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Supuestos f�cticos En el escrito de acusaci�n la Fiscal�a los precis� as�: �(�) tuvieron ocurrencia en forma repetida entre los a�os 2013 y 2015, desde cuando la ni�a YECA, ten�a unos 13 a�os de edad, hasta cuando cumpli� 15 a�os y tuvieron como escenario la residencia de la familia CA, ubicada en el municipio de San Gabriel del Ecuador inicialmente y luego en el sector de Las Tolas de la vereda Tasmag del municipio de Cumbal, donde resid�a la menor con su madre MOA, su padre WGC, y sus hermanos uno mayor que ella y dos menores.
Se sabe que el agresor que es su padre natural, aprovechando su condici�n de tal y de que su mujer se iba a trabajar fuera de la residencia, �ste utilizando su fuerza corporal, somet�a a la menor y primero la desnudaba para luego accederla carnalmente sin ninguna consideraci�n; lo cierto es que adem�s de ejercer la violencia f�sica para accederla sexualmente, la ten�a atemorizada con proceder en contra de la madre de aquella por intermedio de algunos integrantes de la llamada �compa��a�, todo para asegurar que no vaya a contarle a su madre ni a nadie sobre lo que estaba sucediendo.
Seg�n el relato de la menor, en las primeras ocasiones, la tomaba a la fuerza aprovechando su superioridad, la desnudaba y la manoseaba por todo su cuerpo, adem�s de �sobarle� sus partes �ntimas en las de ella; pero luego continu� penetr�ndola por v�a vaginal, unas veces ejerciendo como se dijo la violencia f�sica y otras la violencia psicol�gica, pues, adem�s de amenazarla con hacerle da�o a ella y a su madre, la amenaz� en alguna ocasi�n provisto de un cuchillo.
De dichos acontecimientos fue informada la madre de la menor, pero �sta no le crey� d�ndole mayor cr�dito a las negaciones de su marido. Lo cierto es que fruto de dichas relaciones irregulares y continuas, la menor antes nombrada cuando ten�a 15 a�os qued� embarazada y finalmente tuvo que recurrir a los organismos de salud para ejercer su derecho de interrumpir voluntariamente el embarazo, lo que finalmente se logr� en el Hospital Civil de Ipiales, se sabe tambi�n que cuando el agresor se dio cuenta que hab�a embarazado a su menor hija, tom� las de Villadiego y se march� del pa�s para evitar la persecuci�n y su judicializaci�n, no sin antes dejar amenazando a la ni�a para que no contara lo ocurrido�. 2.
Actuaci�n procesal y providencia recurrida 2.1. El 31 de octubre de 2016, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Ipiales (N.), tuvo lugar la realizaci�n de las audiencias preliminares de legalizaci�n de captura, la formulaci�n de imputaci�n y solicitud de medida de aseguramiento, endilg�ndole a WGCR, el delito de acceso carnal violento agravado porque la v�ctima era menor de edad, adem�s por ser el victimario su padre y porque producto de la conducta delictiva la menor qued� en embarazo, donde la Fiscal�a 26 Seccional elev� los cargos correspondientes por el delito cometido, frente a los cuales, el indiciado decidi� no aceptarlos y en el mismo acto, se le decret� medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detenci�n preventiva en establecimiento carcelario. 2.2.
En desarrollo de la audiencia de acusaci�n, por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 a�os agravado, realizada el 17 de enero de 2017, la Fiscal�a verbaliz� la acusaci�n, al igual que descubri� los elementos materiales probatorios y evidencia f�sica que pretend�a hacer valer en el proceso. 2.3. Posteriormente, en desarrollo de la audiencia preparatoria, realizada el 6 de marzo de 2017, previo a su desarrollo, la defensa reclam� que se deb�a declarar la nulidad de la actuaci�n desde la audiencia de formulaci�n de acusaci�n por cuanto a que esa audiencia se realiz� sin su presencia, en la medida de que con antelaci�n contaba con poder que el procesado le hab�a otorgado para que actuara como su defensor de confianza desde el 14 de diciembre de 2016, mandato que hab�a radicado en la misma fecha en la Fiscal�a. Precisa, que si bien estuvo asistido por el mismo defensor p�blico que lo acompa�� en las audiencias preliminares, la omisi�n no se superaba. i. Por su parte, la Fiscal�a aleg� que era deber de la defensa allegar al Juzgado el poder que lo acreditara como tal, para que no se citar� a quien realiz� las audiencias preliminares, abogado de defensor�a p�blica y con quien se efectu� la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, por lo cual, estim� no exist�a nulidad. ii.
El apoderado de la v�ctima aludi� que las audiencias adelantadas se hicieron en presencia de un defensor p�blico, sin tener conocimiento que hab�a uno de confianza, adem�s que el mismo procesado nada manifest� al respecto. iii. Por �ltimo el Ministerio p�blico, arguy� que no hab�a afectaci�n al debido proceso del actor por ausencia de defensa t�cnica, porque estuvo asistido por un defensor aunado a que el memorial que se aport� a la Fiscal�a se hizo luego de que se hab�a presentado la acusaci�n. 2.4.3 El Juzgado de primer grado, entr� a resolver la solicitud de la defensa y una vez refiri� la actuaci�n procesal relevante y las manifestaciones de los dem�s sujetos procesales, pas� a rememorar la naturaleza y los principios que orienta las declaratorias de las nulidades.
Indic� que la defensa invocaba la causal de nulidad prevista en el art�culo 457 del C�digo de Procedimiento Penal, es decir, por violaci�n al derecho de defensa, teniendo en cuenta que el 14 de diciembre de 2016 present� memorial poder en la Fiscal�a y no obstante, no fue citado a la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, misma que se realiz� con otro defensor, de qui�n aludi� no asumi� una defensa t�cnica.
Aludi� que una vez revisadas las actuaciones, se observ� que a la audiencia de acusaci�n fue citado el defensor que la Fiscal�a relacion� en el escrito de acusaci�n y que corresponde al mismo profesional que represent� al acusado en las audiencias preliminares, acotando que en tal diligencia, el defensor que asisti� cumpli� adecuadamente su funci�n, ejerciendo una defensa t�cnica, pues bien en la oportunidad concedida no elev� solicitud de nulidad y observaciones al escrito de acusaci�n, solicit� las copias de los EMP y EF anunciados en la acusaci�n; adem�s agreg� que en tal diligencia el acusado no hizo ninguna manifestaci�n u objeci�n alguna sobre su nuevo defensor de confianza.
Apunt� que una vez se recibi� copia simple del memorial poder conferido por el acusado a favor del abogado Jorge Alberto Benavides Fierro, se le inform� la fecha de la audiencia preparatoria, se le entregaron copias de los audios de los actos p�blicos concentrados y de formulaci�n de acusaci�n, adem�s que se accedi� al aplazamiento por �l deprecado.
Concluy� que no se encuentran acreditados los principios que gobiernan la declaratoria de la nulidad, en tanto que, no se evidenciaba la existencia de alg�n perjuicio para el acusado, quien estuvo asistido por su nuevo defensor en la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, y si bien no estuvo asistido por su defensor de confianza no est� demostrado que la �nica manera de enmendar el agravio es la declaratoria de nulidad y si existi� alguna irregularidad, al no hacer manifestaci�n alguna el acusado antes de iniciar la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, con ello, convalid� t�citamente la actuaci�n, sin observar vulneraci�n al derecho de defensa ni dem�s garant�as procesales.
Remat� indicando que la audiencia de acusaci�n cumpli� su finalidad para la cual estaba destinada y agreg� que si el poder se confiri� el 14 de diciembre de 2016, el defensor de confianza deb�a revisar las actuaciones adelantadas y comparecer al Juzgado para estar enterado del avance del proceso. De lo expuesto, resolvi� negar la solicitud de nulidad elevada por la defensa.
Contra tal determinaci�n, el mismo defensor interpuso el recurso de apelaci�n. 3. Argumentos del recurrente y los no apelantes 3.1 Defensa como recurrente De manera inicial, alude que la solicitud que invoca en la declaratoria de nulidad, es conforme al art�culo 457 del C�digo de Procedimiento Penal. Indica que en el tr�mite una vez se otorga poder por el procesado, el mismo se presenta la Fiscal�a, y �sta a su vez debe informar la etapa procesal en la cual se encontraba el asunto, acto que no cumpli�, por lo cual, no tuvo derecho a la informaci�n del proceso.
Indica �que si bien no hay un manual para hacer las apelaciones donde se diga qu� es y c�mo se debe hacer, pero se sabe que se debe atacar lo que el legislador dice o la inconformidad que tiene sobre lo predicado por el operador de justicia�. Refiere que el an�lisis del Juzgado se hace desde el momento en que se radic� el escrito de acusaci�n, por lo cual, cuando radic� el memorial poder ante Fiscal�a, �sta ya sab�a en qu� situaci�n estaba el proceso; sin embargo, no se le inform�.
Apunta que la Fiscal�a manifest� conocer de manera previa a la audiencia de acusaci�n del poder del defensor de confianza, pero en tal acto p�blico no lo manifest�. Raz�n por la que tambi�n el despacho refiri� que el sindicado guard� silencio y por lo cual, se convalida la falta al debido proceso, sin que de esta manera se le hubiera garantizado su derecho de defensa.
Reitera que su silencio no puede convalidar el acto irregular. Apunta que la �nica opci�n en el asunto es la nulidad, dado que la etapa procesal en la que se puede pedir el conflicto de competencia, es en la acusaci�n, momento en el que su cliente no estuvo representado por una defensa t�cnica, sabi�ndose que algunos abogados como defensores p�blicos como estrategia buscan el silencio.
Aclara que si su cliente tiene la calidad de ind�gena, los hechos ocurrieron dentro de una comunidad ind�gena, puede �l solicitar que sea juzgado por un Juez natural, por lo que deb�a presentarse la colisi�n de competencia en la acusaci�n. Estima que el canon 457 del C�digo de Procedimiento Penal, lleva a decir que su defendido no tuvo defensa t�cnica porque no se solicit� conflicto de competencia, pese a que su prohijado solicit� el 17 de febrero de 2017 al Gobernador del Cabildo Ind�gena Gran Cumbal ser juzgado como comunero.
Refiere que hay muchas situaciones que solo �las sab�a el abogado de confianza� y no la otra defensa, sin hacer una defensa t�cnica en relaci�n con su cliente, por ello, depreca la nulidad. 3.2 La Fiscal�a solicita se ratifique la decisi�n de primera instancia, en la medida en que se emiti� conforme a derecho, estima que debe declararse desierto el recurso de apelaci�n, toda vez que, el defensor no hizo una sustentaci�n adecuada del recurso, se dedic� a complementar sus argumentos para acceder a la nulidad, confundi� los principios que prevalecen para tal declaratoria.
En cuanto a las condiciones de su representado, y que el asunto se hubiera tramitado ante la jurisdicci�n ind�gena como lo alega, indica que no era la apelaci�n el momento de poner en plano de discusi�n tal t�pico y de correr traslado en lo que refiere al tema de conflicto de jurisdicci�n. 3.3 El representante de la v�ctima se opone a la petici�n de nulidad, porque en primer lugar estima que la sustentaci�n del recurso no se hizo conforme a lo que se estaba tratando en la diligencia, pues, se comenz� diciendo que la raz�n primera era la nulidad por defensa t�cnica, pero de manera posterior se remite a hablar de situaciones de competencia que no se deb�a tratar en la diligencia. Depreca se confirme la decisi�n de primera instancia. 3.4 El Ministerio P�blico, de entrada manifiesta que no est� de acuerdo con la sustentaci�n que ofreci� el recurrente, porque no solamente debe indicarse la causal de nulidad sino argumentarse e indicarse los da�os que puede producir a los intereses de quien alega, como tambi�n el principio de protecci�n que se hace necesario verificar al interior del proceso, donde las partes no deben dar par�metros para suscitar el acto que ahora es objeto de discusi�n; exigi�ndose que las actuaciones de quien la sustenta y argumenta no hayan conllevado al aparente da�o. Agrega que la defensa que asisti� al procesado hasta la audiencia de acusaci�n no descuid�, no abandon� y no hubo lapsus que el enjuiciado estuviera desprovisto de un defensor t�cnico.
Aclara que las estrategias de cada defensa se hacen conforme a su propio criterio. Aclara que la Corte Constitucional no cierra la posibilidad de acceder a un proceso, pudiendo sin ser profesional en el derecho informar que ten�a un defensor de confianza, sin que el silencio del procesado implique el uso de su derecho a guardar silencio para otros prop�sitos, pues, no refiri� nada sobre la situaci�n de su actual defensa.
Solicita se confirme la decisi�n objeto de apelaci�n. II. REFLEXIONES DE LA SALA 1. Planteamiento del problema En esta oportunidad le corresponde a la Sala entrar a examinar si como lo alega el recurrente, la actuaci�n adelantada ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales (N.), est� afectada de irregularidades sustanciales como lo es la falta de defensa t�cnica que ameriten su invalidaci�n -en cuanto a la audiencia de acusaci�n- como se reclama o contrario sensu, no existe m�rito para ello como lo decidi� la Juez de instancia. 2.
Examen de las actuaciones procesales surtidas Como la causal invocada por el defensor para que se declare la invalidaci�n de lo actuado, apunta a la presunta violaci�n al derecho de defensa t�cnica en la audiencia de acusaci�n, precisa entonces efectuar un recorrido sobre la actuaci�n a fin de corroborar si el aserto tiene o no respaldo, que desde ya debe anunciar esta Sala no lo avizora.
Se tiene que las audiencias preliminares concentradas el 31 de octubre de 2016, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Ipiales (N.), tuvo lugar la realizaci�n de las audiencias preliminares de legalizaci�n de captura, la formulaci�n de imputaci�n y solicitud de medida de aseguramiento, en contra de WGCR, por el delito de acceso carnal violento agravado, donde la Fiscal�a 26 Seccional elev� los cargos correspondientes por el delito cometido, frente a los cuales, el indiciado decidi� no aceptarlos y en el mismo acto, se le decret� medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detenci�n preventiva en establecimiento carcelario, diligencia en la que fue asistido por el defensor p�blico Dr. Alexander Garz�n Rosero. 2.2.
Pasado el asunto a conocimiento ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales (N), y ya en desarrollo de la audiencia de acusaci�n, por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 a�os agravado, realizada el 17 de enero de 2017, de acuerdo al acta que registra lo sucedido en la audiencia de acusaci�n, se corrobora que tal acto se llev� a cabo con el defensor p�blico Dr. Alexander Garz�n Rosero, quien fue el encargado de estar presente en la vista p�blica en aras de asegurar se cumplieran todos los requisitos exigidos por la ley; adem�s debe decirse que escuchada la diligencia se encuentra que la Fiscal�a verbaliz� la acusaci�n, al igual que descubri� los elementos materiales probatorios y evidencia f�sica que pretend�a hacer valer en el proceso.
Diligencia donde adem�s se verbaliz� el escrito del Gobernador del Resguardo de Cumbal, donde manifest� que no le asist�a ning�n inter�s en el proceso penal donde se investiga al ind�gena perteneciente a su resguardo WGCR, por lo cual, no har�a ninguna actuaci�n dejando la investigaci�n al conducto regular de la ley penal ordinaria. Se advierte adem�s que el defensor p�blico cont� con todas las oportunidades para manifestar si exist�an causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades, tanto que, expres� de manera inicial, que su representado no le hab�a hecho alusi�n alguna ni manifestaci�n en cuanto a que lo juzgue su Juez natural, en este caso, la jurisdicci�n Ind�gena.
Posteriormente, siguiendo la cuerda procesal, previo a dar curso de la audiencia preparatoria se le concedi� la palabra a la defensa, quien en esa oportunidad se encontraba representada por el abogado de confianza Jorge Alberto Benavidez Fierro, togado que solicit� la declaratoria de nulidad de lo actuado desde la audiencia de acusaci�n por falta de defensa t�cnica, por cuanto considera que su representado no fue debidamente asistido por el defensor p�blico que fungi� como tal al no proponer falta de competencia para que fuera la jurisdicci�n ind�gena quien lo juzgada, dada su condici�n de tal. 3.
Nulidad de la actuaci�n por falta de defensa t�cnica Concretamente por el Censor se anuncia como causal de invalidaci�n, la que reposa en el art�culo 457 del C�digo de Procedimiento Penal y que a su tenor ense�a: �Nulidad por violaci�n a garant�as fundamentales. Es causal de nulidad la violaci�n del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales�.
Lo primero que se debe precisar, es que el art�culo 29 de la Constituci�n Pol�tica, prev� que el derecho de defensa es una garant�a permanente e inherente al procesado en todo el desarrollo de la actuaci�n procesal, el cual es un componente fundamental del debido proceso, que se aplicar� a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, como se menciona a continuaci�n: �ARTICULO 29.�El debido proceso se aplicar� a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podr� ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicar� de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por �l, o de oficio, durante la investigaci�n y el juzgamiento; a un debido proceso p�blico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci�n del debido proceso�. El derecho de defensa se encuentra regulado y desarrollado, entre otros, por los art�culos 8�, 118, 124 y 125 de la Ley 906 de 2004, en materia penal, los cuales explican en t�rminos gen�ricos la labor del abogado defensor dentro del proceso para conseguir una recta y cumplida administraci�n de justicia dentro del Estado social y democr�tico de derecho, pues su efectiva presencia contribuye a realizar el debido proceso y las dem�s garant�as fundamentales.
La Corte Constitucional ha decantado que el derecho de defensa: � �(�) hace parte del n�cleo esencial del debido proceso, cuyo prop�sito no es otro que ofrecer al sindicado el acompa�amiento y la asesor�a de una persona con los conocimientos especializados para la adecuada gesti�n de sus intereses�, Agregando que de esta �ltima se exige: �(�) en consideraci�n a su habilidad para utilizar con propiedad los medios e instrumentos de defensa previamente instituidos, adelantar una actuaci�n diligente y eficaz, dirigida asegurar no solo el respeto por las garant�as del acusado, sino tambi�n a que las decisiones proferidas en el curso del proceso se encuentren ajustadas a derecho�. De otra parte y respecto de la alegaci�n de su afectaci�n, la Corte Suprema de Justicia en auto de 14 de septiembre de 2011 con radicado 36280, expuso que en los eventos en que se alegue su desconocimiento, para su adecuada demostraci�n: �� no resulta suficiente afirmar que el profesional que asisti� al procesado en estadio procesal anterior fue pasivo o negligente en el cumplimiento de sus deberes.
Es necesario demostrar en qu� radic� la falencia defensiva y c�mo la misma reviste una entidad tal que perjudic� gravemente los intereses y garant�as del procesado, de modo que se le abandon� durante la actuaci�n procesal y solamente la nulidad repondr�a tal vicio.� Es preciso, entonces, ense�ar cu�l fue la deficiencia del abogado, qu� actuaci�n omiti�, por qu� debi� llevarla a cabo y c�mo de haber actuado como se explica en la demanda de casaci�n las decisiones adoptadas habr�an sido totalmente dis�miles y, por ende, favorables a los intereses de quien acude al medio extraordinario.
La argumentaci�n que de la influencia de la falla se exhiba es determinante no solo para la admisi�n del cargo sino para su procedencia�. De manera posterior refiri�: �No necesariamente la poca o ninguna actividad del abogado conlleva a la afectaci�n del derecho de asistencia profesional, en la medida que tal conducta puede constituir una estrategia defensiva y no un abandono de la defensa.� (�)� Por tanto, para que prospere la petici�n anulatoria no basta con se�alar la inactividad del defensor y criticar en abstracto la gesti�n del anterior abogado, en la medida que cada profesional puede ostentar una visi�n del caso a partir de la cual establece su estrategia defensiva�.
Adem�s, es criterio general que en toda actuaci�n y etapas del proceso quien es juzgado penalmente debe estar asistido por un abogado que lo represente. As� mismo que quien es procesado tiene la facultad de ejercer el derecho de postulaci�n, que no es otra cosa que decidir qui�n es la persona que como profesional del derecho lo va a representar.
En esa medida, es potestativo del imputado o acusado decidir y seleccionar quien va a ser su defensor de confianza. En el caso bajo estudio el defensor de CR, alega que habiendo recibido poder para actuar como defensor de confianza desde el 14 de enero de 2017, el cual present� en la misma fecha ante la Fiscal�a, no fue citado para comparecer a la audiencia de formulaci�n de acusaci�n que se celebr� el 17 de enero siguiente, es decir, 3 d�as despu�s. Si bien en una vista preliminar parecer�a que existe una irregularidad procesal, en criterio de la Sala y como acertadamente lo preciso la primera instancia y as� lo alega el Ministerio P�blico como no recurrente, tal yerro no aconteci� y el tr�mite surtido a la luz de los principios que rigen las nulidades carece de toda insustancialidad y trascendencia, pues de todas maneras el acusado estuvo asistido por un abogado de la defensor�a p�blica y ante la existencia de un nuevo poder para que lo asistiera otro profesional del derecho, la inconsistencia fue producto del propio descuido de la parte que lo alega �principio de protecci�n-, adem�s que de persistir en la irritualidad, la misma se halla convalidada.
El ejercicio del derecho de postulaci�n como garant�a de defensa se soporta sustancialmente en que en quien se conf�a el mandato sea un abogado, de quien se presume el conocimiento de las normas sustanciales y de procedimiento, el que se constituye en un depositario, vigilante y guardi�n de los intereses de la persona a quien representa de quien se demanda haga cumplir el debido proceso, el respeto de las garant�as y el ejercicio del derecho de defensa de procurar el resultado m�s favorable a los intereses de quien lo otorga.
Del examen de la actuaci�n, se tiene que la inconformidad m�s all� de asentarse plenamente al t�pico de la no existencia de una defensa t�cnica se concreta a voces del censor en que no fue llamado a la audiencia de acusaci�n momento en el que ya fung�a como apoderado de confianza y a �l m�s que al togado defensor p�blico le interesaba el asunto por cuanto solamente �l conoc�a situaciones que usar�a como estrategia defensiva.
Lo primero que debe advertir la Sala, es que una sustentaci�n de tal naturaleza presenta el vicio l�gico de petici�n de principio, pues el recurrente pretende que con el solo anuncio del argumento se le d� por demostrado. Lo anterior por cuanto a que si bien alega que solamente �l conoc�a situaciones que usar�a como estrategia defensiva, omite por completo ponerlas en conocimiento para que la Sala tenga la oportunidad de valorarlas para as� poder determinar si el vicio alegado tiene alguna trascendencia, es decir, que de no haber ocurrido la irregularidad, la situaci�n jur�dica del reo resultar�a o podr�a ser m�s beneficiosa.
Como se aleg� en la instancia y en la sustentaci�n de los no recurrentes, es evidente que conforme a los principios de protecci�n y convalidaci�n, la anomal�a se halla plenamente superada. Es claro que en el desarrollo de la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, al momento de concederle la palabra al procesado para que se identificara junto con su abogado, al ser el directo y principal interesado, guard� completo silencio sobre su deseo de ser asistido por un abogado diferente al defensor p�blico que en ese momento lo acompa�aba y con quien ven�a siendo representado desde las audiencias preliminares, constituy�ndose en un elemento que aport� en la generaci�n del error.
Era su deber en cumplimiento del principio de lealtad procesal, el informar que 3 d�as antes hab�a otorgado poder a otro abogado para que lo representara en la actuaci�n judicial y rechazar el acompa�amiento del profesional del derecho que lo hac�a en ese momento, como no lo hizo, convalid� el acto y asinti� de esta manera en la representaci�n de quien se manten�a como profesional del derecho asisti�ndolo judicialmente.
No pasa por alto la Sala que el ahora defensor de confianza que alega la nulidad, falt� al deber de vigilancia propio de quien ejerce la representaci�n judicial. Y ello es as�, pues se verifica en las diligencias que el escrito de acusaci�n fue radicado desde el 9 de diciembre de 2016, repartido al Juzgado de conocimiento en la misma fecha, que por orden verbal del 15 de diciembre siguiente se fij� fecha para la audiencia de formulaci�n de acusaci�n a llevarse a cabo el 17 de enero de 2017 y que las citaciones a las partes se libraron en la misma fecha, incluso a la defensor�a p�blica.
Por tanto, para el 14 de enero en que se le otorg� poder al recurrente, desde un mes y 9 d�as atr�s, la actuaci�n ya se encontraba ante el juez de conocimiento, el que en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales desde hac�a un mes, ya hab�a agendado la audiencia de formulaci�n de acusaci�n. No existe duda que en cumplimiento de los deberes de vigilancia, seguimiento y diligencia de la actuaci�n, como profesional del derecho, el recurrente sab�a que el poder lo deb�a presentar ante la autoridad donde se segu�a el juicio, esto es, ante el Juez Segundo Penal del Circuito de Ipiales, autoridad a la que debi� acudir para conocer del estado del asunto, momento en que se hab�a enterado que 3 d�as despu�s se llevar�a a cabo la iniciaci�n de la etapa del juicio en la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, pero como el mismo lo informa, lo present� ante una de las partes, la Fiscal�a General de la Naci�n. Bajo esta �ptica, el juzgado no incurri� en error, pues para el 15 de diciembre de 2016 en que emiti� las comunicaciones a las partes para celebrar la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, el defensor del acusado era el mismo profesional del derecho que lo asisti� en la respectiva audiencia. Conforme al principio de protecci�n que rige las nulidades, no le es dable a la parte que genera o patrocina el vicio alegarlo en su propio beneficio.
En consecuencia, el defensor de confianza debi� concurrir ante la autoridad respecto de la cual le otorgaban el mandato para que all� le fuera reconocida su personer�a jur�dica para actuar. Es evidente que no lo hizo de esa manera, por consiguiente el a quo desconoc�a por completo de su existencia jur�dica en el proceso. Con referencia al escrito de acusaci�n, tampoco es exigible que en el mismo se reportara la condici�n de un nuevo abogado de confianza, pues en el momento de su confecci�n y presentaci�n -9 de diciembre de 2016-, no se conoc�a de la existencia del nuevo apoderado, pues como el mismo censor lo alega, recibi� el mandato hasta el 14 de enero de 2017, cuando ya se hab�a fijado fecha para la audiencia y se hab�an citado a las partes, sin que para ese momento, el recurrente apareciera en la bancada de la defensa.
Olvida por completo el recurrente que en el caso de la sustituci�n u otorgamiento de nuevo mandato, quien lo recibe, asume la actuaci�n en el estado en que se encuentra, por tanto, era su deber ser diligente para conocer en qu� etapa se encontraba el proceso, ante qu� autoridad se ventilaba y para qu� tr�mite se hallaba. De las piezas procesales se sabe que no lo hizo, pues el poder lo llev� ante una de las partes, por lo que su propia incuria no la puede invocar en su favor.
Como corolario, no le era posible a la judicatura pronunciarse sobre un hecho procesal que no le era posible conocer y respecto del que su titular como derecho, el acusado, no mostr� ning�n inter�s por evidenciar en el momento oportuno de la instalaci�n de la audiencia. Por otra parte, como la inconformidad se cimenta en la ausencia de defensa t�cnica, se debe determinar si el defensor p�blico que atendi� los intereses del procesado tuvo un papel �nulo� como lo anuncia el recurrente.
De entrada debe decirse que cae por su propio peso tal afirmaci�n, en tanto que, durante el tiempo que estuvo como defensor cumpli� de manera activa y propositiva el ejercicio profesional encomendado, manifest�ndose en el momento en el que no estuvo en disposici�n e inter�s de hacer alg�n reclamo para que el proceso se ventilara ante jurisdicci�n especial, circunstancia de la que se dej� constancia la manifestaci�n del procesado, acorde con el escrito presentado por el Gobernador del Cabildo Ind�gena.
Sin que se pueda limitar el raciocinio en que otros eran los intereses del abogado censor para esa audiencia de acusaci�n que afectar�an la estrategia que pretend�a seguir con su prohijado en adelante, pues agr�guese que es imposible conocer a profundidad lo que har�a un apoderado dependiendo de la inmensa variedad de temas jur�dicos que se pueden presentar en un proceso.
En este orden de ideas, estima esta Judicatura que el derecho de defensa constitucional traducida en la garant�a constitucional para el procesado de estar acompa�ado de un apoderado letrado, result� cubierta, siendo que se evidencia que los actos adelantados por el antecesor del recurrente se hicieron en pro de la estrategia defensiva que estimaba emprender, no de otra manera, hubiera dicho que una vez escuchado al procesado WGCR, no ten�a inter�s en hacer alguna manifestaci�n en el t�pico del conflicto por la jurisdicci�n especial ind�gena.
N�tese que de manera antelada a la audiencia, a la carpeta se alleg� escrito de petici�n al Gobernador del Cabildo donde se dice puede pertenecer el acusado, en el que aquel informa que no tiene ning�n inter�s en la actuaci�n que se rige por la ley penal ordinaria. Por �ltimo se debe recabar que carece de sustento la petici�n de declaratoria de nulidad, pues solo se anuncia que se trastocaron garant�as de orden superior al enjuiciado por asistir un defensor p�blico a la diligencia de acusaci�n y no �l censor como togado de confianza, sin que se acompa�e de argumentos de fondo que permitan cimentar el reclamo.
De manera que, como lo expres� la Juez de primer grado, no se ha quebrantado el derecho de defensa t�cnica por parte de quien ejerci� ese rol, por lo que no amerita recurrir al remedio extremo de la nulidad, como �ltima ratio. La decisi�n entonces, ser� confirmatoria del auto recurrido. III. LA DECISI�N Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, Resuelve: 1�.
Confirmar en todas sus partes el auto de la naturaleza y procedencia conocido. 2�. Regrese el asunto a su lugar de origen, para que contin�e el tr�mite que corresponde. 3�. Esta decisi�n se notifica en estrados y se hace saber que contra ella no procede recurso alguno. C�piese, Notif�quese y C�mplase, JOS� AN�BAL MEJ�A CAMACHO Magistrado FRANCO SOLARTE PORTILLA Magistrado BLANCA ARELLANO MORENO Magistrada JUAN CARLOS �LVAREZ L�PEZ Secretario CD Audiencia de Acusaci�n, record 11:00 ss. CD Aud.
Preparatoria, record 25:42 CD Aud. Preparatoria, record: 38:58 CD. Aud. Preparatoria, record 55:00 CD. Aud. Preparatoria, record 59:00 CD. Aud. Preparatoria, record 1:00:00 Fls. 12-13 CD Audiencia de Acusaci�n, record: 09:23 y ss CD Audiencia de Acusaci�n, record 11:00 ss. Corte Constitucional, Sentencia C-069 de 2009. CSJ AP 13 mar. 201313 de marzo de 2013, con radicado N� 39574 Proceso N�: 523566000516201600315-1-10 N�mero Interno: 20969 Conducta Punible: Acceso carnal violento Acusado: WGCR PAGE P�gina PAGE 20 de 23 (CD_`|�����������������������s`P`�`E:E:Eh�\Jh�}vCJaJh�\Jh� $CJaJ hEz�B*CJaJmH phsH %h�\Jh�D�B*CJaJmH phsH %h�\Jh�m�B*CJaJmH phsH %h�\Jhh�B*CJaJmH phsH %h�\Jh� $B*CJaJmH phsH (h�\Jh� $5�B*CJaJmH phsH (h�\Jh\H�5�B*CJaJmH phsH (h�\Jh�\J5�B*CJaJmH phsH (h�\Jhi�5�B*CJaJmH phsH � � & ' ( [ � � � � 7 8 } � �����������������$a$gd�54$��dh^��a$gd�k$�ndh^�na$gd�k$����^��`��a$gdzs� $�n^�na$gd�kdhgd�k $dha$gdt#�$&d P�� a$gd�.`�� 0 S � � � � � � � � � � � � ' 3 L M N T X q � � � � � � � ���������ɶ�ɫɫɫ����Ɋ�ti^S^Sh�\Jh�\JCJaJh�\Jh`B�CJaJh�\Jh�C�CJaJh�\JhJ �CJaJh�\Jh�XCJaJh�\Jh/OoCJaJh�\Jh�.`CJaJh�\Jh� zCJaJh�\Jh�RCJaJh�\Jh 2CJaJhEz�CJaJh�\Jh�D�CJaJh�\Jh�^�CJaJh�\Jh�}vCJaJh�\Jh� $CJaJh�\Jh�n�CJaJ � � � ( �B��������������ļļļļļĴ�ĩ���ĴĐ�|pgh�1�6�CJaJ h�1�h�C�6�CJaJ h�C�6�CJaJ h�h�C�CJaJ h�h� DCJ aJ hWF�h� D5�CJ \�aJ hWF�h� DCJ aJ h�j CJ aJ h�C�CJ aJ h� DCJ aJ hWF�h� DhWF�h� D5�CJ \� h�C�CJ h� DCJ hZ$CJ hWF�h� DCJ h`�CJ (� � � � � ��9:���!"#$�������������������$�Sdh^�Sa$gd5C $�Sdh^�Sa$gd�)� $dha$gd& � $dha$gd;� $dha$gd�k $dha$gd�54Bc�� 3>?LO$����!"#$'(),.29@AGJNS`mnuxy{����%)������������ǻ��������w�w�w����w��w���������whP~�CJ aJ h�@wCJ aJ hWF�h� DCJ aJ hWF�hH �CJ aJ hH �CJ aJ hWF�h� D5�CJ \�aJ h� DCJ aJ h�1�h� D6�CJaJ h�1�h� DCJ aJ h5C 6�CJaJ h`|�6�CJaJ h�@w6�CJaJ h�1�6�CJaJ hZ$6�CJaJ.)48������CNOWdmpyAIJT��������������H I J K � � � � � � � � � �����������������������������������������������h�j CJ aJ h�CJ aJ h+M�CJ aJ h[ �CJ aJ h�/�CJ aJ jh� D0JCJ UaJ hu^lCJ aJ hpj�h� D6�CJ aJ h�+�CJ aJ hP~�CJ aJ h�@w6�CJ aJ hP~�6�CJ aJ hWF�h� DCJ aJ h� DCJ aJ 0$J K [ \ � �, - !!'"("B#C#�$�$�'�'�(�(�+�+������������������������ $dha$gd� � $dha$gd+M� $dha$gd�a� $dha$gd$X� 8 !F!K!�!�!�!�!�!�!'"."/"P"Q"R"z"�"�"Y#�#;%R%����������������������������������������࢚�������h�/�CJ aJ h0f�CJ aJ h� �CJ aJ jh� �0JCJ UaJ h5�CJ aJ hO CJ aJ h%J�CJ aJ h�rXCJ aJ h�$�CJ aJ h��CJ aJ h� DCJ aJ h�j CJ aJ h+M�CJ aJ h�.PCJ aJ 5R%U%�& 'j'�'�'�'�'�(�(�(�(b)e)f)g)v)x)�)�) *�*�+�+-"-%-h-i-m-�-�-�-�-�-�-..O.P.Q.������������������������и�������y�q�q�iqh;�CJ aJ h&:�CJ aJ h�p�CJ aJ h�O�CJ aJ hWF�h� DCJ aJ hWF�h� D5�CJ \�aJ jh� D0JCJ UaJ h{�CJ aJ h� DCJ aJ hn~HCJ aJ h�$�CJ aJ hUD�CJ aJ h� �CJ aJ h�j CJ aJ h5�CJ aJ h�/�CJ aJ h�O�CJ aJ )�+�,�,k-l-m-�-�-�-�-O.P.Y/Z/N0O0C1D1�2�2?4@41525Z6[6������������������������� $dha$gd�p� $dha$gd�a� $dha$gd� �Q.].`.�.�. /N/O/W/X/Y/Z/b/J0M0N0�0�0�0B1C1O1R1�1=2]2�2�2�2�2�2�2�2�3=4>4?4M4P4�4�4,505152595���������������ммബ���������������|�|th4 9CJ aJ h�R�CJ aJ h eCJ aJ h*OVCJ aJ h�6�CJ aJ h�3�CJ aJ hS�CJ aJ h�j CJ aJ h�_�CJ aJ hgGKCJ aJ h� _h� _6�CJaJ h� _CJ aJ h��CJ aJ ha �CJ aJ h�O�CJ aJ h�[�CJ aJ h;�CJ aJ -95�5�5V6X6Y6Z6�6�6�6�6�6�67777*7+7�7!9,929?9�9�9�9�9�9�9�9:x:;����������ؼ��ج����ЃЃxph�p]hpUh3�CJ aJ h�Yvh� DCJ aJ h� DCJ aJ h�Z�CJ aJ hWF�h� DCJ aJ h�F�CJ aJ hxuXCJ aJ jh� D0JCJ UaJ h�_h� DCJ aJ ha �CJ aJ hq�CJ aJ hS�CJ aJ h4 9h9�6�CJ aJ h4 9CJ aJ h9�CJ aJ h�R�CJ aJ hW:CJ aJ h�%CJ aJ h b{CJ aJ ![677�8�8�9�9�;�;�=�=�>�> @!@Y@Z@[@v@w@�@�@��������������������� $dha$gd�!.>4>G>P>s>�>�>�> ? ?~??�?�? @V@Y@Z@[@v@�������������������¶®®ʮ�ʦʦ�����{j h*ih� D@�CJ aJ mH sH hy�h�I�CJ aJ mH sH h� DCJ aJ mH sH h yJCJ aJ hI�CJ aJ h�r|CJ aJ h��CJ aJ h�$�hQt6�CJ aJ hQtCJ aJ hkt-CJ aJ jh�I�0JCJ UaJ h)�CJ aJ h�I�CJ aJ h3�CJ aJ h4 9CJ aJ 'v@w@�@�@�@ A'A=AEAGAHAIA�A�A�AB4B5BHBIBJB|B�B�BC1C�C�CDD&D,D/D3DEDRDZD������������������̐���w�og\o\o\o\ohWF�h�]�CJ aJ h[ �CJ aJ h�]�CJ aJ h yJCJ aJ h* dCJ aJ h� D5�CJ aJ h� DCJ aJ hI�CJ aJ nHtH h�N�h� D6�CJ aJ nHtHh yJCJ aJ nHtHh� DCJ aJ nHtH hWF�h� DCJ aJ nHtHhWF�h� D5�CJ \�aJ hWF�h� D5�CJ aJ hWF�h� DCJ aJ $�@IBJBKB|B}B�C�C�F�F'K(K�L�L�N�N)O*OePfP�Q��������������������$�,dh]�,a$gd�z $dha$gdI� $dha$gd[ � $dha$gd�]� $dha$gd�4� $dha$gd�! 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