Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 522566099035201680012-1

Sala: PENAL

Ponente: Silvio Castrillón Paz

Fecha: 2017-07-05

Sujetos procesales: Condenado: HMR

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HECHOS RELEVANTES Son rese�ados en la sentencia materia de apelaci�n de la siguiente manera: �Se conoce que funcionarios de la polic�a de Leiva el d�a 29 de febrero de 2016 fueron advertidos de la posible actividad il�cita que se estaba llevando a cabo en la residencia del ahora procesado ubicada en el barrio El Progreso de la poblaci�n de Leiva raz�n por la cual los polic�as procedieron a verificar dicha informaci�n, advirtiendo la existencia de olores que se asemejaban a la de pasta de coca que sal�an de la vivienda del se�or HMRa, raz�n por la cual se procedi� a llevar a cabo la verificaci�n correspondiente, siendo atendidos por el se�or MR encontrando en su poder un arma de fuego, que result� no apta para el disparo, raz�n por la cual por este hecho no se inici� investigaci�n alguna, igualmente se encontr� en su poder 44 gramos de coca�na y derivados y 22 gramos de marihuana seg�n examen que se realiz� por parte de la Polic�a Judicial correspondiente a la prueba PIPH a la sustancia.� ACTUACI�N PROCESAL RELEVANTE En virtud que el d�a 29 de febrero de 2016 fue capturado en flagrancia HMR, se practicaron las audiencias preliminares concentradas de rigor el d�a siguiente, es decir el 1 de marzo de 2016, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Leiva (N), quien fungiendo como Juez de Control de Garant�as declar� legal el procedimiento de captura del mencionado ciudadano; adem�s, se realiz� comunicaci�n de imputaci�n delictual por parte de la Fiscal�a al indiciado MR, quien guard� silencio frente a los cargos imputados por el delito de TR�FICO, FABRICACI�N Y PORTE DE ESTUPEFACIENTES (art. 376 inciso 2 del C�digo Penal), en calidad de autor, a t�tulo de dolo y en la modalidad de �conservar�.

Finalmente, se profiri� medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en la detenci�n domiciliaria en contra del mencionado procesado. Con todo, el d�a 02 de mayo de 2016 la Fiscal�a 19 Seccional de Pasto (N), present� escrito de acusaci�n ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito, en contra de HMR; dicho escrito conten�a los mismos t�rminos que la imputaci�n, referida en el p�rrafo anterior.

Acto seguido, el d�a 24 de agosto de 2016, se suscribi� preacuerdo entre la Fiscal�a 19 Seccional de Pasto (N), el imputado HMR y su defensor p�blico, en el sentido de que el procesado se declaraba culpable en calidad de autor en modalidad dolosa de la comisi�n del delito de TR�FICO, FABRICACI�N Y PORTE DE ESTUPEFACIENTES (art. 376 C.P inciso 2), por el verbo de rector de �conservar�, a cambio de la aplicaci�n por parte de la Fiscal�a delegada, como �nico beneficio, la circunstancia de menor punibilidad de marginalidad, ignorancia y extrema pobreza, establecida en el art�culo 56 del C�digo Penal.

Esta situaci�n se inform� al Juzgado de Conocimiento el d�a 7 de octubre de 2016, fecha en la cual se hab�a programado el desarrollo de la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, siendo esta raz�n suficiente para programar la audiencia de verificaci�n del preacuerdo el 31 de octubre de 2016. Llegado el 31 de octubre de 2016, la Jueza con funciones de conocimiento instal� audiencia de verificaci�n de preacuerdo, en la cual analiz� la viabilidad de la negociaci�n, el respeto hacia los derechos fundamentales, debido proceso y principio de legalidad; al ver que el preacuerdo cumpl�a con los requisitos exigidos, procedi� a aprobar el convenio celebrado entre HMR y la Fiscal�a General de la Naci�n, procediendo a anunciar que el sentido del fallo era necesariamente de car�cter condenatorio; en vista de lo anterior se procedi� a realizar la audiencia de individualizaci�n de la pena y sentencia (art. 447 del CPP) y por �ltimo se dio lectura a la sentencia condenatoria, dentro de la cual se le concedi� al procesado el subrogado penal de la libertad condicional.

La decisi�n de la concesi�n del subrogado penal de la libertad condicional fue apelada por el Dr. Germ�n Trejo Narv�ez, Procurador 143 Judicial Penal de Pasto (N) y cont� con el pronunciamiento de la Fiscal 19 Seccional de Pasto (N) y del defensor del se�or MR, como partes no recurrentes.

FUNDAMENTOS DE LA DECISI�N DE PRIMERA INSTANCIA La Jueza Segunda Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Pasto (N) fundament� su decisi�n sobre el punto objeto de disenso, bajo los siguientes argumentos: En primera medida se�al� que tanto la Fiscal�a Delegada como la Defensa del procesado, aludieron que en el asunto objeto de estudio es factible otorgar la libertad condicional, por cuanto ya se han cumplido las 3/5 partes de la pena a imponer, puesto que el acusado se encuentra privado de la libertad desde el 1 de marzo de 2016.

En el mismo sentido, se�al� el se�or HMR ha llevado un buen comportamiento durante el periodo en el que se ha encontrado privado de la libertad, toda vez que el INPEC no ha presentado informe alguno sobre el incumplimiento de las obligaciones a las que est� sometido el procesado, adem�s de que dentro de los elementos materiales probatorios, evidencia f�sica e informaci�n legalmente obtenida, se encuentra el informe de arraigo familiar y social del acusado.

Agreg�, que por su parte el Ministerio P�blico manifest� que no era posible la concesi�n del mencionado subrogado, en virtud de que no hay un cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 471 del CPP. En vista de esto �ltimo, la Jueza de Primer Grado discrep� de la postura del agente del Ministerio P�blico, en el sentido de que si bien consider� que los requisitos de los que habla el mencionado art�culo son importantes (cartilla de buen comportamiento del procesado) cuando la valoraci�n la realiza el Juez de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad, en el caso en concreto la petici�n se tramita en sede de Conocimiento, encontrando as� que el art. 64 del C.P es m�s amplio en su literalidad que el art. 471 del CPP, puesto que lo que se busca es verificar si el comportamiento permite suponer fundadamente que no existe la necesidad de continuar con la ejecuci�n de la pena; as� que la Jueza de Primer Grado consider� que desde el 1 de marzo de 2016, el procesado HMR, se encuentra privado de la libertad en forma domiciliaria, y resalt� que el INPEC en ning�n momento ha informado que el se�or MR ha incumplido las obligaciones impuestas para obtener la el beneficio de la detenci�n domiciliaria.

En vista de lo anterior, el Despacho de Primera Instancia se�al� que en el caso en concreto no es necesario el lleno de los requisitos establecidos en el art. 471 del CPP para otorgar la libertad condicional, puesto que basta con la ausencia de noticia alguna o informaci�n que permita verificar si efectivamente el procesado ha incumplido las obligaciones que asumi� al momento en el que se le otorg� la prisi�n domiciliaria o ha incurrido en nuevas conductas delictivas; concluyendo que el se�or HMR ha cumplido con las obligaciones que le fueron impuestas el d�a que se le impuso la medida de aseguramiento.

Aunado a lo anterior, se�al� que el acusado ha soportado con las 3/5 partes de la pena de prisi�n impuesta y ha demostrado con suficiencia su arraigo tanto familiar como social, siendo as� que en virtud de todo ello la Jueza de conocimiento encontr� cumplidos los requisitos exigidos por el art. 64 del C.P., motivo por el cual le concedi� al acusado el mentado beneficio, por un t�rmino de prueba de 3 meses.

ARGUMENTACIONES DEL APELANTE Aduce el Procurador Judicial No. 143 de Pasto (N), Dr. German Trejo Narv�ez, que la apelaci�n se centra exclusivamente en la concesi�n de la libertad condicional sin el lleno de los requisitos legales. Se�ala como primer argumento que la libertad condicional est� sujeta a los presupuestos del art. 64 del C.P, entre ellos, que la persona ya ha cumplido con las 3/5 de la pena, situaci�n que en el caso en concreto se encuentra satisfecho.

En el mismo sentido, manifiesta que el mencionado art�culo tambi�n exige que el comportamiento y desempe�o dentro del centro de reclusi�n permita suponer fundadamente que no es necesario continuar con el cumplimiento de la pena dentro del mismo y agrega que como el procesado goza de detenci�n domiciliaria, es necesario en este punto tener en cuenta la conducta observada durante el periodo de la detenci�n. Aunado a lo anterior, expresa que si bien es cierto la Ley 906 de 2004 predica la libertad probatoria y no es necesario el cumplimiento de una tarifa legal, en el caso en concreto no existe ning�n elemento material probatorio que permita inferir que el se�or HMR efectivamente ha mantenido un comportamiento adecuado; contrario a ello, la Jueza de Primera Instancia lo presume por la ausencia de reportes del INPEC que den cuenta de lo contrario, hecho que contrar�a la t�cnica probatoria.

En el mismo sentido, adiciona que el art. 471 del CPP regula el tr�mite para otorgar la libertad condicional, siendo esta norma complementaria del art. 64 del CP, y establece que la solicitud de libertad condicional debe estar acompa�ada bien sea por resoluci�n favorable del consejo de disciplina o el director del establecimiento, documentos que no existen dentro del expediente o, en su defecto, la cartilla biogr�fica que permita determinar lo datos biogr�ficos del interno, los extremos de la privaci�n de la libertad y el comportamiento que ha observado el procesado en el periodo de la privaci�n de la libertad.

Es as� que se�ala que el comportamiento observado por el se�or HMR, durante el periodo que estuvo privado de la libertad con detenci�n domiciliaria, no ha sido debidamente acreditado a trav�s de las constancias correspondientes que debe expedir el INPEC; siendo que su ausencia no permite edificar ni siquiera de forma indiciaria que el comportamiento del procesado haya sido bueno, situaci�n que hace que la concesi�n de la libertad condicional sea improcedente, al tratarse de un presupuesto de car�cter objetivo.

Por �ltimo manifest� que en cuanto al arraigo familiar este se encuentra debidamente demostrado y en cuanto a la indemnizaci�n a la v�ctima esta no es pertinente al tratarse de un delito que vulnera es la salud p�blica. Corolario a lo anterior, solicita que se revoque la sentencia impugnada en este espec�fico punto. PRONUNCIAMIENTO DE LOS NO RECURRENTES FISCAL�A Manifiesta la Fiscal 19 Seccional que el Ministerio P�blico olvida lo establecido en el art. 228 de la Constituci�n, que hace referencia a que el derecho sustancial prevalece sobre cualquier procedimiento, y sobre todo cuando est� de por medio la libertad.

A continuaci�n, expresa que el INPEC siempre est� pendiente de los sujetos que tiene bajo su vigilancia, y dado que en el presente caso se present� una detenci�n domiciliaria, el INPEC solo puede refutar aquellas situaciones que lleguen a conocimiento de la Fiscal�a, es decir que si se hubiera presentado un mal comportamiento por parte del se�or HRM, en el periodo de la privaci�n de la libertad, este se hubiera reflejado en una nueva denuncia ante la Fiscal�a y no en un reporte del INPEC.

Aunado a lo anterior, se�ala que en el caso en concreto es dable la concesi�n del subrogado previsto en el art. 64 del C.P, puesto que se cumplen con los requisitos materiales y formales exigidos para la concesi�n de la libertad condicional en vista de la informaci�n t�cita que se emite por parte del INPEC y dem�s autoridades, sobre el buen comportamiento desplegado por el se�or MR.

Concluye solicitando la confirmaci�n de la sentencia impugnada. DEFENSA Manifiesta el Dr. �lvaro Z��iga en calidad de abogado defensor del procesado, que este �ltimo ha presentado un buen comportamiento dentro del periodo en el que se desarroll� la detenci�n domiciliaria; adem�s, en el evento en que hagan faltan algunos documentos, los har� llegar a las autoridades pertinentes en el menor tiempo posible.

En vista de lo anterior, solicita se confirme la sentencia impugnada. PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER �Tiene derecho el procesado HMR al beneficio de la LIBERTAD CONDICIONAL, reconocido en la sentencia condenatoria? CONSIDERACIONES DE LA SALA 1.- Sobre la libertad condicional. Sea lo primero indicar que seg�n la doctrina nacional el instituto punitivo de la LIBERTAD CONDICIONAL, establecido en el art�culo 64 del C�digo Penal (ley 599 de 2000), modificado por el art�culo 5� de la ley 890 de 2004 y por el 30 de la ley 1709 de 2014, ��es un suced�neo de la pena privativa de la libertad impuesta; tambi�n se le denomina liberaci�n condicional o suspensi�n del resto de la pena��.

La �ltima de las normas citadas, que ser�a la aplicable por favorabilidad a este caso concreto, establece textualmente: �Art�culo 64. Libertad condicional. El juez, previa valoraci�n de la conducta punible, conceder� la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos: 1.

Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena. 2. Que su adecuado desempe�o y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusi�n permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecuci�n de la pena. 3. Que demuestre arraigo familiar y social. Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuaci�n, la existencia o inexistencia del arraigo.

En todo caso su concesi�n estar� supeditada a la reparaci�n a la v�ctima o al aseguramiento del pago de la indemnizaci�n mediante garant�a personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado. El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendr� como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres a�os, el juez podr� aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario�.

El autor referido se�ala que �Este mecanismo �asimilable a LA PAROLE del derecho anglosaj�n- act�a en favor del sentenciado que ha cumplido parte de la condena, pues le permite recobrar la libertad de manera provisional durante un periodo de prueba en el que debe cumplir ciertas exigencias, satisfechas las cuales obtiene su liberaci�n definitiva; se trata en realidad de un lapso de transici�n entre la prisi�n y la reincorporaci�n a la vida en sociedad, de un aprendizaje de la vida en libertad�.

Es f�cilmente perceptible que esta figura jur�dica aplica normalmente para casos dram�ticos o graves, en los que hay aplicaci�n de penas privativas de la libertad de larga duraci�n, cuya mayor parte debe haber sido efectivamente purgada intra-muralmente en los establecimientos penitenciarios y carcelarios administrados por el INPEC o en el domicilio del penado; se trata de eventos en los que no ha operado la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena por raz�n del volumen de sanci�n impuesta, de suerte que su finalidad no es diferente a brindar un est�mulo o premio al condenado que durante un importante periodo de reclusi�n -no inferior a las 3/5 partes de la pena impuesta - observe buena conducta al interior del sitio que le sirve de reclusi�n efectiva, para que pueda acceder a la rebaja de las 2/5 partes restantes de la pena y recobre la libertad de locomoci�n condicionada o sometida a prueba o vigilancia; todo como una recompensa social a su propio esfuerzo, a su inter�s por obtener la readaptaci�n social, hasta cuando pueda acceder a la liberaci�n definitiva.

Pero esta modalidad especial de pago de parte de la pena de prisi�n, en condici�n no privativa de la libertad, no puede ser vista como un acto de gracia judicial, ni implica una disminuci�n de los t�rminos punitivos impuestos por el Juez de Conocimiento, sino como un mecanismo para asegurar el fin resocializador y de reinserci�n social que tiene la pena conforme el art�culo 4 del C�digo Penal; todo esto a trav�s de una forma especial de cumplimiento de la �ltima parte de la sanci�n privativa de la libertad por fuera de reclusi�n, pero con estricta vigilancia estatal.

Resulta pertinente indicar que los efectos de la LIBERTAD CONDICIONAL solo aplican para los aspectos penales considerados en la sentencia definitiva, porque el pen�ltimo inciso del mismo art�culo 64 establece tajantemente que la concesi�n del beneficio o subrogado est� supeditada a la reparaci�n a la v�ctima o al aseguramiento del pago de la indemnizaci�n mediante cualquier tipo de garant�a � real, personal, bancaria o acuerdo de pago- ��salvo que se demuestre insolvencia del condenado�; de suerte que el incumplimiento de �sta carga deriva inexorablemente en la revocatoria del beneficio, seg�n lo regulan los art�culos 486 del C�digo de Procedimiento Penal anterior (Ley 600 de 2000) y 469 del actual (Ley 906 de 2004).

De lo dicho deviene inocultable que el subrogado de la �LIBERTAD CONDICIONAL� debe asumirse como un �DERECHO � CONDICI�N� para ciudadanos condenados, pero para nada se trata de una garant�a absoluta, porque la concesi�n y/o mantenimiento de los beneficios libertarios impl�citos se encuentra supeditada al cumplimiento efectivo de una buena parte de la pena impuesta (no inferior a las 3/5 partes de la prisi�n determinada judicialmente), adem�s que durante la reclusi�n se haya observado buena conducta en el establecimiento carcelario (funci�n preventiva y resocializadora), demostraci�n de que no existe necesidad concreta de m�s ejecuci�n de la pena (prevenci�n especial positiva), el cumplimiento de una variedad de obligaciones que han de constar en un acta compromisoria y, como desarrollo importante de un modelo de justicia restaurativa, tambi�n debe el condenado comprometerse a reparar los da�os y perjuicios morales y materiales a que haya sido condenado, so pena de disponerse la revocatoria de dicho beneficio y proceder a la ejecuci�n del resto de la pena respectiva, como si la sentencia no se hubiere suspendido condicionalmente, a menos que se demuestre una justa causa para no solucionar los perjuicios morales y materiales, que no puede ser otra que la insolvencia. 2.- El caso sometido a decisi�n de la Sala.

Esta Sala de decisi�n parte de la base de que la decisi�n tomada por la Jueza Segunda Penal del Circuito de Pasto resulta equivocada puesto que no realiz� un estudio de cada uno de los requisitos establecidos no solo en el art. 64 del C.P, sino en el art. 471 del CPP, art�culos que deben entenderse complementarios, tal y como pasamos a ver a continuaci�n. En el caso que ata�e nuestra atenci�n, se tiene que el procesado HMR celebr� preacuerdo con la Fiscal�a en el sentido de que se declaraba culpable del delito de Tr�fico, Fabricaci�n y Porte de Estupefacientes (art. 376 inciso 2� C.P), bajo el verbo rector de �conservar�, a cambio de que se le reconociera la circunstancia establecida en el art. 56 del C.P de la marginalidad; dicho preacuerdo fue aprobado por la Juez de Conocimiento y en virtud de este lo conden� a una pena principal de 11 meses de prisi�n, de los cuales al momento de la emisi�n de la condena ya hab�a purgado en detenci�n domiciliaria ocho (8) meses, concedi�ndole la libertad condicional por los meses restantes para el cumplimiento de la pena impuesta por encontrar satisfechos los requisitos establecidos en el art. 64 del C.P. Se debe destacar que, la Jueza de Primer Nivel, en su an�lisis consider� que al encontrarse en sede de conocimiento tienen una mayor preponderancia los requisitos establecidos en el art. 64 del C.P para otorgar la libertad condicional, sobre aquellos consagrados en el art. 471 del CPP que tambi�n versan sobre la concesi�n del mencionado subrogado, an�lisis que a ojos de esta Corporaci�n es err�neo, en virtud de que los art�culos mencionados son complementarios, siendo necesario cumplir los requisitos establecidos en ambas normas para que sea procedente el subrogado de la libertad condicional.

En vista de esto �ltimo, se hace necesario realizar un an�lisis de cada uno de los requisitos establecidos por la ley para otorgar la libertad condicional y as� determinar si estos se hallan verificados en el caso concreto. 1.- Sobre el requisito objetivo de amortizaci�n de al menos las 3/5 partes de la pena de prisi�n impuesta. No remite a la menor dubitaci�n que el se�or HMR ha sido condenado a purgar una pena de once (11) meses de prisi�n, seg�n se advierte en el fallo de primera instancia que reposa en el expediente.

Bajo esa preceptiva, para acceder al primer requisito de la LIBERTAD CONDICIONAL, debe garantizar haber purgado una cantidad de pena igual o superior a las 3/5 partes de ese monto, que equivale a seis (6) meses y seis (6) d�as. La Sala advierte que precisamente en la providencia del 31 de octubre de 2016, se le reconoci� al procesado como parte de la pena a cumplir los ocho (8) meses que pas� en detenci�n domiciliaria, el cual es un monto superior al exigido por el art�culo 64 del C�digo Penal, modificado por el art�culo 30 de la ley 1709 del 20 de enero de 2014, para obtener el beneficio de la LIBERTAD CONDICIONAL, observ�ndose superada esta primera exigencia de car�cter objetivo. 2.- Sobre la demostraci�n del requisito subjetivo, que trasunta en la no necesidad de continuar con la ejecuci�n de la pena.

Se hab�a indicado que el art�culo 64 del C�digo Penal (modificado por la Ley 1709 de 2014) reclama para la concesi�n de la Libertad Condicional que el condenado haya tenido un adecuado desempe�o y comportamiento durante el periodo de tratamiento penitenciario, en el o los centros de reclusi�n en los que haya estado, que permitan suponer fundadamente al Juez que no exista necesidad de continuar con la ejecuci�n de la pena.

Se trata de un requisito concurrente, que de no presentarse no viabiliza la liberaci�n condicional del penado. As� lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia al se�alar que la libertad condicional no es un beneficio al que se accede de manera autom�tica cuando se cumplen ciertos requisitos formales, sino que el mismo depende de la valoraci�n que haga el funcionario judicial encargado del cumplimiento de la sanci�n sobre la necesidad de continuar purgando la pena en centro reclusorio oficial o en medio domiciliario.

Sobre dicho particular dijo el Tribunal de Casaci�n Penal: �Los ya denominados por la doctrina y la jurisprudencia, como aspectos subjetivos, cuya satisfacci�n es requisito indispensable para el merecimiento de dicho subrogado no son excluyentes entre s�, sino acumulativos, es decir, la valoraci�n del juez respecto de todos esos ellos debe confluir positivamente frente al procesado, pues trat�ndose de una persona a la que de antemano no ha sido posible suspenderle condicionalmente la ejecuci�n de la condena, bien por no presentarse todos los presupuestos del art�culo 68 del C.P., o bien porque la gravedad del delito cometido implic� una mayor severidad en la sanci�n, no solo porque el legislador as� lo ha dispuesto, sino porque al momento de la individualizaci�n de la pena �sta super� los 36 meses, no puede concluirse, que este subrogado, aplicable con posterioridad a la sentencia y que desde luego implica previamente el cumplimiento de gran parte de la pena, se constituya en una gracia autom�tica para el condenado, que habiendo descontado tiempo f�sico con la dedicaci�n a actividades autorizadas para la redenci�n de pena, haya procurado un buen comportamiento al interior de la c�rcel, porque a tales presupuestos no se limita la doble labor de diagn�stico y pron�stico que la ley impone al Juez al momento de analizar la posible liberaci�n de un condenado sobre la base de que ha logrado el reacondicionamiento social y por ende, est� apto para reincorporarse al seno de la sociedad a la cual ofendi� cuando cometi� el il�cito.

Es la concurrencia simult�nea de todos y cada una tales exigencias, de las cuales no puede descartarse o subestimarse las relacionadas con la personalidad y los antecedentes de todo orden del condenado, aspectos que solo pueden ser valorados a partir de la informaci�n que reporta la actuaci�n misma�. Un doctrinante nacional se�ala al respecto que no se puede soslayar este requisito, esto es que el penado ��debe observar una buena conducta en el establecimiento carcelario.

Esta pauta ratifica la funci�n que cumple la prevenci�n especial en esta materia, pues si algo es claro es que el legislador espera que la ejecuci�n de la pena de prisi�n est� animada por la idea de la resocializaci�n, as� se infiere el texto legal, y su buena conducta durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusi�n�. Igualmente llama la atenci�n a que ��es indispensable que no exista necesidad de la ejecuci�n de la pena tambi�n, requiere que el juez emita un juicio debidamente razonado �fundadamente�, que expresa el principio de razonabilidad encaminado a precisar si quiz�s exista �necesidad de continuar con la ejecuci�n de la pena�.

En este punto, debe indicarse que el requisito establecido en el art. 471 del CPP, que habla que la solicitud de libertad condicional debe ser acompa�ada por el certificado de buen comportamiento del procesado, otorgado por las autoridades correspondientes, se relaciona intr�nsecamente con el art�culo 64 del C.P anteriormente analizado. En el caso en concreto se observa que NO existe prueba alguna que permita inferir que el comportamiento del se�or HMR haya sido el adecuado para proceder a otorgar la libertad condicional, puesto como se ha dicho a lo largo de esta providencia que los art�culos que regulan la libertad condicional en el ordenamiento penal colombiano son complementarios, y si bien es cierto que el numeral 2 del art. 64 regula un requerimiento de car�cter subjetivo, este no puede dej�rselo librado al azar, siendo necesario que existan soportes acerca de dicho comportamiento ejemplar, parte objetiva que maneja el art. 471 CPP.

Es as� que, concluye la Sala que en este punto no se ha cumplido con el requisito de acreditaci�n del buen comportamiento en condici�n privativa de la libertad, al no existir soporte alguno que acredite que el comportamiento del procesado durante el periodo de la detenci�n domiciliaria haya sido el adecuado, siendo las certificaciones de buen comportamiento un requisito de car�cter objetivo, complementario a los requisitos establecidos en el art. 64 del C.P. para que proceda la concesi�n de la libertad condicional. 3.

Sobre el requisito objetivo de arraigo familiar Frente a este requisito se tiene que dentro del expediente se encuentran declaraciones, no solo de las hijas del procesado sino tambi�n de diferentes autoridades del municipio de Leiva, que permiten inferir de manera razonable que el se�or HMR tiene arraigo familiar en el mencionado Municipio, concluyendo esta Sala de decisi�n que dicho requisito se encuentra satisfecho.

En cuanto a la indemnizaci�n a la v�ctima, en el caso objeto de estudio se tiene que es el bien jur�dico de la salud p�blica, hecho que entiende el Juzgado de Primer Nivel en el sentido que al no existir una v�ctima en concreto no es necesario que se haga el pago la indemnizaci�n de la que habla el art. 64 del C.P., para conceder la libertad condicional, concepto que esta Corporaci�n Tribunalicia considera acertado y por lo cual se entiende como cumplido.

Aunado a lo anterior, el art. 471 del CPP en su inciso segundo establece que el pago de la multa es un requisito imprescindible para otorgar la libertad condicional, siendo este otro requisito objetivo que debe cumplirse para la procedencia del mencionado subrogado; es as� que del estudio juicioso del expediente se tiene que, al igual que ocurre con las certificaciones sobre comportamiento, no existe soporte alguno en el proceso bien sea del pago de la multa a la que fue condenado el procesado o que este ultimo demostrara que est� en incapacidad econ�mica de hacerlo, raz�n por la cual hay un incumplimiento de otro de los requisitos establecidos por el art. 471 del CPP para proceder a otorgar la libertad condicional.

As�, esta Corporaci�n concluye que en el caso en concreto el se�or HMR no cumple con varios de los requisitos exigidos por la ley penal colombiana para otorgar la libertad condicional, siendo por ello necesario revocar la decisi�n de Primera Instancia, puesto que no es posible obviar los requisitos objetivos consagrados en el art. 64 del C.P y el art. 471 del CPP.

De manera que ser�a del caso librar la correspondiente boleta de encarcelaci�n por el tiempo que falta para cumplirse la pena; no obstante, existe en el expediente una circunstancia adicional que impide adoptar una determinaci�n en ese sentido, por las razones que se pasan a exponer. 4. Precisi�n adicional Por �ltimo, debe decirse que en el asunto objeto de an�lisis el se�or HMR permaneci� recluido en su domicilio desde el 1 de marzo de 2016 (ver folios 89 y 90 del cuaderno principal) hasta el 27 de febrero del a�o que avanza (ver folio 87 cuaderno principal), fecha en la cual se libr� la correspondiente boleta de libertad por parte del juzgado sentenciador, en virtud �precisamente- de la concesi�n del beneficio de libertad condicional que aqu� se trata, a trav�s del fallo de primera instancia emitido el 31 de octubre de 2016, mismo que resolvi� condenarlo a la pena principal de 11 meses de prisi�n, situaci�n que permite concluir que ya se ha superado con creces la sanci�n privativa de la libertad impuesta, pues en ese lapso transcurrieron 11 meses y 26 d�as; siendo ello as�, el filiado MR tiene derecho a la libertad desde el 1 de febrero de 2017.

La situaci�n jur�dica planteada no remite a dudas o hesitaciones para la Sala, porque efectivamente al revisarse la carpeta aparece ratificada la fecha de captura y la imposici�n de la pena a once (11) meses de prisi�n, como ya se expuso. As�, debe esta Corporaci�n otorgar la libertad definitiva al se�or MR, por pena cumplida siempre que no sea requerido por otra autoridad judicial.

No obstante lo anterior, ser� el Juez de Ejecuci�n de Penas a quien le corresponda la vigilancia del asunto, quien deber� estudiar aut�nomamente la extinci�n de la sanci�n penal, por virtud de lo normado en el numeral 8 del art�culo 38 de la Ley 906 de 2004. En m�rito de lo expuesto, la Sala de Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Juan de Pasto - Nari�o, en Sala de decisi�n penal, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto (N), en el sentido de NEGAR la concesi�n del beneficio de la libertad condicional a favor del se�or HMR, por las razones consignadas en precedencia. SEGUNDO.- DISPONER la libertad definitiva por pena cumplida del se�or HMR, con fundamento en lo indicado previamente, siempre que no sea requerido por otra autoridad judicial.

TERCERO. - Esta decisi�n se notifica en estrados y contra ella procede el recurso extraordinario de casaci�n. COPIESE,

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE SILVIO CASTRILL�N PAZ Magistrado JOS� AN�BAL MEJ�A CAMACHO FRANCO SOLARTE PORTILLA Magistrado Magistrado JUAN CARLOS �LVREZ L�PEZ Secretario  Juzgado Segundo Penal de Conocimiento de Pasto (N), Sentencia de octubre 31 de 2.016, Folio 80, Expediente No. 201680012-1 NI 17138  �El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el C�digo Penal podr� solicitar al juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompa�ando la resoluci�n favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del director respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biogr�fica y los dem�s documentos que prueben los requisitos exigidos en el C�digo Penal, los que deber�n ser entregados a m�s tardar dentro de los tres (3) d�as siguientes.

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para otorgar la libertad condicional.�  VELASQUEZ VELASQUEZ, Fernando. �MANUAL DE DERECHO PENAL - PARTE GENERAL�. Ediciones Jur�dicas ANDRES MORALES. Cuarta Edici�n. Bogot� D.C. 2010. P�gina 782  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Penal. Sentencia del 28 de mayo de 1998. radicado 13287.

M.P. Carlos Augusto G�lvez Argote.  VELASQUEZ VELASQUEZ, Fernando. Obra citada. P�gina 784  �Art�culo��38.�De los jueces de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad.�Los jueces de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad conocen: � 8. De la extinci�n de la sanci�n penal�.     P�gina PAGE3 de NUMPAGES4 !06OP~������� ) + D Q i ~ � � �  ( ������ô�����������xiZiZKh>h?)@�OJQJ^Jh>h�#�@�OJQJ^Jh>h�bj@�OJQJ^Jh>h#f@�OJQJ^Jh>hP-�@�OJQJ^Jh>hQD�@�OJQJ^Jh>hSt@�OJQJ^Jh>h��@�OJQJ^Jh>h�(�@�OJQJ^Jh�UI5�@�OJQJ^Jh>h�(�5�@�OJQJ^Jh>h15�@�OJQJ^J� � � � � � � � �  4 ���������ww5�j�� �_�dh$d%d&d'dN��O��P��Q��]�j^�� `�_�gdrb $dha$gdrb $ �ofa$gdrb$a$gdrb $dha$gd�$$�� �{�dh^�� `�{�a$gd3$�2&d P�� ]�2a$gd�#� ( ? ` � �, A E J z � � � � � � � � � ������ĸĩĚ�{mQF2'h�Phrb5�@�CJOJQJ^JaJhrb5�@�OJQJ7jh|*hrb5�@�OJQJUmHnHsH $tH $uhPy}hrb6�@�OJQJhrb5�@�CJOJQJaJhSt@�CJOJPJQJaJh>h�#�@�OJQJ^Jh>h1@�OJQJ^Jh�UI@�OJQJ^Jh>h>@�OJQJ^Jh>h�s_@�OJQJ^Jh>hN@�OJQJ^Jh>h!:u@�OJQJ^J� � � � � � �  4 > D O � � � � � � � ����̽������}p}p]�N;$h�$5�6�@�CJOJQJ^JaJh�$5�@�CJOJQJaJ$h�{�hrb@�CJOJPJQJaJhrb@�OJPJQJ\�hrb5�@�OJPJQJ\�hrb@�OJPJQJ^J#h�{�hrb@�OJPJQJ\�^J hrb5�@�OJPJQJ\�^Jhrb5�@�CJOJQJaJh�$�hrb5�@�OJQJ!hrb5�@�CJOJQJ^JaJ'h��hrb5�@�CJOJQJ^JaJ4 D � � � � � �   9: �zzoooooooo $dha$gd�$K$ �# ��L � �\ ����j�� 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de nota al pie,Footnote Text Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char,ft Car Car,ft CarCJOJPJQJ^JaJtH b�/��b �$0Texto nota pie Car1$CJOJPJQJ^JaJmH $sH $tH $\P@"\ �$0Texto independiente 2 d��x mH sH tH f�/��1f �$0Texto independiente 2 CarCJOJPJQJ^JaJtH x�OBx �$0 Preformatted.�# �~= ��z9��!v%7$8$CJOJQJ^JaJtH @&`��Q@ �$�Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,referencia nota al pie,Ref. de nota al pie 2,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Ref,de nota al pieH*FBbF "u�Texto independiente�xj�/��qj "u�Texto independiente Car$CJOJPJQJ^JaJmH $sH $tH $RQ@�R "u�Texto independiente 3�xCJaJn�/���n "u�Texto independiente 3 Car$CJOJPJQJ^JaJmH $sH $tH $<�< �av0 Encabezado ��8!X�/���X �av0Encabezado Car$CJOJPJQJ^JaJmH $sH $tH $B @�B �av0 Pie de p�gina ��8!^�/���^ �av0Pie de p�gina Car$CJOJPJQJ^JaJmH $sH $tH $X�/���X �av T�tulo 2 Car(5�6�CJOJPJQJ\�]�^JaJtH L��L �av0Texto de globoCJOJQJ^JaJ`�/��` �av0Texto de globo Car$CJOJPJQJ^JaJmH $sH $tH $B�O�B �omapple-converted-spaceD�"D St P�rrafo de lista "^��m$PK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$␴�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� � �ð �_�g -�;�����Yl�ݎ��|6^�N��`�?���[��PK!�֧��6 _rels/.rels���j�0 ���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ ����C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0���O�R�Bd���JE�4b$��q_����6L��R�7`�������0̞O��,�En7�Li�b��/�S���e��е������PK!ky���theme/theme/themeManager.xml �M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ����7��՛K Y,� �e�.���|,���H�,l����xɴ��I�sQ}#Ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�GW���)�E�+& 8���PK!&lT�Rtheme/theme/theme1.xml�YMoE�#�F{oc'vGu�رH�F�[��xw�;���jf��7���q�7��J\ʯ A��xgfw��I�FPA}H�����1^�3tH��<i{��5���M¶w{ؿ��!�p`����Dz�6��*^W� �D��)��/-I����S���11V�(¥@�#����Zmu)�4�P�c`;tk<�>�6r�=2%����@3'M �5BNe� t�Y�I?���C K/�^�|����Kx=#bjm��o>]F,�"B��F��V������z�n�^�3��`�ե̳�_�wr�%��:ϻ[k�.��eN�V��i�2],S�_s���jcs����7����f���� ��W���+�Ն�7����`���g� Ș��J���j|��l(�K��D-ʵ�� 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