23001 31 07 001 2013 00136 01 · Tribunal de Montería

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HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES Las se�oras BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO y MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, desde el a�o 2006, ven�an siendo investigadas por la Fiscal�a 35 de la Unidad Nacional de Fiscal�as para la Extinci�n del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de activos, con sede en Bogot�, por los presuntos delitos de Enriquecimiento il�cito y Lavado de activos.

La Fiscal 35, doctora YOLANDA SEPULVEDA LOZANO, el 31 de mayo de 2010 decidi� precluir la investigaci�n, por atipicidad de la conducta, y por consiguiente, orden� la libertad inmediata de las procesadas. El 4 de junio de 2009, con oficio No. 12001 dirigido al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Monter�a, la representante de la Fiscal�a comunic� la libertad inmediata de la sindicada MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, quien ven�a recluida en su domicilio. En el anverso del �ltimo folio que contiene la providencia que precluy�, se observa que la procesada BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO fue notificada personalmente el d�a 8 de junio de 2010, en esa misma fecha se notific� a su defensor, doctor MAURICIO FABIAN OTERO SANTA CRUZ, mientras que al Ministerio P�blico -237- se le notific� personalmente el 9 de junio de 2010.

Visible a folio 144 del cuaderno original No. 4 del Juzgado, reposa una constancia fechada 10 de junio de 2010, suscrita por el se�or ALVENIS OVALLE ROJAS, asistente de fiscal II, seg�n la cual se hizo una llamada telef�nica al doctor RAMIRO HERN�NDEZ MORENO, defensor de la sindicada MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, inform�ndole que pod�a acercarse a notificarse de la providencia del 31 de mayo de 2010, mediante la cual se precluy� la investigaci�n a favor de su representada.

El 24 de junio de 2010 el Ministerio Publico, por escrito, present� recurso de apelaci�n en contra de la providencia que precluy� la referida investigaci�n. Para notificar a la procesada MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET y a su defensor de la providencia del 31 de mayo de 2010, se fij� estado el d�a 8 de septiembre de 2010, tal como se observa al anverso del folio 138 del cuaderno original No. 4 del Juzgado.

Seg�n constancia visible a folio 175 del cuaderno original No. 4 del Juzgado, se le dio traslado al Agente del Ministerio P�blico para sustentar el recurso de apelaci�n, desde el martes 14 de septiembre de 2010, hasta el viernes 17 de septiembre del mismo a�o, esto es, cuatro d�as. El sujeto procesal inconforme sustent� el recurso de apelaci�n el 17 de septiembre de 2010, es decir, dentro del t�rmino que se le hab�a otorgado para ello.

El traslado a los no recurrentes se surti� desde el lunes 20 de septiembre hasta el jueves 23 de septiembre de 2010. Concedido el recurso de apelaci�n, correspondi� a la Fiscal�a Delegada ante el Tribunal de Distrito Extinci�n del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, en cabeza del doctor NELSON M�NDEZ DAZA, quien con providencia del 16 de septiembre de 2011 revoc� la preclusi�n emitida por la Fiscal�a 35 de esa misma Unidad y orden� que continuara la investigaci�n. Tiempo despu�s, fue cerrada parcialmente la investigaci�n en relaci�n con las sindicadas BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO y MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, resoluci�n que fue notificada en legal forma y contra la cual no se interpuso recurso.

En los alegatos precalificatorios el defensor de la se�ora MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, hizo menci�n a la resoluci�n de preclusi�n al sostener que la Fiscal�a 35 ten�a toda la raz�n cuando decidi� precluir la investigaci�n; precisamente argument� en sus alegaciones la falta de tipicidad de la conducta, coincidiendo con los fundamentos que se tuvieron en cuenta para precluir.

Nunca manifest� irregularidad en el tr�mite de notificaci�n y tampoco dijo nada acerca de la extemporaneidad del recurso de apelaci�n que termin� con la revocatoria de la providencia que declar� la preclusi�n de la investigaci�n. El 30 de abril de 2013 se calific� el m�rito probatorio de la investigaci�n, por parte de la Fiscal�a 17 de la Unidad de Lavado de Activos, despacho Fiscal que profiri� resoluci�n de acusaci�n en contra de las sindicadas por la comisi�n de los delitos de Lavado de activos, agravado por provenir del narcotr�fico, en concurso con Enriquecimiento il�cito.

Los defensores de las acusadas apelaron la resoluci�n de acusaci�n. La Fiscal�a Primera Delegada ante el Tribunal de Distrito de Extinci�n de Derecho Dominio y contra el Lavado de Activos, mediante resoluci�n de septiembre 19 de 2013, revoc� parcialmente la providencia impugnada, precluy� por el delito de Enriquecimiento il�cito, mientras que confirm� la acusaci�n por el punible de Lavado de activos.

Al quedar ejecutoriada la resoluci�n de acusaci�n, por el delito de Lavado de activos, le correspondi� la etapa de juzgamiento al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Monter�a, que m�s tarde pas� a uno de descongesti�n de la misma especialidad. Surtido el traslado previsto en el art�culo 400 de la Ley 600 de 2000, la defensora de la se�ora BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO, solicit� se declarar� la nulidad de todo lo actuado, alegando que la providencia mediante la cual se profiri� resoluci�n de preclusi�n de la investigaci�n, por atipicidad de la conducta investigada, hab�a cobrado ejecutoria para el momento en que el representante del Ministerio P�blico sustent� el recurso de apelaci�n, por consiguiente debi� en aquel momento declararse desierto el recurso.

El Juez de conocimiento, en auto de fecha 4 de julio de 2014, deneg� la nulidad planteada al considerar que existieron irregularidades en la notificaci�n de la procesada MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, no se configur� la notificaci�n por conducta concluyente, como tampoco se hicieron las comunicaciones de rigor previo a la fijaci�n del estado, por tanto no se hab�a ejecutoriado la preclusi�n de la investigaci�n; decisi�n contra la cual los defensores interpusieron recurso de apelaci�n, el cual fue concedido por el Juez Penal del Circuito Especializado de Descongesti�n de Monter�a en el efecto suspensivo y para cuya sustentaci�n concedi� el termino de cuatro d�as h�biles.

Sin embargo, atendiendo una solicitud presentada por el Agente del Ministerio P�blico el 14 de julio de 2014, el Juez de primera instancia resolvi� revocar la suspensi�n de la audiencia preparatoria iniciada el 4 de julio de la misma anualidad, y en su lugar dispuso continuar con el desarrollo de la misma, para lo cual se�al� como fecha el 5 de septiembre de 2014. Llegada la fecha se�alada, el a quo, en primer lugar, resolvi� acerca de las solitudes probatorias realizadas por los defensores de las procesadas, corri�ndole traslado a los sujetos procesales para que intepusieran, si consideraban que a ello hab�a lugar, el recurso de apelaci�n en contra de la anterior decisi�n; oportunidad en la que el defensor de la procesada MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET se mostr� inconforme ante la negativa del Juzgado de decretarle algunas de las pruebas testimoniales y las inspecciones judiciales a establecimientos comerciales por �l solicitadas.

Igualmente les corri� traslado para que sustentaran el recurso de reposici�n y en subsidio de apelaci�n (sic) en contra del auto calendado 4 de julio de 2014, esto es, el que neg� la solicitud de nulidad presentada por la defensa de la se�ora BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO, muy a pesar de que en contra de tal decisi�n la bancada de la defensa interpuso como �nico el recurso de apelaci�n. Al resolver el recurso de reposici�n inexistente, el 31 de octubre de 2014, consider� el Juez de primera instancia que la providencia en la que se declar� la preclusi�n no estaba ejecutoriada cuando se interpuso el recurso de apelaci�n en contra de la misma, pero acept� que en realidad no hab�a sido notificada en debida forma a la procesada MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, motivo por el cual declar� la nulidad parcial del proceso �a partir de la notificaci�n de la decisi�n de 31 de mayo de 2010, mediante Estado (sic) n�mero 145 de fecha mi�rcoles ocho (8) de septiembre del 2010 inclusive�, decisi�n que no fue objeto de recurso por parte de la representante de la Fiscal�a. Finalmente, el proceso se remite a este Tribunal para conocer de las dos apelaciones.

AUTOS RECURRIDOS AUTO DEL 4 DE JULIO DE 2014: por medio del cual el Juez de primera instancia resolvi� no acceder a la solicitud de nulidad presentada por la defensa de la procesada BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO. Argument� el juez de conocimiento que existieron serias irregularidades en el proceso de notificaci�n de la procesada MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, tal como que no fue notificada personalmente de la providencia que decret� la preclusi�n, muy a pesar de estar privada de la libertad para ese momento; la notificaci�n que meses despu�s se realiz� por medio de estado no cumpli� con la exigencia legal previa de enviar las comunicaciones respectivas para efectos que la procesada o su defensor se acercaran a notificarse personalmente.

As� mismo, el juez de instancia consider� que no pod�a entenderse notificada de la preclusi�n por conducta concluyente, por el hecho de que se orden� la libertad de la sindicada y �sta qued� libre. Bajo tales condiciones, apoy�ndose en la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, lleg� a la conclusi�n de que para el momento en que se concedi� el recurso de apelaci�n contra la providencia de la Fiscal�a 35 que precluy� la investigaci�n, la misma no se encontraba legalmente notificada a una de las sindicadas.

Por consiguiente no accedi� a la nulidad de todo lo actuado a partir de la ejecutoria de la resoluci�n que precluy� la investigaci�n. A su juicio dicha providencia no hab�a cobrado ejecutoria. Como el Juez crey� que los defensores de las procesadas interpusieron recurso de reposici�n y en subsidio el de apelaci�n en contra de esa decisi�n, siendo que interpusieron fue el de apelaci�n, el 31 de octubre de 2014, al resolver el supuesto recurso de reposici�n, repuso parcialmente el auto recurrido y decret� la nulidad del proceso �a partir de la notificaci�n de la decisi�n de 31 de mayo de 2010, mediante Estado (sic) n�mero 145 de fecha mi�rcoles ocho (8) de septiembre del 2010 inclusive�.

Esto es, dej� inc�lume la providencia mediante la cual se declar� la preclusi�n de la investigaci�n, pero en el tr�mite de su notificaci�n. ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES El defensor de la procesada BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO considera que la nulidad debe decretarse a partir de la ejecutoria de la providencia que precluy� la presente investigaci�n a favor de las procesadas, toda vez que �l, su asistida y el representante de la sociedad fueron notificados personalmente de la misma el 8 de septiembre de 2010 (sic), mientras que la se�ora MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET fue enterada de tal decisi�n en esa misma fecha pero por conducta concluyente.

Sostiene que al encontrarse esta �ltima en detenci�n domiciliaria deb�a ser notificada personalmente, y aunque dentro del expediente no existe una constancia de ese tipo de notificaci�n, lo cierto es que tanto su abogado (v�a telef�nica) como ella (al realizarse la diligencia que la dej� en libertad) ten�an conocimiento de la preclusi�n proferida por la representante de la Fiscal�a. Concluye que si no se decreta la nulidad dejando ejecutoriada la providencia que precluy� la investigaci�n, se le estar�a brindando la oportunidad al ente fiscal de incurrir nuevamente en una arbitrariedad que conduzca a la detenci�n injusta de su representada.

A su vez, el profesional del derecho que vela por los intereses de la se�ora MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET anota que si la Fiscal�a realiz� la notificaci�n a las procesadas de la providencia por medio de la cual se declar� la preclusi�n de la investigaci�n el 8 de junio de 2010, resulta inaudito que se haya interpuesto recurso de apelaci�n en contra de esa decisi�n el 24 de junio de 2010 y peor a�n, que su sustentaci�n se radicara el 17 de septiembre de ese misma anualidad; actuaci�n con la que se vulneraron los principios de presunci�n de inocencia, legalidad y del debido proceso de las procesadas.

Afirma que la decisi�n de la judicatura de primera instancia resulta acertada, sin embargo, la nulidad debe decretarse desde la ejecutoria de la preclusi�n del proceso seguido en contra de las se�oras BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO y MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, atendiendo la preclusividad de los t�rminos procesales. TRASLADO A LOS NO RECURRENTES Fiscal�a: indica que el art�culo 178 de la Ley 600 de 2000 ordena que se notifique a todos los sujetos procesales de las providencias interlocutorias y, excepcionalmente, el canon 396 del mismo ordenamiento permite que se notifique personalmente al defensor o al procesado (solo a alguno de ellos) cuando se trate de una providencia calificatoria; situaci�n distinta a la del presente caso puesto que la notificaci�n proferida por la Fiscal�a 35 de la Unidad de Extinci�n del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos fue una resoluci�n de preclusi�n a favor de las procesadas.

Luego entonces, al no existir constancia de notificaci�n surtida al defensor de la se�ora MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET al momento en que se orden� la preclusi�n, doctor RAMIRO HERN�NDEZ MORENO, no debe admitirse la tesis de la bancada de la defensa consistente en que la antedicha providencia se encontraba ejecutoriada al momento en que el Ministerio P�blico interpuso recurso de alzada.

Por lo anterior solicita que se confirme la decisi�n adoptada por el Juez Penal del Circuito Especializado de Descongesti�n de Monter�a. Ministerio P�blico: arguye que aunque los argumentos expuestos por los togados de la defensa son de suficiente criterio jur�dico, lamenta no acompa�arlos en su petici�n, puesto que a su juicio la nulidad debe decretarse, tal como la orden� el juez de primera instancia, a partir de la notificaci�n de la providencia que precluy� la investigaci�n a favor de las procesadas, y de esa forma todos los sujetos procesales tendr�n la oportunidad de intervenir en la censura que contra la misma se presente.

AUTO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014: por medio del cual la Judicatura de primera instancia resolvi� las solicitudes probatorias de los defensores de las procesadas BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO y MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET. En lo que es materia de debate, dispuso el Juez Penal del Circuito de Descongesti�n de Monter�a que las pruebas testimoniales solicitadas por el defensor de la procesada MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, tendientes a demostrar las operaciones financieras que personas naturales realizaban por intermedio de CONAVITEL, se tornaban repetitivas, raz�n por la cual le sugiri� a ese profesional del derecho que escogiera s�lo cinco de los testigos solicitados.

Ante tal pedimento el referido defensor solicit� se decretara la pr�ctica del testimonio de los se�ores JOS� NELSON HENAO G�MEZ, JOS� DELIO CARDONA, FARIDE SERRANO CURA, MAGNOLIA TRIANA y ADOLFO GARC�S; los cuales efectivamente fueron ordenados por el Juez de conocimiento. En lo referente a la solicitud de realizar inspecciones judiciales a las empresas CONAVITEL (hoy PAC, corresponsal no bancario de Bancolombia) con sede en los municipios de Taraz�, Caucasia, El Jard�n, San Pedro de Urab�, Apartad�, Anor�, Arboletes, Necocl� y Turbo, del departamento de Antioquia; en los municipios de Ayapel, Valencia, Planeta Rica, La Apartada, pertenecientes al departamento de C�rdoba; y en el municipio de San Marcos � Sucre; resolvi� no decretarlas toda vez que la defensa no justific� la pertinencia o utilidad de las mismas.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE El defensor de la procesada MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET inicia indicando que el presente proceso tiene una cuant�a exagerada y fueron muchas las personas (naturales y jur�dicas) que hicieron uso del servicio brindado por CONAVITEL, motivo por el cual estima que limitar las declaraciones por �l solicitadas a solo cinco personas conllevar�a a debilitar la defensa de su asistida, pues no se lograr�a demostrar el movimiento de capital mensual, semestral y anual respecto del cual consider� la Fiscal�a se hab�a configurado el delito de Lavado de activos.

Lo mismo ocurre con la limitaci�n en las inspecciones judiciales a los establecimientos comerciales, a trav�s de las cuales se buscaba ratificar las amplias operaciones financieras realizadas por las mismas a trav�s de la empresa CONAVITEL. Afirma que la sustentaci�n acerca de la conducencia de las declaraciones y las inspecciones judiciales se hizo al momento en que fueron solicitadas, pues de lo contrario el Juez de primera instancia no hubiese accedido al decreto de alguna de ellas.

TRASLADO A LOS NO RECURRENTES Solamente hizo uso de tal facultad el representante del Ministerio p�blico, quien sugiri� que atendiendo la naturaleza del delito por el cual se le investiga a las procesadas, se deb�an decretar la totalidad de los testimonios solicitados por la defensa de la se�ora MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET. Con relaci�n a las inspecciones judiciales a los establecimientos comerciales considera que le asiste la raz�n a la Judicatura, pues de llegarse a ordenar las mismas el proceso se prolongar�a indefinidamente en el tiempo; sin embargo, si lo que pretende la defensa con tal pedimento es certificar la cuant�a de los dineros que se manejaban en esas sucursales, dicha informaci�n bien puede obtenerse oficiando a esas oficinas al respecto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL SALA PENAL DE DECISI�N Como los recurrentes argumentan que la providencia mediante la cual la Fiscal�a 35 precluy� la investigaci�n se encuentra ejecutoriada, desde antes de sustentarse el recurso de apelaci�n propuesto por el Ministerio P�blico, para verificar si ello es cierto, tendremos que confrontar las actuaciones surtidas en el tr�mite de las notificaciones ya relacionadas al inicio de esta providencia, con las reglas procesales sobre la materia, surgiendo as� los siguientes problemas jur�dicos a resolver: 1.

Se examinar� si conceder la libertad de un sindicado, sin notificarle personalmente la providencia que as� lo decidi�, debe entenderse configurada la notificaci�n por conducta concluyente de esa decisi�n. 2. Se analizar� la validez y el alcance de los efectos jur�dicos de la notificaci�n por estado, cuando se omite citar previamente a la parte a notificar por este medio, para que concurra a la notificaci�n personal. 3. �Qu� efectos jur�dicos tiene el trascurso del tiempo, respecto a la ejecutoria de una providencia, cuando no se han efectuado legalmente todas las notificaciones? 4.

Se estudiar� en este caso acerca de la procedencia de la nulidad de las actuaciones posteriores a la providencia que declar� la preclusi�n de la investigaci�n, que m�s tarde fue revocada por el superior, debido a irregularidades en la notificaci�n de aquella y cuando se consinti� por las partes el tr�mite del proceso. En relaci�n con el auto del 5 de septiembre de 2014, por medio del cual el juez de conocimiento resolvi� acerca de las solicitudes probatorias y deneg� algunas pruebas solicitadas por la defensa de la acusada MARIA ANGELICA BARRERA VIOLET se analizar�, acerca de la utilidad, conducencia y pertinencia de la prueba testimonial y las inspecciones judiciales deprecadas.

Al resolver el primer problema jur�dico planteado, considera la Sala necesario recordar que la notificaci�n es un acto jur�dico por medio del cual se hace saber o se pone en conocimiento de las partes y dem�s interesados, algunas veces a terceros, en forma real o presunta, las providencias que se dictan en desarrollo de una investigaci�n previa, instrucci�n, juzgamiento o ejecuci�n de la sentencia. (Refiri�ndonos a las etapa del proceso regulado en la ley 600 de 2000) La notificaci�n personal prevista en el art�culo 178 del C.P.P. consiste en la lectura integra de la providencia que se le hace a la parte interesada o permitiendo que esta lo haga, de lo cual se dejar� constancia expresa.

Por otra parte, la notificaci�n por conducta concluyente, seg�n las reglas del canon 181 del C.P.P., infiere el conocimiento que la parte tiene de la providencia a notificar, partiendo de su comportamiento frente a la misma, tal como cuando hace de ella alusi�n en un escrito, cuando interpone recurso contra la decisi�n que contiene o ha participado en la audiencia o diligencia donde se produjo.

Es por ello que el juez de primera instancia tiene raz�n para considerar que no se puede entender notificada a la se�ora MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, ni siquiera por conducta concluyente, de la providencia mediante la cual se declar� la preclusi�n de la investigaci�n, pues no se remiti� despacho comisorio en esa oportunidad para notificarla y dejarla en libertad, solo se remiti� la orden de libertad y as� se cumpli� por parte del INPEC.

En otras palabras a la sindicada antes mencionada nunca se le notific� de la providencia que precluy� la investigaci�n, puesto que el mero acto de hacerle saber por parte del INPEC que se encuentra en libertad por orden de la fiscal�a y por consiguiente ya no tendr� a su domicilio como c�rcel donde cumple la detenci�n preventiva, no implica que se haya enterado del contenido de la providencia. Es entendible, claro est�, que la defensa por estrategia y conveniencia, pero contrariando las reglas de la notificaci�n, pretenda convencer a la judicatura de que la se�ora MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, fue notificada por conducta concluyente, esa postura procura, equivocadamente, dar por ejecutoriada la resoluci�n de preclusi�n para el momento en que el Ministerio P�blico sustenta el recurso de apelaci�n contra dicha providencia. Adem�s considera la sala que equivocadamente, puesto que, aun as�, quedaba por notificar a su defensor y para ello tendr�a que fijarse el estado solamente, si se tiene en cuenta que existe constancia de que fue llamado telef�nicamente para convocarlo a que se notificara personalmente, citaci�n que desatendi� por lo que tampoco fue notificado en forma personal, y ese estado se fij� el 8 de septiembre de 2010.

En efecto, conforme al art�culo 187 del C.P.P. �las providencias quedan ejecutoriada tres d�as despu�s de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes�, vale decir, tres d�as despu�s de la �ltima notificaci�n, de tal manera que mientras falte por notificar a uno de los sujetos procesales la providencia no puede cobrar ejecutoria.

Otra cosa es que de conformidad con la naturaleza del acto y el eventual inter�s leg�timo que pueda tener quien no fue notificado, teniendo en cuanta los principios que rigen la declaratoria de las nulidades, se pueda pasar por alto dicha irregularidad, para no retrotraer el proceso injustificadamente. Pues bien, a juicio de la Sala, el tr�mite que imprimi� la Fiscal�a para notificar la preclusi�n de la investigaci�n, se encuentra plagado de m�ltiples irregularidades, empezando porque no se preocup� por notificar personalmente a la procesada MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, como era en ese momento su obligaci�n por ser una sindicada privada de la libertad.

Posteriormente pudo corregirse el yerro, cit�ndola para que concurriera a notificarse personalmente y solo despu�s de eso, si no era posible la notificaci�n personal, se proced�a a fijar el estado para notificarla por ese otro medio alternativo y presuntivo, tal como en forma clara e imperativa lo exige el art�culo 179 del C.P.P. Luego entonces, esas notificaciones defectuosas, irregulares y contrarias al ordenamiento Procesal Penal no pueden tener efectos jur�dicos para ejecutoriar una providencia, pudi�ndose pensar, en ese momento, que a las se�ora MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET se le afect� el derecho a la defensa, pues si no fue oportunamente enterada de la preclusi�n a su favor (ni siquiera el oficio de la Fiscal dirigido al Director de la C�rcel habla de la decisi�n de preclusi�n) mal pod�a enterarse acerca de la interposici�n del recurso de apelaci�n y mucho menos refutar los argumentos esgrimidos por el recurrente, en el t�rmino previsto para los no recurrentes.

As� las cosas, el estado con el cual se pretendi� notificar a quienes no lo hicieron personalmente, no tiene ninguna validez, no puede producir ning�n efecto jur�dico, por consiguiente, cuando se interpuso y sustent� el recurso de apelaci�n contra la resoluci�n de preclusi�n se hizo dentro del t�rmino para ello. Bajo tal premisa, considera el Tribual que resulta palmario y de simple l�gica elemental que la resoluci�n de preclusi�n nunca cobr� ejecutoria ni formal ni material, de tal manera que la nulidad deprecada por la defensa de la se�ora BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO no estaba llamada a prosperar, puesto que la finc� en la tesis seg�n la cual para el momento en que el Ministerio P�blico sustent� el recurso de apelaci�n ya se encontraba ejecutoriada la providencia impugnada.

Eso no es verdad. Por otra parte, tampoco puede ser de recibo la tesis planteada por el defensor de la procesada MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, doctor Nelson Eduardo Menjura Gonz�lez, seg�n la cual como transcurrieron tres meses y nueve d�as desde el momento en que se profiri� la resoluci�n de preclusi�n hasta la fecha en que se fij� el estado, siendo ello atribuible a la desidia de la Secretar�a de la Fiscal�a, al punto que tuvo el Ministerio P�blico que instarlo a que prosiguieran el tr�mite de las notificaciones, debe entenderse ejecutoriada la providencia puesto que si se hubiera notificado personalmente a su asistida y se hacen las comunicaciones para que los dem�s lo hicieran dentro de los tres d�as siguientes, dicha resoluci�n hubiera cobrado ejecutoria.

La anterior tesis se basa en hip�tesis no comprobables, pues olvida el recurrente que el Ministerio P�blico se notific� personalmente el 9 de junio de 2010 e interpuso el recurso de apelaci�n el d�a 24 de ese mismo mes y a�o. Si el tr�mite de las notificaciones hubiera sido �gil y oportuno, muy seguramente la sustentaci�n del recurso de apelaci�n se hubiera presentado mucho antes.

Adem�s, resulta ex�tica la tesis del togado de la defensa, puesto que jam�s podr�a el mero transcurso del tiempo considerarse como un acto de notificaci�n de una providencia, al menos que exista comportamiento de la parte que indique que la conoce, pero eso est� reglado como notificaci�n por conducta concluyente, lo que en este evento no ha ocurrido.

La desidia o negligencia en el tr�mite de las notificaciones, irrespetando los t�rminos previstos en la ley procesal penal, pueda que tenga consecuencias en el �mbito disciplinario pero jam�s comporta una notificaci�n presunta. En cuanto al cuarto problema jur�dico planteado, esto es, la procedencia de la nulidad de las actuaciones posteriores a la providencia que declar� la preclusi�n de la investigaci�n, que m�s tarde fue revocada por el superior, debido a irregularidades en la notificaci�n de aquella, siendo que los sujetos procesales se mostraron conformes con la continuaci�n de la instrucci�n. Sea lo primero recordar, seg�n lo ha establecido la Honorable Corte Suprema de Justicia, que la declaratoria de las nulidades debe obedecer a unos principios.

Esto ha dicho: �Precisado lo anterior se tiene que como todos los reproches formulados por el actor han sido presentados al amparo de la causal tercera de casaci�n en procura de conseguir la invalidaci�n de lo actuado, los art�culo 310 y 311 del estatuto procesal penal establecen los principios que rigen la declaratoria de nulidad, los cuales han sido desarrollados por esta Sala, as�: Principio de taxatividad: Para solicitar la declaratoria de invalidez de la actuaci�n es imprescindible invocar los motivos establecidos en la ley.

Principio de protecci�n: El sujeto procesal que haya dado lugar al motivo de anulaci�n no puede plantearlo en su beneficio, salvo cuando se trate del quebranto del derecho de defensa t�cnica. Principio de convalidaci�n: La irregularidad que engendra el vicio puede ser convalidada de manera expresa o t�cita por el sujeto procesal perjudicado, siempre que no se violen sus garant�as fundamentales.

Principio de trascendencia: Quien solicita la declaratoria de nulidad tiene el indeclinable deber de demostrar no s�lo la ocurrencia de la incorrecci�n denunciada, sino que esta afecta de manera real y cierta las garant�as de los sujetos procesales o socava las bases fundamentales del proceso. Principio de residualidad: Compete al peticionario acreditar que la �nica forma de enmendar el agravio es la declaratoria de nulidad.

Principio de instrumentalidad de las formas: No procede la invalidaci�n cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el prop�sito para el cual est� destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa. Principio de acreditaci�n: Quien alega la configuraci�n de un motivo invalidatorio, est� llamado a especificar la causal que invoca y a plantear los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya.� As� mismo, el alto Tribunal al analizar las consecuencias de irregularidades cometidas al hacer las notificaciones de la resoluci�n de acusaci�n dej� sentado que no siempre conllevan a la declaratoria de la nulidad si se ha convalidado la actuaci�n. Esto ha planteado: �De suerte que de haber existido la irregularidad denunciada, el hecho de que al conocerla tanto la procesada como su defensor omitieran ejercer el acto de postulaci�n que la anomal�a suger�a, permite colegir que no les asist�a inter�s para hacer valer los derechos presuntamente conculcados, provocando con ese asentimiento t�cito que las consecuencias convalidantes surtieran sus efectos.� En otra oportunidad sostuvo: �cuando el acto de postulaci�n discrecional deja de ejercerse, no por voluntad de la parte, sino porque se la priva de la oportunidad de hacerlo, los efectos invalidatorios del vicio no solo depender�n de su trascendencia, sino de las circunstancias de no haber sido saneadas con motivo de la actitud procesal asumida por la parte afectada, como acontece cuando guarda silencio frente a la irregularidad, pues, entonces, habr� de entenderse, con fundamento adem�s en el art. 308.4 del Estatuto Procesal, (hoy art. 310.4 de la Ley 600 de 2000) que dispone del derecho que le fue socavado, renunciando a su eventual ejercicio.� En efecto, en el anverso del �ltimo folio que contiene la providencia que precluy� la investigaci�n, se observa que la procesada BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO fue notificada personalmente el d�a 8 de junio de 2010, en esa misma fecha se notific� a su defensor, doctor MAURICIO FABIAN OTERO SANTA CRUZ, mientras que al Ministerio P�blico -237- se le notific� personalmente el 9 de junio de 2010.

Al Ministerio P�blico se le notific� personalmente la decisi�n; el defensor de la procesada MARIA ANGELICA BARRERA VIOLET, se le comunic� v�a telef�nica de dicha resoluci�n y se le conmin� para que se acercara a notificarse personalmente, por consiguiente el estado frente a este sujeto procesal resulta v�lido. Ello quiere decir que solo a su representada, pese a que estaba privada de la libertad para cundo se emiti� la decisi�n de preclusi�n, no se le notific� personalmente y despu�s para efectos de fijar el estado no se le cit� previamente para efectos de que se acercara a notificarse personalmente.

Por lo anterior, de existir afectaci�n al derecho de defensa y al debido proceso, lo ser�a en relaci�n con la se�ora MARIA ANGELICA BARRERA VIOLET. Sin embargo, esa irregularidad fue subsanada por la conducta desplegada a lo largo del proceso por ella, su defensor y dem�s sujetos procesales. Veamos: De la actitud de todos los sujetos procesales se advierte que ten�an conocimiento de la existencia de un recurso de apelaci�n en contra de la resoluci�n que precluy� la investigaci�n, pues de otra manera no se explica su absoluta pasividad frente a la resoluci�n que cerr� la investigaci�n, en relaci�n con las procesadas BLANCA NELLY MARQUEZ OSORIO y MARIA ANGELICA BARRERA VIOLET, la cual fue notificada en legal forma y contra la cual no se interpuso recurso alguno. Por el contrario, el doctor Javier Antonio D�az Bernal, defensor en ese momento de la se�ora MARIA ANGELICA BARRERA VIOLET, en sus alegatos precalificatorios, hace alusi�n a la resoluci�n de preclusi�n que fue objeto de apelaci�n por el Ministerio Publico, para poner de presente que la fiscal�a 35 ten�a raz�n cuando precluy� la investigaci�n, solicitando a la fiscal�a que ahora le correspond�a calificar el m�rito probarlo de la instrucci�n, la preclusi�n por atipicidad de la conducta.

El defensor nunca manifest� irregularidad alguna en la preclusi�n y su notificaci�n, no aleg� extemporaneidad del recurso ni ejecutoria de aquella providencia. La Fiscal�a 17 de La Unidad de Lavado de Activos, profiri� resoluci�n de acusaci�n, en contra de las dos sindicadas en menci�n y en esa providencia empez� diciendo que proced�a a calificar �no existiendo causal alguna que invalide la presente actuaci�n�.

Contra dicha resoluci�n se interpusieron recursos de apelaci�n y no se cuestion� en absoluto su ilegalidad por haberse dictado en un proceso precluido. El defensor de la se�ora MARIA ANGELICA BARRERA VIOLET en la sustentaci�n del recurso de apelaci�n en contra de la resoluci�n de acusaci�n, hace suyos los argumentos que tuvo la fiscal�a 35 para prelucir, demand� del superior la revocatoria de la resoluci�n de acusaci�n y la preclusi�n por atipicidad de la conducta.

Jam�s aleg� que la preclusi�n de la investigaci�n emitida por la Fiscal�a 35 estuviera ejecutoriada o que dicha providencia que la conten�a haya sido irregularmente notificada con afectaci�n al debido proceso y el derecho de defensa. Por su parte, la defensa de la sindicada BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO interpone recurso de apelaci�n y nunca hizo referencia a que la resoluci�n que precluy� la investigaci�n cobr� ejecutoria antes de concederse el recurso o que �sta fue irregularmente notificada, con lo cual se afectaron derechos y garant�as procesales.

Sus argumentos apuntaban a demostrar la inexistencia del hecho investigado, partiendo de la prueba legalmente recaudada hasta ese momento procesal. Ya en la etapa de juzgamiento, haciendo uso del traslado del Art. 400 de la ley 600 de 2000, el defensor de la se�ora MARIA ANGELICA BARRERA VIOLET, doctor Nelson Eduardo Menjura Gonz�lez, presenta escrito el 23 de diciembre de 2013, nada dice acerca de nulidades, se limita a solicitar pruebas. Como se puede ver, si bien es cierto existieron irregularidades al notificar la resoluci�n de preclusi�n emitida por la fiscal�a 35, que al dejar sin notificar a la se�ora MARIA ANGELICA BARRERA VIOLET le impidi�, como no recurrente, controvertir los argumentos del Ministerio P�blico como apelante, no lo es menos que su defensor si fue notificado en legal forma y pudo ejercer tal controversia.

Adem�s, cuando se fustig� la resoluci�n de acusaci�n por parte de los defensores, al interponer el recurso de apelaci�n contra la misma, se hizo defensa de la providencia que precluy� la investigaci�n y hab�a sido revocada en segunda instancia, por lo cual se puede afirmar que los no recurrentes, en la apelaci�n que interpusiera el Ministerio P�blico, tuvieron la oportunidad de defender la tesis de la fiscal�a 35, aun cuando en otro escenario, minimizando as� las consecuencias de la indebida notificaci�n que todos los sujetos procesales convalidaron.

Adem�s si en segunda instancia con todos esos argumentos fue confirmada la resoluci�n de acusaci�n, igual suerte corr�a la preclusi�n. Como consecuencia de lo anterior y conforme a la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia ya citada, el Tribunal confirmar� el auto apelado, mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado de descongesti�n, se abstuvo de declarar la nulidad de lo actuado.

Se revocar� la decisi�n adoptada al resolver el recurso de reposici�n � que nadie interpuso -, esto es, la declaratoria de la nulidad parcial del proceso �a partir de la notificaci�n de la decisi�n de 31 de mayo de 2010, mediante Estado (sic) n�mero 145 de fecha mi�rcoles ocho (8) de septiembre del 2010 inclusive�. Como consecuencia de lo anterior se dispondr� la captura de las procesadas BLANCA NELLY MARQUEZ OSORIO Y MARIA ANGELICA BARRERA VIOLET, quienes ser�n puestas a �rdenes del Juzgado Penal del Circuito Especializado de descongesti�n de Monter�a, con la finalidad de que contin�en privadas de la libertad en las mismas condiciones en que ven�an antes del auto de fecha 31 de octubre de 2014.

Para efectos de la Captura Of�ciese al Director Seccional del C.T.I. en esta ciudad. En cuanto al auto del 5 de septiembre de 2014, por medio del cual la Judicatura de primera instancia resolvi� las solicitudes probatorias de los defensores de las procesadas BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO y MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, en donde dispuso el Juez Penal del Circuito Especializado de Descongesti�n de Monter�a que las pruebas testimoniales solicitadas por el defensor de la procesada MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, tendientes a demostrar las operaciones financieras que personas naturales y jur�dicas realizaban por intermedio de CONAVITEL, se tornaban repetitivas, raz�n por la cual le sugiri� a ese profesional del derecho que escogiera s�lo cinco de los testigos solicitados.

Para el Tribunal, como lo sugiri� el Ministerio P�blico, resulta atendible la solicitud de la defensa, pues cada uno de esos testigos tendr� actividad diferente a la que se dedicaba para el momento de las operaciones, de alguna manera cada uno de ellos puede arrojar luces sobre los hechos que fueron materia de investigaci�n por parte de la Fiscal�a. Adem�s, la praxis judicial y las reglas de la experiencia ense�an que, por lo general, al juicio oral asiste un n�mero reducido de testigos convocados, sobre todo, cuando se trata de personas que residen fuera de la ciudad de Monter�a. Por lo anterior, se revoca parcialmente el auto recurrido, en lo que tiene que ver con la negativa a decretar las pruebas testimoniales, en su lugar se ordena, adem�s de los testimonios ya seleccionados por el defensor y ordenados por el juez de conocimiento, los testimonios de los se�ores ROSIRIS ROMERO, JAVIER G�MEZ, NAFER HERN�NDEZ, GUSTAVO GONZ�LEZ, JULIO HERN�NDEZ, MARIO GONZ�LEZ, FELIPE SANTIAGO RUIZ PLATANERO, EFREN D�AZ FINQUERO, VILMA FAFRA, PURA PALOMINO, DIANA PE�A FINQUERA, GERMAN MEJ�A, JAIME OCHOA, los HERMANOS CASTRO (sic), DISNEY TUBERQUIA, JULI�N TUBERQUIA, JULI�N CHANCHI, ALAIN TRIANA, WILFREDO CHANCI, ELIECER MEJ�A, JULI�N JARAMILLO, JAVIER LAF�N y FREDY SOLANO. En relaci�n con las inspecciones judiciales solicitadas a las empresas CONAVITEL (hoy PAC, corresponsal no bancario de Bancolombia) con sede en los municipios de Taraz�, Caucasia, El Jard�n, San Pedro de Urab�, Apartid�, Anor�, Arboletes, Necocl� y Turbo, del departamento de Antioquia; en los municipios de Ayapel, Valencia, Planeta Rica, La Apartada, pertenecientes al departamento de C�rdoba; y en el municipio de San Marcos � Sucre, considera el Tribunal que le asiste raz�n al juez de instancia, no por las razones expuestas por el Ministerio P�blico por la complejidad y las dilaciones que puede traer al proceso, sino porque no se avizora la utilidad que estas inspecciones puedan tener para esclarecer los hechos.

El defensor tampoco ilustr� a la judicatura sobre ese t�pico. La naturaleza de los hechos investigados �Lavado de activos - los cargos puntuales que se hacen en la resoluci�n de acusaci�n, no se debilitar�an por el hecho de demostrar que varias personas, jur�dicas o naturales, con actividades dentro del marco de la ley, hac�an cuantiosas consignaciones o transacciones en los CONAVITEL de aquella �poca.

O al menos el defensor al solicitar las inspecciones no argument� lo suficiente para demostrar la utilidad real de dichas inspecciones. Por lo anterior, en lo relativo a la negativa del juez de conocimiento de ordenar dichas inspecciones se confirma el auto recurrido. En m�rito de lo expuesto el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERIA, EN SALA PENAL DE DECISI�N,

RESUELVE

PRIMERO. - Confirmar el auto del 4 de julio de 2014, por medio del cual el Juez Penal del Circuito Especializado de Monter�a, resolvi� no acceder a la solicitud de nulidad presentada por la defensa de la procesada BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO. SEGUNDO.- Revocar la decisi�n adoptada por el mismo juzgado, el 31 de octubre de 2014, al resolver el recurso de reposici�n � que nadie interpuso -, esto es, la declaratoria de la nulidad parcial del proceso �a partir de la notificaci�n de la decisi�n de 31 de mayo de 2010, mediante Estado (sic) n�mero 145 de fecha mi�rcoles ocho (8) de septiembre del 2010 inclusive� y en consecuencia dispuso su libertad inmediata.

TERCERO. - Como consecuencia de lo anterior se dispondr� la captura de las procesadas BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO y MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET, quienes ser�n puestas a �rdenes del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongesti�n de Monter�a, con la finalidad de que contin�en privadas de la libertad en las mismas condiciones en que ven�an antes del auto de fecha 31 de octubre de 2014.

Para efectos de la Captura Of�ciese al Director Seccional del C.T.I. en esta ciudad. CUARTO.- Revocar parcialmente el auto recurrido de fecha septiembre 5 de 2014, en lo que tiene que ver con la negativa a decretar las pruebas testimoniales, en su lugar se ordena, adem�s de los testimonios ya seleccionados por el recurrente y ordenados por el juez de conocimiento, los testimonios de los se�ores ROSIRIS ROMERO, JAVIER G�MEZ, NAFER HERN�NDEZ, GUSTAVO GONZ�LEZ, JULIO HERN�NDEZ, MARIO GONZ�LEZ, FELIPE SANTIAGO RUIZ PLATANERO, EFREN D�AZ FINQUERO, VILMA FAFRA, PURA PALOMINO, DIANA PE�A FINQUERA, GERMAN MEJ�A, JAIME OCHOA, los HERMANOS CASTRO (sic), DISNEY TUBERQUIA, JULI�N TUBERQUIA, JULIAN CHANCHI, ALAIN TRIANA, WILFREDO CHANCI, ELIECER MEJ�A, JULI�N JARAMILLO, JAVIER LAF�N y FREDY SOLANO. QUINTO.- Confirmar en todo lo dem�s el auto de fecha 5 de septiembre de 2014, incluyendo la negativa a ordenar las inspecciones judiciales solicitadas en las empresas CONAVITEL (hoy PAC, corresponsal no bancario de Bancolombia) con sede en los municipios de Taraz�, Caucasia, El Jard�n, San Pedro de Urab�, Apartid�, Anor�, Arboletes, Necocl� y Turbo, del departamento de Antioquia; en los municipios de Ayapel, Valencia, Planeta Rica, La Apartada, pertenecientes al departamento de C�rdoba; y en el municipio de San Marcos � Sucre.

SEXTO. - Contra esta providencia no procede recurso alguno. S�PTIMO.- Por Secretar�a devu�lvase el expediente al Juzgado de origen, para que contin�e con el juzgamiento. COMUN�QUESE Y C�MPLASE MANUEL FIDENCIO TORRES GALEANO Magistrado Ponente V�CTOR RAM�N DIZ CASTRO L�A CRISTINA OJEDA YEPES Magistrado Magistrada SILVIA YAMILE CADAVID J�LLER Secretaria Folio 125 a 138 del Cuaderno Original No. 4 del Juzgado Folio 143 del Cuaderno Original No. 4 ib�dem Folios 42 a 61 del expediente No. 5268 (3860 L.A.) de la Fiscal�a Delegada ante el Tribunal de Distrito Folio 278 del Cuaderno Original No. 4 del Juzgado Folio 44 del Cuaderno Original No. 5 del Juzgado Record 30:30 en adelante del Cd.

No. 6 del Cuaderno Original No. 6 del Juzgado Folios 129 a 131 del Cuaderno Original No. 6 del Juzgado Folios 133 a 135 ib�dem Obrante a folio 143 del cuaderno Original No. 4 del Juzgado, que es del siguiente tenor: Bogot� D.C, Junio Cuatro (4) de Dos Mil Diez (2009) (sic) OFICIO No. 12001 Se�or Director ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONTER�A Tels.

(4)7836515 � 7837767 � 7832897 Monter�a � Cordoba (sic) URGENTE LIBERTAD INMEDIATA HAY PRESO EN DOMICILIARIA ASUNTO: ORDEN DE LIBERTAD INMEDIATA RAD. 3860 LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS Interna: MARIA NAGELICA BARRERA VIOLET C.C 50.901.148 Monter�a, Cordoba (sic) En cumplimiento a lo dispuesto por la Fiscal 35 adscrita a la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinci�n del Derecho de Dominio en resoluci�n de fecha Treinta y Uno (31) de Mayo de Dos Mil Nueve (2009), me permito informarle que se dispuso LA LIBERTAD INMEDIATA de la se�ora MARIA ANGELICA BARRERA VIOLET identificada con c�dula de ciudadan�a No 50.901.148 de Monter�a, C�rdoba, quien se encuentra en detenci�n domiciliaria en su casa de habitaci�n ubicada en la Calle 42A No. 1B- 70 Barrio Sucre de la ciudad de Monter�a, C�rdoba.

S�rvase otorgar la LIBERTAD INMEDIATA, inform�ndole que con oficio No. 5874 del 23 de junio de 2009, se hab�a ordenado su detenci�n preventiva en detenci�n domiciliaria. De antemano agradezco su valiosa colaboraci�n. Cordial saludo, YOLANDA SEPULVEDA LOZANO Fiscal 35 UNCLA Cfr. Providencia del 27 de mayo de 2003. M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll, entre otras Sentencia del 27 de febrero de 2003, Radicado 15161, M.P Herman Gal�n Castellanos Casaci�n del 23 de julio de 2003 M.P Dr. Jorge An�bal G�mez Gallego Folios 278 y 279 del Cuaderno Original No. 4 del Juzgado Folios 101 a 114 del Cuaderno original No. 5 ib�dem Folio 43 del Cuaderno original No. 6 ib�dem PAGE PAGE \* MERGEFORMAT29 Procesadas: BLANCA NELLY M�RQUEZ OSORIO y MAR�A ANG�LICA BARRERA VIOLET Delito: LAVADO DE ACTIVOS Radicado No. 23001 31 07 001 2013 00136 01 l-h 95�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH -hmD�5�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH -h�^>5�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH %h� 5�CJOJQJ^JaJnH tH %hgd�5�CJOJQJ^JaJnH tH r}~�� 1 2 3 = > �� gd� � $dha$gd�^> dgd�N�gd�� d�gd 9$dh� $dh�a$gd�^>$dh�@&a$gd�^>�� / 0 �η��p��Y@**hgd�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH 0h�Mmh�MmCJOJQJ^JaJmH nH sH tH -h�Mm5�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH 0h7Rh�^>CJOJQJ^JaJmH nH sH tH -hgW�5�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH -h�^>5�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH -h��5�CJOJQJ^JaJmH nH sH tH 0hgW�h�^>CJOJQJ^JaJmH nH sH tH 0hgW�hgW�CJOJQJ^JaJmH 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