendo al caso concreto, las peticiones orientadas a obtener la sustituci�n de la detenci�n intramuros presentadas por la procesada y su defensa t�cnica el 14 de diciembre de 2015 y el 12 de abril de 2016, argumentando que la medida de aseguramiento intramuros �no es proporcional, que es exagerada, [mientras que la detenci�n domiciliaria, en su criterio,] seria mas (sic) que suficiente para garantizar los fines de la medida�, se deben entender resueltas cuando el juez de primer nivel se pronunci� en el fallo condenatorio sobre la necesidad de la ejecuci�n de la pena privativa de la libertad, no pudi�ndose confundir �sta con las exigencias constitucionales para la imposici�n de la medida cautelar.

Luego, entonces, ya abordado ese tema en la sentencia por el fallador de instancia y encontr�ndose como objeto de debate en la apelaci�n lo atinente a la denegaci�n de la prisi�n domiciliaria, sobre ello se pronunciar� el Tribunal al desatar la alzada. Cosa distinta acontece respecto a la petici�n del 11 de mayo de 2016, toda vez que en �sta se plante� el padecimiento de �ENFERMEDAD GRAVE� de la procesada, supuesto de hecho novedoso sobre el que no se ha emitido pronunciamiento alguno, y el cual debe ser resuelto por el Juez de conocimiento de primer nivel para garantizar la efectividad del principio de la doble instancia. Respecto de ese t�pico, la Sala de Casaci�n Penal ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en SP16237 del 25 noviembre de 2015, donde se acumularon los radicados 46329 y 47003, afirmando lo siguiente: En primer lugar, que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 177-1 de la Ley 906 de 2004, en el sub judice se concedi� el recurso de apelaci�n contra la sentencia en el efecto suspensivo.

En segundo t�rmino, que al otorgarse la alzada, la competencia del a quo qued� �suspendida�, as� que la segunda instancia la adquiri� �nicamente para pronunciarse sobre los temas propuestos en la impugnaci�n. En tercer lugar, que dentro de los aspectos tratados por el recurrente en la apelaci�n del fallo, no hizo alusi�n a los mecanismos sustitutivos de la pena de prisi�n y de all� que el a quo, a pesar de haber concedido la impugnaci�n contra la sentencia en el efecto suspensivo, entr� a conocer de la sustituci�n de la medida de aseguramiento de detenci�n preventiva por la detenci�n hospitalaria, con fundamento en la experticia acerca del estado de salud del procesado como hecho ex novo.

En esa medida, hasta aqu� se concluye que el Tribunal (actuando aqu� como juez de primera instancia) acert� al entrar a resolver sobre la sustituci�n de la medida restrictiva de la libertad, pues al no ser �ste un tema que hubiese sido tratado, siquiera impl�citamente por la defensa al recurrir la sentencia, como por ejemplo refiri�ndose a los mecanismos sustitutivos de la pena de prisi�n intramural, no es posible que el ad quem se refiera al mismo en raz�n de que la competencia funcional que adquiere se contrae exclusivamente a los temas propuestos en la impugnaci�n del fallo y los inescindiblemente vinculados a los mismos.� (Negrillas fuera del texto original) Las citas �como ya fue advertido- sirven para arraigar la competencia para escudri�ar el asunto en esta Corporaci�n, como para puntear a la luz de qu� presupuestos debe ser estudiada una petici�n que toque con la libertad del procesado, pues es que en tanto ya ha sido exhibida la declaraci�n de responsabilidad, la labor ya no puede ser erigida a partir de lo que las medidas precautelares dictan, sino como lo hacen que los subrogados y sustitutos penales; eso es as�, porque con ese pronunciamiento judicial con el que fulmina en la primera instancia el proceso, la reclusi�n del encausado se hace en funci�n del cumplimiento de la sanci�n impuesta, en tanto ya fue vencido por la pretensi�n estimatoria del Estado, esto es, se habla ya del tratamiento penitenciario propiamente dicho, y no de la inferencia razonable de autor�a o participaci�n y de los peligros de obstrucci�n a la justicia, de la fuga o no comparecencia y de seguridad para la sociedad y las v�ctimas, tal cual as� se analiza en trat�ndose de las medidas de aseguramiento.

En anterior pronunciamiento este Tribunal hab�a dicho que dentro de la libertad de configuraci�n del legislador esas han sido las reglas que ha ideado para desarrollar el Sistema Penal del Corte Acusatorio introducido al ordenamiento jur�dico a ra�z del Acto Legislativo 003 de 2002, en el que ha congregado las etapas en las que el proceso se bifurca, los actos que en ellas se gestan y las competencias correspondientes, sin que aquello pueda estimarse a priori fuente de vulneraci�n de derechos, y en tal orden de cosas decant� que ante el juez de control de garant�as se discurr�a lo atinente a las medidas de aseguramiento, ante el de conocimiento la forma de cumplimiento de la pena irrogada y ante el de ejecuci�n de penas, entre otras, lo circundante a la sustituci�n de esas formas, dejando a salvo la posibilidad de que toda pretensi�n relacionada con la libertad del procesado, una vez anunciado el sentido de fallo condenatorio y hasta antes que cobre ejecutoria esa sentencia, debiendo ser estudiada a la luz de los requisitos para el consentimiento de los subrogados y sustitutos penales, ha de ser resuelta por el juez de conocimiento, y �nicamente a partir del acaecer de ese �ltimo momento por el encargado de la ejecuci�n de la pena.

Despu�s de ello se tiene que el art�culo 68 de la Ley 599 de 2000 prev� la reclusi�n domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave, como la posibilidad de que el juez autorice la ejecuci�n de la pena privativa de la libertad en la residencia del condenado o en un centro hospitalario, cuando padezca de enfermedad muy grave que resulta incompatible con la reclusi�n intramural, beneficio para cuya concesi�n se demanda de concepto de m�dico legisla especializado.

Puntualmente. �ARTICULO

68. RECLUSION DOMICILIARIA U HOSPITALARIA POR ENFERMEDAD MUY GRAVE.�El juez podr� autorizar la ejecuci�n de la pena privativa de la libertad en la residencia del penado o centro hospitalario determinado por el INPEC, en caso que se encuentre aquejado por una enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusi�n formal, salvo que en el momento de la comisi�n de la conducta tuviese ya otra pena suspendida por el mismo motivo.

Cuando el condenado sea quien escoja el centro hospitalario, los gastos correr�n por su cuenta. Para la concesi�n de este beneficio debe mediar concepto de m�dico legista especializado. Se aplicar� lo dispuesto en el inciso 3 del art�culo� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr001.html" \l "38" 38 (�)� Al tiempo, tambi�n es oportuno mencionar que el art�culo 4 de la Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014, precept�a que la prisi�n domiciliaria es sustitutiva de la prisi�n intramural; a su turno el art�culo 24 contempla que quienes sean diagnosticados con trastorno mental sobreviniente, motivo con el cual se les sustituya la pena privativa de la libertad, ser�n remitidos a centros de reclusi�n especializados, previo dictamen de Medicina Legal; el art�culo 106 dispone que cuando por el personal que presta los servicios de salud se conozca que la persona privada de la libertad se encuentre en estado grave por enfermedad o enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusi�n formal, dar� aviso en forma inmediata a la autoridad judicial con el fin de que se le otorgue el beneficio de libertad correspondiente; por su parte del art�culo 107 en casos de enajenaci�n mental consagra que si una persona privada de la libertad es diagnosticada como enferma mental transitoria o permanente, de acuerdo con el concepto dado por el m�dico legista se ordenar� su traslado a los establecimientos especiales.

Luego: ART�CULO

24. ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSI�N PARA INIMPUTABLES POR TRASTORNO MENTAL PERMANENTE O TRANSITORIO CON BASE PATOL�GICA Y PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL SOBREVINIENTE.� Estos establecimientos est�n destinados a alojar y rehabilitar a inimputables por trastorno mental, seg�n decisi�n del juez de conocimiento previo dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a aquellas personas a quienes se les sustituye la pena privativa de la libertad por internamiento en este tipo de establecimientos como consecuencia de un trastorno mental sobreviniente.

En ning�n caso este tipo de establecimiento podr� estar situado dentro de las c�rceles o penitenciar�as. (�) PAR�GRAFO.�En los casos en los que el trastorno mental sea sobreviniente y no sea compatible con la privaci�n de la libertad en un centro penitenciario y carcelario, el Juez de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad, o el juez de garant�as si se trata de una persona procesada, previo dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, otorgar�n la libertad condicional o la detenci�n hospitalaria para someterse a tratamiento siqui�trico en un establecimiento destinado para inimputables y con las condiciones de seguridad de tales establecimientos, en el marco del r�gimen especial que aplique para el sistema de salud de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.(�)� (Negrillas fuera del texto original) �ART�CULO 106.

ASISTENCIA M�DICA DE INTERNOS CON ESPECIALES AFECCIONES DE SALUD. (�) Cuando el personal m�dico que presta los servicios de salud dentro del establecimiento, el Director del mismo o el Ministerio P�blico tenga conocimiento de que una persona privada de la libertad se encuentra en estado grave por enfermedad o enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusi�n formal, conforme a la reglamentaci�n expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dar� aviso en forma inmediata a la autoridad judicial con el fin de que se le otorgue el beneficio de libertad correspondiente.

El incumplimiento de esta obligaci�n ser� considerado como falta grav�sima de acuerdo con el C�digo Disciplinario �nico. El juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad decidir� la solicitud de libertad en un t�rmino de diez (10) d�as.� �ART�CULO 107. CASOS DE ENAJENACI�N MENTAL.�<Art�culo modificado por el art�culo� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1709_2014_pr001.html" \l "68" 68�de la Ley 1709 de 2014.

El nuevo texto es el siguiente:> Si una persona privada de la libertad es diagnosticada como enferma mental transitoria o permanente, de acuerdo con el concepto dado por el m�dico legista, se tomar�n todas las medidas pertinentes para la protecci�n de su vida e integridad f�sica y se ordenar� su traslado a los establecimientos especiales de conformidad con lo que establezca el Ministerio de Salud y Protecci�n Social.� Se extrae de lo anterior que cualquier consecuencia sobre el estado y forma de la privaci�n de la libertad que pudiera aparejar situaci�n como la que es alegada por la recurrente sobre el estado de sanidad mental de su prohijado - que hubo de acaecer con posterioridad a la sentencia condenatoria de primer nivel-, que deba ser replegada por el funcionario judicial, debe estar precedida por la valoraci�n correspondiente de Medicina Legal, all� donde puede aseverarse sin temor a equ�vocos que opera una verdadera tarifa legal positiva, porque solamente el dictamen de ese instituto es valedero, y ese es el medio de conocimiento que ahora mismo se extra�a, que no puede ser suplido con la recomendaci�n que de tiempo atr�s elevare la Direcci�n de la C�rcel de Tumaco, por dem�s err�tica, al igual que la enervada por la apelante en la petici�n primigenia y en el recurso jer�rquico, porque a esas alturas en las que la causa penal se encontraba no era dable hablar de medidas cautelares y por all� de la sustituci�n de la detenci�n carcelaria por domiciliaria, sino de la ejecuci�n de la pena y de la sustituci�n de la prisi�n intramuros.

Ergo, por esa precisa raz�n no pod�a asentirse el pedido de la disidente ante la falta del elemento materia de prueba requerido para estos menesteres, por lo cual estuvo acertada la decisi�n de primera instancia en la forma y t�rminos como se conoce, porque la reclusi�n domiciliaria por el estado de sanidad demanda del concepto del m�dico legisla especializado en el ramo que devenga pertinente; empero, ello no obsta para que nuevamente un pedido as� pueda ser ahora elevado con las formalidades legales ante el juez que ha de estar vigilando la ejecuci�n de la pena del condenado, como tambi�n para que ante esa Judicatura y las autoridades carcelarias, si a�n no se ha hecho, se disponga su remisi�n a los galenos que han de tratar sus eventuales padecimientos.

Siendo suficiente lo rese�ado arriba, se concluye la confirmaci�n de la providencia de primer grado. Decisi�n En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, Resuelve: Primero: Confirmar la providencia apelada. Se notifica en estrados y se informa que en contra de esta determinaci�n no cabe recurso alguno. C�piese y c�mplase, Franco Solarte Portilla Magistrado Blanca Lidia Arellano Moreno Silvio Castrill�n Paz Magistrada Magistrado Juan Carlos �lvarez L�pez Secretario CSJ SP, 6 julio 2016, Rad. 48310.

AP4315-2016. Criterio reiterado en CSJ SP, 6 ago 2016, Rad 48.466, AP4999-2016 y CSJ SP, 12 feb 2015. Rad. 77598, STP1276-2015. Radicaci�n 2014 07315 01 N.I. 15939, 15 nov 2016, M.P Franco Solarte Portilla. CSJ SP, 11 dic 2013, Rad. 41.300. CSJ SP, 6 jul 2016, Rad. 48.310. Auto interlocutorio segunda instancia Radicaci�n: 2015-00235-01 N.I.18324 M.P. Franco Solarte Portilla PAGE PAGE 3 RSTpq�� 7 y � � � # = ��ʽ��|oaSEh�I�h�7*5�CJmH $sH $h�I�h�F�5�CJmH $sH $h�I�hRgR5�CJmH $sH $h�I�h�F�CJmH $sH $h�I�hRgRCJmH $sH $h�I�h�J�CJmH $sH $h�I�h�mZCJmH $sH $h�I�h�L�CJmH $sH $h�I�h4^CJmH $sH $h�I�h�k�CJmH $sH $h�I�h�F�CJh�I�h�L�CJh�I�h4^CJh�I�h�s6CJh�I�h�<CJh�I�h4v�CJb c � � � � � � � '_��$a$gdhgdh �� ^�� `��gdh ��^��gdh $dha$gdhgdh$d�&dP��a$gd�U= > P T Y � � � � 0bei��D�� # &, - B ��ù��{m_Q_Q_Q_Q_Qmh�I�hr5�CJmH $sH $h�I�h�@�5�CJmH $sH $h�I�h�x$5�CJmH $sH $h�I�h� �5�CJmH $sH $h�I�hf*^5�CJmH $sH $h�I�hq*�5�CJmH $sH $h�I�h�X�5�CJh�I�hF�5�CJh�I�h'�5�CJh�I�h�U5�CJh�I�hw~�5�CJh�I�h?3!5�CJh�I�h(85�CJh�I�h�7*5�CJh�I�h1�5�CJB C _ b c � � � � � � � � %/0^��ɺ��|��s��eZhqk�5�CJ^JaJh>%xh>%x5�CJ^JaJh�w5�CJaJhk:5�CJaJh��5�CJaJh"sL5�CJaJh� 5hh5�CJaJhh5�CJaJh-Qhh5�CJ$^JaJ$h-QhhCJ$OJQJaJ$h�I�CJ$OJQJaJ$h�I�h�I�5�CJmH $sH $h�I�h�x$5�CJmH $sH $h�I�h�@�5�CJmH $sH $��,-./��Ǿ��Ǿ�vgUFUh��5�CJ^JaJmH sH #h��h��5�CJ^JaJmH sH h��5�CJ$^JaJ$mH sH #h��h��5�CJ$^JaJ$mH sH 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predeter.Ri��R 0Tabla normal�4� l4�a�,k ��, 0 Sin listad�/��dk:�T�tulo 7 Car36�B*CJOJPJQJ]�^JaJmHph$?`sHtH `>@`h�Puesto$dh5$7$8$9DH$a$5�CJOJQJ^JmH sH P�/��Ph� Puesto Car#5�CJOJQJ^JaJmH sH tH B @"Bh0 Pie de p�gina ��8!Z�/��1Zh0Pie de p�gina Car CJOJQJ^JaJmHsHtH <)`��A<h0N�mero de p�gina^J�@R�h0�Texto nota pie,Texto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car1,Footnote Text Char Char Char Char Car1,Footnote reference Car1,FA Fu Car1,texto de nota al pie Car1,Footnote Text Char Car,Car CarCJ"�/��a"0�Texto nota pie Car1,Texto nota pie Car Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car1 Car,Footnote Text Char Char Char Char Car1 Car,Footnote reference Car1 Car,FA Fu Car1 Car,texto de nota al pie Car1 Car,Footnote Text Char Car Car,Car Car Car CJOJQJ^JaJmHsHtH D&`��qDh0�Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,referencia nota al pie,Ref. de nota al pie 2,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Ref,de nota al pieH*^J<@�<h0 Encabezado ��8!T�/��Th0Encabezado Car CJOJQJ^JaJmHsHtH 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