2016 00029 – 01 · Tribunal de Pasto

��ࡱ�>�� e� ��$�bjbj�Ϻ� Eإf\إf\�c��@P```��ttt8�,� Tti2�,!,!"N!N!N!)")")"�1�1�1�1�1�1�1$5��7H2`)")")")")"2``N!N!�#2�"�"�")".`N!`N!�1�")"�1�"�"V�(@~)N!��R��W".�(�1920i2)x8�"8~)~):8`�))")"�")")")")")"22�")")")"i2)")")")"��8)")")")")")")")")"�$: $BENEFICIOS JUR�DICOS CONCEDIDOS POR LA LEY 1820 DE 2016 Y DECRETO 706 DE 2017 / REVOCATORIA Y/O SUSTITUCI�N DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado: Requisitos � Improcedencia de acceder a la petici�n de los procesados, siendo que desde el punto de vista sustancial no se cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el art. 52 de la Ley 1820 de 2016, en tanto se procede por delitos que se encuentran dentro de la prohibici�n para asentir el beneficio de la libertad condicionada, y desde lo procedimental, porque no se ha determinado por el Ministerio de Defensa Nacional el listado de los miembros de la Fuerza P�blica que puedan ser beneficiarios. / Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto Sala de Decisi�n Penal Magistrado Ponente: Franco Solarte Portilla Asunto: Apelaci�n Interlocutorio que niega revocatoria y/o sustituci�n medida de aseguramiento Ley 1820 de 2016 Delito (s): Desaparici�n forzada y homicidio en persona protegida Procesados: CAPA FAOE Radicaci�n: Grupo 07 No. 2016 00029 - 01 Aprobaci�n: Acta N�2017 - 138 San Juan de Pasto, agosto primero de dos mil diecisiete Vistos Corresponde al Tribunal resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la defensa de los procesados FAOE y CAPA, contra el auto interlocutorio calendado a 25 de mayo de 2015, proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pasto, que deneg� la solicitud impetrada a fin de que les fuera sustituida y/o revocada la medida de aseguramiento impuesta en el marco de lo regulado por la Ley 1820 de 2016.

Los hechos y actuaci�n relevante Conforme lo delata el dossier, la Fiscal�a 70 Especializada de la Direcci�n Nacional de Fiscal�as Especializadas en Derechos Humanos y D.I.H apertur� investigaci�n en contra de los se�ores FAOE, CAPA y MAMB, por los hechos que se alega ocurrieron el 8 de abril de 2006 en la Vereda Cruz Amarillo del Corregimiento de Catambuco del Municipio de Pasto, cuando tropas del Batall�n de Infanter�a No. 9 �Batalla de Boyac� dieron de baja en misi�n t�ctica a 2 civiles, supuestos milicianos de las FARC, los que abrieron fuego contra la autoridad castrense, debiendo por ello repelerse el ataque.

Avanzado el decurso investigativo, mediante Resoluci�n del 15 de octubre de 2015 se defini� la situaci�n jur�dica de CAPA con la imposici�n de medida de aseguramiento consistente en detenci�n preventiva carcelaria, por tenerlo como coautor impropio del delito de homicidio en persona protegida, en concurso con secuestro agravado y falsedad en documento p�blico, sin la concesi�n del beneficio de la libertad provisional; de id�ntica manera se procedi� en contra del se�or FAOE, a quien el 26 de octubre le fue privada su libertad, una vez en diligencia de indagatoria se le realizara la imputaci�n jur�dica provisional y el d�a 30 siguiente se le impusiera tambi�n la misma medida por los mismos cargos.

El m�rito del sumario fue calificado con resoluci�n acusatoria del 5 de febrero de 2015, data en la que el se�or PA fue acusado de la coautor�a material impropia de los delitos concursales de desaparici�n forzada, homicidio en persona protegida y falsedad en documento p�blico, mismos reatos por los que el se�or OE tambi�n lo fue el 15 de febrero de ese a�o. Habiendo sido apelada la decisi�n, el ente acusador de segunda instancia el 25 de abril elimin� de la calificaci�n el punible de falsedad ideol�gica en documento p�blico, empero, dej� inc�lumes los dem�s. La fase de juzgamiento correspondi� al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pasto, que avoc� conocimiento del asunto el 17 de mayo del 2016, celebr� audiencia preparatoria el 9 de septiembre de 2016 y program� la vista p�blica en plurales oportunidades, la �ltima para el 23 de mayo de 2017, no practicada por la inasistencia del apoderado de los encausados.

Se da cuenta adem�s que el 8 de agosto de 2016, por cobijarse a sentencia anticipada, se rompi� la unidad procesal en lo que hace a MU. Pero antes, el 19 de mayo del a�o cursante, la defensa de PA y OE acudiendo a lo previsto en el Decreto 706 de 2017, en consonancia con la Ley 1820 de 2016, deprec� la revocatoria y/o sustituci�n de la medida de aseguramiento, am�n de que sus patrocinados para la �poca de los hechos pertenecieran a las Fuerzas Militares y de que la acusaci�n se hiciera por conductas punibles cometidas en el marco del conflicto armado interno; petitorio que fue rehusado por la Judicatura de conocimiento.

Del acto impugnado Evocada la situaci�n f�ctica y procesal y la solicitud enervada, la A quo se irrog� de competencia para dar soluci�n al pedimento planteado, al aducir que encontr�ndose el estudio en la etapa de juzgamiento, es a la Judicatura a la que incumbe adelantar todas las actuaciones compositivas del proceso penal, tambi�n con motivo de no estar implementada en su totalidad la Jurisdicci�n Especial para la Paz, y de que en particular en virtud de lo dispuesto por el art�culo 363 de la Ley 600 de 2000, corresponde al funcionario judicial revocar la medida de aseguramiento cuando sobrevenga prueba que la desvirt�en.

En el fondo de la cuesti�n, arguy� que v�lidamente pod�a tenerse a los acusados como agentes del Estado, por haber formado para la calenda de los hechos parte del Ej�rcito Nacional, con lo cual dijo que para la procedencia del r�gimen de libertades deb�an satisfacerse los requisitos del art�culo 52 de la Ley 1820 de 2017. Memorados ellos, decant� que el proceso estaba siendo adelantado por la comisi�n de punibles como homicidio en persona protegida y desaparici�n forzada agravada, �ltimo que se encuentra dentro de la prohibici�n para asentir el beneficio de la libertad, en una causa en la que aquellos no llevan detenidos m�s de 5 a�os, raz�n por la que increp� no se colmaba uno de los presupuestos para dar visto bueno a la petici�n. Desde el punto de vista procesal, indic� que una vez sea determinado por el Ministerio de Defensa Nacional el listado de los miembros de la Fuerza P�blica que prima facie cumplen con los requisitos para la aplicaci�n de la libertad transitoria condicionada y anticipada, y que se pueda colegir que los hechos indagados tiene relaci�n directa o indirecta con el desarrollo del conflicto armado, ser�a la misma dignidad la encargada de adelantar la petici�n; informaci�n que al adolecerse confirmaba la inviolabilidad de la solicitud.

Dijo adem�s que ata��a a la JEP revisar a la postre si los acusados pueden acogerse a la justicia transicional. Por ello, fue despachada de manera desfavorable la petici�n. Sustentaci�n del recurso Apelada la decisi�n por la defensa de los encartados, en su escrito expuso el togado que para la fecha de los hechos delictivos que le son atribuidos, sus patrocinados, cumpliendo estrictamente �rdenes de sus superiores, se enlistaron en una misi�n no programada y menos acordada por ellos, en la que escucharan el lanzamiento de disparos, sin que provinieran de sus fusiles, adem�s de que por su inexperiencia procedieran a tocar los cad�veres, sin haberles cegado la vida.

Despu�s de esas l�neas, se mostr� en contra de la argumentaci�n ofrecida por la Juez individual como la erigiera en punto a la libertad condicionada, cuando es que lo pretendido fuera la sustituci�n de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, en lo que la Primera instancia hizo una especie de homologaci�n de las exclusiones contempladas para el instituto de la libertad en el instituto de la medida de aseguramiento.

Esgrimi� que el Decreto 706 de 2017 tiene su fundamento legal en las facultades extraordinarias que el Acto Legislativo 01 de 2016 le otorg� al ejecutivo para establecer los instrumentos jur�dicos para asegurar la implementaci�n del Acuerdo Final para la Paz, cuyo art�culo 7 previ� que la medida de aseguramiento se revocar�a o sustituir�a siempre que se cumplan los requisitos legales, sin que dijera de cu�les se trataba.

En ese orden de cosas, adver� que no pod�a acudirse a los requisitos se�alados por la ley ordinaria, sino al Acuerdo Final, que es la norma fundante de todo el proceso, que sirve para llenar los vac�os que las normas que lo desarrollan adolecen. En esa suerte de pensamiento, trajo a colaci�n que existen 3 tipos de sanciones para infracciones muy graves: las propias de la JEP, las alternativas y las ordinarias que penden del grado de reconocimiento de la verdad y la responsabilidad, y coment� que al quedar el Acuerdo de Paz incorporado en el Acto Legislativo 01 de 2017, forma parte en sentido estricto de las normas internas, siendo a esa preceptiva a la que hace referencia el supradicho art�culo 7.

Apoyado en esa premisa, ventil� que en la JEP prevalece la no imposici�n de medidas de aseguramiento equivalentes a la c�rcel o prisi�n cuando un agente estatal se somete de manera voluntaria a esa jurisdicci�n y satisface las obligaciones adquiridas, eventos en los cuales no hay lugar a continuar, si ya viene regent�ndose, dicha medida privativa de la libertad, m�xime cuando la sanci�n propiamente dicha no conlleva de ninguna manera la restricci�n de la libertad sino de otros derechos, cosa que hace por sustracci�n de materias que la medida de aseguramiento siga esa misma suerte.

Dirimida esa cuesti�n, pas� luego a referirse si hab�a lugar a la revocatoria o a la sustituci�n de la medida. En ese ac�pite, mostr� que ninguno de los instrumentos jur�dicos de la Paz regulan la materia, motivo por el que deb�a retornarse al entendimiento normal del instituto precautelar, entonces, construy� que aunque no pod�a tenerse que con la JEP desaparecieron las razones constitucionales por las cuales es dable imponer una medida de aseguramiento (riesgo para la comunidad, la v�ctima, de fuga y obstrucci�n a la justicia), si morigeraba el test de proporcionalidad, en tono a que la privaci�n de la libertad se exhib�a excesiva al ser confrontada con la nueva realidad social y legal, que para lograr las finalidades reparadora y restauradora bastaba una no privativa de la libertad orientada a la presentaci�n ante los funcionarios judiciales de la JEP.

Cristaliz� esas disquisiciones en que no obstante no deven�a plausible la revocatoria ni la sustituci�n, misma que si bien a voces de la Ley 600 de 2000 solamente pod�a hacerse por una de car�cter domiciliaria, al amparo del principio de favorabilidad pod�a hacerse uso de las medidas no privativas de la Ley 906 de 2004, y en tal criterio deprec� la revocatoria de la decisi�n de primer nivel.

Consideraciones Como es que la naturaleza de lo ahora tratado toca con los desarrollos normativos propios para la materializaci�n del Acuerdo Final para la Terminaci�n del Conflicto y la Construcci�n de una Paz Estable y Duradera, es preciso pronunciarse primero sobre la competencia de esta Corporaci�n para desatar la alzada que ahora la convoca.

Dicha competencia est� irrogada de manera expresa por lo dispuesto en el Decreto 277 de 2017, en tanto dicta que las decisiones que se adopten en relaci�n con los beneficios jur�dicos que prev� la Ley 1830 de 2016, a saber la amnist�a, el indulto y los tratamientos penales especiales, de los que tambi�n son sujetos los agentes del Estado, pueden ser objeto de los recursos de reposici�n y apelaci�n ante el funcionario superior inmediato de la autoridad judicial que adopte la decisi�n atacada, hasta tanto entre en funcionamiento el Tribunal Especial para la Paz, seg�n las reglas y t�rminos del procedimiento penal ordinario.

Veamos: �Art�culo 3�. Seguridad Jur�dica. Las decisiones y resoluciones adoptadas en aplicaci�n de la Ley 1820 de 201 una vez en firme, tienen efecto de cosa juzgada material como presupuesto de la seguridad jur�dica. Las mismas ser�n inmutables como elemento necesario para lograr paz y duradera, s�lo podr�n ser revisadas por el Tribunal para la Paz.

Las decisiones que se adopten en relaci�n con los beneficios jur�dicos concedidos por la Ley 1820 de 2016 podr�n ser objeto de los recursos de reposici�n y apelaci�n ante el superior inmediato, hasta tanto entre en funcionamiento el Tribunal Especial para la Paz, seg�n reglas y t�rminos del procedimiento penal ordinario, y podr�n ser objeto de la acci�n habeas corpus o la acci�n tutela contra providencias judiciales.

Los recursos contra resoluciones en primera instancia que apliquen la amnist�a de iure o libertad condicionada, se interpondr�n ante la Jurisdicci�n Especial para la Paz (JEP) y se tramitar�n en el devolutivo. La providencia que concede la libertad condicionada se cumplir� inmediato. Todos los plazos y t�rminos establecidos en este Decreto son perentorios.� As�, es incontestable que la Jurisdicci�n Especial para la Paz, en particular el Tribunal Especial para la Paz, no opera a�n, lo que sumado a que como lo pedido en el sub lite �la revocatoria y/o sustituci�n de la medida de aseguramiento- no conviene ser un mecanismo de resoluci�n definitiva de la situaci�n jur�dica de los pretensos beneficiarios, eso s�, que est� privativamente encomiado a la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas de la JEP, de all� que est� lo primero asignado a las autoridades judiciales a cuyas instancias cursan los procesos penales respectivos, y a sus superiores jer�rquicos, por ende, la resoluci�n de las alzadas.

Ahora, aunque si bien es que el art�culo 7 del Decreto 706 de 2017, en punto espec�fico a la revocatoria o sustituci�n de la medida de aseguramiento, se�ala que en trat�ndose de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, ser� el fiscal que adelante la investigaci�n quien adopte la correspondiente medida, tambi�n lo es que a voces del art�culo 400 de ese Estatuto, aperturado el juicio con la ejecutoria de la resoluci�n de acusaci�n los jueces encargados del juzgamiento adquieren competencia y la Fiscal�a la calidad de sujeto procesal, esto es, que el proceso que ven�a siendo suyo lo entrega a la Judicatura, cuando ya no puede hablarse de investigaci�n; de all� porque el art�culo 363 ib�dem diga que durante la instrucci�n solamente a ese ente corresponder� ventilar la revocatoria de la medida de aseguramiento.

Se enfatiza lo anterior, porque es la propia nov�sima regulaci�n la que imprime que las decisiones que se emitan respecto de los beneficios jur�dicos de la JEP pueden ser impugnadas ante el superior jer�rquico, bajo la ritualidad del procedimiento penal ordinario, siendo que justamente una de esas reglas escinde y define claramente las competencias de las autoridades seg�n la fase del proceso, determinador ello del funcionario facultado para absolver el recurso vertical.

Zanjado ese escollo, como uno de los desarrollos normativos que requiere el Acuerdo Final para la Terminaci�n del Conflicto y la Construcci�n de una Paz Estable y Duradera, el poder legislativo descendi� al ordenamiento jur�dico para la paz figuras como las amnist�as e indultos para delitos pol�ticos y conexos y los tratamientos penales especiales diferenciados, aplicables, en general, para todos quienes habiendo participado de manera directa e indirecta en el conflicto armado, hayan sido condenados, procesados o increpados de cometer conductas punibles por causa, con ocasi�n o en relaci�n con el conflicto armado, perpetradas hasta antes del vigor del Acuerdo Final; pero en lo particular, los primeros predicables �nicamente de los miembros de las FARC-EP o se�alados de serlo y no de los agentes del Estado, para los que est� vetada la amnist�a y el indulto (art�culo 9 Ley 1820 de 2016), y los segundos, s� para ambas partes del conflicto, ideados con preponderante mira a los llamados agentes del Estado.

Entre tales tratamientos penales especiales diferenciados, sim�tricos, equitativos, equilibrados y simult�neos para esos sujetos, est�n previstos aquellos que definen de manera definitiva la situaci�n jur�dica, como la renuncia a la persecuci�n penal que tiene por fin extinguirla, junto con la responsabilidad penal y la sanci�n penal, y otros que no, como el r�gimen de libertad transitoria condicionada y anticipada (art�culo 51 ib�dem) y la privaci�n de la libertad en Unidad Militar o Policial para integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales.

Eso en t�rminos de la Ley 1820 de 2016, pues es que nacida a la vida jur�dica en curso de su implementaci�n, actores del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparaci�n y Medidas de no Repetici�n depusieron la existencia de un vac�o frente a los miembros de la Fuerza P�blica en comparaci�n con los beneficios otorgados a los integrantes de las FARC-EP, diferencia de trato normativo que certeramente �se dijo- pod�a conducir a un trato asim�trico entre ambos actores del conflicto, y por esa senda a poner en riesgo lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Fue as� como para asegurar la implementaci�n y desarrollo normativo del Acuerdo Final, el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorga el Acto Legislativo 01 de 2016 expidi� el Decreto 706 de 2017, con el cual se crearon otros mecanismos de tratamiento penal especial diferenciado. Pese a lo desprolijo que pudiera surcarse en veces esa regulaci�n, con claridad meridiana se tiene que aquel Decreto traz� 2 tipos m�s de tratamientos penales diferenciados que se agregan a los creados con la Ley 1820 de 2016: uno, destinado a asegurar la libertad de los agentes del Estado que no han sido privados de esa prerrogativa, y otro que tiene por fin restaurarla cuando contra los procesados se haya dictado medida de aseguramiento privativa de la libertad; siendo que para lo primero est� dispuesta la suspensi�n de la ejecuci�n de las �rdenes de captura, y para lo segundo la revocatoria o sustituci�n de la medida de aseguramiento.

La petici�n que convoca la atenci�n de la Sala se afinca en ese segundo tipo, respecto de lo cual no puede obviarse que la Corte Suprema de Justicia ha sentado ya su posici�n, conforme a la cual por la finalidad perseguida para esos nuevos tratamientos penales especiales, que es evitar que los agentes del Estado puedan ser privados de la libertad, la revocatoria y/o sustituci�n de la medida de aseguramiento se hace en la pr�ctica inviable e inconducente, pues para ello est� administrada la suspensi�n de las �rdenes de captura.

L�ase: �En el art�culo 7� del Decreto 706 del 3 de mayo de 2017, se consagra el citado beneficio, de cuya regulaci�n se extrae que es otra de las alternativas a las cuales puede acudir el miembro de la Fuerza P�blica para mantener su libertad. Ahora, como el citado beneficio y el de la suspensi�n de la ejecuci�n de las �rdenes de captura parten del supuesto de que los miembros de la Fuerza P�blica, como se dijo, est�n en libertad aunque fugitivos, bajo esa perspectiva, se reitera que el efecto sustancial pretendido, esto es, que los miembros de la Fuerza P�blica puedan continuar libres transitoriamente hasta tanto la Jurisdicci�n Especial para la Paz examine sus casos y adopte la decisi�n que corresponda, no se consigue con la revocatoria o sustituci�n de la medida de aseguramiento de detenci�n preventiva, sino con la suspensi�n de las �rdenes de captura que pesen en su contra, lo que en la pr�ctica significa la inoperancia del art�culo s�ptimo del Decreto 706 de 2017, frente a la mayor efectividad que para dicho prop�sito comporta el art�culo sexto ib�dem.

Adicionalmente, si se aceptara la procedencia de la revocatoria o sustituci�n de la medida de aseguramiento para los agentes del Estado que se encuentren en libertad, por igual habr�a que admitirla frente a todo aquel que se someta a la Jurisdicci�n Especial para la Paz estando detenido, y esa posibilidad claramente no est� prevista para los miembros de las FARC-EP, quienes �nicamente pueden acudir a la figura de la libertad condicionada.

En consecuencia, los beneficios establecidos en el Decreto 706 de 2017 solo quedan vinculados a la suspensi�n de las �rdenes de captura por ser esta figura la que garantiza el trato equitativo, equilibrado y simult�neo de los agentes del Estado frente a los miembros de las FARC-EP, de conformidad con la regulaci�n que para estos �ltimos se hizo en la Ley 1820 de 2016 y sus decretos reglamentarios.� As� las cosas, bajo el cobijo del criterio parafraseado el problema jur�dico del asunto presente ser�a de salida sosegada, pues de entrada destajar�a la posibilidad de asentir la revocatoria y/o sustituci�n de la medida de aseguramiento por ser inoperante; sin embargo, cree esta Corporaci�n que esa soluci�n no es tan pac�fica, si se repara en la hip�tesis pensada por el legislador extraordinario de pretender restaurar la libertad cuando est� impuesta previamente una medida de aseguramiento privativa de esa fundamental garant�a, y no solamente de afirmarla cuando no ha sido restringida, como acontece en el sub examine, donde en contra de los encartados pesa detenci�n preventiva carcelaria y buscan recobrar su libertad.

Y es que justamente el Gobierno Nacional hizo marcada diferenciaci�n entre los 2 nuevos tratamientos penales especiales diferenciados, como para abarcar tanto aquellos eventos en los que hay en curso �rdenes de captura en contra de agentes del Estado que no han sido materializadas, como para que se rescinda una medida de aseguramiento o reemplazarla por otra no privativa de la libertad, efecto para el cual de manera separada regul� los eventos en los que hay lugar a aplicar cada una de esas figuras y en los que puede sobrevenir su levantamiento por incumplimiento de los compromisos contra�dos con su concesi�n. Adem�s, tampoco pasa por alto para refrendar la vigencia de la segunda de esas medidas, que puntualmente como objeto del Decreto 706 de 2017 se consign� el de regular el tratamiento penal especial diferenciado respecto de quienes se haya dictado una medida precautelativa.

Citemos: �Art�culo 6�. Suspensi�n de la ejecuci�n de las �rdenes de captura. En virtud del car�cter prevalente e inescindible del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci�n y No Repetici�n, para hacer efectivo el tratamiento sim�trico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y simult�neo, la autoridad judicial correspondiente, trat�ndose de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 906 de 2004, a solicitud de la Fiscal�a General de la Naci�n y siempre que se den los requisitos legales, suspender� las ordenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de miembros de la Fuerza P�blica, en las investigaciones o procesos adelantados contra ellos por conductas punibles cometidas por causa, con ocasi�n o en relaci�n directa o indirecta con el conflicto armado interno. Trat�ndose de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, ser� el fiscal que adelante la investigaci�n, quien adopte la correspondiente medida.

Art�culo 7�. Revocatoria o sustituci�n de la medida de aseguramiento. En virtud del car�cter prevalente e inescindible del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci�n y No Repetici�n, para hacer efectivo el tratamiento sim�trico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y simultaneo, la autoridad judicial correspondiente, trat�ndose de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 906 de 2004, a solicitud de la Fiscal�a General de la Naci�n y siempre que se den los requisitos legales, revocar� la medida de aseguramiento impuesta, o la sustituir� por una no restrictiva de la libertad, en las investigaciones o procesos adelantados contra ellos por conductas punibles cometidas por causa, con ocasi�n o en relaci�n directa o indirecta con el conflicto armado interno. Trat�ndose de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, ser� el fiscal que adelante la investigaci�n, quien adopte la correspondiente medida.� Eso lleva a la Sala a concluir que con respecto a la suspensi�n de las �rdenes de captura, la revocatoria y/o sustituci�n de la medida de aseguramiento es un tratamiento penal especial diferenciado que se escinde del primero y que obedece a una naturaleza particular, cual es la restauraci�n de la libertad para los agentes del Estado privados preventivamente de ella, de manera que no quede absorbida por la suspensi�n de las �rdenes de captura, porque �sta no tiene la virtualidad de aparejar que una medida de aseguramiento impuesta pueda ser revocada o sustituida, sino m�s que no se ejecuten las �rdenes de captura que se dictan para lograr los fines constitucionales del art�culo 308 del C�digo de Procedimiento Penal o para el cumplimiento de la condena.

Por eso es que siendo normativamente procedente, se requiera auscultar si desde lo f�ctico se agotan los requisitos para su consentimiento. Y en el punto un nuevo obst�culo se atraviesa: si se ve el contenido del citado art�culo 7 indic� que habr�a cabida a revocar o sustituir la medida de aseguramiento si se colman los requisitos legales, los que el legislador no acord� ni en el Decreto 706 de 2017 ni en la Ley 1820 de 2016, como tampoco en el Decreto 277 de este a�o, all� donde precisamente se asienta uno de los temas del disenso propuesto por el impugnante.

Paso por paso, raz�n al censor asiste cuando deniega que tales requisitos legales a que refiere la norma puedan ser encontrados al interior del procedimiento penal ordinario por 2 m�viles que resultan diametrales. De un lado, en cuanto que los tratamientos penales especiales diferenciados no se ubican de manera alguna en los procedimientos penales de los a�os 2004 y 2000, son figuras sui generis que reclaman vida en el marco del desarrollo del Acuerdo Final para la Paz y de una Jurisdicci�n Especial, cuya mira es la Paz Estable y Duradera, siendo por eso que exijan una regulaci�n distinta a la ordinaria; no en vano el art�culo 7 de la Ley 1820 de 2016 prev� que esos tratamientos prevalecen sobre las actuaciones de cualquier jurisdicci�n o procedimiento; de otro, por esa misma senda y desde el punto de vista pr�ctico, habida cuenta que si la norma se remitiera a los presupuestos del sistema penal ordinario, al traste se dar�a con el principio rector de la JEP que es el de la prevalencia, sin que sentido razonable existiera que se eval�en las causales de revocatoria o sustituci�n de la medida de aseguramiento cuando lo pretendido es favorecer a los actores del conflicto armado con tratamientos penales diferenciados que propulsen el fin leg�timo de la paz.

Se cuestiona entonces cu�les son los requisitos legales para revocar o sustituir la medida de aseguramiento impuesta a agentes del Estado. El principio de integralidad que es uno transversal a la JEP avisa que los tratamientos penales especiales, incluidos los diferenciados para ese grupo poblacional, son medidas del SIVJTNR, cuyos fines esenciales son contribuir a la terminaci�n del conflicto, la consecuci�n de una paz estable y duradera, la adopci�n de decisiones que otorguen seguridad jur�dica y satisfacer los derechos de las v�ctimas, raz�n por la cual los distintos mecanismos, medidas y componentes est�n interconectados a trav�s de mecanismos, requisitos y garant�as para acceder y mantener esos tratamientos especiales, como tambi�n por toda la axiolog�a que funda el Acuerdo Final (art�culo 6 Ley 1820 de 2016).

Consecuencia de ese fundamental principio es que pueda adverarse lo siguiente: como es que la sustituci�n y/o revocatoria de la medida de aseguramiento tiene como norte garantizar la libertad de los pretensos beneficiarios de la JEP, es consecuente que deba ubicarse dentro del r�gimen de libertades que para los agentes del Estado la Ley 1820 de 2016 contempla; asimismo, como es que ese r�gimen de libertades est� compuesto por la libertad transitoria condicionada y anticipada y la libertad definitiva e incondicional con la renuncia a la persecuci�n o sanci�n penales, es consecuente que la sustituci�n o revocatoria de la medida de aseguramiento, que por su esencia no tiene el efecto de definir la situaci�n jur�dica, se sit�e dentro del componente de la libertad transitoria, que tiene esa misma naturaleza.

Con mayor detalle, la libertad condicionada est� dise�ada para que quienes est�n privados de la libertad como detenidos o condenados la recobren para delitos que no son objeto de la amnist�a de iure, siempre que manifiesten su sometimiento a la JEP y se acojan al mecanismo de renuncia de la persecuci�n penal. Sobre ella ha analizado la Corte Suprema de Justicia: �1.

De entrada conviene indicar que esta modalidad de libertad est� prevista para los agentes del Estado (art. 51 L. 1820/16), definidos en la Secci�n 5.1.2., Justicia, numeral 32, inciso 6� del Acuerdo Final para Terminaci�n del Conflicto y la Construcci�n de una Paz Estable y Duradera, en concordancia con el art�culo 17 transitorio del Acto Legislativo No. 01 del 4 de abril de 2017, as�: se entiende por agente del Estado, a efectos de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, toda persona que al momento de la comisi�n de la presunta conducta criminal estuviere ejerciendo como miembro de las corporaciones p�blicas, como empleado o trabajador del Estado o de sus entidades descentralizadas, territorialmente y por servicios, que haya participado en el dise�o o ejecuci�n de conductas delictivas cometidas por causa, con ocasi�n o en relaci�n directa o indirecta con el conflicto armado� 2.

La libertad transitoria condicionada y anticipada es un beneficio temporal del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparaci�n y No Repetici�n, expresi�n del tratamiento sim�trico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simult�neo, propio de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, previsto para los procesados o condenados privados de la libertad se�alados de cometer conductas punibles por causa, con ocasi�n o en relaci�n directa o indirecta con el conflicto armado interno. Desde ahora se debe mencionar que el tr�mite de este tipo de libertad es el mismo independientemente de la normatividad procesal bajo la cual se hayan adelantado o se est�n surtiendo las actuaciones penales (Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004) que involucren a los interesados en obtenerla.� En el orden que viene siendo propuesto, si es cierto lo anterior, bajo el auspicio del principio de integralidad, el asunto puede ser tomado desde 2 �pticas.

A voces de la primera, como al final lo hizo la Primera instancia, que los requisitos para la revocatoria o sustituci�n de la medida de aseguramiento deban ser los mismos que para la libertad condicionada; donde hay una misma raz�n debe haber una misma consecuencia. Luego, como todo tratamiento penal especial diferenciado debe inscribirse en los fines supraconstitucionales dichos, el art�culo 52 del Decreto 706 de 2016 ordena el cumplimiento de los siguientes requisitos: que el peticionario est� condenado o procesado por haber cometido conductas punibles con ocasi�n del conflicto armado; que esos comportamientos delictivos no sean de lesa humanidad, genocidio, graves crimines de guerra, toma de rehenes, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparici�n forzada, entre otros; que acepte libremente la intenci�n de acogerse a la JEP, el compromiso a contribuir a la verdad, no repetici�n, reparaci�n inmaterial de las v�ctimas y a atender los llamados de las autoridades, para ese efecto, el interesado debe signar un acta de compromiso, y se prev� adem�s un procedimiento, que en t�rminos latos va de la consolidaci�n de un listado por parte del Ministerio de Defensa Nacional de los miembros que prima facie cumplen con los requisitos, mismo que luego es enviado al Secretario Ejecutivo de la JEP para que realice un segundo tamiz y �ste pueda enviarlos a la autoridad judicial que conoce la causa penal para la decisi�n correlativa.

Con m�s amplitud, as� lo tiene dicho la alta Corte en la jurisprudencia rese�ada: �3. La oportunidad para solicitar este beneficio estar� abierta en cualquier tiempo mientras subsista la privaci�n efectiva de la libertad con base en medida de aseguramiento de detenci�n preventiva o condena, impuestas por delitos ejecutados antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final para la Paz y que se hayan cometido con ocasi�n, por causa, o en relaci�n directa o indirecta con el conflicto armado interno (art. 51 L. 1820/16). 4.

Con fundamento en el art�culo 51 de la Ley 1820 de 2016, para que proceda la libertad transitoria deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que el beneficiario acredite la condici�n de agente del Estado �miembro de la Fuerza P�blica� para el momento de los hechos, (ii) que efectivamente se encuentre privado de la libertad, bien sea en la condici�n de procesado o condenado a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley en cita;

(iii) que los delitos atribuidos correspondan a hechos sucedidos antes de la entrada en vigor del �Acuerdo Final para la Terminaci�n del Conflicto y la Construcci�n de una Paz Estable y Duradera� del 24 de noviembre de 2016; (iv) que los mismos se hayan cometido con ocasi�n, por causa, o en relaci�n directa o indirecta con el conflicto armado;

(v) que la privaci�n de la libertad se haya decretado por delitos distintos a los de lesa humanidad, genocidio, graves cr�menes de guerra �es decir, los se�alados en el Cap�tulo �nico del T�tulo II del Libro Segundo del C�digo Penal, art�culos 135 a 164 (art. 23 L. 1820/16)�, toma de rehenes u otras privaciones graves de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparici�n forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracci�n de menores, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, todo lo anterior en los t�rminos del Estatuto de Roma, (vi) o que habi�ndose decretado la privaci�n de la libertad por alguna de las conductas punibles antes se�aladas, el solicitante acredite haber estado detenido efectivamente por un tiempo igual o superior a 5 a�os.

A su vez, se requiere que (vii) suscriba acta de compromiso en la que manifieste libre y voluntariamente, ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, la intenci�n de acogerse a esta jurisdicci�n y, a su vez, que no saldr� del pa�s sin previa autorizaci�n de la misma, que informar� todo cambio de domicilio. En el documento tambi�n se identificar� la autoridad judicial que conoce del proceso, el estado en que �ste se encuentra, el delito por el cual se procede y el n�mero del radicado.

Igualmente, se deber� (viii) adquirir el compromiso por escrito, de que una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci�n y No Repetici�n, el beneficiado con la libertad transitoria condicionada y anticipada contribuir� con la verdad, la no repetici�n, la reparaci�n inmaterial de las v�ctimas y que atender� los requerimientos de los �rganos del sistema en cita. 5.

En cuanto a la competencia para resolver sobre la libertad transitoria condicionada y anticipada la Sala, con fundamento en el art�culo 53 de la Ley 1820 de 2016, concluy� que mientras entra en funcionamiento la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, la misma radica en el funcionario judicial que est� conociendo de la �causa penal�, en el entendido que ello �depende de la fase procesal en que se encuentre el proceso al momento de recibirse la comunicaci�n del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, de manera que si est� surti�ndose la fase de juzgamiento le corresponder� al juez de primera instancia, si en tr�mite de apelaci�n al de segundo grado y si en sede de casaci�n a la Corte Suprema de Justicia. Por lo mismo, si la sentencia ha cobrado ejecutoria, su conocimiento ser� de los jueces de ejecuci�n de penas� (CSJ AP3004-2017, 10 may. 2017, rad. 49253).

En ese sentido cabe indicar que en las actuaciones tramitadas bajo la Ley 906 de 2004, la competencia en la etapa de la investigaci�n ser� del juez de control de garant�as hasta la presentaci�n de escrito de acusaci�n, oportunidad a partir de la cual ser� del juez de conocimiento. 6. Con relaci�n al tr�mite que se debe seguir, el art�culo 53 de la Ley 1820 de 2016 se�ala que inicialmente �el Ministerio de Defensa Nacional consolidar� los listados de los miembros de la Fuerza P�blica que prima facie cumplan con los requisitos para la aplicaci�n de la libertad transitoria condicionada y anticipada.

Para la elaboraci�n de los listados se solicitar� informaci�n a las jurisdicciones penal ordinaria y penal militar, las que deber�n dar respuesta en un t�rmino m�ximo de 15 d�as h�biles�. As� que consolidados los listados, se remiten al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, el que los verificar� pudi�ndolos modificar, constatando que se haya suscrito el acta de sometimiento a dicha jurisdicci�n, en la cual tambi�n se comprometa a que una vez entre en funcionamiento el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci�n y No Repetici�n contribuir� a la verdad, a la no repetici�n, a la reparaci�n inmaterial de las v�ctimas y que atender� a los requerimientos de los �rganos del sistema.

Con tales documentos el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicci�n Especial para la Paz enviar� comunicaci�n al funcionario que est� conociendo del proceso, quien por escrito y de inmediato, a trav�s de decisi�n motivada, resolver� si otorga la libertad transitoria condicionada y anticipada, la cual se notificar� bajo las reglas de la Ley 600 de 2000 por tratarse de un tr�mite escrito, determinaci�n en contra de la cual proceden los recursos ordinarios.

Tambi�n, de conformidad con lo pactado el 9 de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP dentro del apartado de �Otros acuerdos y proyecto de ley de amnist�a, indulto y tratamientos penales especiales� del Acuerdo Final, se deber� informar al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicci�n Especial para la Paz de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales.

El anterior procedimiento por igual se aplicar� a los dem�s agentes del Estado, excepto en lo relacionado con el tr�mite de elaboraci�n e incorporaci�n de miembros de la Fuerza P�blica en los listados del Ministerio de Defensa Nacional y su env�o al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicci�n Especial para la Paz.� Al estilo edificado por la Juzgadora de primer nivel, teniendo como pie la acusaci�n endilgada a los encausados apelantes, si bien no pudiera llamar a dubitaciones la condici�n de agentes del Estado de CAPA y FAOE, cuando para el a�o 2006 dieran de baja a 2 ciudadanos prevalidos de su condici�n de miembros del Batall�n No. 9 Batalla de Boyac�, que tales f�cticos tengan al menos relaci�n con el conflicto armado interno, porque a los fallecidos los simularan miembros de las FARC-EP, ocurridos con anterioridad a la vigencia del Acuerdo Final y que los encartados est�n privados preventivamente de la libertad, tampoco que los delitos por los que el proceso penal les fue abierto est�n enlistados dentro de la prohibici�n para condescender la libertad condicionada, particularmente el de desaparici�n forzada.

Y eso �ltimo desde lo sustancial hace inviable el tratamiento penal especial diferenciado, como tambi�n desde lo procedimental, porque no se ha surtido el camino de que trata el art�culo 52 de la Ley 1820 de 2016, en materia del listado de los posibles beneficiarios. No se desprecian los notables esfuerzos argumentativos del censor, empero, precisamente lo que �l discierne catapulta que en observancia de la teololog�a que inspira estos institutos, que no es otra que la contenida en el Acuerdo Final y �ste mismo para ciertos eventos est�n esos tratamientos especiales diferenciados penales, inclusive la amnist�a y el indulto a los miembros de las FARC-EP est�n restringidos (art�culo 23 Ley 1820 de 2016), adem�s porque es un mandato del orden nacional que debe imperar en trat�ndose de delitos particularmente graves, y porque estando proscrita esa posibilidad para los integrantes de esa organizaci�n tambi�n equitativa y sim�tricamente deba estarlo para los agentes del Estado, en aras de preservar el desarrollo de este Acuerdo.

Debe quedar sentado que en trat�ndose de delitos de lesa humanidad, la desaparici�n forzada, entre otros, el tratamiento que hacen las normas que desarrollan el Acuerdo Final para la Paz y el Acuerdo mismo es distinto, ergo, no pueden equipararse como lo formula el recurrente a los dem�s tipos de conductas, a la saz�n de que todo es permitido en aras de salvaguardar la consecuci�n de la paz.

Desde la otra arista, si en t�rminos pr�cticos se mira, los anteriores asertos confluyen en se�alar que el tratamiento penal especial diferenciado de la revocatoria y/ sustituci�n de la medida de aseguramiento queda subsumido en el de la libertad transitoria y condicionada, como se dijo, por la finalidad que persigue, y tambi�n por los efectos que el incumplimiento de las obligaciones impuestas con motivo de la revocatoria o sustituci�n de la detenci�n preventiva, llamado levantamiento a voces del art�culo 10 del Decreto 706 de 2016, es an�logo al del desacato de los compromisos de la libertad condicionada, como lo indica el par�grafo 2 del art�culo 52 de la Ley 1820 de 2016; y por esa v�a que el nuevo tratamiento penal diferenciado pierda real operatividad.

Desde un punto de vista como de otro, se impone que para hacerse acreedor a restaurar su libertad de manera no definitiva, el procesado debe cumplir con los presupuestos que demanda ese art�culo 52, que al no verificarse satisfechos en el asuntos de marras conduce a denegar el pedimento, y a confirmar la providencia de primer nivel. Decisi�n En m�rito de lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en Sala de Decisi�n Penal, Resuelve: Confirmar en su integridad la decisi�n objeto de impugnaci�n. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. Ent�rese a los sujetos procesales, rem�tase las foliaturas al Juzgado de origen y d�jese las constancias procesales a que hubiere lugar.

C�piese y C�mplase. Franco Solarte Portilla Magistrado Blanca Lidia Arellano Moreno Magistrada Silvio Castrill�n Paz Magistrado Juan Carlos �lvarez L�pez Secretario CSJ AP, 21 jun 2017, Rad. 49470. Reiterado en CSJ AP, 28 junio de 2017, Rad. 47133. Ib�dem. Auto Interlocutorio 2� Instancia � Ley 820 de 2016 Radicaci�n: Grupo 07 No. 2016-00029-01 M.P. Franco Solarte Portilla PAGE PAGE 17 78OP��% H K N � � ��Ư��l�WBWBWl)h�S3h�!RB*CJOJQJ^JaJph )h�S3h%N�B*CJOJQJ^JaJph,h�S3h%N�5�B*CJOJQJ^JaJph )h�S3h�n�B*CJOJQJ^JaJph,h�S3h�n�5�B*CJOJQJ^JaJph,h�S3h0.5�B*CJOJQJ^JaJph h�S3h �5�6�B*ph )h�S3hU(�B*CJOJQJ^JaJph,h�S3hU(�5�B*CJOJQJ^JaJph � � "#$Y��-Br�� ^�`��gd 6Ogd�g�L�6�^�L`�6�gd3Z�� d�^�� gd 6Od�gd 6Od�gd�g $dha$gd�g$ ��`��a$gd�Qd�&dP��gd L� � � � � � � � + 4 G M W � � � � ��ꩾ��jU@U)h�S3h LB*CJOJQJ^JaJph )h�S3h�n:B*CJOJQJ^JaJph )h�S3h�!RB*CJOJQJ^JaJph )h�S3h�B*CJOJQJ^JaJph )h�S3h>�B*CJOJQJ^JaJph )h�S3h6A�B*CJOJQJ^JaJph )h�S3hOB*CJOJQJ^JaJph,h�S3h�Z5�B*CJOJQJ^JaJph )h�S3h�ZB*CJOJQJ^JaJph � � � "#$&Y��ë�pcXMX7+h�S3h�g5�B*CJOJQJ\�aJph h�S3h 6OB*ph h�S3h�gB*ph h�S3h�gB*aJph h�S3h�gB*CJaJph +h�S3h�Q5�B*CJ$OJQJ\�aJ$ph +h�S3h�g5�B*CJ$OJQJ\�aJ$ph.h�S3h�g5�6�B*CJ$OJQJ\�aJ$ph h�S3h�g6�B*aJ$ph h�S3h�g6�B*\�aJ$ph h�S3h�Q6�B*aJ$ph h�S3hN+�6�B*aJ$ph �AMdgloqrz{~�� ӽ��ӧӧӽ駽{�eO9+h�S3hFu�5�B*CJ OJQJ\�aJ ph +h�S3h�g5�B*CJOJQJ\�aJph +h�S3h3Z5�B*CJOJQJ\�aJph +h�S3hbt^5�B*CJOJQJ\�aJph +h�S3heK5�B*CJOJQJ\�aJph +h�S3h�Q5�B*CJOJQJ\�aJph +h�S3h�g5�B*CJOJQJ\�aJph +h�S3h 6O5�B*CJOJQJ\�aJph +h�S3h3Z5�B*CJOJQJ\�aJph E F G N O �� \] WXHI67��gdH>$a$gd�Qgd�ggd�Qgd�Qgd�g $dha$gd�gdhgd�g , - 7 B C D F G N O � � � � �ӽ��sdUF7Fh�S3h�,B*CJaJph h�S3h�(lB*CJaJph h�S3h�gB*CJaJph h�Qh�QCJ$OJQJaJ$h�S3h�gB*CJ$aJ$ph h�S3hFu�B*CJ$aJ$ph +h�S3h$�5�B*CJ OJQJ\�aJ ph +h�S3h�@I5�B*CJ OJQJ\�aJ ph +h�S3h�Q5�B*CJ OJQJ\�aJ ph +h�S3hbt^5�B*CJ OJQJ\�aJ ph +h�S3h�g5�B*CJ OJQJ\�aJ ph � � � � � � � � ;@CH_�� *��ᥖ�r�`QBh�S3h�F�B*CJaJph h�S3h�01B*CJaJph #h�S3h�Q5�B*CJ$\�aJ$ph #h�S3h2U5�B*CJ$\�aJ$ph #h�S3h�g5�B*CJ$\�aJ$ph h�S3hFu�B*CJaJph h�S3h�gB*CJaJph h�S3h2'GB*CJaJph h�S3h�(lB*CJaJph h�S3h$�B*CJaJph h�S3h�gB*CJaJph h�S3h��B*CJaJph *W`��Z[23��opX45detVW��ôô��åÖ�x�xixZ�Kh�S3h�#~B*CJaJph h�S3h�B*CJaJph h�S3h�2YB*CJaJph h�S3h�*�B*CJaJph h�S3hl�B*CJaJph h�S3h�gB*CJaJph h�S3h�O�B*CJaJph h�S3h�QB*CJaJph h�S3h�K�B*CJaJph h�S3h�(0B*CJaJph h�S3hFu�B*CJaJph h�S3h�amB*CJaJph �GH��567JKa��ô�𥔅vgXG8h�S3h�cB*CJaJph h�S3hdc�6�B*CJaJph h�S3hdc�B*CJaJph h�S3h�[�B*CJaJph h�S3h�cKB*CJaJph h�S3h�gB*CJ$aJ$ph h�S3h�g5�B*CJ$aJ$ph h�S3h�amB*CJ$aJ$ph h�S3hrmB*CJaJph h�S3h�9B*CJaJph h�S3h�QB*CJaJph h�S3h�#~B*CJaJph h�S3hH>B*CJaJph 7JK��""#"a"b"{"|"Y$Z$&&�'�'�*�*�,�,:0;0�1�1��$a$gdFjgd�g$a$gd�g�3��v��4;g �3��9 ��ôå��xix�xZKZK<K<h�S3h�u#B*CJaJph h�S3h�:@B*CJaJph h�S3hh'QB*CJaJph h�S3h�QB*CJaJph h�S3hzk�B*CJaJph h�S3h&B*CJaJph h�S3h�SB*CJaJph h�S3h�&�B*CJaJph h�S3hrmB*CJaJph h�S3hW4B*CJaJph h�S3h�mRB*CJaJph h�S3h�V�B*CJaJph h�S3h�v�B*CJaJph 9 D � � $!3!4!;!a!b!c!�!�!�!�!�!�!�!�!" "!"��³��wh�YJ;h�S3hh'QB*CJaJph h�S3h�:@B*CJaJph h�S3hS�B*CJaJph h�S3h�p�B*CJaJph h�S3h�]�B*CJaJph h�S3h7K(B*CJaJph h�S3hrmB*CJaJph h�S3h�QB*CJaJph h�S3h�.uB*CJaJph h�S3h�ivB*CJaJph h�S3h� B*CJaJph h�S3h�u#B*CJaJph h�S3h�u#6�B*CJaJph !"""-"<"V"^"`"a"b"z"{"|"###X$q$��ô��veVG8G8h�S3h�0B*CJaJph h�S3hN<�B*CJaJph h�S3hBy/B*CJ$aJ$ph h�S3h�%)5�B*CJ$aJ$ph h�S3hFj5�B*CJ$aJ$ph h�S3h�QB*CJ$aJ$ph h�S3h�%)B*CJaJph h�S3h�QB*CJaJph h�S3hl]7B*CJaJph h�S3hq�B*CJaJph h�S3h8j*B*CJaJph h�S3h�T?B*CJaJph h�S3h�SB*CJaJph q$�$�$%d%�%&.&:&T&t&''�'�'�'&(�(��ô��xixixZxK<h�S3h!_�B*CJaJph h�S3h}{�B*CJaJph h�S3h�QB*CJaJph h�S3h G�B*CJaJph h�S3h�t�B*CJaJph h�S3h�>B*CJaJph h�S3hMiB*CJaJph h�S3h�>�B*CJaJph h�S3hBMB*CJaJph h�S3hv�B*CJaJph h�S3hia�B*CJaJph h�S3hg,B*CJaJph h�S3hBy/B*CJaJph �(�(�(�(�(�(�(])�)�) *�*�*�*�*�*�+�,��ôå��xiZK<h�S3h��B*CJaJph h�S3h^cB*CJaJph h�S3h�lOB*CJaJph h�S3hN<�B*CJaJph h�S3h�0B*CJaJph h�S3hyQ<B*CJaJph h�S3h�.�B*CJaJph h�S3h��B*CJaJph h�S3h�t�B*CJaJph h�S3h�DLB*CJaJph h�S3h!_�B*CJaJph h�S3h�QB*CJaJph h�S3h�<FB*CJaJph �,C-U-�-.�.C/�/�/�/90�0�0�0�0{1�1�1�1�1�1��ô��x�iZi�iKi��<h�S3hN<�B*CJaJph h�S3h��B*CJaJph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3hWUB*CJaJph h�S3h�aB*CJaJph h�S3h�\�B*CJaJph h�S3h gbB*CJaJph h�S3h�aB*CJaJph h�S3h�LVB*CJaJph h�S3h��B*CJaJph h�S3h�lB*CJaJph h�S3h�PB*CJaJph h�S3h�YB*CJaJph �1�1�1�1�12�2+3-3S3r3�3�34I4s4{4�4�4�4�4�4�4�4�5�6��v��gvg�X�X�X�G h�S3h446�B*OJQJph h�S3h�q B*CJaJph h�S3h��B*CJaJph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3h�B*CJaJph h�S3h44B*CJaJph h�S3h�CLB*CJaJph h�S3hM�B*CJaJph h�S3h44B*CJ$aJ$ph h�S3huVp5�B*CJ$aJ$ph h�S3h�CB*CJ$aJ$ph h�S3h�m&B*CJaJph �1�1�1,3-3�57�8�9::�<�<�?�?�A�A�E�EH HlKmK��d�^��gd44&$��]��^��a$gd44&$��]�^��a$gd44gd44$a$gduVp�6�67F8�9::::*:+:/:�:�:�:�:�:�:q;�;�;U<m<u<��޽��papRCh�S3hvS�B*CJaJph h�S3h�K�B*CJaJph h�S3h�=�B*CJaJph h�S3h�,�B*CJaJph h�S3h;y�6�B*CJaJph h�S3h;y�B*CJaJph h�S3h�&�B*CJaJph h�S3h44B*CJaJph h�S3h446�B*CJph #h�S3h445�6�B*OJQJph h�S3h446�B*OJQJph h�S3h��6�B*OJQJph u<v<<�<�<�<�<�<�<�< =5=6=�=�>�>�>�>�>?,?Y?Z?[?z?�?�?��ôåå��xiZ�i�I� h�S3h�~:6�B*CJaJph h�S3h�}4B*CJaJph h�S3h�O�B*CJaJph h�S3h�>B*CJaJph h�S3h�~:B*CJaJph h�S3h�zB*CJaJph h�S3hn@�B*CJaJph h�S3hfC&B*CJaJph h�S3h�sB*CJaJph h�S3ho�B*CJaJph h�S3hvS�B*CJaJph h�S3h�8�B*CJaJph �?�?�?�?�?�?�?�@�@AA/A@AKA�A�A�A�A�A�A��Ҵ��xiZK��<h�S3h�b�B*CJaJph h�S3h �B*CJaJph h�S3h�B*CJaJph h�S3hdt�B*CJaJph h�S3h� B*CJaJph h�S3h��B*CJaJph h�S3h 0�B*CJaJph h�S3huB*CJaJph h�S3h /B*CJaJph h�S3h�}4B*CJaJph h�S3h�K�B*CJaJph h�S3h�~:B*CJaJph h�S3h�KZB*CJaJph �A]BiB�B�B�B�B�B�B�BICSCTC_C`C~D�D�DE E@E^EnEoEsE�E�E�E�E��ôôå��x�xi�ixiZxZKh�S3hV0YB*CJaJph h�S3h�HGB*CJaJph h�S3h�B*CJaJph h�S3h}N%B*CJaJph h�S3hCkB*CJaJph h�S3hvB*CJaJph h�S3h�XB*CJaJph h�S3h�^�B*CJaJph h�S3h+#*B*CJaJph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3h�gmB*CJaJph h�S3h� �B*CJaJph �EKFWFXF�G�GHHHHHH HvH�H/J�J��Უ��vgXI:+h�S3h�x!B*CJaJph h�S3hxN�B*CJaJph h�S3hssB*CJaJph h�S3h��B*CJaJph h�S3h /B*CJaJph h�S3h�b�B*CJaJph h�S3hvB*CJaJph h�S3hCkB*CJaJph h�S3h�B*CJaJph h�S3h�HGB*CJaJph h�S3h�s!6�B*CJaJph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3h�s!B*CJaJph h�S3h�w8B*CJaJph �JkK�K0LSLTLmLvL�L�L"M�M�M%N�N�N�NO��ôå��xi�ZK<-<h�S3h�B*CJaJph h�S3h(B*CJaJph h�S3hgwB*CJaJph h�S3h�g�B*CJaJph h�S3hN�B*CJaJph h�S3h�Y�B*CJaJph h�S3hRZ�B*CJaJph h�S3h�fB*CJaJph h�S3h�{/B*CJaJph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3hJZ�B*CJaJph h�S3hK�B*CJaJph h�S3h�e�B*CJaJph h�S3h��B*CJaJph mK�M�MPPQQ@TATVV�W�WnZoZ�]�]daeabb~ee5f6f7f2i��d�^��gde��d�^��gdjP�gd44OTO�OPP�W�W�W�W�W�W�WXX�X�X�X��ô��ppaRC4h�S3h�pB*CJaJph h�S3h�3�B*CJaJph h�S3hIWB*CJaJph h�S3h�6B*CJaJph h�S3hh^B*CJaJph h�S3h>�B*CJaJph h�S3hgw6�B*CJaJph (jh�S3h#G)6�B*CJH*Uph h�S3h#G)6�B*CJph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3h#G)B*CJaJph h�S3h�Z�B*CJaJph h�S3hlRB*CJaJph �XNY�Y�Y�YZ(Z)Z-ZPZmZnZ�Z�ZD[d[�[�[�\��ò��vgXI:�:�:h�S3h@v�B*CJaJph h�S3h�}�B*CJaJph h�S3hQ9�B*CJaJph h�S3hgwB*CJaJph h�S3h��B*CJaJph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3hh^B*CJaJph h�S3hTx�B*CJaJph h�S3h^X�6�B*CJaJph h�S3h^X�B*CJaJph h�S3h�(B*CJaJph h�S3h�%�B*CJaJph h�S3hDZBB*CJaJph �\�\�\]s]�]�]�]�]�]�]�]<^b_b4f5f6f7fgf��𴥖�vfWfWH��9h�S3h-UnB*CJaJph h�S3hf 6�B*CJph h�S3he�6�B*CJph h�S3he�5�6�B*CJph h�S3h��5�B*CJaJph h�S3hssB*CJaJph h�S3hxN�B*CJaJph h�S3h�x!B*CJaJph h�S3h�e�B*CJaJph h�S3he�B*CJaJph h�S3h7#B*CJaJph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3hE TB*CJaJph gfhf�f�f�fCg�g�g�ghFhOh�hi"i1idipi��ôå��vgXgI:h�S3h=B*CJaJph h�S3h$o B*CJaJph h�S3h>uB*CJaJph h�S3h�K{B*CJaJph h�S3h?;PB*CJaJph h�S3h�w�5�B*CJaJph h�S3h�w�B*CJaJph h�S3hA�B*CJaJph h�S3h�M8B*CJaJph h�S3h�x@B*CJaJph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3h-UnB*CJaJph h�S3h�-�B*CJaJph 2i3ijkkkAlBlipjp�p�p�s�s�v�vGxHx�y�y�{�{�}�}�~�~��C�D��d�^��gd+gd44pi�ipj�j�jkhkik�kl?lClNl�l�l�l�l�l�l�l��ô��xiZK<K<K<Kh�S3h:]�B*CJaJph h�S3hDY�B*CJaJph h�S3h�B*CJaJph h�S3h�mB*CJaJph h�S3h�^}B*CJaJph h�S3h%�B*CJaJph h�S3h% B*CJaJph h�S3h��B*CJaJph h�S3h�7}B*CJaJph h�S3h �B*CJaJph h�S3hcsB*CJaJph h�S3h�xB*CJaJph h�S3h[R�B*CJaJph �l�l�l mdm�m�mn nn&nhn�n�nooooo~o��t�eVG�G8�8h�S3h��B*CJaJph h�S3h7B*CJaJph h�S3h(/TB*CJaJph h�S3h� �B*CJaJph h�S3h�.Z5�B*CJaJph h�S3h�.ZB*CJaJph h�S3hnt�B*CJaJph h�S3hkQWB*CJaJph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3hs}�B*CJaJph h�S3h�9;B*CJaJph h�S3h�=^6�B*CJaJph h�S3h�=^B*CJaJph ~o�o�o/p=pfpgphpipjp�p�p�p�p�p�p�p�p4q��Უ��v�vgvXI:h�S3h�SB*CJaJph h�S3h�nB*CJaJph h�S3h%B*CJaJph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3h�&�B*CJaJph h�S3hd@LB*CJaJph h�S3h`]�B*CJaJph h�S3h-UnB*CJaJph h�S3h�7}B*CJaJph h�S3h0>.5�B*CJaJph h�S3h0>.B*CJaJph h�S3h%�B*CJaJph h�S3hB]PB*CJaJph 4q>q�qHs�s�s�s�s�sAtRt�t�tuDu�u��Ҵ��xiZK<-h�S3h/c�B*CJaJph h�S3h�N�B*CJaJph h�S3h�e'B*CJaJph h�S3h�2�B*CJaJph h�S3h�XB*CJaJph h�S3h LB*CJaJph h�S3hydUB*CJaJph h�S3h�AzB*CJaJph h�S3h�*bB*CJaJph h�S3hd@LB*CJaJph h�S3hiu�B*CJaJph h�S3h�UWB*CJaJph h�S3h�3�B*CJaJph h�S3hHmB*CJaJph �u�u�u4v8vHv^v�v�v xHx�~�~�~�~�~�~��𴥖�rcTE6h�S3h�*b6�B*CJph h�S3h�X6�B*CJph h�S3h��6�B*CJph h�S3ht�6�B*CJph (jh�S3h+6�B*CJH*Uph h�S3h+6�B*CJph h�S3h+B*CJaJph h�S3h�W�B*CJaJph h�S3h�$�B*CJaJph h�S3hI8{B*CJaJph h�S3h��B*CJaJph h�S3h/c�B*CJaJph h�S3ht�B*CJaJph �~�~:;<l��E�ԃ��>�@�A�B�C�D��b�c��ǸǸ��|�m^O@Oh�S3h��6�B*CJph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3h�v%B*CJaJph h�S3h��B*CJaJph h�S3h-UnB*CJaJph h�S3h�^B*CJaJph h�S3h�~�B*CJaJph h�S3h;�B*CJaJph h�S3h$bB*CJaJph h�S3hK�B*CJaJph h�S3hh�B*CJaJph h�S3h+B*CJaJph h�S3h+B*ph D��M�N��ԕՕӗԗ��(�)�b�c�¡áѢԢ��gd@E�dXgd�8��d�^��gd��gd44c��ޞǠo��¡ϢТѢҢԢ�3�M��E�a�o��ô��å��ÇxiZKZ<Z<Zh�S3h�}"B*CJaJph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3h3K�B*CJaJph h�S3hu2\B*CJaJph h�S3h�rB*CJaJph h�S3h�|GB*CJaJph h�S3h> �B*CJaJph h�S3hB*CJaJph h�S3h}VB*CJaJph h�S3h��B*CJaJph h�S3h@E�B*CJaJph h�S3h�(�B*CJaJph h�S3hc5RB*CJaJph ��ץ��b�c�d��̧��c�e�f��Ӫ��ô��x�x�xiZixK<h�S3h\vKB*CJaJph h�S3h �B*CJaJph h�S3h�(�B*CJaJph h�S3h[�B*CJaJph h�S3h�`%B*CJaJph h�S3h�/�B*CJaJph h�S3huVpB*CJaJph h�S3h�|GB*CJaJph h�S3h�+�B*CJaJph h�S3ha:�B*CJaJph h�S3h�m�B*CJaJph h�S3h�`�B*CJaJph h�S3h�a9B*CJaJph Ԣc�d�f�g��«+�,�6�7�w�x��=�>�S�T�U�V�� $dha$gd5(�gd5(�$a$gd�ggd�g$a$gd�g $dha$gd�ggd�pgd@E�Ӫ��P�o��«+�,�6�7�B��Ҵ��~o�YG6 h�S3h5(�B*CJ\�aJph #h�S3h5(�5�B*CJ\�aJph +h�S3h�g5�B*CJ$OJQJ\�aJ$ph h�S3h�gB*CJ$aJ$ph h�S3h�gB*CJaJph #h�S3h�g5�B*CJ$\�aJ$ph (h�S3h�gB*CJ$OJQJ]�aJ$ph h�S3h�`%B*CJaJph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3h�B*CJaJph h�S3hK�B*CJaJph h�S3h9B*CJaJph ��>�S�U�V�{��ĭέҭ�� !��˼��|�l��aPEh�h#G)OJQJ jh�h#G)H*OJQJUh�S3h�A�B*ph h�S3h5(�5�B*\�aJ ph h�S3h�8�5�B*\�aJ ph h�S3h �5�B*\�aJ ph h�S3hN5�B*\�aJ ph h�S3h�g5�B*\�aJ ph h�S3h�8�B*CJaJph h�S3h�gB*CJaJph h�S3h5(�B*CJaJph,h�S3h5(�B*CJOJQJ\�^JaJph V�n�y�z�{��ϭЭѭҭ��v��gd�g$a$gd�gd�g$a$gdN$a$gd�g!�B�]�c�n�u�v�w�x�� Ƕ��ǔǔǔǔǀ�vpvjf�vpv[vjf�h l0JmHnHuh`D� h`D�0J hZU0JjhZU0JU'h�Qh�Q6�CJOJQJaJmH $sH $jh�*�Uh�h+OJQJmH $sH $h�h+OJQJ jh�h+H*OJQJUh�*�h�h>�OJQJh�8�OJQJmH $sH $h�h>�OJQJmH $sH $h�h#G)OJQJmH $sH $"�� !�"�#�$��$a$�h]�hgd5��&`#$gd5�$a$gd�Qgd�g�!�#�$��h�S3h�A�B*ph h�*�h9.�C 0P&P{1�h:p l��/ �"I!�8"�8#��$��%��Dp 's��666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666�6666666666�666666666666hH66666666666666660666660000000000000000000000000000000000000000006�02�� 0@P`p��2(�� 0@P`p�� 0@P`p�� 0@P`p�� 0@P`p�� 0@P`p�� 0@P`p��8X�V~�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@ OJQJ^J_HmH $nH $sH $tH $L`��L�gNormal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH P@P�g�T�tulo 1$$dh@&a$5�CJOJQJ\�P@P�g�T�tulo 2$$dh@&a$5�CJ OJQJ\�NA ��N Fuente de p�rrafo predeter.Ri��R 0Tabla normal�4� l4�a�,k ��, 0 Sin listaV�/��V�g�T�tulo 1 Car&5�CJOJQJ\�^JaJmH sH tH V�/��V�g�T�tulo 2 Car&5�CJOJQJ\�^JaJmH sH tH F>@F�g�Puesto$dha$5�CJ$OJQJ\�R�/��!R�g� Puesto Car&5�CJOJQJ\�^JaJmH sH tH ZB@2Z�g0Texto independiente$dha$CJ OJQJf�/��Af�g0Texto independiente Car CJOJQJ^JaJmH sH tH h@Rh�g0�Texto nota pie,Ref. de nota al pie1,Texto de nota al pie,referencia nota al pie,Ref. de nota al pie 2,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Ref,de nota al pieCJaJ��/��a��g0�Texto nota pie Car,Ref. de nota al pie1 Car,Texto de nota al pie Car,referencia nota al pie Car,Ref. de nota al pie 2 Car,Footnotes refss Car,Appel note de bas de page Car,Ref Car,de nota al pie Car CJOJQJ^JaJmH sH tH RQ@rR�g0Texto independiente 3�xCJaJj�/��j�g0Texto independiente 3 Car CJOJQJ^JaJmH sH tH B @�B�g0 Pie de p�gina ��8!Z�/��Z�g0Pie de p�gina Car CJOJQJ^JaJmH sH tH <)`��<�g0N�mero de p�gina^J<@�<�g0 Encabezado ��8!T�/��T�g0Encabezado Car CJOJQJ^JaJmH sH tH <�/��<�gapple-style-span^J@U ��@�7�0Hiperv�nculo>*B*^Jph�Z� ��Z�3� Sin espaciado $CJOJQJ^J_HaJmH sH tH N^NmU�0Normal (Web)!�d�d[$\$mH $sH $tH $$�/��!$mU�i_aj^JF�/��1FmU�apple-converted-space^JL�BL %�0Texto de globo$CJOJQJ^JaJ\�/��Q\$�0Texto de globo Car CJOJQJ^JaJmH sH tH F�OF440CM36&7$8$H$OJQJ^JmH $sH $tH PK!��[Content_Types].xml��N�0E�H��-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a��(7��I��R�{�pgL�=��r��8�5v&��uQ�뉑8��C��X=��$␴�?6N�JC��F�B.ʹ'�.�+��Y�T��^e5�5�� ð�_�g -�;��Yl�ݎ��|6^�N��`�?��[��PK!�֧��6_rels/.rels��j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"��O� ��=�� C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0��O�R�Bd��JE�4b$��q_��6L��R�7`��0̞O��,�En7�Li�b��/�S��e��е��PK!ky��theme/theme/themeManager.xml�M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ��7��՛K Y,� �e�.��|,��H�,l��xɴ��I�sQ}#Ր�� ֵ+�!�,�^�$j=�GW��)�E�+& 8��PK!�sz��theme/theme/theme1.xml�YMoE�#�F{oc'vGu�رH�F�[��xw�;��jf��7��q�7��J\ʯ A��xgfw��I�FPAsh��1��^�v?f�Iy��k"��m��i�CR�$��'��M��m��U��"�\�m/R*]_Z�>,cy��$�wc.b��Q�K��G�7fK˵��R�i��v4( ��xL}�m��{d$J��fN2�68�k��.��~4$�� ^��6�.��%��2��`��Z�7ZW� ��<��u{��`�K�.e��Z��,��y��Z��p�%�+s:�:�N��b��٘ï�V��ހ,�9�ot6��Uo@�:��_i�6\�E�&sh�~?�^@ƜmW��V��3dC�]ZĘ'jQ��}h Ê&HMS2�>�q�#A��.��K��[Ҳ��MU��0�P3~��St��񃟎><~�e�Pm�$,S��?��x��G_T�e��@(��:/�|�۳'/��U�7��C�n�#��c0�x�՜��(��e��$�8�ZJ��)fYt=:�� x}r�Qx��w��r�:\TzaG�*�y8I�j�bR��c|X%��'��I }3OK��nD5�NIB��!�ݥ��.��|��]�:�V�dHGN6͈�iq�V��v|�{u8��z��H� �*��:�(W�☕~��J��T�e\O*�tHG��HYEsK��`�X�a�e��E E�x��[��8��h��HQ��r�B�3�'�}�'ܧw��4tT�%�~3��N��)cbZ 4u�W�4��(tn+��7��_?��mmٛ�{U��F�w�=w��ߝ��$�#P�[Ի��9{��漨�/�%Ϻ04h=��Aی��©{L�)#7��%�=A5�9s��F�SW2pp�� >�*D8��i&��X��\�a�,W��x��=j6�!�v��.��^��Uh��V�dL��V�J�YZݨf��#�0Y��i�Xx��xyN�Z4v0#��Q��0�)�뀦�{>Fu�<W��v�d��S�V��l�@�Y�T�X.�ޛD)��Y��rdI�8Y��^��Ӷ7�s2��S��s$f!\7�Jش?��M�Ϣ�� s��W��s;} Rma��0��`��d�_n�[/ʀ�nt6-V� �5-��nh�xL|UviE��>f��O�(8B#6�¯S� ��io�WnsΊ�|#fpv�4�Y��%�W��T�`�J�m��o�)�2��3S�~�+��#])m�q�BiD��߅אTpEm��P�ok��0e �H�OC$(�G*��A[2�w �z�wY�,cd2��L��#rH�P��U��{(�T7�$kw2��笂F�r��t�b�5�OO>��(��&��b1�vUKo��l�~1�yU��V��5U8�Vk;֜��\9��ŰXD)�!!��T��~��CoE��B3��d��]��dm2iVֵ�褽�o�<�rO8[kv�x��p�sj�"��y��][�j��q~�1�1��_��z�L��&��;��0CL@�[��t�/��PK! ѐ��'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels��M �0��wooӺ�&݈Э��5 6?$Q�� ,.�a��i��c2�1h�:�q��m��@RN��;d�`��o7�g�K(M&$R(.1�r'J��ЊT��8��V�"��AȻ�H�u}��|�$�b{��P��8�g/]�QAsم(��#��L�[��PK-!��[Content_Types].xmlPK-!�֧��60_rels/.relsPK-!ky��theme/theme/themeManager.xmlPK-!�sz��theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ��'� theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]� <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <a:clrMap xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main" bg1="lt1" tx1="dk1" bg2="lt2" tx2="dk2" accent1="accent1" accent2="accent2" accent3="accent3" accent4="accent4" accent5="accent5" accent6="accent6" hlink="hlink" folHlink="folHlink"/>�O�v$�Wbe$�)�� *��9 !"q$�(�,�1�6u<�?�A�E�JO�X�\gfpi�l~o4q�u�~c��Ӫ��!��$�XZ[\^_`acdefghiklmnoprstuwxyz{|~�� 7�1mK2iD�ԢV��$�Y]bjqv}��!�!��8�@��0�( � ��B �S�� ?��%��%��|�h\~��:�sN4�c��Ej7~6,`;��h��^��`��^J.�h�d��^�d`��^J.�h�4�L�^�4`�L�^J.�h��^�`��^J.�h��^��`��^J.�h��L�^��`�L�^J.�h�t��^�t`��^J.�h�D��^�D`��^J.�h��L�^�`�L�^J.h��^��`��^J.�h�d��^�d`��^J.�h�4�L�^�4`�L�^J.�h��^�`��^J.�h��^��`��^J.�h��L�^��`�L�^J.�h�t��^�t`��^J.�h�D��^�D`��^J.�h��L�^�`�L�^J.h��^��`��OJQJo(��h�d��^�d`��OJQJo(o�h�4��^�4`��OJQJo(��h��^�`��OJQJo(��h��^��`��OJQJo(o�h��^��`��OJQJo(��h�t��^�t`��OJQJo(��h�D��^�D`��OJQJo(o�h��^�`��OJQJo(��|��:�sEj7~�� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $v_� w_� x_� y_� �/0.OrP�aB�Th^��csM+9L % � � $o f �ZX 3Z3g�{�@�JdN>u=$b%h�z�l�2��B2U�frm�!�(�>�X�Y lHm%MiCk�0&K �p�,�s�(�q �s!�x!"�}"�u#�=%}N%�`%�v%�,&fC&�m&s&�T'�e'(7K(�%)#G)+#*M0*8j*g,7,�h,z-�P-0>.RB. /�/L/By/�{/�(0�01j1l,2�S3W444�r4�}475�67�W7l]7�M8�S8�w8�9�a9�%:�n:�~:�9;6X;yQ<U=�>H>�T?�f?�:@�x@H3ADRBDZB�B�C�,E�gE�<F2'G�HG�|G�H�@I4CI�JeK�-K�cK\vK L Ld@L�CL�DL\vL�(M�.MBMN 6O�lO�P?;PB]P�Qh'Q�:Qv>QlR�!Rc5R�mR�S�S�SE T@T(/TWUZUydU}V�LVWIWkQW�UW�X�XV0Y�2Y�iY�.Z�KZu2\UQ\�d\{]V^�^@^3^�=^bt^�_�`�i`�a?b�*b gb�c�Qc^cfIe(<f�g�kg=9h@iFj�_k�l�(l�m�am�gm_jm�n-UnTo�p�puVp�jp�qq�rssu�.uv�>v�Kvev�ivgwx/x�x�Az({I8{�K{�s{n|�7}�^}�~�#~�U~+u� 7#�19l�~��V��2� G��=�s}��[R�dt��w�Fu��%��C�>��e�9.�DY��'��E�zk��n@�;y��.��v��*�K�b?�kf�M�E��dc��3��K��K��V��G�mU��z�� P��e�l��-�RZ��t�N��e��5��`��3�JZ��i�`s��]��F�nt�`��5��U�!_�`D�N<��Y��X�F1� _��CQ��[��'��(�S)�K��e��*�6A�� 5(��n��g�+ �R3�>�?{��O��?� ��E�� ie��y��?��W��Q9��Io�Tx� G��b��%��-�S�iu��@��A��!�,��"�A/�N�[��\�U(��3��#�$�xN�t��z��e��_�Y?�g��.�jP��+�{g��g��&�e�3K�%N�'��&�JI��J��/��Z�� K7��8.��/��m��N�vS��$�Z*�N+��7��,�^X�`]�v��<:��K��2��8��>��l��m��}�~p�;�}{�o�q��G��W��(��J��^�5��7��Y��-� 0�3��&�:]��p�� @E��p��~��A� ��%�h=��O��d�Sc�h�� s-��O��ia�QS�> �_ ��9�`[�N�@v��)�=�� d��^��w�%�$��q� �F6��C��l��/c��a:��!��@��$�H@��Unknown�� g��.�Cx� �Times New RomanTimes New Roman5��SymbolG.��*�Cx� �ArialHelvetica[.� ��Arial NarrowSegoe ScriptU.��@�CalibriCentury Gothic9.��.�� Segoe UIW=� �*�Cx� �Courier NewCourier New;��WingdingsA��$B�Cambria Math"��Ңd�Ӣd��XG��T+��T+!�8��0˥˥J��HP �� $P��g2!xx��dellCamila Mora��Oh��+'��0�� 0<H T`hpx�dellNormalCamila Mora3Microsoft Office Word@F�#@z;�� @�&��@�BJ��՜.��+,��0�hp�� USUARIO+T˥T�tulo !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��Root Entry�� F��R��1Table��+8WordDocument ��ESummaryInformation(��DocumentSummaryInformation8��MsoDataStore��R��R��XOYW�R�U4�T��S�DAK��==2��R��R��Item ��Properties��UCompObj�� v�� <b:Sources SelectedStyle="\APASixthEditionOfficeOnline.xsl" StyleName="APA" Version="6" xmlns:b="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography" xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography"></b:Sources> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <ds:datastoreItem ds:itemID="{61CEA5B3-516D-4789-A04E-EB52A0300AE6}" xmlns:ds="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/customXml"><ds:schemaRefs><ds:schemaRef ds:uri="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography"/></ds:schemaRefs></ds:datastoreItem>�� F$Documento de Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.8�9�q