520016000485201300665-1 NI: 7984 · Tribunal de Pasto

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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente: Dr. Jos� An�bal Mej�a Camacho Proceso N�: 520016000485201300665-1 N�mero Interno: 7984 Conducta Punible: Secuestro Extorsivo Imputado: DMG Decisi�n: Confirma el recurrido Aprobado: Acta N� 37 de 8 de noviembre de 2017 San Juan de Pasto, diecis�is de noviembre de dos mil diecisiete (Hora: 9:30a.m.) I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO Entra la Sala a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la defensa, contra la decisi�n de 24 de octubre de 2017 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto, mediante la cual, neg� la solicitud de amnist�a de iure solicitada en favor de DMG. 1.

El aspecto f�ctico y actuaci�n relevante De la providencia a revisar se extraen los siguientes: El 22 de enero de 2013, LHRI fue interceptado por tres sujetos que portaban armas de fuego quienes lo obligaron a subirse a un veh�culo automotor, dentro del cual fue transportado rumbo al departamento del Cauca. Luego, esto es, el 12 de febrero de 2013 fue dejado en libertad tras el cumplimiento del requerimiento extorsivo que se realiz� mediante llamadas telef�nicas efectuadas a su esposa e hijas, siendo pactado el acuerdo de liberaci�n en la suma de mil millones de pesos.

De las investigaciones adelantadas por el Gaula se establecieronlos part�cipes del punible y uno de ellos implic� aDMG. Con lo anterior, tras su captura, el 24 de octubre de 2014 se adelantaron las audiencias preliminares, imput�ndosele el delito de secuestro extorsivo agravado. Asignado el conocimiento del asunto al Juzgado 1� Penal del Circuito Especializado de Pasto y tras un aplazamiento, se llev� a cabo diligencia de formulaci�n de acusaci�n el 20 de abril de 2015.

Seguidamente, esto es el 23 de febrero de 2016, tambi�n luego de dos aplazamientos, se realiz� la audiencia preparatoria, program�ndose la pr�ctica del juicio oral para el 7 y 8 de abril de 2016. Es as� como luego y en diferentes fechas se ha adelantado el juicio oral, siendo la �ltima realizada el 11 de julio de 2017 donde se llevaron a cabo los alegatos de conclusi�n emiti�ndose el 24 de julio del corriente a�o el sentido condenatorio del fallo.

Estando pendiente la audiencia de lectura de sentencia se present� solicitud de suspensi�n del proceso y aplazamiento de dicha diligencia, dado que la defensa aleg� queDMG se encuentra reconocido como integrante del grupo FARC EP, por tanto se dej� dicha diligencia pendiente para adelantar lo pertinente para atender dicho requerimiento. 2.

La providencia impugnada Dentro de la providencia impugnada, tras hacer una remembranza de los hechos y los antecedentes del asunto, se plante� el motivo de la solicitud, esto es, la aplicaci�n de la amnist�a de iure en favor deDMG, para pasar a sentar las consideraciones del caso. En el punto, comenz� por sentar los requisitos que en la Ley se han establecido para conceder la amnist�a de iure, los delitos pol�ticos objeto de la norma y el listado de los conexos a �stos.

Seguidamente procedi� a estudiar cada uno de los requisitos dentro del caso en concreto, indicando que para el primero, del acontecer procesal se encuentra que MG nunca ha sido procesado o investigado por pertenecer a las FARC EP. Indica que de los f�cticos que se desprenden de la acusaci�n se advirti� la pertenencia a un grupo delincuencial no identificado y que dentro del devenir del juicio oral no se hizo referencia o vinculaci�n de los hechos o del acusado con las FARC EP.

Respecto de la inclusi�n del solicitante en la lista elaborada por el Gobierno Nacional de los integrantes de las FARC, indica que oficiado el alto comisionado para la paz para que verificara la circunstancia, mediante oficio OFI17-00129987/JMSC 1122000 de 20 de octubre de 2017, se inform� que revisada la base de datos no se encontr� registros deDMG, por lo que no se ha expedido acto administrativo que lo acredite como miembro de dicha organizaci�n. Agrega que si bien dentro del oficio allegado por la oficina del Alto Comisionado para la Paz al defensor, se indica que se est� surtiendo el proceso de verificaci�n con los dem�s listados entregados por las FARC EP, lo cierto es que a la fecha de la emisi�n de la misiva el acusado no se encontraba aceptado dentro de dicha lista, sumado a que en el curso de la audiencia la Fiscal�a indic� que se le remiti� un comunicado en donde se se�al� que MG no se encuentra registrado como integrante de la FARC EP.

Se�ala que el tercer requisito tampoco se encuentra acreditado, toda vez que el delito por el cual se acus� y se enunci� dentro del sentido del fallo es el de secuestro extorsivo, mismo que no hace parte de los se�alados como objeto de amnist�a de iure, as� mismo, que no se puede predicar conexidad con el delito pol�tico, toda vez que el investigado no fue ejecutado con ocasi�n al conflicto armado ni dirigido a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebeli�n, sino que por el contrario se acredit� que el provecho econ�mico producto del mismo saci� el inter�s de los coautores.

Finalmente trajo a colaci�n el par�grafo del art�culo 23 de la Ley 1820 de 2016, donde se indica que en ning�n caso la amnist�a de iure se aplicar�, entre otros, a delitos de privaci�n grave de la libertad. 3. Sustentaci�n del recurso e intervenci�n de las partes 3.1 La defensa como recurrente El defensor de DMGpresenta recurso de apelaci�n en contra de la determinaci�n de primera instancia, solicitando que sea revocada y en su lugar se decrete la amnist�a de iure en favor de su representado, argumentando que dentro del plenario est� plenamente demostrado que aquel pertenece a la FARC EP.

Para sustentar lo anterior comienza por indicar que la falta de certificaci�n del Alto Comisionado para la Paz que indique la pertenencia de MGa las FARC EP no es �bice para que se niegue la petici�n. Explica que si se revisa el proceso se tiene establecido que quienes realizaron la conducta delictiva del secuestro extorsivo pertenec�an al grupo ilegal al margen de la ley FARC EP, que operaban en el Tambo cauca �Sur departamento del Cauca frente 8� de las FARC Trae a colaci�n que de acuerdo a la declaraci�n rendida por A,quien es uno de los testigos que fue llevado por la Fiscal�a, se indica queDMGtrabajaba o pertenec�a al grupo al margen de la ley, al mando de alias �pija� que era uno de los comandantes que operaba en el Cauca y perteneciente a las FARC EP.

Refiere que el juzgado indic� que su defendido jam�s fue procesado como miembro activo de las FARC, pero que contrario a ello, de las piezas procesales se puede extraer que el delito investigado en el caso era realizado por el grupo ilegal que se someti� al proceso de paz. Agrega que los requisitos para reconocer la amnist�a de iure no solamente es el listado, sino que acorde a lo dispuesto el numeral 4� del art�culo 17 de la Ley 1820 de 2016, cuando se habla de presunta hace relaci�n precisamente a que no est� plenamente demostrada la pertenencia o colaboraci�n con las FARC EP, pero de las piezas procesales se puede extraer.

En ese entendido, que no es necesario que aDM se lo haya capturado utilizando uniformes o con armas sino que simplemente con esa presunta pertenencia o colaboraci�n FARC EP, el interesado podr� solicitar al Fiscal o Juez de Ejecuci�n de Penas competente la aplicaci�n de la amnist�a de iure. De otra parte hace relaci�n a queCACM, al igual que UAyJCM, quienes intervinieron en el delito investigado, s� est�n reconocidos como integrantes de las FARC EP, por lo que no es l�gico aceptar que unos hacen parte y otros no, motivo por el cual en la solicitud se requiri� la aplicaci�n del derecho de igualdad, para que se trate con el mismo rasero.

Trae a colaci�n que dentrodel proceso est� establecido que supuestamente DM junto con �alias pija�, aportaron el dinero para correr gastos y cometer delito, agregando que de las declaraciones de Albertise puede establecer que fue �l quien entreg� dinero para realizar la conducta delictiva. 3.2. La Fiscal�a como no recurrente: La Delegada de la Fiscal�a General de la Naci�n solicita que se confirme la decisi�n bajo los siguientes planteamientos.

Indica que en el asunto, desde los alegatos de apertura, se anunci� que se vinculaba a DM como part�cipe en la comisi�n de un delito de secuestro extorsivo, se�al�ndolo solo como una persona que aport� recursos econ�micos para financiar el acto de secuestro y que en alg�n momento tambi�n estuvo en el lugar de cautiverio. Explica que con ese contexto f�ctico se lleg� a la etapa de juicio, donde se se�al� queal existir organizaci�n criminal con divisi�n de trabajo, acuerdo previo, disponer de los medios log�sticos, dinero para la financiaci�n, recurso humano experimentado con la decisi�n de adelantar actividades criminales como la interceptaci�n de la v�ctima, privarlo de la libertad, adelantar negociaciones con clara divisi�n de trabajo criminal se lleg� a establecer que hay coautor�a en el delito de secuestro extorsivo agravado.

Refiere que siempre se sostuvo que en el caso existi� una organizaci�n criminal, que si bien es cierto se ali� con la guerrilla para cometer el delito, no todos los participantes de ese hecho pertenecen a las FARC EP. Aclara que el delito se cometi� en inmediaciones o en l�mites entre Nari�o y el Cauca lugar que ten�a incidencia la estructura subversiva, por lo cual era necesario que esta organizaci�n criminal se aliara con la guerrilla para que pudiera obtener la autorizaci�n en el ingreso a esos territorios que manejaba la FARC EP en esa �poca.

Establece que esa fue la versi�n que rindi� JCM dentro de los interrogatorios, inform�qui�nes pertenec�an a la organizaci�n FARC EP, excluyendo a MG, pues indic� que solo hac�an parte A y �l. Sobre el resto de los participantes, insiste, hacen parte de una organizaci�n criminal que se ali� con la FARC EP pero que no ten�a vinculaci�n alguna.

Debe recordarse adem�s que dentro del escrito de acusaci�n, en la etapa preparatoria y posteriormente en el juicio oral la Fiscal�a exhibi� y adelant� una audiencia de juicio con base en unos elementos legamente descubiertos, por lo tanto si aquellos interrogatorios contienen las versiones referidas, tuvieron que haber sido aportados por la defensa en el estrado judicial pues debe recordarse que cuando no se va a acudir a la petici�n de amnist�a de iure por el numeral 1�, es decir, cuando no existe, como en el caso, la constancia de vinculaci�n o pertenencia a las FARC por el Alto Comisionado para la Paz, la parte que solicita tiene la carga de descubrir aquellos elementos con base en los cuales s� se puede acreditar dicha participaci�n. No desconoce la Fiscal�a que existi� una pertenencia de algunos de los miembros en el secuestro del caso a las FARC EP, por lo que se ha concedido el traslado a la zona transitoria y la libertad como gestores de paz para dos de los integrantes de esta organizaci�n, pero no se puede pedirse igualdad dado que el fundamento jur�dico de esos casos fue diferente, dado que aquellos acreditaron debidamente su pertenec�a a las FARC avalada esta por el Alto Comisionado. 3.2.Representante de V�ctimas como no recurrente: La Representante de V�ctimas se ratifica en los argumentos expuestos presentados por la delegada de la Fiscal�a General de la Naci�n para solicitar la confirmaci�n de la decisi�n adoptada en primera instancia. Indica adem�s que en el caso, el delito no est� relacionado con el conflicto armado, sumado a que no es posible determinar que el procesado es integrante de las FARC EP y que el beneficio obtenido con el punible solo se obtuvo para las personas relacionadas con el secuestro siendo inaplicable el criterio de igualdad como lo pretende la defensa.

II. PARA RESOLVER SE CONSIDERA El conflicto a resolver A efectos de revisar la decisi�n de negativa de concesi�n de amnist�a de iure emitida por el Juzgado 1� Penal del Circuito Especializado de Pasto, esta Sala deber� i) Establecer la competencia de esta Corporaci�n para estudiar el recurso de alzada y en caso de encontrar afirmativo este cuestionamiento, acorde a los argumentos expuestos por la Defensa y los no recurrentes, ii) determinar si para el caso de DMGse encuentran acreditados los requisitos establecidos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017 para conceder en su favor la amnist�a de iure. 2.De la competencia para conocer el recurso de apelaci�n dentro de las solicitudes de amnist�a de iure.

El Decreto 277 de 2017 estableci� el procedimiento para la efectiva implementaci�n de la Ley 1820 de 2016, indicando los mecanismos, instrumentos y autoridades intervinientes en el acto. Es as� como acorde a lo preceptuado en el art�culo 3� del Decreto 277 de 2017 se tiene que los recursos interpuestos en contra de las decisiones adoptadas en aplicaci�n de la Ley 1820 de 2016 se tramitar�n seg�n las reglas y t�rminos del procedimiento penal ordinario, hasta tanto entre en funcionamiento el Tribunal Especial de la Paz.

En ese orden, de acuerdo a la realidad actual, esta Corporaci�n a�n tiene la competencia para conocer de la alzada del caso, toda vez que a la fecha no se encuentra materializada la conformaci�n de la Justicia Especial para la Paz, sumado a que acorde a la normativa penal ordinaria esta Sala se ocupa de estudiar los recursos que se interpongan en contra de las determinaciones adoptadas por los Juzgados del Circuito Especializado. 2.

De la amnist�a de iure a la luz de la Ley 1820 de 2016 y del Decreto 277 de 2017 � caso concreto. Partiendo del Acto Legislativo 01 de 2016 y como uno de los instrumentos para facilitar y asegurar la implementaci�n y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminaci�n del conflicto y la construcci�n de una paz estable y duradera, se expidi� la Ley 1820 de 2016 y consecuentemente el Decreto 277 de 2017.

Dentro de la Ley en cita se estableci� la figura de la amnist�a de iure, siendo el �mbito de aplicaci�n personal destinado para los integrantes de las FARC-EP o se�alados de serlo, t�pico sobre el cualel art�culo 17 de la misma dispone: La amnist�a que se concede por ministerio de esta ley de conformidad con los art�culos anteriores, se aplicar� a partir del d�a de entrada en vigor de la misma, siempre y cuando los delitos hubieran sido cometidos antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz.

Se aplicar� a las siguientes personas, tanto nacionales colombianas como extranjeras, que sean o hayan sido autores o part�cipes de los delitos en grado de tentativa o consumaci�n, siempre que se den los siguientes requisitos: 1. Que la providencia judicial condene, procese o investigue por pertenencia o colaboraci�n con las FARC-EP. 2. Integrantes de las FARC-EP tras la entrada en vigencia del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno nacional, de conformidad con los listados entregados por representantes designados por dicha organizaci�n expresamente para ese fin, listados que ser�n verificados conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz.

Lo anterior aplica aunque la providencia judicial no condene, procese o investigue por pertenencia a las FARC-EP. 3. Que la sentencia condenatoria indique la pertenencia del condenado a las FARC-EP, aunque no se condene por un delito pol�tico, siempre que el delito por el que haya resultado condenado cumpla los requisitos de conexidad establecidos en esta ley. 4.

Quienes sean o hayan sido investigados, procesados o condenados por delitos pol�ticos y conexos, cuando se pueda deducir de las investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras evidencias que fueron investigados o procesados por su presunta pertenencia o colaboraci�n a las FARC-EP. En este supuesto el interesado, a partir del d�a siguiente de la entrada en vigor de esta ley, solicitar� al Fiscal o Juez de Ejecuci�n de Penas competente, la aplicaci�n de la misma aportando o designando las providencias o evidencias que acrediten lo anterior.

Ahora, con relaci�n a los delitos objeto de la amnist�a de iure, los art�culos15 y 16 exponen: �ART�CULO 15. AMNIST�A DE IURE. Se concede amnist�a por los delitos pol�ticos de �rebeli�n�, �sedici�n�, �asonada�, �conspiraci�n� y �seducci�n�, usurpaci�n y retenci�n ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos de conformidad con esta ley, a quienes hayan incurrido en ellos.

ART�CULO 16. Para los efectos de esta ley son conexos con los delitos pol�ticos los siguientes: apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo cuando no hay concurso con secuestro; constre�imiento para delinquir; violaci�n de habitaci�n ajena; violaci�n il�cita de comunicaciones; ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicaci�n privada entre personas; violaci�n il�cita de comunicaciones o correspondencia de car�cter oficial; utilizaci�n il�cita de redes de comunicaciones; violaci�n de la libertad de trabajo; injuria; calumnia; injuria y calumnia indirectas; da�o en bien ajeno; falsedad personal; falsedad material de particular en documento p�blico; obtenci�n de documento p�blico falso; concierto para delinquir; utilizaci�n ilegal de uniformes e insignias; amenazas; instigaci�n a delinquir; incendios; perturbaci�n en servicio de transporte p�blico colectivo u oficial; tenencia y fabricaci�n de sustancias u objetos peligrosos; fabricaci�n, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricaci�n, porte o tenencia de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; perturbaci�n de certamen democr�tico; constre�imiento al sufragante; fraude al sufragante; fraude en inscripci�n de c�dulas; corrupci�n al sufragante; voto fraudulento; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; violencia contra servidor p�blico; fuga; y espionaje.

El anterior listado de delitos ser� tambi�n tenido en cuenta por la Sala de Amnist�a e Indulto de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, sin perjuicio de que esta Sala tambi�n considere conexos con el delito pol�tico otras conductas en aplicaci�n de los criterios establecidos en esta ley. Las conductas que en ning�n caso ser�n objeto de amnist�a o indulto son las mencionadas en el art�culo 23 de esta ley.

En la aplicaci�n de la amnist�a que trata la presente ley se incluir� toda circunstancia de agravaci�n punitiva o dispositivo amplificador de los tipos penales�. (Subrayas propias de la Sala) De lo expuesto subyace que la norma tambi�n dispuso delitos que claramente se encuentran excluidos de la aplicaci�n de la norma, al efecto, el art�culo 23 de la Ley reguladora reza: �La Sala de Amnist�a e Indulto conceder� las amnist�as por los delitos pol�ticos o conexos.

En todo caso, se entienden conexos con el delito pol�tico los delitos que re�nan alguno de los siguientes criterios: a) Aquellos delitos relacionados espec�ficamente con el desarrollo de la rebeli�n cometidos con ocasi�n del conflicto armado, como las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario y la aprehensi�n de combatientes efectuada en operaciones militares, o b) Aquellos delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su r�gimen constitucional vigente, o c) Aquellas conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebeli�n. La Sala de Amnist�a e Indulto determinar� la conexidad con el delito pol�tico caso a caso.

PAR�GRAFO.�En ning�n caso ser�n objeto de amnist�a o indulto �nicamente los delitos que correspondan a las conductas siguientes: a) Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves cr�menes de guerra, la toma de rehenes u otra privaci�n grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparici�n forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracci�n de menores, el desplazamiento forzado, adem�s del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma.

En el evento de que alguna sentencia penal hubiere utilizado los t�rminos ferocidad, barbarie u otro equivalente, no se podr� conceder amnist�a e indulto exclusivamente por las conductas delictivas que correspondan a las aqu� enunciadas como no amnistiables; b) Los delitos comunes que carecen de relaci�n con la rebeli�n, es decir aquellos que no hayan sido cometidos en el contexto y en raz�n de la rebeli�n durante el conflicto armado o cuya motivaci�n haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero. Lo establecido en este art�culo no obsta para que se consideren delitos conexos con los delitos pol�ticos aquellas conductas que hayan sido calificadas de manera aut�noma como delitos comunes, siempre y cuando estas se hubieran cometido en funci�n del delito pol�tico y de la rebeli�n. Se entender� por �grave crimen de guerra� toda infracci�n del Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistem�tica�.

(Subrayas y negrita fuera del original) En el anterior contexto, y ya definida la competencia de esta Sala para conocer del recurso de apelaci�n, se proceder� a dar respuesta al segundo de los planteamientos enunciados de manera inicial, esto es, si en el caso concurren los requisitos exigidos en las normas reguladoras para acceder a la amnist�a de iure.

Para lo anterior debe partirse de que en la decisi�n recurrida se encontr� negativo el anterior planteamiento bajo dos argumentos principales, uno, que el solicitante no acredit� ser integrante o colaborador de las FARC EP, y dos, que el delito por el cual se le procesa se encuentra excluido por la Ley como objeto de aplicaci�n de amnist�a de iure.

En refutaci�n de lo anterior, el abogado defensor refiri� que si bien no se cuenta con la certificaci�n del Alto Comisionado para la Paz que d� cuenta de la pertenencia de MGa la FARC EP, de las glosas procesales, conforme lo autoriza la Ley, dable es inferir dicha circunstancia, sumado a que otros dos procesados por el mismo punible s� est�n reconocidos como parte de dicho grupo subversivo.

Contrario a ello, tanto la delegada de la Fiscal�a General de la Naci�n como la Representante de V�ctimas mostraron su conformidad con la decisi�n adoptada, indicando que desde el principio del proceso se vincul� al MGcomo part�cipe en la conducta delictiva de secuestro extorsivo, se�al�ndolo como quien aport� el dinero para su consumaci�n, y que si bien para su comisi�n se hizo en apoyo de algunos miembros de la FACR EP, no implica que todos hagan parte de dicha organizaci�n. Sumado a lo anterior, indicaron que en el hipot�tico de que se lograra acreditar la pertenec�a del solicitante a dicha organizaci�n, la amnist�a de iure no ser�a aplicable, toda vez que el delito de secuestro extorsivo es una conducta expresamente excluida de la Ley para su aplicaci�n. En ese orden, proceder� la Sala a verificar si en efecto el delito de secuestro extorsivo resulta ser una de las exclusiones que la Ley 1820 de 2017 dispuso, y solo ser� en el evento de encontrar negativo este estudio que se analizar� el cumplimiento de los dem�s requisitos, puesto que de encontrarse positivo cualquier razonamiento adicional resulta inoficioso.

De lo obrante en el expediente,se tiene queDMGes procesado como presunto part�cipe dentro del delito de secuestro extorsivo, encontr�ndose a la fecha anunciado ya el sentido del fallo condenatorio. As� pues, acorde a lo expuesto en el art�culo 23, se enuncia que en ning�n caso ser�n objeto de amnist�a las conductas que correspondan, entre otras, aotra privaci�n grave de la libertad, sumado a los delitos comunes que no hayan sido cometidos en el contexto y en raz�n de la rebeli�n durante el conflicto armado o cuya motivaci�n haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero. Aunado a lo anterior, conforme al art�culo 169 C�digo Penal Colombiano, incurrir� en el punible de secuestro extorsivo �el que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el prop�sito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de car�cter pol�tico (�)�.

Revisadas las normas en contexto, dable es concluir que cuando se est� frente al punible del secuestro extorsivo, sin duda alguna se configura una privaci�n grave de la libertad, m�xime si en cuenta se tiene que el objeto jur�dico de la estipulaci�n resulta ser la �libertad individual�, y que el sujeto pasivo se define como una �persona privada de su libertad de locomoci�n y libre autodeterminaci�n�.

Razonamiento sobre el cual, conforme atinadamente se consider� por parte de la Juez de primera instancia ratificado por las no recurrentes, el delito de secuestro extorsivo se encuentra dentro de exclusiones que la Ley 1820 de 2017 hizo sobre delitos que no son objeto de aplicaci�n de la amnist�a de iure. Sumado a lo anterior, se tiene que no se logr� acreditar a lo largo del proceso que la retribuci�n dineraria obtenida a cambio de la libertad de LHRI, haya sido destinada a la merced de la organizaci�n FARC EP, sino que se tradujo en un beneficio de tipo particular entre los part�cipes de la comisi�n del punible.

En ese orden, entrar a evaluar los cuestionamientos presentados por el recurrente sobre la acreditaci�n de la presunta pertenencia o colaboraci�n de DMGa las FARC EP, con el fin de hacerlo acreedor de la amnist�a de iure resulta inoficioso, cuando se entrada se sabe que el delito por el cual se lo procesa se encuentra excluido de la aplicaci�n de dicha figura.

III. LA DECISI�N Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, Resuelve: 1�. Confirmarel auto recurrido de la naturaleza y procedencia conocidas. 2�. Regrese el asunto a su lugar de origen, para que contin�e el tr�mite que corresponda. 3�. Esta decisi�n se notifica en estrados y se hace saber que contra ella no procede recurso alguno. Notif�quese y C�mplase, JOS� ANIBAL MEJ�A CAMACHO Magistrado Ponente FRANCO SOLARTE PORTILLA Magistrado BLANCA ARELLANO MORENO Magistrada JUAN CARLOS �LVAREZ L�PEZ Secretario Cd.

Audiencia Amnist�a de Iure Record. 41:50 Cd. Audiencia Amnist�a de Iure Record. 48:55 Cd. Audiencia Amnist�a de Iure Record. 53:54 �Art�culo 3�. Seguridad Jur�dica. Las decisiones y resoluciones adoptadas en aplicaci�n de la Ley 1820 de 2016, una vez en firme, tienen efecto de cosa juzgada material como presupuesto de la seguridad jur�dica.

Las mismas ser�n inmutables como elemento necesario para lograr la paz estable y duradera, s�lo podr�n ser revisadas por el Tribunal para la Paz. Las decisiones que se adopten en relaci�n con los beneficios jur�dicos concedidos por la Ley 1820 de 2016, podr�n ser objeto de los recursos de reposici�n y apelaci�n ante el superior inmediato, hasta tanto entre en funcionamiento el Tribunal Especial para la Paz, seg�n reglas y t�rminos del procedimiento penal ordinario, y podr�n ser objeto de la acci�n habeas corpus o la acci�n de tutela contra providencias judiciales.

Los recursos contra resoluciones en primera instancia que apliquen la amnist�a de iure o libertad condicionada, se interpondr�n ante la Jurisdicci�n Especial para la Paz (JEP) y se tramitar�n en el efecto devolutivo. La providencia que concede la libertad condicionada se cumplir� de inmediato. Todos los plazos y t�rminos establecidos en este Decreto son perentorios.� (Subrayas de la Sala). Numeral 1� del art�culo 33 de la Ley 906 de 2004 Seg�n aparece en el art�culo 17 Ley 1820 de 2016. Folios 86-87 Ediciones Doctrina y Ley Ltda, C�digo Penal Esquem�tico, 2012, p�gina 159 Proceso N�:520016000485201300665-1 N�mero Interno:7984 Conducta Punible:Secuestro Extorsivo Procesado:DMG P�gina PAGE 19 de 18 H�� U e � � � � � � � +, - ��ʿ��贈zlzaShFHWh�Z 5�@�CJ\�hnw5�@�CJ\�hFHWhnw5�@�CJ\�hFHWhnw5�@�CJ\�h�~5�@�CJ\�h"`hnvCJaJh"`h�hCJaJh"`h"`CJaJh"`h�BeCJaJh"`h�C�CJaJh�k�CJaJh"`h�Q�CJaJh"`h@-�CJaJh"`h�^oCJaJh"`h�^o5�CJaJ� � +, - ` � � � � � +,�� $dha$gdnw$��Sdh]��^�Sa$gd1 $�S�S]�S^�Sa$gdO8r$�S�� ]�S^�� `��a$gdO8r$�S�S]�S^�Sa$gdnwdhgdnw $dha$gdnw$&dP��a$gdB9�- A ` n o ~ � � � � � � � � � � � � � � � � � *+,->@Wntx��籥��rcWh�N�CJaJmH sH hFHWhnwCJaJmH sH hFHWhnwCJaJmH sH h�N�CJaJmH sH h�d+CJaJmH sH h�QHCJaJmH sH h�bCJaJmH sH hFHWhnwCJaJh1 CJaJh�QHCJaJhFHWhO8rCJaJhO8rCJaJhnwCJaJhFHWhnwCJaJhFHWhnw5�CJ\�aJ",-m~��! 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Char Char Char Car,Ref. de nota al pie2,Ref,Texto de nota al pieCJaJmH sH ��Q�_�0�Texto nota pie Car,Texto de nota al pie Car,referencia nota al pie Car,Ref. de nota al pie 2 Car,Footnotes refss Car,Appel note de bas de page Car,de nota al pie Car$CJOJPJQJ^JaJmH $sH $tH &��a&_�0�Texto nota pie Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car1,Footnote Text Char Char Char Char Car,Ref. de nota al pie1 Car,FA Fu Car,texto de nota al pie Car,Footnote Text Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car Car,Ref CarCJOJPJQJ^JaJtH F&@�qF_�0Ref. de nota al pieH*^JL��L {F)0Texto de globoCJOJQJ^JaJ`��`{F)0Texto de globo Car$CJOJPJQJ^JaJmH $sH $tH d^@�dnw0Normal (Web)�d�d7$8$[$\$CJOJQJ^JaJmH sH <U��< ;70Hiperv�nculo>*B*ph�nB@�nmK�0Texto independientedh7$8$a$CJ OJQJ^JaJmH sH j��jmK�0Texto independiente Car$CJ OJPJQJ^JaJmH sH tH 4�4mK�0CM36H$CJaJtH �O�� b_ajD�@D3@� P�rrafo de lista ^��m$B�B"`0 �nfasis sutil6�B*]�ph@@@PK!��[Content_Types].xml��j�0E��ж�r�(��΢Iw},��-j��4 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