Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 520016107547201581672 1 NI 14236

Sala: PENAL

Ponente: Blanca L. Arellano Moreno

Fecha: 2017-03-31

Sujetos procesales: SENTENCIADO: RFR

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PROTECCI�N DE LOS DERECHOS DE LAS V�CTIMAS � Adopci�n de Medidas de Protecci�n y Penas Accesorias � Analizado el contexto en el cual se desarrollan los hechos delictivos en concreto y establecido que el cumplimiento de la pena de manera intramural, no es la �nica medida de protecci�n de los derechos de la v�ctima, en tanto es posible adoptar medidas en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se hace necesario tomar decisiones complementarias, teniendo en cuenta las limitadas o equivocadas actuaciones adelantadas tanto por el ente instructor como por los funcionarios judiciales, imponiendo medidas de protecci�n, que de ser incumplidas pueden dar lugar a la revocatoria de la prisi�n domiciliaria; y de penas accesorias privativas de otros derechos, as� estas no hayan sido solicitadas o impuestas por el a quo o no sean objeto del debate de apelaci�n, al ser necesarias y dando prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal. / Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Proceso No. 520016107547201581672 1 N�mero Interno 14236  EMBED PBrush \s \* MERGEFORMAT  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO SALA DE DECISI�N PENAL Magistrada Ponente: Dra. Blanca L. Arellano Moreno Proceso No.: 520016107547201581672 1 Numero Interno: 14236 Sentenciado: RFR Conducta: Tentativa de homicidio Aprobado: Acta No. 005 del 27 de marzo de 2017 San Juan de Pasto, treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017) OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO Se ocupa la Sala de resolver el recurso de apelaci�n, interpuesto por la Fiscal�a, Ministerio P�blico y Representante de v�ctimas, en contra de la sentencia proferida el 22 de octubre de 2015 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto, a trav�s de la cual se concedi� el sustituto de prisi�n domiciliaria al se�or RFR, condenado por el delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO.

HECHOS Los f�cticos se registran en la decisi�n de primera instancia de la siguiente manera: �En horas de la noche del 24 de mayo de 2015, en la residencia ubicada en la carrera � del barrio centro de esta ciudad, RFR arremeti� tanto verbal como f�sicamente contra su compa�era permanente PCV, procediendo a propinarle golpes en su rostro y dem�s partes del cuerpo, hasta el punto de causarle convulsiones y dejarla en estado de inconsciencia. Posteriormente, a la ma�ana siguiente RFR se dirigi� hasta la residencia de MXR � sobrina de PCV � a quien le inform� que su t�a se encontraba herida en su casa de habitaci�n, ante lo cual luego de arribar a la residencia y constatar el estado de salud de �sta, procedi� a solicitar un servicio de ambulancia siendo trasladada inmediatamente al Hospital Civil de esta ciudad, donde ingres� en delicadas condiciones de salud�.

ANTECEDENTES PROCESALES Por los hechos anteriores, la Fiscal�a Quinta Seccional de Pasto, solicit� captura, en contra de RFR, la que fue emitida y una vez que se hiciera efectiva el 30 de julio de 2015, se adelantan ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garant�as las audiencias concentradas de legalizaci�n de captura, formulaci�n de imputaci�n y medida de aseguramiento, en cuyo desarrollo, la se�ora Jueza declar� la legalidad de la captura, en tanto que la Fiscal�a imput� al precitado a t�tulo de autor, el delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO, previsto en los art�culos 27, 103 y 104 del C�digo Penal, el cual, con el incremento dispuesto por el art�culo 14 de la ley 890 de 2004, tiene se�alada una pena de 200 a 450 meses de prisi�n. Para el 4 de septiembre de 2015, la Fiscal�a presenta escrito de acusaci�n que fue asignado al Juzgado Tercero Penal del Circuito, despacho ante el cual se present� luego acta de preacuerdo, en el que la Fiscal�a reconoci� como beneficio punitivo que el procesado actu� en estado de ira e intenso dolor, y aquel acept� su responsabilidad, fij�ndose una pena de prisi�n de ocho (8) a�os.

En el tr�mite de verificaci�n del preacuerdo que se adelant� el 22 de octubre de 2015, se present� oposici�n por parte de la Representante de v�ctimas por considerar que el procesado debe ser privado de la libertad, en la medida en que la detenci�n domiciliaria en el lugar de residencia que compart�a con la v�ctima, le ha ocasionado a ella afectaci�n psicol�gica por el temor que le infunde el agresor.

El delegado del Ministerio P�blico, tambi�n se opuso, por considerar que si bien el preacuerdo deviene de un acto de parte que le compete a la Fiscal�a General de la Naci�n, la adecuaci�n jur�dica realizada, no es concordante con los hechos y los elementos materiales probatorios, que se anexan al preacuerdo, especialmente lo que corresponde a la historia cl�nica y registro de la atenci�n brindada por el sistema de salud a la v�ctima, con lo que se evidencia un caso de tentativa imposible, en la medida en que por una parte los actos desplegados por el agresor no son actos ejecutivos id�neos y por otros son equ�vocos para determinar que su finalidad era el homicidio, aunque se pueden configurar otras conductas, como lesiones personales o violencia intrafamiliar, pues la misma v�ctima da cuenta de que el golpe en el rostro fue producto de su ca�da.

La tentativa a que se hace alusi�n, en Colombia no es punible, seg�n se puede consultar en la decisi�n de la CSJ, radicado 35180 del 4 de septiembre de 2015, y en ese sentido, el hecho no corresponde en estricta tipicidad al delito de homicidio, por lo que solicita a la Fiscal�a que adec�e la conducta conforme a los elementos materiales y a los hechos.

Por su parte la defensa, aclar� que realiz� similares reparos, al momento de la imputaci�n, al considerar que no se configuraban los elementos para que la conducta se tipifique como una tentativa de homicidio, lo que no tuvo eco en la Fiscal�a; sin embargo, para efectos de suscribir el preacuerdo, se analizaron sus costos y beneficios, encontrando que si bien se puede estructurar desde el punto de vista dogm�tico un delito de violencia intrafamiliar, determin� que la adecuaci�n jur�dica realizada por la Fiscal�a atrae posibilidades en cuanto a los subrogados y sustitutivos penales que no operar�an frente al delito de violencia intrafamiliar, resultando m�s favorable al enjuiciado, que se mantengan los cargos iniciales, aplicando la rebaja que deviene del estado de ira.

El se�or Juez aval� los t�rminos del preacuerdo y consider� contrario a lo aducido por el Ministerio P�blico que s� hubo idoneidad de los medios y existi� el objeto material sobre el cual se produjo la conducta del agente, con lo que se presenta realmente una tentativa y as� lo estim� la Fiscal�a. Mencion� adem�s que la l�nea jurisprudencial, conocida a trav�s de diversas sentencias de casaci�n y de tutela, aclara que es la Fiscal�a la que de manera exclusiva y excluyente tiene la facultad de formular los t�rminos de la acusaci�n. Como el proceso de adecuaci�n le corresponde a la Fiscal�a, las dem�s partes e intervinientes no tienen poder de veto u objeci�n alguna, sus delegados son los que interpretan los elementos materiales probatorios y adec�an los hechos a la norma, considerado en el caso que aquella corresponde a una conducta de homicidio agravado en grado de tentativa.

Raz�n por la cual en acatamiento a la l�nea jurisprudencial, no se realiza intromisi�n en la funci�n exclusiva del ente acusador. En consecuencia el se�or Juez imparti� aprobaci�n al preacuerdo presentado, decisi�n ante la cual, partes e intervinientes no interpusieron ning�n recurso. Ya en la audiencia de individualizaci�n de la pena y la sentencia, seg�n el tr�mite regulado en el art�culo 447 de la Ley 906 de 2004, el tema de discusi�n gir� en torno a la posibilidad de que se conceda el sustituto de la prisi�n domiciliaria.

La Fiscal�a y la representante de v�ctimas explicaron los motivos por los cuales consideran que el beneficio no es procedente, oponi�ndose a su concesi�n. La delegada del ente acusador, aclar� que fij� la pena en ocho (8) a�os con la finalidad de que al revisar el primer requisito objetivo establecido en el art�culo 38 B del C.P. no supere el an�lisis para conceder la prisi�n domiciliaria, sin embargo encuentra que la postura asumida por esta Corporaci�n, expuesta en pronunciamiento emitido en el asunto radicado con NI 9787, abre una puerta para que se conceda el sustituto, ya que se establece que al fijarse a trav�s de un preacuerdo, la circunstancia de atenuaci�n de la ira, modifica los extremos punitivos, y son estos los que sirven de base para verificar si se cumple con el monto punitivo para conceder el beneficio, lo que es contrario a lo pretendido por la fiscal�a. Aclara que para el proceso de adecuaci�n jur�dica, se quiso dar un plus a favor de la mujer, atendiendo a lo demostrado a trav�s de los EMP en la medida en que el agresor cre� un riesgo alt�simo para la vida e integridad f�sica de la v�ctima y dej� adem�s secuelas f�sicas y ps�quicas, imput�ndose as�, el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Pero advierte que aun con ese marco jur�dico, no ser�a viable que el procesado cumpla la pena en el domicilio, porque por un lado es el lugar en el que tambi�n resid�a la v�ctima quien tuvo que salir del mismo, por el acto de agresi�n, y por otro lado porque se acredita la reincidencia, seg�n se constata con la medida de protecci�n policiva, emitida el 30 de mayo de 2014, por una inspecci�n de polic�a. De accederse a que el penado cumpla la sanci�n impuesta en su domicilio, se revictimiza a la se�ora PCCV porque pese a que ella suscribe el contrato de arrendamiento del lugar que compart�a con el procesado, ella tuvo que salir de su hogar y pas� a ser protegida por su hermana, al punto que ni siquiera puede recoger sus pertenencias, por el terror que le infunde el procesado.

Ahora, la representante de la se�ora PCCV, coadyuva la solicitud de la Fiscal�a, en primer lugar porque se revictimiza a la afectada, lo que viene ocurriendo desde que se concedi� detenci�n domiciliaria, momento en que en lugar de ordenar el desalojo del agresor, lo que se hizo fue provocar que fuera la v�ctima la que saliera de su domicilio.

En segundo lugar se debe analizar que si bien no se imput� el delito de violencia intrafamiliar s� se trata de un caso de este tipo, por lo cual es aplicable la Ley 1257 de 2008. En tercer lugar, porque la reparaci�n debe ser integral, lo que implica la rehabilitaci�n de la v�ctima que fue afectada f�sica y psicol�gicamente, y que por terror al agresor, tiene miedo de salir a la calle.

De esa manera, se debe acudir al Bloque de constitucionalidad, para que el procesado sea privado de la libertad, y se proteja los derechos de la v�ctima. La defensa, por su parte, se�al� que el procesado no registra antecedentes, trabaja como ebanista, cuenta con arraigo domiciliario, lo que se reconoci� por el Juez de control de Garant�as, que impuso la medida de detenci�n en domicilio, la que se encuentra cumpliendo.

Ahora, como resulta aplicable el art�culo 38 B del CP que fue modificado por la Ley 1709 de 2014, el legislador prescindi� del aspecto subjetivo, por lo que las aseveraciones en ese sentido ya no son de recibo para determinar la procedencia del beneficio. Es m�s, al reconocer la Fiscal�a, como �nico beneficio, la rebaja que corresponde a la atenuante de actuar con ira o intenso dolor como beneficio, es aplicable la decisi�n del Tribunal, emitida el 22 de septiembre de 2015, 2009 NI 9787, que surte efectos tambi�n para determinar que se cumple con los c�nones del art�culo 38 B numeral 1� del C.P., y m�s todav�a, porque no se ofrecen argumentos para apartarse del precedente.

Tampoco resulta viable acudir a la figura de la excepci�n de inconstitucionalidad para que se deje de aplicar el art�culo 38 B que en los t�rminos antedichos constituye un derecho, tanto porque se cumple con el requisito objetivo, como en lo relacionado con el arraigo confrontado con elementos, y validado por polic�a judicial, que emite un informe de arraigo domiciliario y que fuera respaldado desde las audiencias de garant�as.

Ahora, en lo que concierne a los compromisos que se deben asumir, es menester se�alar que el tema de reparaci�n integral se debe debatir en el incidente correspondiente, y en cuanto a la dificultad para que la v�ctima recupere sus pertenencias, se habilit� desde las audiencias preliminares y sigue existiendo la posibilidad de que as� lo haga.

Advierte adem�s que el se�or RFR s� va a pagar pena, pues no se puede desconocer el car�cter punitivo que es elevado en el marco de las negociaciones y evit� el tr�mite de juicio que s� hubiera sido revictimizante. As�, no hay riesgo de revictimizaci�n porque se pueden adoptar todas las medidas para que ello no ocurra. En cuanto a las obligaciones que devienen del contrato de arrendamiento, informa la defensa que el canon lo est� asumiendo el procesado, y se pone de presente que existe sobre el bien un proceso de sucesi�n y que de todas formas, se dan las condiciones para el cambio de domicilio con apoyo de familiares del procesado.

Todo lo anterior permite que se conceda el beneficio de prisi�n domiciliaria. Finalmente el sentenciador emiti� condena conforme a los t�rminos del preacuerdo, pero accedi� a la solicitud defensiva, por lo que la Fiscal�a, el delegado del Ministerio P�blico y la Representante de v�ctimas, interpusieron recurso de apelaci�n. PROVIDENCIA IMPUGNADA En lo que es objeto de la apelaci�n, y que ser� estudiado en esta instancia, realiza un chequeo de los requerimientos enlistados en el art�culo 38 B del C.P. a efectos de determinar si procede o no la concesi�n de la prisi�n domiciliaria, y al hacer la confrontaci�n con la situaci�n jur�dica derivada del preacuerdo y sus anexos probatorios, encontr� los siguientes aspectos: En primer lugar, para analizar lo concerniente al requisito de car�cter objetivo, se deben tener en cuenta lineamientos jurisprudenciales de la Sala de Casaci�n de la CSJ, seg�n los cuales para determinar el l�mite punitivo previsto en el numeral 1� de la precitada norma, se atender�n tambi�n los dispositivos amplificadores del tipo penal, entre ellos y como ocurre en el presente caso, la ira e intenso dolor (Rad. 19948 septiembre 15 de 2004).

En la misma l�nea esta Corporaci�n Tribunalicia, en el fallo citado por la Fiscal�a y la defensa, dej� en claro que en lo que ata�e a subrogados y beneficios penales, la conducta a tenerse en cuenta es aquella que hace parte del preacuerdo. De lo anterior resulta que el m�nimo de la pena se�alado, en la ley para el delito de homicidio tentado cometido en estado de ira es inferior a ocho (8) a�os de prisi�n, encontrando satisfecho el primer requisito.

En segundo lugar, se verifica que el punible imputado no hace parte de las exclusiones se�aladas en el inciso 2� del art�culo 68 A del C.P. En tercer lugar, los elementos materiales probatorios allegados, dan cuenta del arraigo que ostenta el se�or RFR, quien reside y trabaja en el mismo sitio desde ocho a�os atr�s, y que era el que compart�a con la v�ctima, sitio donde adem�s tiene instalado su taller de ebanister�a. Consecuencia de lo anterior, el A quo, concedi� el sustituto de la prisi�n domiciliaria.

En cuanto a los reparos realizados por la Fiscal�a y la Representante de v�ctimas, aclara que con la reforma introducida por la Ley 1709 de 2014, se elimin� aquella exigencia relacionada con el aspecto subjetivo, y en esa medida atendiendo a la voluntad del legislador no le es dable como operador judicial apartarse de la normatividad para negar el sustituto que aparece m�s que claro.

Tuvo en cuenta sin embargo, la situaci�n que se gener� a ra�z de la imposici�n de la medida de detenci�n, ya que el procesado fij� su domicilio para cumplir la restricci�n, en el mismo lugar que compart�a con la v�ctima, raz�n por la cual orden� su salida y reforz� la orden de protecci�n para que se abstenga de acercarse a la se�ora PCCV y omitir todo tipo de actos y de cualquier naturaleza que la puedan afectar.

3. SUSTENTACION DE LA IMPUGNACI�N

3.1. REPRESENTANTE DE VICTIMAS Retoma algunos aspectos relevantes de los f�cticos y del tr�mite procesal adelantado, haciendo �nfasis en que respecto de lo �ltimo, hubo oposici�n de la afectada en que se realizara un preacuerdo, no obstante, �ste se consolid�, luego de lo cual y ante la solicitud de la defensa para que se concediera el sustituto de prisi�n domiciliaria, tanto la Fiscal del caso como la representaci�n de v�ctimas se resistieron a que se resuelva a favor del procesado.

Present� adem�s una cr�tica sobre las decisiones adoptadas en audiencias de control de garant�as, cuando se concedi� la detenci�n domiciliaria para que sea cumplida precisamente en el lugar que fue escenario de la violencia f�sica y moral a que fue sometida la se�ora PCCV, con lo cual se le impidi� a ella el acceso a su hogar. Ahora, en cuanto a las razones del disenso, se pueden sintetizar en los siguientes puntos: Al aplicar el juez A quo, la Ley 1709 de 2014, se requiere la consolidaci�n del requisito objetivo referente a la pena m�nima prevista para el delito, que no puede superar los ocho (8) a�os de prisi�n, pero adem�s resulta imperativo verificar que el condenado ostente un arraigo familiar y social, sin embargo en el caso, no se puede afirmar que ello sea as�, lo cual se trat� de demostrar con el testimonio de la se�ora LC, hermana de la v�ctima, pero fue negado su recaudo.

Entonces, con los elementos que se tienen, se trata de confrontar la Ley 1709 de 2014 que se encuentra vigente, con aquellas normas que integran el bloque de constitucionalidad y que desarrollan los derechos de las v�ctimas, especialmente cuando son mujeres como sujeto pasivo de violencia. Realizada tal confrontaci�n, era deber del juez de primera instancia, acoger las �ltimas para negar el sustituto.

Enseguida pasa a relacionar los diferentes instrumentos legales internacionales, que se integran a los art�culos 13 y 43 constitucionales, para conformar el bloque de constitucionalidad en defensa de los derechos de las mujeres v�ctimas de violencia por parte de sus parejas. A dicho bloque se suman las Leyes 294 de 1996 y 1257 de 2008, que imponen unos principios y medidas a los que debe acudir toda autoridad p�blica al tener al frente un caso de violencia intrafamiliar, entre ellos que este tipo de comportamientos, debe ser prevenido, corregido y sancionado, con respeto de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, exigi�ndose adem�s adoptar medidas para garantizar a las mujeres una vida libre de agresiones ya sea que se originen en el �mbito p�blico o privado, as� como facilitar el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales establecidos para su protecci�n y atenci�n. Al revisar los anteriores principios y reglas, se determina que si bien por una parte, el procesado tendr�a derecho a que se le conceda el sustitutivo domiciliario, tambi�n es cierto que la se�ora PCCV, tiene derecho a que el Estado le brinde protecci�n en contra de su agresor, lo que se logra con su internamiento carcelario, en la medida en que la afectaci�n psicol�gica resultante del maltrato a que fue sometida, se incrementa con la sola idea de saber que el victimario se encuentra por fuera de un establecimiento carcelario.

Esa afectaci�n psicol�gica consecuente y persistente, hace parte de la violencia que el Estado se encuentra obligado a eliminar, como parte de uno de los derechos de las v�ctimas en general y de las mujeres en especial, para que se garantice la no repetici�n, lo que va m�s all� de la reparaci�n simplemente econ�mica, acogiendo los principios regulados en los art�culos 1� y 2� de la Declaraci�n de la ONU sobre la eliminaci�n de la violencia y la Convenci�n interamericana de Bel�m do Para.

Ahora, si bien aquellos temas relacionados con el derecho a la reparaci�n, se deber�an debatir a instancias de un incidente, ello no impide en aras de garantizar los derechos de la se�ora PCCV como v�ctima, como persona humana, en toda su dimensi�n, para que se adopten con anterioridad, medidas que faciliten el ejercicio de sus derechos conforme lo explica la Comisi�n de derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Aunado a lo anterior, el reconocimiento de elementos que en el �mbito internacional, forman parte del n�cleo fundamental de los derechos de las v�ctimas, que son los de Justicia, verdad y reparaci�n y especialmente �ste �ltimo que exige medidas que tiendan a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, de rehabilitaci�n, satisfacci�n y garant�as de no repetici�n. Estas �ltimas, exigen para el caso en concreto que la se�ora PCCV, tenga derecho a salir a la calle sin temer una agresi�n de su victimario, con el conocimiento de que �l se encuentra en un lugar seguro y que no le representa amenaza, lo que dar�a impulso para sanar su deteriorada salud mental y plantearse un nuevo proyecto de vida, todo como parte de su proceso de rehabilitaci�n No es posible que se tengan en cuenta los derechos de los agresores, dejando de lado a las v�ctimas, para lograr una realidad procesal realmente efectiva como lo ense�� la Corte Constitucional en su fallo de tutela T-967 de 2014.

Resulta de claridad, entonces la obligaci�n de la Administraci�n de justicia para desarrollar su labor con perspectiva de g�nero eliminando cualquier tipo de discriminaci�n, y cumpliendo con el deber estatal de garantizar a todos, una vida libre de violencias, de lograr una investigaci�n, sanci�n y reparaci�n estructural. Por lo anterior solicita que se revoque la decisi�n de primera instancia en lo referente a la sustituci�n de la pena por prisi�n domiciliaria y que en su lugar se ordene el cumplimiento de la pena en establecimiento carcelario para garantizar los derechos de la se�ora PCCV.

Realiza adem�s solicitud especial para que en esta instancia se verifique el estado de salud de la v�ctima, que se recepcione su declaraci�n y la de su hermana LC, y allega adem�s documentos que no se presentaron por la Fiscal�a como respaldo del preacuerdo, para que fueran conocidos por el A quo, en el tr�mite por �l adelantado, a lo que se agrega un escrito adicional presentado con posterioridad a la concesi�n del recurso.

3.2. MINISTERIO PUBLICO Inicia su escrito, se�alando aspectos relevantes de la naturaleza jur�dica de los preacuerdos y el control que sobre ellos realiza el juez de conocimiento. Pasa luego a hacer una exposici�n de la dogm�tica que seg�n su criterio se aplica al comportamiento del procesado, que corresponde a la tentativa imposible, dada la falta de idoneidad de los actos desplegados por �l, a lo que agrega como cita jurisprudencial, el radicado No. 35.780 del 5 de febrero de 2007.

En t�rminos generales se puede deducir de la disertaci�n presentada, que lo pretendido por el Delegado del Ministerio P�blico, coincide con la intervenci�n que realiz� al momento en que se le corri� traslado de los t�rminos del preacuerdo, y que consisti� en reprochar a la Fiscal�a, el proceso de adecuaci�n jur�dica realizado, pues en su criterio, no corresponde a los hechos judicializados, lo cual amerita la intervenci�n del Juez de conocimiento para realizar control material de dicha actuaci�n de la Fiscal�a.

3.3. LA FISCALIA Enfila su reproche de apelaci�n en contra de la concesi�n del beneficio de prisi�n domiciliaria, por las siguientes razones: Aclara inicialmente que el t�rmino pactado de pena, que se llev� al monto de ocho (8) a�os, tuvo como objetivo lograr que la misma se cumpla en establecimiento carcelario, y por ello no se registr� en el acta de preacuerdo ning�n beneficio que fuera en contra de esa intenci�n. La circunstancia de atenuaci�n relacionada con el estado de ira, no se encuentra probada, pero se utiliz� �nicamente para rebajar los topes punitivos, y fijar el quantum de ocho (8) a�os, de tal manera que no se supere el requisito objetivo m�nimo exigido por el art�culo 38 B, numeral 1�, del C.P. Agrega que se debe acudir a pronunciamientos jurisprudenciales que refieren el estudio de las condiciones personales, sociales y familiares del encartado, a fin de estudiar la procedencia del sustituto, como los incluidos en la sentencia del 28 de mayo de 2014, radicado SP 6699 -2014-43524, o el auto del 24 de septiembre del mismo a�o, radicado AP5749-2014-44309.

Al hacer la valoraci�n de estos aspectos, la Fiscal�a realiz� un an�lisis del individuo como tal, encontrando que su comportamiento es de gravedad dada la reincidencia en los actos de agresi�n contra su pareja. Adicionalmente, se recalca la importancia de las normas que buscan otorgar herramientas de protecci�n a favor de la mujer, como ocurre con la Ley 1761 de 2015 que tipifica el feminicidio, que exige entre otras garant�as la de no repetici�n de las violaciones de derechos humanos. En ese contexto, el legislador agreg� el delito de violencia intrafamiliar, como medida de protecci�n a favor de las mujeres, en el listado del inciso 2� del art�culo 68 A del C.P., lo que debe aplicarse a favor de la se�ora PCCV, quien era la compa�era permanente del se�or RFR, y por lo mismo re�ne una doble condici�n de v�ctima como mujer y como miembro del n�cleo familiar conformado con el procesado.

Tambi�n hace cr�ticas en torno al exigencia prevista en el numeral 3� del art�culo 38 B del C.P., sobre el arraigo familiar y social del condenado, ya que el lugar donde est� cumpliendo la privaci�n de la libertad corresponde a aquel que fuera el domicilio compartido con la v�ctima, al que ella por temor no ha vuelto, en tanto que su agresor se encuentra ah�, agregando que sobre �l, se celebr� un contrato de arrendamiento, en el que figura como arrendataria la se�ora PCCV, sin que se defina la titularidad del derecho de propiedad por encontrarse en tr�mite de sucesi�n, lo que significa que el se�or RFR no tendr�a un verdadero arraigo.

Ahora, la defensa ofreci� como soluci�n el cambio de domicilio, y as� se acept� por el Juez de conocimiento, por lo que se orden� en la sentencia esa variaci�n, sin embargo no se concret� cu�l ser�a ese nuevo lugar en el que se purgar� la pena. Siendo as�, no estar�a demostrado el arraigo, al momento de la audiencia en la que se ventil� el tema.

Hace notar que en el plenario no existe adem�s ninguna forma de apoyo por parte del agresor hacia la v�ctima para que ella alcance su recuperaci�n, o para que se garantice la no repetici�n. As� las cosas, la funci�n de la pena prevista en el art�culo 4� del C.P. sobre retribuci�n justa frente a los hechos de agresi�n f�sica y psicol�gica, se cumplir� con el cumplimiento efectivo de la pena en el establecimiento carcelario, al igual que se cumplir� la funci�n de prevenci�n general, para dar relevancia a los derechos de las v�ctimas mujeres.

Solicita en consecuencia la Fiscal�a que se revoque el beneficio concedido para que la pena se cumpla en establecimiento carcelario, tanto por la pena impuesta de ocho (8) a�os como por lo relacionado con el arraigo familiar y social. CONSIDERACIONES DE LA SALA COMPETENCIA Seg�n lo normado en el numeral 1� del art. 34 de la Ley 906 de 2004, es competente esta Sala para resolver el recurso de apelaci�n formulado en contra de la sentencia de octubre 22 de 2015, proferida por el se�or Juez Tercero Penal del Circuito de Pasto, quien concedi� el sustituto de prisi�n domiciliaria al sentenciado RFR. 4.2 PROBLEMAS JURIDICOS La Sala se ocupar� en esta oportunidad de los siguientes cuestionamientos: �La argumentaci�n presentada por el Delegado del Ministerio P�blico para controvertir la sentencia condenatoria, ofrece elementos para resolver de fondo su petici�n? �El tr�mite de segunda instancia permite la aducci�n de pruebas aportadas por la parte apelante?. � Atendiendo a la normatividad vigente a la fecha de los hechos - 24 de mayo de 2015 - procede negar el sustituto de prisi�n domiciliaria, al acusado de la comisi�n de un delito de homicidio en grado de tentativa, en el que la v�ctima es su compa�era permanente?. �Procede ordenar la privaci�n de la libertad en establecimiento carcelario, del se�or RFR, como medida de protecci�n a favor de la se�ora PCCV? �Procede la imposici�n de medidas de restablecimiento de derechos a favor de la v�ctima PCCV? �Procede la imposici�n de penas accesorias privativas de otros derechos seg�n lo establecido en el art�culo 43, numerales 10 y 11 del C.P.? FUNDAMENTOS JUR�DICOS 4.3.1.

Sustentaci�n del recurso de apelaci�n Respecto a los requisitos para sustentar en debida forma el recurso de impugnaci�n, esta Sala ya se ha pronunciado en anterior oportunidad, por lo cual retomamos los argumentos legales expuestos para aquella ocasi�n. Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia nos indica: �Primero, la necesidad de sustentar debidamente la impugnaci�n presentada.

Esto comporta, de una parte, que toda impugnaci�n debe ser sustentada, pero adem�s, que no basta la mera sustentaci�n, sino que esta debe ser adecuada al objeto de controversia. De manera pues que no basta con sustentar sino que esa argumentaci�n debe ser debida, adecuada, apropiada al caso. Una sustentaci�n debe entenderse adecuada, cuando est� orientada a controvertir los argumentos de la decisi�n cuestionada, pretendiendo de manera razonable demostrar el desacierto de la misma y las bondades de la tesis que se propone.

La sustentaci�n tiene como objetivo atacar o controvertir la tesis expuesta en la decisi�n, ello se logra presentando razones, destacando falencias, tratando de mostrar el desacierto de la decisi�n�. Por lo explicado, la Corte enfatiza en que no puede atenderse como sustento del recurso que se interpone, si el interesado, no presenta contraargumentos, que pongan en evidencia los errores o falencias que contiene la decisi�n que se controvierte. De manera semejante y de tiempo atr�s, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci�n Civil (auto del 30 de agosto de 1984, M.P. Humberto Murcia Ball�n), expuso sobre ese deber de sustentaci�n, que es pertinente al caso en cuanto a la finalidad que se busca con el tr�mite de apelaci�n: �Si como ya est� dicho, la apelaci�n es una faceta del derecho de impugnaci�n, expresi�n �sta derivada de la voz latina impugnare que significa �combatir, contradecir, refutar�, tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la raz�n o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautul�gico, presentar el escrito por el cual, mediante la pertinente cr�tica jur�dica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificaci�n�. 4.3.2.

Principio de preclusividad Ha sido definido por la Corte en los siguientes t�rminos: �En materia penal, el proceso tiene una estructura formal y otra conceptual. La primera guarda relaci�n con el principio antecedente-consecuente, inherente al conjunto o sucesi�n escalonada y consecutiva de actos jurisdiccionales con car�cter preclusivo regulados en la ley procesal, los cuales lo integran como unidad dentro del marco de una secuencia l�gico-jur�dica (en la sistem�tica dise�ada en la Ley 906 de 2004: imputaci�n, acusaci�n, audiencia preparatoria, juicio y sentencia).

La segunda, esto es, la estructura conceptual, se relaciona con la definici�n progresiva y vinculante del objeto del proceso penal, el cual no es otro que el de establecer, mas all� de toda duda, por una parte, la realizaci�n de un comportamiento humano de acci�n u omisi�n verificable en el mundo exterior o f�sico, que halla correspondencia en la descripci�n legal y abstracta de una conducta punible; y de otra, determinar la consecuente responsabilidad del sujeto al que se atribuye la respectiva conducta de connotaci�n jur�dico-penal�. 4.3.3.

Prisi�n domiciliaria y Violencia intrafamiliar En lo que concierte al sustituto de prisi�n domiciliaria, el ordenamiento interno se integra por los art�culos 38, 38 B y 68 A del C.P., en los cuales se relaciona como uno de los comportamientos que se excluyen para su concesi�n, el de violencia intrafamiliar, m�s no el de homicidio, que es aquel por el cual se judicializ� al se�or RFR.

Lo anterior, sin embargo no impide que revisemos el contexto en el cual se desarrolla el hecho delictivo en concreto, no con el �nimo de realizar un control material de la adecuaci�n jur�dica realizada por la Fiscal�a como titular de la acci�n penal, sino para adoptar decisiones complementarias en aras de proteger los derechos de la v�ctima como adelante se mirar�.

El contexto entonces, tiene que ver con acciones de violencia que se ejercen por un hombre en contra de una mujer, y que de manera espec�fica, ocurren al interior de una relaci�n de convivencia que llevaban como pareja marital, los se�ores PCCV y RFR, en lo que se encuentran ingredientes que pueden ajustarse a un acto t�pico de violencia intrafamiliar, aunque por supuesto en ejercicio de la facultad constitucional y legal que se atribuye a la Fiscal�a, en este caso fue direccionada hacia una adecuaci�n jur�dica diferente, en raz�n a la gravedad del delito, la que resulta razonable, en virtud de que es el mismo art�culo 229 del C.P. el que establece una cl�usula de subsidiaridad, al regular que el maltrato f�sico o sicol�gico a cualquier miembro del n�cleo familiar, constituye Violencia Intrafamiliar, �siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor�.

Atendido ese contexto, resulta relevante, como as� lo invoca la representante de v�ctimas revisar la normatividad interna, que por un lado proporciona herramientas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar y que por otro, busca la sensibilizaci�n, prevenci�n y sanci�n de formas de violencia y discriminaci�n contra las mujeres As�, el legislador preocupado por el incremento de casos y el nivel de violencia en contra de las mujeres y adem�s de la afectaci�n de la armon�a que debe integrarse en la relaciones de los miembros de un grupo familiar, atendiendo adem�s a las exigencias de aquellos instrumentos internacionales que conforman el Bloque de Constitucionalidad ha emitido diversas leyes que retomaremos en nuestro an�lisis en la medida en que se avance en la soluci�n del caso.

Estas son la Ley 294 de 1996, la Ley 575 de 2000 y la Ley 1257 de 2008, las que se complementan con los decretos 652 de 2001 y 4799 de 2011, que las reglamenta. No incluimos en esta ocasi�n atendiendo a la fecha de los hechos la Ley 1761 de 2015 que tipifica el feminicidio, dado que su vigencia es posterior. 4.3.4. Bloque de Constitucionalidad Y no puede la Sala, dejar de lado, el ordenamiento internacional, que se integra al colombiano a trav�s del concepto de Bloque de constitucionalidad, al que acude de manera reiterada la Representante de v�ctimas, a fin de que se reconozcan aquellos derechos humanos que le asisten a la se�ora PCCV, para proponer una f�rmula jur�dica que propenda por la priorizaci�n de los mismos respecto de aquellos que le asisten a su excompa�ero permanente, como autor del delito de tentativa de homicidio, y de esa forma arribar a su privaci�n efectiva de la libertad de manera intramural.

Por lo anterior, es importante recordar algunos aspectos de esta instituci�n jur�dica. As�, debe entenderse que la constituci�n no solo comprende su art�culado sino que por orden de la misma seg�n se desprende de los art�culos 53, 93 y 214, se integran tambi�n todas aquellas normas, principios o par�metros o estand�res del orden nacional o internacional que sirven para apllicar la constituci�n, para interpretarla o como par�metros de constitucionalidad frente al ordenamiento jur�dico.

Al respecto el conocido tratadista Rodrigo Uprimny Yepes explica: La noci�n de Bloque de Constitucionalidad implica asumir que existen una serie de normas que hacen parte de la Constituci�n por mandato mismo del texto constitucional sin que necesariamente se hallen explicitadas en el mismo. Esas normas son esencialmente est�ndares internacionales de derechos humanos, debido al tratamiento especial y privilegiado que el constitucionalismo contempor�neo confiere a los tratados de derechos humanos. El Bloque de constitucionalidad obliga entonces a entender que la Constituci�n no es un texto cerrado y r�gido, sino que por el contrario est� nutrido de una cantidad de enunciados normativos a los que los operadores juridicos deben acudir en el ejercicio judicial por ser parte integrante de la Carta, de ah� que para evitar vulneraciones a la seguridad jur�dica sea necesario identificar cu�les son esos enunciados Por su parte la Corte Constitucional en su Sentencia C- 225 de 1995, analiz� la naturaleza e imperatividad del derecho internacional humanitario, y procedi� a determinar la jerarqu�a normativa que ocupan aquellos convenios que en esta materia hayan sido aprobados y ratificados en Colombia frente a la constituci�n, en lo que encontr� que el art�culo 4� de la Constituci�n que establece su supremac�a como norma de normas entraba en aparente contradicci�n con el art�culo 93 que otorga prevalencia a los convenios de derechos humanos y con el art�culo 214-2 que otorga prevalencia a los tratados de derecho internacional humanitario.

Para armonizar y solucionar esta aparente contradicci�n la Corte concluy� que dichos tratados y convenios forman con la constituci�n un "bloque de constitucionalidad" concepto al que se refiri� en los siguientes t�rminos: Como vemos, el bloque de constitucionalidad est� compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como par�metros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a�la Constituci�n, por diversas v�as y por mandato de la propia Constituci�n. Son pues verdaderos� principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional�stricto sensu.

Como es obvio, la imperatividad de las normas humanitarias y su integraci�n en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarqu�a del orden jur�dico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario, con el fin de potenciar la realizaci�n material de tales valores. Como se trata de un concepto en construcci�n, la Corte Constitucional ha precisado sus alcances ya sea restringiendo o ampliando aquellas normas, principios, par�metros o estand�res del orden nacional o internacional que forman parte del Bloque de Constitucionalidad.

Se restringe como en casos en los que la Corte precisa que no todos los convenios o tratados del orden internacional sobre derechos humanos, hacen parte del Bloque y que de igual manera se debe revisar la tem�tica de aquellos convenios o tratados que pese a encontrarse ratificados, no hacen relaci�n precisa sobre derechos humanos, como as� se explic� en las sentencias C-295 de 1993 y C-401 de 2005.

Se amplia como los eventos en que la Corte incluye aquellas leyes sin rango constitucional pero que la propia Constituci�n ordena que sean respetadas por las de tipo ordinario, tal y como sucede con las leyes org�nicas y estatutarias en determinados temas, y as� lo explic� en la sentencia C-578 de 1995. Nuevamente, el tratadista Rodrigo Uprimny Yepes, concreta de manera muy did�ctica el manejo de la Corte respecto del Bloque de Constitucionalidad en ambos sentidos, al respecto indica: En general la jurisprudencia se refiere al Bloque de Constitucionalidad, en sentido estricto, como las normas que tienen jerarqu�a constitucional, sin importar cu�l sea la norma que produce su integraci�n al bloque, para distinguirlo del bloque en sentido lato, que contiene adem�s aquellas disposiciones que sin tener jerarqu�a constitucional son par�metros de constitucionalidad de las otras leyes, como las leyes estatutarias y org�nicas.

Para nuestro asunto, resulta pertinente el bloque de Constitucionalidad en sentido estricto, pues en �l, se encuentran comprendidos las siguientes normativas: Pre�mbulo Articulado constitucional Tratados de l�mites ratificados Tratados de derecho humanitario Tratados ratificados que reconocen derechos humanos que no pueden ser suspendidos o limitados en estados de excepci�n. Tratados de Derechos humanos ratificados, cuando se trate de derechos reconocidos por la Carta, para efectos de delimitar el contenido y los l�mites de los derechos constitucionales.

Convenios de la OIT, sobre derechos humanos referidos al �mbito laboral y no estar�an integrados aquellos otros convenios de la OIT que regulan aspectos meramente t�cnicos o estad�sticos. Adem�s de lo anterior y en lo que concierne a la protecci�n y garant�a de los derechos humanos, los tratados y convenios han sido objeto de interpretaci�n, de estudios, de decisiones por parte de los �rganos de control u organos especializados, de declaraciones o principios, etc., que si bien no entran directamente al bloque de constitucionalidad, en algunos casos adquiere relevancia o importancia, para la toma de decisiones a nivel interno, aunque se discute si pueden llegar a ser vinculantes o no, acudiendo quienes abogan por lo primero al art�culo 93 inciso 2� de la Carta, puesto que se tratar�a de referentes de interpretaci�n. De esa manera, arribamos, a aquellos instrumentos internacionales, que hacen parte del concepto de Bloque de Constitucionalidad, para nuestro caso.

En primer lugar la Convenci�n sobre la Eliminaci�n de Todas las Formas de Discriminaci�n contra la Mujer (En adelante Cedaw), que fue aprobada por la ley 51 de 1981, mediante la cual los Estados Partes condenan la discriminaci�n contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una pol�tica encaminada a eliminar tal discriminaci�n. Tambi�n la Convenci�n Interamericana Para Prevenir, �Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra La Mujer �"Convenci�n De Belem Do Para", que fue adoptada en Colombia, con la Ley 248 de 1995, a trav�s de la cual se define la violencia contra la mujer como cualquier acci�n o conducta, basada en su g�nero, que cause muerte, da�o o sufrimiento f�sico, sexual o psicol�gico, tanto en el �mbito p�blico como en el privado. 4.4 ESTUDIO DEL CASO El an�lisis en concreto para el se�or RFR, se realizar� conforme a los puntos en discusi�n planteados en el problema jur�dico. 4.4.1.

Apelaci�n presentada por el Delegado del Ministerio P�blico De entrada se debe advertir, que los t�rminos de la sustentaci�n esbozada por el agente del Ministerio P�blico, no resulta coherente para controvertir los fundamentos de la decisi�n que es objeto de an�lisis en esta instancia y por eso mismo se determina que la misma no re�ne las condiciones que permitan a esta Sala realizar un pronunciamiento de fondo respecto de la tem�tica expuesta, como se pasa a explicar.

En primer lugar es posible extractar que el objeto que engloba la exposici�n argumentativa, va dirigido a que se realice control material de la adecuaci�n jur�dica de los hechos presentada por la Fiscal�a y contenida en el preacuerdo que fuera aceptado por el se�or RFR. Y no solo del contenido de la sustentaci�n ahora presentado, se deduce el objeto enunciado, sino que deviene adem�s de la comparaci�n de las razones ahora expuestas con aquellas que fueron dirigidas al juez de conocimiento, al momento de oponerse a que se declare la legalidad del preacuerdo, y que comparativamente son id�nticas.

Concretado de esa forma, el fin de la apelaci�n, se determina que tal actuaci�n, va en contrav�a del principio de preclusividad, porque la oportunidad para realizar tal control, se ubica al momento de analizar los t�rminos de negociaci�n procesal entre la Fiscal�a y el procesado. As� pues, al presentar su oposici�n el Ministerio P�blico y verificar que la misma no fue atendida, quedaba, habilitado para impugnar la decisi�n que declar� la legalidad del preacuerdo, alegando por ejemplo, como fin perseguido la defensa del orden jur�dico o la preservaci�n de las garant�as fundamentales, y derechos de las v�ctimas o que la adecuaci�n jur�dica era totalmente ilegal y arbitraria, para exigir que el juez de conocimiento invalide los t�rminos de la negociaci�n. No obstante, dej� fenecer el momento propicio para oponerse a la legalidad, ya que el se�or Juez de conocimiento, mediante decisi�n motivada, analiz� los puntos esgrimidos, e hizo referencia a que no estaban estructurados los elementos de la tentativa imposible, igualmente adujo que los actos desplegados por el procesado, s� pod�an clasificarse como id�neos para afectar la integridad f�sica de la v�ctima y por lo mismo en el caso no proced�a realizar control material de la adecuaci�n jur�dica presentada por la Fiscal�a Retomar ahora, tal discusi�n, hace que la sustentaci�n presentada, no genere un debate dial�ctico en relaci�n a los fundamentos de la sentencia condenatoria, pues en ella ninguna alusi�n de fondo se hace sobre la legalidad del preacuerdo, cuando la misma fue resuelta en decisi�n previa a la emisi�n del sentido del fallo y la audiencia de individualizaci�n de la pena y la sentencia. Es m�s, si pretendi�ramos pasar por alto tal falencia, tampoco se esgrimen razones de tal fortaleza que lleven a la Sala a tocar un punto ya superado, ni el remedio procesal, pues no indica el apelante, si lo que se pretende es la nulidad de la decisi�n, o que se absuelva al condenado, al considerar que su comportamiento se adec�a a un evento de tentativa imposible, o que se revoque la prisi�n domiciliaria concedida, o cualquier otra v�a procesal, que amerite atender su petici�n. Por lo anterior, no es dable en este estadio ahondar en el an�lisis de fondo sobres sus argumentos y en su lugar la Sala se abstendr� de pronunciarse sobre lo expuesto por dicho apelante. 4.4.2. �El tr�mite de segunda instancia permite la aducci�n de pruebas aportadas por aquella parte que impugna?.

A pesar de que esta problem�tica resulta extra�a para quien sea respetuoso de la legalidad procesal, no es novedosa, por lo que en el mismo asunto que ya fue estudiado por esta Sala, se dej� en claro que esta instancia no tiene por objeto complementar el acervo probatorio recaudado en el primer nivel, en atenci�n a que los estadios propicios para solicitar, decretar y practicar cualquier medio de conocimiento se encuentran claramente establecidos en el estatuto procedimental penal.

As�, en lo que tiene que ver la demostraci�n de las afectaciones a la integridad f�sica o psicol�gica de la v�ctima, depender� del fin pretendido por la parte interesada; si lo es para acreditar la materialidad delictual, el momento procesal se encuentra m�s que superado y si lo es para hacer efectivos derechos de la v�ctima tendientes a lograr una reparaci�n integral el escenario propicio para ello lo ser� el incidente que se inicie con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia, o si se requiere la imposici�n de medidas de protecci�n, se encuentran a la mano herramientas procesales especiales a las que es dable acudir, esto es las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 257 de 2008, y el decreto 4799 de 2011, como luego se explicar� con m�s detalle.

Esta posici�n, no resulta de ninguna forma, desfasada del ordenamiento legal, ni del respeto que se exige por el desarrollo normal del proceso, seg�n el orden fijado para cada etapa por la ley, lo que se relaciona con el principio de preclusividad, lo que exige a cualquiera de las partes o intervinientes, tener claro que una vez agotada una etapa se continuar� con la subsiguiente seg�n el derrotero indicado en el ordenamiento legal, por lo que una vez proferida la sentencia que en este caso fue condenatoria, e interpuesto el recurso de apelaci�n, el �nico paso a seguir es el de presentar los argumentos de disenso.

Y as� lo explic� la Corte cuando se encontr� con una situaci�n similar aunque en un tipo de proceso diferente, pero que esta Sala se permite citar a manera de ejemplo: Pues bien, el tr�mite del que ahora es objeto esta actuaci�n �la resoluci�n por el ad-quem de un recurso de apelaci�n respecto de una decisi�n tomada por el Magistrado de Control de Garant�as- no contempla la pr�ctica probatoria; de suerte que si �sta tuviera lugar en sede de segunda instancia el recurso de apelaci�n se desnaturalizar�a, pues la Corte ya no entrar�a a pronunciarse sobre los elementos de juicio que tom� en consideraci�n el funcionario de primer grado, as� como sobre la determinaci�n adoptada con fundamento en ellos, sino que lo har�a sobre elementos de juicio sobrevinientes, respecto de los cuales el competente �en este caso el Magistrado de Control de Garant�as- no ha tenido oportunidad de emitir una decisi�n.

Por lo anterior no resulta procedente bajo ning�n punto de vista en esta instancia, tener como v�lida la prueba documental aportada al escrito de impugnaci�n o los presentados con posterioridad al t�rmino que corri� para presentar la sustentaci�n correspondiente, por lo que ser�n desglosados todos aquellos documentos o escritos que re�nan esas condiciones, para su devoluci�n a quienes los presentaron. 4.4.3.

Prisi�n domiciliaria Son coincidentes, la representante de la v�ctima como la Fiscal delegada, en un solo cuestionamiento de fondo hacia la decisi�n del A quo, con base en aspectos que se dieron a conocer por la primera desde la confecci�n del preacuerdo y por la segunda desde la audiencia de individualizaci�n de la pena y la sentencia. El fin �ltimo de la disconformidad se centra en buscar que el se�or RFR, cumpla la pena de prisi�n impuesta en establecimiento carcelario y no en su domicilio, para lo cual se propone una ponderaci�n de los derechos de la v�ctima y del procesado, priorizando los primeros, con base en cuatro aspectos: La posici�n de la Fiscal�a, en contra de la concesi�n del sustituto, que se pone de presente en los t�rminos del preacuerdo, en el cual en ninguna cl�usula se consign� como consecuencia el otorgamiento de la prisi�n domiciliaria.

Aunado a ello se pact� el monto de pena en 8 a�os, precisamente para que no se cumpliera el primer requisito objetivo previsto en la norma, con lo cual el reconocimiento de la circunstancia de atenuaci�n relacionada con el estado de ira, si bien no se encontraba demostrada, se utiliz� �nicamente para efectos punitivos. La falta de arraigo El an�lisis de un elemento de tipo subjetivo, atendiendo por un lado la gravedad de la conducta, derivada de la violencia intrafamiliar ejercida hacia la se�ora PCCV por el agresor RFR con quien hab�a conformado una uni�n marital de hecho y por otro lado, al considerar que los antecedentes de reincidencia en la agresiones, presentan un pron�stico negativo de sus condiciones individuales y familiares, que exponen a la v�ctima a un peligro constante, que la atemoriza, cuando piensa en que su agresor se encuentra por fuera de un establecimiento carcelario.

El respaldo normativo que se encuentra inmerso en el Bloque de Constitucionalidad, para que se imponga medidas de protecci�n a favor de las mujeres v�ctimas de violencia intrafamiliar. La Fiscal�a, adicionalmente solicita que se tenga en cuenta el contexto, en el que ocurre el delito, que incluye elementos de violencia intrafamiliar, comportamiento que el legislador incluy� en el listado del inciso 2� del art�culo 68 A del C.P. como medida de protecci�n a favor de las mujeres, lo que debe aplicarse a favor de la se�ora PCCV, quien era la compa�era permanente del se�or RFR, y por lo mismo re�ne una doble condici�n de v�ctima como mujer y como miembro del n�cleo familiar conformado con el procesado.

Extractados estos aspectos, retomamos el primero de ellos, el que tiene que ver con los t�rminos del pacto realizado por la Fiscal�a con el procesado, respecto de los cuales, dicha entidad representada por su delegada, refiere que entre sus objetivos, no estaba previsto que el procesado accediera a alg�n beneficio o subrogado o sustitutivo, de ah� que el monto de la pena pactado fuera de 8 a�os, precisamente para que no supere el primer requisito de tipo objetivo del art�culo 38 B del C.P. En este punto, llama la atenci�n, que la Fiscal�a no haya visualizado las consecuencias de la negociaci�n, como s� ocurri� con la defensa, la que de manera muy acuciosa, encontr� que la posici�n jur�dica asumida por dicha entidad desde la imputaci�n, podr�a atraer algunos beneficios procesales a su prohijado, puesto que el delito de homicidio no se encuentra incluido en el inciso 2� el art�culo 68 A del C.P., como s� lo est� el delito de violencia intrafamiliar, y ello le abr�a el camino para una posible aceptaci�n de responsabilidad sin las limitaciones que tal normativa impone.

Por otra parte encontr� tambi�n que el sustituto de prisi�n domiciliaria al cual pod�a acceder por lo anterior, no exige ning�n an�lisis del requisito subjetivo, como s� ocurr�a en precedencia. Realiz� as� la defensa, una proyecci�n procesal, determinando lo favorable de la imputaci�n, que no fue tan clara para la Fiscal�a y por esa raz�n, los t�rminos formulados en el preacuerdo no surtieron los efectos deseados para dicha entidad.

Si la Fiscal�a hubiese visualizado las consecuencias de la negociaci�n, de manera similar a la realizada por la defensa, los t�rminos de la misma seguramente ser�an diferentes, ateni�ndonos a la aclaraci�n que luego se present� en oposici�n a la concesi�n del sustituto domiciliario. Tuvo a su alcance el ente acusador, la posibilidad de plantear los t�rminos del acuerdo, seg�n sus objetivos, pues debemos recordar que la judicializaci�n del se�or RFR, no oper� en situaci�n de flagrancia, raz�n por la cual las rebajas porcentuales en caso de aceptaci�n de cargos, no ser�an aquellas que impone el art�culo 57 de la ley 1453 de 2011.

De tal forma que quedaban abiertas las puertas para realizar un acuerdo, conforme lo regula el art�culo 352 de la Ley 906 de 2004, ya que se encontraba presentado escrito de acusaci�n, pactando una rebaja de la tercera parte de la pena, que acogiendo las normas de la imputaci�n jur�dica del preacuerdo, -art�culos 27, 57, 103 y 104 del C�digo Penal - llegaba a un monto aproximado en los extremos m�nimos de 11 a�os, un mes y 10 d�as, nada desproporcionado frente a la gravedad del hecho que se judicializa.

As� mismo, se presentaba la posibilidad, de tener en cuenta la actitud del procesado, quien despu�s de su comportamiento agresivo, busc� la ayuda de los familiares para lograr la asistencia m�dica que evit� la muerte de su v�ctima, para variar as� la imputaci�n hacia una tentativa de homicidio, con aplicaci�n del inciso 2� del art�culo 27 del C.P. que llevar�a el extremo m�nimo punitivo tambi�n a 11 a�os un mes y 10 d�as y luego aplicar la rebaja de la tercera parte por la aceptaci�n de cargos, resultando un monto de 7 a�os 4 meses y 9 d�as, cercano aunque por defecto a la pena finalmente pactada.

Ahora, si como bien lo explic� la Fiscal�a, ya era de su conocimiento, la posici�n asumida por esta Corporaci�n, en la decisi�n tantas veces invocada, lo l�gico era realizar un preacuerdo que no ofreciera ning�n riesgo, en lo que concierne a la modificaci�n de los extremos punitivos, al incluir una circunstancia atenuante como la prevista en el art�culo 57 del C.P. Es m�s, en alg�n momento, la Fiscal del caso, hizo entrever que el criterio del Tribunal, era aislado y cuestionable, sin tener en cuenta que se ajusta a la jurisprudencia nacional emitida por el m�ximo �rgano de cierre en materia penal, que bien fue invocada por el A quo, y que igualmente se estudia a fondo en el radicado NI 9787, de esta Corporaci�n, por lo que no es factible atribuir consecuencias, respecto de una interpretaci�n que se encuentra consolidada en la jurisprudencia nacional.

Resulta entonces, en este t�pico, que efectivamente la pena imponible que no la impuesta para el caso, se establece para el delito de tentativa de homicidio agravado cometido en estado de ira, en 2 a�os, 9 meses y 10 d�as, lo que significa a las claras que, se cumple a cabalidad con lo exigido en el numeral 1� del art�culo 38 B del C�digo Penal, de lo que deviene sin efectos pr�cticos frente al instituto de la prisi�n domiciliaria, que la Fiscal�a elevara el monto de la pena pactado a 8 a�os de prisi�n. Por lo mismo, la decisi�n del A quo se ajusta a la legalidad en cuanto al an�lisis realizado sobre el primer requisito objetivo del sustituto.

Ahora bien, esto nos permite, presentar el caso ante la Direcci�n Seccional de Fiscal�as, para que se estudie los t�rminos del preacuerdo ahora presentados, para que en futuras oportunidades, se tenga en cuenta los derechos de las v�ctimas mujeres y que haya una mejor claridad sobre las consecuencias de los t�rminos de la negociaci�n, pues no solo debe darse esta condici�n para quien acepta su responsabilidad, sino tambi�n para el ente acusador.

Finiquitado lo anterior, pasa la Sala a examinar el segundo aspecto que sirve de fundamento a la impugnaci�n tanto de la Fiscal�a como de la Representante de v�ctimas, en relaci�n a la alegada falta de arraigo del condenado que impedir�a la concesi�n del sustituto de prisi�n domiciliaria, y es el mismo art�culo 38 B del C.P. el cual en su numeral 3� exige la demostraci�n de dicho elemento como uno de los presupuestos para efectos de conceder el beneficio.

Esta condici�n, implica seg�n una de sus acepciones que se deriva precisamente del verbo arraigar, que la persona de que se trata se encuentre establecida de�manera�permanente�en�un�lugar,�en el cual tenga v�nculos con personas o cosas, y vemos que los mismos deben ser de �ndole social y familiar. Con esta introducci�n, pasemos a ver, aquellas circunstancias que tuvo en cuenta el se�or Juez de primera instancia, quien encontr� que conforme a la revisi�n de los EMP presentados en el preacuerdo, el condenado, reside y trabaja en el mismo sitio desde ocho a�os atr�s, que es el mismo que precisamente compart�a con la v�ctima, y donde adem�s tiene instalado su taller de ebanister�a. Vemos f�cilmente, que un per�odo de ochos a�os, indica un �nimo de permanencia, aunado a la relaci�n sentimental que exist�a con la se�ora PCCV, que representa un v�nculo estable para considerar su arraigo familiar, y que se fortalece con el oficio desempe�ado por el se�or RFR, quien como ebanista, presta sus servicios en el mismo lugar donde funciona su taller.

Estos hechos, en ning�n momento fueron controvertidos en la audiencia de individualizaci�n de la pena y la sentencia, por parte de la Fiscal�a o de la representante de v�ctimas, lo que adem�s seg�n se denota por la concesi�n de la detenci�n sustitutiva de la intramuros, fueron acreditados desde los inicios de la actuaci�n procesal. La representante de la v�ctima, acota que la ausencia de arraigo, se trat� de demostrar con el testimonio de la se�ora LC, hermana de la v�ctima, el cual no se recepcion� por la negativa emitida por el juez de conocimiento.

Sin embargo, al hacer una verificaci�n del audio que fija los t�rminos de la audiencia del art�culo 447 de la Ley 906 de 2004, se constata que el testimonio fue solicitado por la Fiscal�a en relaci�n a un tema muy diferente al del arraigo del sentenciado, pues el objeto era demostrar las lamentables condiciones en las que se encuentra la v�ctima, quien tuvo que abandonar su hogar para protegerse al lado de su hermana.

Esta finalidad, fue perfectamente entendida por el se�or Juez, de ah�, su negativa, pues ninguna relaci�n ten�a con la tem�tica propuesta respecto al sustituto de la prisi�n domiciliaria. Claro, resulta criticable el hecho de que no se tuviera en cuenta al imponerse la medida domiciliaria que esta se cumplir�a, en el mismo lugar de residencia de la v�ctima, y que no se ordenara el cambio correspondiente, pero independientemente de ello, se tiene demostrado que a�n antes de la imposici�n de la restricci�n, el procesado ya contaba con un arraigo con todas sus connotaciones de permanencia y estabilidad, a las que ya nos hemos referido.

El hecho de que el A quo, adopte una medida de protecci�n y adem�s correctiva para ordenar el cambio de domicilio al momento de proferirse sentencia, no hace desaparecer aquellas condiciones que demuestran el arraigo del procesado RFR, pues ello resulta como consecuencia de una orden judicial, que l�gicamente tendr� sus par�metros para lograr su cumplimiento.

De lo que nuevamente, encontramos que la decisi�n de primera instancia se adec�a a la normativa prevista para la concesi�n del sustituto controvertido. Pasa la Sala a analizar el tercer aspecto, que implica la valoraci�n del aspecto subjetivo derivado de la gravedad de la conducta y la reincidencia de maltrato por parte del agresor hacia su v�ctima, que indicar�an que el se�or RFR representa un peligro tanto para ella como para la comunidad.

Tal propuesta, nos lleva a realizar una b�squeda, en el ordenamiento jur�dico interno, para tratar de encontrar cualquier referencia normativa a esta valoraci�n, y encontramos como la m�s cercana, si se quiere utilizar un par�metro temporal, el originario art�culo 38 del C.P. antes de la reforma de la Ley 1709 de 2014, denotando que dicho elemento subjetivo se hab�a mantenido desde la ley 599 de 2000, en su texto original, luego en la Ley 1142 de 2007, y finalmente en la Ley 1453 de 2011, para luego desaparecer con la Ley 1709 de 2014.

Resulta de importancia, recordar su texto, para proceder a compararlo con aquel vigente para la fecha de los hechos: ART�CULO 38. La ejecuci�n de la pena privativa de la libertad se cumplir� en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el Juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la v�ctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos: 1. � 2.

Que el desempe�o personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocar� en peligro a la comunidad y que no evadir� el cumplimiento de la pena. 3. � Y establece actualmente la norma, seg�n el adicionado art�culo 38 B: Son requisitos para conceder la prisi�n domiciliaria: 1.

Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena m�nima prevista en la ley sea de ocho (8) a�os de prisi�n o menos. 2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2o del art�culo� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr002.html" \l "68A" 68A�de la Ley 599 de 2000. 3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado.

En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuaci�n la existencia o inexistencia del arraigo. 4. Que se garantice mediante cauci�n el cumplimiento de las siguientes obligaciones (�) Como vemos, de la comparaci�n de los anteriores textos, sin ninguna dificultad, se determina que la voluntad del legislador, fue eliminar de aquellos requisitos para otorgar el sustituto, el an�lisis que llevaba a valorar el desempe�o personal, laboral, familiar o social del sentenciado, y que al hacerlo se determinara de manera seria y fundada que al conceder el beneficio se colocar�a en peligro a la comunidad y se facilitar�a la evasi�n para el cumplimiento de la pena.

Siendo as�, no le quedaba otra alternativa al Juez de primera instancia que omitir su estudio, pese a la insistencia de la Fiscal�a y la Representante de la v�ctima para que se tenga en cuenta la gravedad de los hechos, las consecuencias negativas en la vida e integridad f�sica y psicol�gica de la se�ora PCCV, o los antecedentes de agresi�n que hacen prever una posible repetici�n del comportamiento delictivo del se�or RFR.

Esta situaci�n jur�dica debi� ser prevista por la Fiscal�a desde el momento mismo en que se estudiaba la posibilidad de realizar una negociaci�n con el procesado, ya que los t�rminos pactados, as� no se haya indicado expresamente en el acta que se buscaba la concesi�n del sustituto de prisi�n domiciliaria, ante la l�nea jurisprudencial de la CSJ y la voluntad del legislador, su concesi�n deviene en autom�tica, frente a la adecuaci�n jur�dica realizada con reconocimiento de que el procesado actu� en estado de ira.

As�, pues, debe entenderse que tal actuaci�n no surte efectos �nicamente punitivos, y lo que en principio se presenta como una ficci�n f�ctica para dichos efectos pasa a convertirse en una realidad jur�dica que hace parte de la imputaci�n, debiendo entenderse como una variaci�n de la misma. Ahora, si a manera de ensayo se pretendiera acceder a la propuesta formulada, por la Fiscal�a y la Representante de v�ctimas, el camino procesal resultar�a equivocado porque se pretende la aplicaci�n ultractiva de una norma que no estaba vigente a la fecha de comisi�n de los hechos, ello en contrav�a de los elementos que estructuran el principio de favorabilidad, pues este se encuentra inescindiblemente ligado a los derechos del procesado, como destinatario de su judicializaci�n, m�s no de la v�ctima.

Se encuentra adem�s que tal instituto exige que se encuentre inmersa por lo general, una sucesi�n de leyes, que genera un conflicto en la aplicaci�n de las mismas, cuando el proceso hace su recorrido en vigencia de dos o m�s normas en diferentes espacios o per�odos de tiempo, sobre los cuales se ha adelantado el tr�mite. Tan solo en una ocasi�n, se dio aplicabilidad al principio de favorabilidad, frente a la coexistencia de dos leyes y no de sucesi�n, que tuvo ocurrencia, en el tema de terminaci�n anticipada o abreviada del proceso, regulados en la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004, situaci�n que de ninguna forma se aproxima al presente caso.

Sobre el principio de favorabilidad, son innumerables los pronunciamientos de las Altas Cortes, que nos ense�an los elementos a los que hacemos alusi�n, encontrando a manera de ejemplo la sentencia C-581 de 2001, en la cual la Corporaci�n Constitucional indic� que dicho principio constituye una excepci�n a la regla general seg�n la cual las leyes rigen hacia el futuro, y tiene origen en la m�xima "favoralia amplianda sunt, odiosa restringenda" (lo favorable debe ampliarse y lo odioso restringirse), y solamente tiene operancia cuando existe sucesi�n de leyes.

(negrillas y subraya fuera de texto). Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, explic� el tema en los siguientes t�rminos: iv) El principio de favorabilidad, en buena medida, corresponde a una ficci�n: si de retroactividad se trata, finge que el hecho se ha cometido en vigencia de la ley nueva, que supone reinante para la �poca de comisi�n del hecho y por ello la retrotrae, es decir, hace de cuenta que esa ley reg�a desde tiempo atr�s, para que regule la situaci�n del procesado; si de ultractividad se trata, finge que la ley desaparecida por derogaci�n, subrogaci�n, abrogaci�n o declaraci�n de inexequibilidad, a�n conserva su vida y la hace producir efectos hacia delante, hacia el futuro.

Por ello para hablar de benignidad es menester siempre tener en cuenta una sucesi�n o tr�nsito de leyes en el tiempo, en el entendido que una ley nueva modifica la regulaci�n de una instituci�n, y que esa variaci�n beneficia al procesado o condenado. En otra oportunidad, tambi�n dijo la CSJ: 3. El principio de favorabilidad, como lo ha dicho la Corte, constituye una garant�a del proceso penal a favor del procesado, erigi�ndose en el l�mite de la intervenci�n estatal en lo atinente a la aplicaci�n de la ley, raz�n por la cual toda persona tiene derecho a que se le aplique la normatividad que m�s favorezca sus derechos o intereses.

Con tal precedente, y acudiendo a lo requerido por las partes apelantes, lo que se pretende, como ya se advirti� en p�rrafos anteriores, es la aplicaci�n ultractiva de una norma anterior, hacia el caso que tuvo ocurrencia en vigencia de la Ley 1709 de 2014, pero como acabamos de ver, el principio de favorabilidad, necesariamente exigir�a para el caso, una sucesi�n de leyes, que no tiene ocurrencia en el caso.

As� pues, vemos que desde el 24 de mayo de 2015, fecha en que ocurren los hechos, hasta el d�a 22 de octubre de 2015, cuando se profiere la sentencia condenatoria, tuvo vigencia plena la Ley 1709 de 2014. Entonces, encontramos que en ning�n momento procesal bajo el cual se adelant� tanto la investigaci�n como el juzgamiento del proceso adelantado en contra del se�or RFR, estuvo vigente el anterior, art�culo 38 del C.P., sencillamente porque los hechos acontecieron el 24 de mayo de 2015 y la Ley 1709 de 2014 entr� en vigencia plena a partir del 20 de enero de ese a�o, de lo que deviene que el tr�mite procesal en su integridad se adelant� conforme a la nueva normatividad.

Siendo as�, no resulta procedente aplicar el 38 del C.P., sin atender las modificaciones introducidas por la Ley 1709 de 2014. Desde esta perspectiva result� totalmente ajustada a la legalidad la decisi�n adoptada por el A quo, pues la preceptiva indicada, en ninguno de sus apartes hace menci�n a la valoraci�n de requisito subjetivo bajo cualquier t�pico, enfocado hacia la gravedad del comportamiento o hacia los antecedentes personales, sociales o familiares o de maltrato reincidente hacia la v�ctima.

Como la v�a procesal no resulta acertada o es confusa, la defensa comprendi� en alg�n momento que se trataba de acudir a la excepci�n de constitucionalidad, para inaplicar la premisa normativa compuesta por los art�culos 38 B y 68 A del C.P. lo que permitir�a por un lado, incluir el an�lisis del requisito subjetivo y por otro, hacer caso omiso del listado de delitos del inciso 2� de la �ltima de las normas que excluye el delito de homicidio, como una de las conductas destinatarias de las restricciones.

Lo anterior, implicar�a abordar un an�lisis de fondo que lleve a concluir que la premisa normativa a que hacemos alusi�n resulta contraria a la constituci�n y al bloque de constitucionalidad, pero frente a una norma en concreto, que adem�s, no ha sido citada de ninguna forma por las partes apelantes, pues la referenciaci�n se hace de manera gen�rica y abstracta.

En el mejor de los casos, podr�a acudirse al art�culo 13 de la Carta Pol�tica, que relaciona entre otros factores de discriminaci�n, aquel que se deriva de la condici�n de la v�ctima que como mujer, hace parte de la poblaci�n vulnerable, y m�s cuando es objeto de violencia intrafamiliar, sin embargo, atendiendo a los t�rminos de la impugnaci�n, en ninguna forma se pone de presente el posible quebrantamiento constitucional que deviene de aplicar el art�culo 38 B del C.P. para el caso concreto del se�or RFR, condenado con base en un preacuerdo, cuyos t�rminos adem�s fueron concertados con la titular de la acci�n penal y aceptados precisamente por el est�mulo que de ellos se desprend�a, al consolidarse por ese camino el derecho a la concesi�n de la prisi�n domiciliaria, ante la ausencia de prohibici�n y del an�lisis del requisito subjetivo, en la normativa vigente a la fecha de los hechos.

Tal comprensi�n, la de la excepci�n de inconstitucionalidad, resultar�a todav�a m�s lesiva de los derechos del procesado, sin que la ponderaci�n que se exige para priorizar sobre ellos los de la v�ctima sea suficiente. Ello ser�a tanto como pretender que se imponga una sanci�n de tipo penal por una conducta que el legislador no ha tipificado como delictiva.

Hasta aqu�, la Sala ha presentado el examen que permite determinar la legalidad de la decisi�n judicial impugnada con base exclusivamente en la normatividad penal interna, por lo que es momento en que se debe continuar con el estudio de los otros elementos que fundamentan el reproche, el que se har� de manera conjunta, porque presentan una relaci�n que facilitar� el resultado, en los t�rminos que enseguida se exponen. 4.4.4.

Medidas de protecci�n La Representante de la v�ctima, hace hincapi� en que existe un respaldo normativo que se encuentra inmerso en el Bloque de Constitucionalidad, para que se imponga medidas de protecci�n a favor de las mujeres v�ctimas de violencia intrafamiliar, y la Fiscal�a, solicita que se tenga en cuenta el contexto, en el que ocurre el delito, que incluye elementos de violencia intrafamiliar, para que se aplique la prohibici�n prevista en el art�culo 68 A del C.P. En tales posturas se determina por un lado que el comportamiento procesal de la Fiscal�a no result� del todo coherente entre la fijaci�n de los t�rminos del preacuerdo y su oposici�n a la concesi�n del sustituto, pues los aspectos negociados conducen indefectiblemente a consecuencias contrarias a las expuestas.

Por otro lado, la fundamentaci�n de la Representante de la v�ctima, se presenta limitada al no mencionar una norma en concreto ya sea del ordenamiento jur�dico interno o de los instrumentos internacionales que conforman el Bloque de Constitucionalidad, y que haya sido afectada con la decisi�n del Juez de primera instancia. Pese a lo anterior, es posible extraer una finalidad pretendida por las apelantes, que implica en concreto la revocatoria de la prisi�n domiciliaria para que se ordene que la pena se cumpla de manera intramural, como �nica medida de protecci�n, a favor de la se�ora PCCV.

Al respecto, ya hemos visto que acceder a tal pedimento, resulta improcedente a la luz de la normatividad penal vigente a la fecha de los hechos, que se representa en la Ley 1709 de 2014, no obstante, no puede la Sala pasar de manera tangencial, una situaci�n que llama la atenci�n, en cuanto a las limitadas o equivocadas actuaciones adelantadas hasta el momento para propender por la protecci�n de la v�ctima PCCV, y m�s a�n, cuando los instrumentos internacionales en conjunto con nuestra Constituci�n, y el ordenamiento jur�dico interno, imponen una obligaci�n para defender los derechos humanos de las mujeres, para lo cual es de vital importancia que todas las autoridades despleguemos esfuerzos por utilizar las herramientas a nuestro alcance en pro de tal objetivo.

Para ello, realizaremos en primer lugar una mirada por aquellas herramientas que nos entrega el derecho internacional, y en segundo t�rmino, aquellas que forman parte del ordenamiento interno pero que el legislador ha emitido, inspirado en todas aquellas exigencias presentes en las Convenciones del Bloque de Constitucionalidad. As�, en ese plano internacional, encontramos dos instrumentos fundamentales, que debemos revisar para determinar si la actuaci�n del A quo, pese a encontrarse conforme al ordenamiento interno penal, puede ir en contrav�a de esa normatividad que integra el Bloque de Constitucionalidad, siendo �stos, la Convenci�n sobre la Eliminaci�n de Todas las Formas de Discriminaci�n contra la Mujer (Cedaw), y la Convenci�n Interamericana para Prevenir, �Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer �"Convenci�n de Belem Do Para".

La primera efectivamente propende por la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y la eliminaci�n de toda forma de discriminaci�n a la que hist�rica y culturalmente se ha sometido a las segundas, por lo cual en el art�culo 2�, literal f), exige a los Estados parte, adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de car�cter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y pr�cticas que constituyan discriminaci�n contra la mujer.

Y encontramos a lo largo de la Convenci�n, entre otros aspectos, medidas que deben ser apropiadas para los siguientes puntos: Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, �eliminar la discriminaci�n contra la mujer en la vida pol�tica y p�blica del pa�s, eliminar la discriminaci�n contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educaci�n, igualdad en la esfera del empleo, en la esfera de la atenci�n m�dica, o de la vida econ�mica y social, y sobre todo se impone un reconocimiento de los Estados Partes para la mujer la igualdad con el hombre ante la ley A su vez, en cuanto a la "Convenci�n de Belem Do Para", en su art�culo 4�, establece entre otros derechos humanos de la mujer, los siguientes: el derecho a que se respete su vida y su integridad f�sica, ps�quica y moral, a la libertad y a la seguridad personales, a la igualdad de protecci�n ante la ley y de la ley, y a un recurso sencillo y r�pido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos.

En el art�culo 7�, se agrega que los Estados partes, deben entre otros, establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protecci�n, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos y establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparaci�n del da�o u otros medios de compensaci�n justos y eficaces.

Ahora, como ya lo hemos anotado anteriormente, la Representante de v�ctimas, no invoc� ninguna norma en concreto de estos instrumentos que se avizore vulnerada por el A quo, por lo cual su decisi�n, se revisa en torno a la teleolog�a general de cada Convenci�n. Entonces, en lo que respecta a la CEDAW, cuyo objetivo principal es propender por la eliminaci�n de toda forma de discriminaci�n, incluye como una de las obligaciones para los estados, la de �eliminar los estereotipos en los roles de hombres y mujeres� y a fin de hacer el seguimiento del cumplimiento de las mismas, se cre� un Comit�, el cual en el marco del 37 periodo de sesiones, se pronunci� sobre la importancia del acceso a la justicia de las mujeres v�ctimas y exhort� entre otras acciones a Colombia para que adopte todas las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier persona u organizaci�n.

Si bien, el �mbito de aplicaci�n de lo anteriormente indicado, hace referencia a las acciones que debe asumir el Estado colombiano a trav�s de su legislador, tambi�n se ha extendido su teleolog�a hacia los �rganos judiciales, que para casos espec�ficos, asumen una posici�n proteccionista de los derechos de las mujeres. En ese campo de acci�n, la Corte Constitucional en sede de tutela y de exequibilidad, nos presenta ejemplos de actuaciones o decisiones judiciales, que deben revisarse por contradecir las exigencias a que hacemos alusi�n. Una de tales posiciones, parte del supuesto de la no-intervenci�n estatal en el �mbito de la �intimidad�, sobre lo cual la Corte nos explica lo siguiente: ��debe ampliarse la aplicaci�n de criterios de interpretaci�n diferenciados, cuando, por ejemplo, colisionen los derechos de un agresor y una v�ctima de violencia dom�stica o psicol�gica, en un proceso de naturaleza civil o de familia.

De este modo, en aras de una igualdad procesal realmente efectiva, es claro que en ning�n caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer a su integridad f�sica y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia. Si la ponderaci�n judicial se inclina en favor del agresor, bajo la perspectiva de falta de pruebas, sobre la base de la dicotom�a p�blico-privado que lo favorece, es necesario verificar si el operador judicial act�a o no desde formas estereotipadas de ver a la familia y a la mujer, que contribuyen a normalizar e invisibilizar la violencia. Formas que sin duda, parten del supuesto de la no-intervenci�n estatal en el �mbito de la �intimidad�.

Frente a este aspecto esta Corte, en sentencia C-408 de 1996, manifest�: �No se puede entonces invocar la intimidad y la inviolabilidad de los hogares para justificar agresiones contra las mujeres en las relaciones privadas y dom�sticas. ��. De manera similar a la anterior situaci�n, se pueden afectar los derechos de las mujeres, cuando se da prevalencia a los formalismos sobre aspectos sustanciales, como as� se explica en la sentencia C 297 de 2016: � � tanto en la exposici�n de motivos de la Ley 1761 de 2015, como en reiterada jurisprudencia se ha denunciado que, en contexto de discriminaci�n, no es posible mantener el velo de la igualdad de armas procesales, sin que ello implique el desconocimiento de las obligaciones estatales de prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo de violencia contra la mujer.

Por lo tanto, se ha dicho que la rigidez procesal y el formalismo probatorio, muestran que muchas veces la administraci�n de justicia ha dado un desmedido lugar a la verdad procesal, por encima, de realidades f�cticas estructuralmente desiguales y la verdad real de lo sucedido�. As�, en el caso analizado en la sentencia de tutela T 967 de 2014, que es una de aquellas que se cita como fundamento por la Corte, se tuvo en cuenta, a fin de determinar la procedibilidad de la acci�n tutelar, que se antepon�a un obst�culo procesal que la Alta Corporaci�n, consider� era de car�cter formal, en la medida en que se alegaba el incumplimiento del principio de subsidiariedad, porque al interior del proceso de familia ordinario, la accionante no interpuso los recursos de ley para impugnar la sentencia que la desfavorec�a. Al considerar que tal omisi�n constitu�a una formalidad que no debe prevalecer sobre el derecho de la mujer v�ctima de violencia psicol�gica, a separarse de su agresor, se dio prevalencia a lo sustancial, y se consider� superado el requisito de procedencia de la acci�n tutelar, pasando a realizar el an�lisis de fondo requerido.

Entonces, tomando como base estos ejemplos, entra la Sala a analizar la decisi�n del A quo, a fin de determinar si en la misma, se adopta una posici�n discriminatoria en contra de los derechos de la v�ctima. Y lo presentamos de esta forma, en tanto que como lo hemos advertido, la apoderada judicial de la v�ctima no hace ninguna especificaci�n al respecto.

Entonces vemos, al revisar la actuaci�n procesal adelantada por el Juez de primera instancia, que no hay posibilidad alguna de que se cuestione su decisi�n como discriminatoria en contra de la se�ora PCCV, puesto que accedi� a la concesi�n de la prisi�n domiciliaria, como consecuencia autom�tica de los t�rminos del preacuerdo, y conforme a las normas vigentes, lo que significa que de ninguna manera se realiz� una prevalencia de los derechos del procesado por encima de los de la v�ctima, de manera arbitraria, irrazonable o caprichosa.

Tampoco, las normas aplicables contenidas en la Ley 1709 de 2014, y que ya analizamos, son discriminatorias ni afectan el bloque, pues no se aplican a favor del procesado por su condici�n de hombre, y en contra de la mujer por dicha condici�n, sino que corresponde a la aplicaci�n de la norma que se dar�a respecto de cualquier persona, sin importar su g�nero, pues lo que se trata es de analizar el comportamiento delictivo, que calificado como homicidio, no se incluye en el listado de excepciones, del art�culo 68 A del C.P. Ahora, podemos tambi�n determinar si la concesi�n de la prisi�n domiciliaria se produce como resultado de otorgar prevalencia a formalismos por encima de lo sustancial que corresponde a los derechos humanos de la v�ctima, y que dejando de lado los mismos, sea factible acoger la postura de la Fiscal�a y considerar que el comportamiento atribuido al procesado constituye un delito de violencia intrafamiliar, sin consideraci�n a la imputaci�n jur�dica contenida en el preacuerdo, por el contexto en que se desarrollan los hechos y por lo mismo, tenerlo como incluido en el listado del art�culo 68 A del C.P. para negar el sustituto de prisi�n domiciliaria.

Acogiendo este par�metro, encuentra la Sala que tampoco la decisi�n de primera instancia para conceder el mecanismo sustitutivo, adopta la posici�n de dar prevalencia a formalismos por encima de la defensa del derecho sustancial. Pues nada m�s y nada menos que se trata de la aplicaci�n del art�culo 38 B del C.P. que es de tipo sustancial, al amparo de principios como el de favorabilidad, que lleva impl�cito tambi�n el de legalidad, por lo que bajo ning�n punto de vista, puede clasificarse su aplicaci�n como un simple formalismo.

Tampoco se trata de exigirle a la v�ctima, que acredite la existencia de alg�n tr�mite meramente formal, para entrar a estudiar su petici�n, y pasar a dar prevalencia a sus derechos sobre los del procesado, porque como ya hemos explicado, su aplicaci�n deviene de los t�rminos fijados por el legislador y como consecuencia adem�s del preacuerdo realizado por la Fiscal�a, conforme a la adecuaci�n jur�dica realizada por dicha entidad, en la cual se dej� de lado la violencia intrafamiliar para subsumirla en el delito de homicidio.

Sin embargo, lo anterior, es decir, analizar algunos de los factores de discriminaci�n en decisiones judiciales, que hemos tra�do a colaci�n de manera enunciativa, no impiden a la Sala que abordemos el estudio de otros factores, a fin de escudri�ar si se est� asumiendo una posici�n judicial que pueda resultar atentatoria de los derechos de la v�ctima.

Para ello, analizamos en conjunto los dos instrumentos internacionales que hemos citado, y encontramos un factor com�n de protecci�n, que tiene que ver con el derecho a la igualdad ante la ley para hombres y mujeres. Al respecto, no es posible que se pueda establecer una identidad entre los conceptos de agresor y v�ctima, sino m�s bien frente al ejercicio de sus derechos, determinando como uno de los que mayor cobertura, aquel que tiene que ver con el respeto al debido proceso, el cual por supuesto s� debe ser respetado por igual para el uno y el otro.

En cuanto a esa garant�a para el procesado, no merece ninguna discusi�n, ya que los t�rminos del preacuerdo, su verificaci�n y sentencia condenatoria consecuente, se adecuaron a lo establecido en la ley procesal penal. Ahora en lo que concierne a la v�ctima tambi�n se adelant� una actuaci�n respetuosa del debido proceso, en cuanto al procedimiento penal abreviado, porque adem�s de encontrarse representada por una profesional del derecho, fue enterada por su intermedio de los t�rminos del preacuerdo, y aunque no le fuera posible impedir su consolidaci�n, por no contar con el poder de veto, s� se le ha permitido su intervenci�n en todas las actuaciones procesales adelantadas, garantizando sus derechos como v�ctima.

Ahora, la Fiscal�a propugna tambi�n para que se atienda el contexto en el que se desarrollan los hechos, que tiene relaci�n con un delito de violencia intrafamiliar, aunque se haya adecuado jur�dicamente para efectos procesales penales, al delito de homicidio agravado. Ello implicar�a apartarse de la imputaci�n jur�dica que la misma Fiscal�a realiz� como titular de la acci�n, penal para realizar un control de tipo material de la misma, la que inclusive no ser�a procedente, porque considerando que surgiera alg�n tipo de discusi�n desde el punto de vista dogm�tico, respecto a la adecuaci�n realizada de la conducta en el grado de tentativa, fue superada la misma con la posici�n asumida por la Fiscal del caso, quien como titular de la acci�n penal, asumi� una postura, que de todas formas resulta razonable y no es arbitraria, al visualizar lo grotesco del maltrato f�sico, por el cual estuvo a punto de perder su vida la se�ora PCCV.

No se trata en este punto de aplicar un simple formalismo, para establecer que el delito de homicidio perpetrado hacia la compa�era permanente, equivale al delito de violencia intrafamiliar de que trata el inciso 2� del art�culo 68 A del C.P., pues si bien el primero subsume al segundo, no es procedente apartarse de la imputaci�n realizada legalmente por parte de la fiscal�a, la que adem�s se reiter� en el acta de preacuerdo, en tanto que ello resquebrajar�a varios principios del sistema acusatorio, en especial aquel que tiene que ver con la titularidad de la acci�n penal que la ostenta el ente acusador.

Asumir una posici�n de tal alcance, implica hacer una interpretaci�n extensiva en mala parte, con efectos adversos para el procesado, que no es procedente acogerla. Ahora si quisi�ramos aplicar de manera directa alguna norma de las convenciones, en ninguno de sus apartes, se establece como regla o como forma de no discriminaci�n o de erradicaci�n de la violencia contra las mujeres, la imposici�n directa de la privaci�n de la libertad, como medida de protecci�n a favor de las v�ctimas de violencia intrafamiliar, ello porque en la sistem�tica tanto internacional como interna, debe ser producto tambi�n de un tr�mite adelantado con respeto de las garant�as procesales, que en este caso se han cumplido.

Por otra parte, analizados aquellos elementos de disenso de la Representante de v�ctimas, encontramos otro enfoque entregado por la se�ora Fiscal, y que se concreta, en los derechos b�sicos de verdad, justicia y reparaci�n, sin embargo, notamos como ellos se encuentran garantizados ya porque se conocen las circunstancias, de tiempo, modo y lugar en que ocurri� el hecho, ya porque se ha permitido el ejercicio de todas las facultades procesales que le asisten a la Representante de v�ctimas, que acude a favor de los intereses de la v�ctima y finalmente porque en el tema de reparaci�n, a�n se encuentra pendiente el tr�mite del incidente que l�gicamente iniciar� en el momento procesal oportuno, esto es, cuando la decisi�n condenatoria adquiera ejecutoria.

Luego de presentar lo anterior, la Sala encuentra sin embargo, falencias en la actuaci�n adelantada en las fases preliminares del proceso, cuando se concedi� la detenci�n domiciliaria, porque en lugar de ordenar el desalojo del agresor, lo que se hizo fue propiciar que la v�ctima abandonara su domicilio. Y result� totalmente il�gico, que ni la Jueza que impuso la medida, ni la Fiscal�a, pudieran percatarse que el lugar reportado por el procesado para cumplir la medida, era nada m�s ni nada menos que aquel que se registr� en la parte f�ctica, como lugar de domicilio compartido con la v�ctima, desconociendo la facultad que tiene toda autoridad de velar por la protecci�n de los derechos de las mujeres que han resultado afectadas en un escenario dom�stico por parte de sus parejas.

El juez de conocimiento, de manera acuciosa emiti� una orden, para corregir el error, pero fue limitada en torno a la protecci�n que requiere la v�ctima, por lo cual ser� necesario realizar una complementaci�n, como adelante se expondr�. Ahora bien, en este cometido, de imponer medidas de protecci�n, tanto la Fiscal�a como la defensa, consideran como la �nica efectiva, la privaci�n de la libertad de manera carcelaria, que como se ha expuesto, no encuentra un sustento jur�dico, sin embargo ello no impide que se acuda a otras alternativas en aras de lograr un nivel de protecci�n que si bien no alcance el pretendido, pueden de alguna forma prevenir, limitar o impedir cualquier acto de agresi�n, como se pasar� a presentar.

As�, encuentra la Sala, al revisar nuestro ordenamiento jur�dico interno, que el legislador, ha propendido por desarrollar todas aquellas obligaciones que como Estado parte, imponen las Convenciones internacionales pluricitadas, lo que se desarrolla especialmente a trav�s de la Ley 294 de 1996, la Ley 575 de 2000 y la Ley 1257 de 2008, y que se complementan con los decretos reglamentarios 652 de 2001 y 4799 de 2011, normas que han sido subutilizadas, al no hacer ejercicio de los derechos que ellas consagran a favor de la mujer v�ctima de violencia intrafamiliar, pero que nada impide que se puedan aplicar, en tanto que ellas no estar�an limitadas por los principios que rigen la alzada, pues a nivel preventivo pueden aplicarse por cualquier autoridad que tenga conocimiento de la situaci�n problem�tica a fin de dar una soluci�n, con independencia del tr�mite que se est� adelantando.

Tambi�n se cuenta con normas procesales, de la Ley 906 de 2004, que garantizan los derechos de las v�ctimas, sobre las que es factible su aplicaci�n. En este plexo normativo, encontramos como relevantes las siguientes: La Ley 294 de 1996, que busca prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar con el objeto de desarrollar el inciso 5� del art�culo 42 de la Constituci�n, establece en lo que concierne a las medidas de protecci�n, en su art�culo 4� modificado por el art�culo� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1257_2008.html" \l "16" 16�de la Ley 1257 de 2008, que toda persona que dentro de su contexto familiar sea v�ctima de da�o f�sico, ps�quico, o da�o a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresi�n por parte de otro miembro del grupo familiar, podr� pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protecci�n inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresi�n o evite que esta se realice cuando fuere inminente.

A su vez, el art�culo 5�, modificado por el art�culo�17 de la Ley 1257 de 2008, indica cu�les son las medidas de protecci�n que se pueden imponer, y en el par�grafo 2�, se establece que esas medidas de protecci�n, podr�n ser dictadas en forma provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar.

El art�culo 7�, modificado por el art�culo 4� de la Ley 575 de 2000, establece: El incumplimiento de las medidas de protecci�n dar� lugar a las siguientes sanciones: a) Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios m�nimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) d�as siguientes a su imposici�n. La Conversi�n en arresto se adoptar� de plano mediante auto que s�lo tendr� recursos de reposici�n, a raz�n de tres (3) d�as por cada salario m�nimo; b) Si el incumplimiento de las medidas de protecci�n se repitiere en el plazo de dos (2) a�os, la sanci�n ser� de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d�as.

En el caso de incumplimiento de medidas de protecci�n impuestas por actos de violencia o maltrato que constituyeren delito o contravenci�n, al agresor se le revocar�n los beneficios de excarcelaci�n y los subrogados penales de que estuviere gozando. (negrillas fuera de texto) El Decreto 652 de 2001, fij� criterios para adelantar conciliaciones, responsabilidades de la Polic�a Nacional frente a la efectividad de las medidas de protecci�n y pr�ctica de los dict�menes medico legales, entre otros.

La Ley 1257 de 2008, por otro lado, con su art�culo��24, adicion� el art�culo�43�de la Ley 599 de 2000, estableciendo como penas privativas de otros derechos, la prohibici�n de aproximarse a la v�ctima y/o a integrantes de su grupo familiar y la prohibici�n de comunicarse con la v�ctima y/o con integrantes del grupo familiar, y concordante con ello, en el art�culo 51 penal se incluy� lo concerniente a la duraci�n de estas penas, indicando lo siguiente: �La prohibici�n de acercarse a la v�ctima y/o a integrantes de su grupo familiar y la de comunicarse con ellos, en el caso de delitos relacionados con violencia intrafamiliar, estar� vigente durante el tiempo de la pena principal y hasta doce (12) meses m�s�.

Por su parte, el decreto 4799 de 2011, establece las competencias de las Comisar�as de Familia, la Fiscal�a General de la Naci�n, los Juzgados Civiles y los Jueces de Control de Garant�as, de manera que se garantice el efectivo acceso de las mujeres a los mecanismos y recursos que establece la ley para su protecci�n, como instrumento para erradicar todas las formas de violencia contra ellas.

Igualmente regula, que para garantizar la efectividad de la medida de protecci�n descrita en el literal b) del art�culo 17 de la Ley 1257 de 2008, a petici�n de la v�ctima, o su representante, apoderado o solicitante, la autoridad competente enviar� orden de fijaci�n de la medida provisional o definitiva decretada, a los sitios que la v�ctima determine, para que los encargados del control de entrada y salida del personal, el propietario, arrendador o administrador o quien tenga a su cargo la responsabilidad del inmueble, den cumplimiento a la misma, para evitar el ingreso del agresor.

Cuando no exista un sistema de control de ingreso, la autoridad competente deber� oficiar a la Polic�a Nacional para que garantice el cumplimiento de la orden. En lo que concierte a la Ley 906 de 2004, el literal b) del art�culo 11 reconoce a las v�ctimas el derecho�"A la protecci�n de su intimidad, a la garant�a de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor"�y el literal g) ib�dem�"A ser informadas sobre la decisi�n definitiva relativa a la persecuci�n penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garant�as, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar".

El art�culo 134 de la Ley 906 de 2004 establece que�"Las v�ctimas, en garant�a de su seguridad y el respeto a su intimidad, podr�n por conducto del fiscal solicitar al juez de control de garant�as las medidas indispensables para su atenci�n y protecci�n. Igual solicitud podr�n formular las v�ctimas, por s� mismas o por medio de su abogado, durante el juicio oral y el incidente de reparaci�n integral".

A estas preceptivas, debemos agregar las siguientes, que resultan importantes a la hora de proteger los derechos de las v�ctimas, independientemente de la etapa procesal que se est� adelantando: El numeral 6 del art�culo 250 de la Constituci�n Pol�tica, modificado por el art�culo 2 del Acto Legislativo 03 de 2002, sobre las funciones del ente acusador, se�ala: �6.

Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las v�ctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparaci�n integral a los afectados con el delito� (subrayas fuera de texto). A su vez, el art�culo 114 de la Ley 906 de 2004, respecto a las atribuciones de la Fiscal�a General de la Naci�n, en su numeral 12, dispone: �Solicitar ante el juez del conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las v�ctimas, el restablecimiento del derecho y la reparaci�n integral de los efectos del injusto� (subrayas fuera de texto).

Igualmente se cuenta con el art�culo 22 de la Ley 906 de 2004, que establece: Restablecimiento del derecho.�Cuando sea procedente, la Fiscal�a General de la Naci�n y los jueces deber�n adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal� (subraya fuera de texto).

En cuanto a estas medidas de restablecimiento de derechos, la Corte Suprema de Justicia, se�al� lo siguiente: Pues bien, la jurisprudencia de esta Sala ha sido reiterativa en precisar que el restablecimiento del derecho a favor de las v�ctimas, a�n antes de la Ley 906 de 2004, es intemporal y en esa medida se puede realizar en cualquier momento de la actuaci�n procesal, porque, como ahora lo se�ala la norma que viene de transcribirse, es independiente a la declaraci�n de responsabilidad penal; por consiguiente, para que opere plenamente, basta con que est� demostrada la materialidad de la conducta o el tipo objetivo.

(Subraya fuera de texto) Vemos que en esta sistem�tica normativa, se entregan varias herramientas que bien pueden utilizarse en cualquier momento procesal, a�n con independencia de las resultas del tr�mite penal, de tal forma que por ejemplo, ante el notorio error en que se incurri� en la audiencia de imposici�n de la medida de detenci�n domiciliaria, ya sea la Fiscal o la Representante de v�ctimas, al percatarse de ello, pudieron acudir ante un Juez de Garant�as a fin de pedir el cambio de domicilio para que fuera el procesado y no la v�ctima quien tuviera que abandonar el mismo, ello en clara aplicaci�n de una medida de restablecimiento del derecho de la se�ora PCCV para que retornara a su hogar, sin la presencia de su agresor.

Tambi�n pudieron adelantarse los tr�mites de imposici�n de medidas de protecci�n, ante las autoridades competentes, conforme a lo regulado en las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, y sus decretos reglamentarios, y ante el incumplimiento de alguna de esas medidas, se despejaba el camino procesal para que durante la audiencia de individualizaci�n de la pena y la sentencia, solicitara la aplicaci�n del art�culo 7� de la Ley 294 de 1996, modificado por el art�culo 4� de la Ley 575 de 2000, y de esa forma impedir la concesi�n del sustituto de prisi�n domiciliaria.

En los anexos que fueron presentados como respaldo del preacuerdo, tan solo se cuenta con un oficio de fecha mayo 30 de 2014, que da cuenta de un tr�mite simplemente policivo, sin la contundencia que impone una medida de protecci�n por violencia intrafamiliar, o al menos es lo que se puede determinar con los elementos presentados. Se dej� de lado, el escenario de violencia en el que estuvo involucrada la se�ora PCCV, que no solo ha sido f�sica sino tambi�n de tipo psicol�gico, como qued� registrado en el Informe pericial de psiquiatr�a forense 05158-2015, del 13 de agosto de 2015, rendido por el Profesional especializado forense Dr. Fernando Alfonso Jurado Rosero, el cual se basa en una serie de antecedentes que son corroborados por la propia sobreviviente del maltrato la v�ctima PCCV, en entrevista que rinde el 3 de julio de 2015, por su hermana LCCV y su t�a IVR.

Estos elementos dan cuenta de que el agresor de tiempo atr�s daba se�ales de ser una persona celot�pica, que demeritaba como mujer a la se�ora PCCV, que la limitaba en el contacto con otras personas, en especial con los miembros de su familia, lo que qued� registrado en el reporte entregado por familiares al ingreso de la v�ctima al Hospital Mental Nuestra Se�ora del Perpetuo Socorro, y que adem�s y seg�n lo hace conocer la v�ctima la explot� econ�micamente mientras cont� con unos ingresos producto de una herencia. La escala de violencia, tuvo su culmen, en lo sucedido el 24 de mayo de 2015, lo que le caus� un Trastorno Depresivo Moderado, que llev� al psiquiatra forense a recomendar tratamiento especializado con Psiquiatr�a y Psicolog�a Es m�s, la v�ctima hab�a llegado a tal nivel de sometimiento que en los espacios en que empieza a recuperar conciencia, se denota su af�n por camuflar la historia de violencia, tal como se registr� en la valoraci�n intrahospitalaria por especialista de junio 1� de 2015, que rinde la M�dico Psiquiatra Forense, Yaneth Ch�vez Mart�nez, pues encontramos afirmaciones como las siguientes: �me ca� de pura boba� �me sal� corriendo a donde una amiga, cuando regresaba me ca� y me di golpes�, �me ca�, me enred� en las escaleras�.

Todo este contexto de violencia, se tiene en cuenta tambi�n, en el estudio de julio 10 de 2015, que realiza el grupo de valoraci�n del riesgo, del Grupo Nacional de Psiquiatr�a y Psicolog�a Forenses, que clasifica el Riesgo de peligro que enfrenta la se�ora PCCV como �Extremo�, y recomienda como urgente un proceso de protecci�n que debe revisarse o actualizarse en un per�odo promedio de seis meses.

Siendo as�, es indispensable que la Sala intervenga, para impartir �rdenes de protecci�n que si bien no tienen la contundencia de la que se hubiera originado en la privaci�n de la libertad del agresor, buscar�n a futuro prevenir, limitar o impedir cualquier acto de agresi�n de su parte hacia la se�ora PCCV, y que es factible aplicarse de manera independiente a la imputaci�n jur�dica realizada por la Fiscal�a, ya que se trata de medidas de tipo administrativo o de restablecimiento de derechos, que no estar�an sometidas a la ejecutoria de la sentencia condenatoria.

En cuanto a las �ltimas que se enuncia, se debe tener en cuenta el Acto Legislativo 003 de 2002, que modific� el art�culo 250 de la Constituci�n, y adopt� el Sistema Penal con tendencia Acusatoria, el cual consagr� para las v�ctimas algunos derechos en cabeza de la Fiscal�a General de la Naci�n, cuyo alcance se ampli� a nivel jurisprudencial, para que se ejerzan de manera directa por quienes se vean afectados por la comisi�n de un il�cito.

En esa normativa, son relevantes aquellos preceptos que ya citamos en el anterior ac�pite, es decir el numeral 6 del art�culo 250 de la Constituci�n Pol�tica, modificado por el art�culo 2 del Acto Legislativo 03 de 2002, el art�culo 114 de la Ley 906 de 2004, as� como el art�culo 22 de la misma Ley, que regula lo correspondiente a las medidas de restablecimiento de derechos, y que la Corte Suprema de Justicia, explica que son de car�cter intemporal.

Todo lo anterior, conduce a la Sala a adoptar dos decisiones a fin de velar por los derechos de la v�ctima: En primer lugar se ordenar� a la Defensor�a del Pueblo, para que se presenten las demandas correspondientes, a fin de adoptar medidas de protecci�n, ante las autoridades competentes, conforme a lo regulado en las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, y sus decretos reglamentarios, tr�mite en el cual ser� factible que ante el incumplimiento de alguna de esas medidas, se solicite al Juez de Ejecuci�n de penas, la revocatoria del sustitutivo de prisi�n domiciliaria concedido.

En segundo lugar, se adoptar�n medidas de restablecimiento de derechos, que ser�n de cumplimiento inmediato, sin estar a la espera de que la presente sentencia adquiera ejecutoria, para ordenar por un lado al se�or RFR, el desalojo de la casa de habitaci�n que compart�a con la v�ctima, en la direcci�n � � Pasto, dejando en dicho sitio, todos aquellos objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la v�ctima, para lo cual se concede un t�rmino de quince (15) d�as siguientes a la notificaci�n de la presente decisi�n. El nuevo domicilio en el cual cumplir� la pena de prisi�n impuesta, ser� reportado a trav�s de la Secretar�a de la Sala Penal, y debe al menos reunir las siguientes Condiciones: -Que facilite el acceso de vigilancia al personal del INPEC. -Que no sea cercano al lugar de residencia de la v�ctima, o de sus familiares, o en barrios perif�ricos o del centro de la ciudad de Pasto.

Es de anotar que si bien en esta instancia procesal se adopta la decisi�n en el �mbito de las medidas de restablecimiento de derechos, para no dejar desprotegida a la v�ctima en el t�rmino de ejecutoria de la sentencia, ello se encuentra acorde con lo preceptuado en el art�culo 38 D del C.P., que establece que la ejecuci�n de la prisi�n domiciliaria se cumplir� en el lugar de residencia o morada del sentenciado, �excepto en los casos en que este pertenezca al grupo familiar de la v�ctima�.

Por otro lado, se oficiar� a las autoridades de polic�a, tanto del domicilio como del lugar de trabajo, de la v�ctima para que brinden protecci�n y eviten cualquier acto de agresi�n o acercamiento por parte del se�or RFR, igual para que previa solicitud de la v�ctima se realice el acompa�amiento para su reingreso al lugar de domicilio. 4.4.5.

Penas accesorias Llama la atenci�n, que la Fiscal�a, no haya incluido en el preacuerdo o no haya solicitado al juez de conocimiento, la imposici�n de penas privativas de otros derechos, necesarias en contextos como el analizado frente a la se�ora PCCV, que son aquellas adicionadas por la Ley 1257 de 2008, en los numerales 10 y 11 del art�culo 43 del C.P. Aqu� vale la pena acudir a los criterios que en su momento analizamos para determinar cu�ndo, una decisi�n judicial puede resultar discriminatoria en contra de los derechos de las mujeres v�ctimas de violencia intrafamiliar, y las facultades correctivas a las que pueden acudir las autoridades, para dar prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal, de tal forma que pese a que no hayan sido solicitadas o impuestas, por el a quo, o no sean objeto del debate de apelaci�n, es necesario que se impongan, en aras de preservar las garant�as de la se�ora PCCV, pues bien se sabe, de la posibilidad de que en un momento dado el se�or RFR acceda a la concesi�n de la libertad condicional, y el riesgo que ha sido calificado como Extremo, se materialice en resultados nefastos para la integridad de la v�ctima.

Por otra parte, las penas aludidas se impondr�n como accesorias, cuya naturaleza y finalidad, son muy bien explicadas por el Dr. Fernando Castro Caballero, en su salvamento de voto, a la decisi�n mayoritaria adoptada en el radicado No. 46929 el 2 de noviembre de 2016, y que nos permitimos retomar como punto de apoyo hacia la postura de imponer las aludidas penas, a�n si no fueran solicitadas.

Al respecto se explica lo siguiente en el salvamento de voto: Sin embargo, en la providencia de la que respetuosamente nos apartamos se dejan de lado los temas relativos (i) a la naturaleza y fines de las penas accesorias y (ii) a razones de justicia material, concretadas en el principio de proporcionalidad de la sanci�n penal. En este �ltimo aspecto, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 61 del CP, se ofrece adecuado inaplicar el sistema de cuartos en la dosificaci�n de las penas accesorias, habida cuenta que tal labor ha de entenderse como un ejercicio de ponderaci�n motivada, delimitado por lo dispuesto en el art. 51 �dem.

En cuanto al primer aspecto, cabe anotar que las penas restrictivas de otros derechos (art. 43 C.P.) son aquellas que privan o restringen a su titular del ejercicio de facultades o prerrogativas distintas a la libertad personal o a su peculio. Dichas sanciones pueden ser principales cuando as� se consagren en el respectivo tipo penal (art. 35 �dem) o accesorias, cuando no obren como tales (art. 34 ejusdem).

Del art�culo 52 de la codificaci�n citada se extrae que la aludida clase de pena solo puede ser aplicada por el juez (i) con ocasi�n de la imposici�n de una pena principal y (ii) siempre que entre la realizaci�n del delito y el contenido de la pena accesoria exista una �relaci�n directa�, valga decir, se verifique un v�nculo estrecho entre su contenido y la conducta punible cometida.

De otro lado, si bien originalmente el legislador consider� que en quien reca�a una condena de prisi�n era indigno y, por tanto, estableci� la restricci�n para el ejercicio de algunos de sus derechos pol�ticos y, principalmente, para desempe�ar cargos p�blicos, lo cual explica la existencia de ciertas penas accesorias denominadas obligatorias o �autom�ticas�, aquella visi�n evolucion� hacia un concepto preventivo, cuyo prop�sito es conjurar el riesgo de reiteraci�n de delitos que de forma directa tengan relaci�n con determinadas actividades o derechos, finalidad que sustenta la aplicaci�n de las llamadas penas accesorias discrecionales o �facultativas�.

Sobre c�mo se determinan cuantitativamente las penas accesorias, cabe destacar que dos aspectos permiten concluir que en ese ejercicio no tiene cabida el sistema de cuartos -art. 61 C.P.-, el cual est� previsto para la individualizaci�n de las penas principales, ellos son: (i) la funci�n primordial que cumplen las penas accesorias difiere de la que tienen asignada las penas principales; y, (ii) el margen de apreciaci�n reglado del que goza el sentenciador, seg�n se extracta de los arts. 52 inc. 1� y 59 �dem, lo faculta para imponer o no en cada caso las penas accesorias que estime necesarias, as� como para fijar el t�rmino de duraci�n de las mismas.

( ) como se se�al� p�rrafos atr�s, las penas accesorias, en cuya imposici�n e individualizaci�n el juez goza de un margen de apreciaci�n motivado, no hay una determinaci�n legislativa absoluta del aspecto cualitativo. �ste es flexible, al punto que corresponde al juzgador determinar en qu� casos resulta necesaria su imposici�n, atendiendo a las particularidades del asunto concreto, obviamente respetando las pautas establecidas en la ley -art. 52, inc. 1� C.P.- y considerando que aqu�llas tienen una marcada finalidad preventiva, en tanto que con su aplicaci�n se pretende precaver la afectaci�n futura de bienes jur�dicos concretos mediante la restricci�n de un derecho o prerrogativa, distintas a las que resultan limitadas con la aplicaci�n de la sanci�n principal -con injerencia en la libertad personal y el patrimonio econ�mico-.

( ) Es m�s, la Corte Suprema de Justicia, ante el imperativo de imponer penas accesorias, cuando devienen en necesarias conforme a las conductas por las cuales se impone condena, ha suplido en otras oportunidades las deficiencias de motivaci�n como as� ocurri� en el caso analizado en decisi�n SP�2636-2015, de marzo 11 de 2015, radicado 43881, en el que se dijo, frente a un delito de porte de armas: �No resulta sensato, en ese contexto, en casos de condena por delitos de fabricaci�n, tr�fico y porte de armas y municiones, exigir para la imposici�n de la pena de privaci�n del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego una fundamentaci�n adicional a la declaraci�n de existencia de la conducta punible.

Simple y llanamente porque se plantea l�gica, necesaria y proporcional su deducci�n en tales casos. No se entender�a que a quien se reprocha penalmente fabricar, traficar o portar armas de fuego o municiones, o armas qu�micas, biol�gicas o nucleares, no se le despoje del derecho a poseerlas por el tiempo que permita la ley�. Siguiendo esa misma l�gica, no ser�a sensato, que en un caso de tentativa de homicidio, en el cual se involucra como v�ctima a una mujer que requiere protecci�n, se deje de imponer las penas privativas de otros derechos previstas en los numerales 10 y 11 del art�culo 43 del C.P. que fueron adicionadas por la Ley 1257 de 2008.

De esa forma deviene en necesario, imponer la prohibici�n al se�or RFR de aproximarse a la v�ctima PCCV y/o a integrantes de su grupo familiar, as� como la prohibici�n de comunicarse con la v�ctima y/o con integrantes de su grupo familiar, las que de todas formas fueron incluidas en el acta de compromiso suscrita por el procesado el 30 de junio de 2015.

Estas penas se impondr�n como accesorias, para contribuir a la prevenci�n de conductas similares a la ocurrida el 24 de mayo de 2015, por la que se impone condena al se�or RFR, seg�n lo previsto en el art�culo 52 del C.P. inciso 1� y por supuesto las restricciones aludidas, tienen �ntima relaci�n con dichos hechos. La motivaci�n que exige el art�culo 59 ib�dem para la imposici�n de estas penas, se encuentra m�s que ilustrada en la integridad de la presente decisi�n, ya que los hechos se desarrollan en un contexto, que de manera escalonada y de tiempo atr�s, hizo que la se�ora PCCV fuera sometida a maltrato f�sico y psicol�gico, con comportamientos tendientes a bajar su autoestima, a alejarla de su familia, a explotarla econ�micamente, e infundir ideas de autoculpa hacia las agresiones f�sicas, hasta el punto en que un hecho como el ocurrido el 24 de mayo de 2015, puso en riesgo su vida y afect� su integridad f�sica y psicol�gica.

En cuanto a la duraci�n de las penas privativas de otros derechos mencionadas, no se requiere atender al proceso de dosificaci�n, porque la misma Ley 1257 de 2008, establece que su duraci�n corresponde al tiempo que dure la pena principal y hasta doce (12) meses m�s, lo que significa que se imponen por el monto de NUEVE (9) A�OS. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal,

RESUELVE

1� ABSTENERSE de resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por el Delegado del Ministerio P�blico. 2� CONFIRMAR en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 22 de octubre de 2015 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto, mediante el cual se concedi� el sustitutivo de la prisi�n domiciliaria a favor del se�or RFR, como fue expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3�.

ORDENA R a la Defensor�a del Pueblo, para que se presenten las demandas correspondientes, a fin de adoptar medidas de protecci�n, ante las autoridades competentes, conforme a lo regulado en las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, y sus decretos reglamentarios, tr�mite en el cual ser� factible que ante el incumplimiento de alguna de esas medidas, se solicite al Juez de Ejecuci�n de penas, la revocatoria del sustitutivo de prisi�n domiciliaria concedido. 4� IMPONER COMO MEDIDA DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, que ser�n de cumplimiento inmediato, sin estar a la espera de que la presente sentencia adquiera ejecutoria, para ordenar por un lado al se�or RFR, el desalojo de la casa de habitaci�n que compart�a con la v�ctima, en la direcci�n � � Pasto, dejando en dicho sitio, todos aquellos objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la v�ctima, para lo cual se concede un t�rmino de quince (15) d�as siguientes a la notificaci�n de la presente decisi�n. El nuevo domicilio en el cual cumplir� la pena de prisi�n impuesta, ser� reportado a trav�s de la Secretar�a de la Sala Penal, y debe al menos reunir las siguientes Condiciones: -Que facilite el acceso de vigilancia al personal del INPEC. -Que no sea cercano al lugar de residencia de la v�ctima, o de sus familiares, o en barrios perif�ricos o del centro de la ciudad de Pasto.

Por otro lado, se oficiar� a las autoridades de polic�a, tanto del domicilio como del lugar de trabajo, de la v�ctima para que brinden protecci�n y eviten cualquier acto de agresi�n o acercamiento por parte del se�or RFR, igual para que previa solicitud de la v�ctima se realice el acompa�amiento para su reingreso al lugar de domicilio. 5�.

Adicionar un inciso al numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia condenatoria, que establezca lo siguiente: IMPONER como PENAS ACCESORIAS, las privativas de otros derechos previstas en los numerales 10 y 11 del art�culo 43 del C.P. que fueron adicionadas por la Ley 1257 de 2008, es decir la prohibici�n al se�or RFR de aproximarse a la v�ctima PCCV y/o a integrantes de su grupo familiar, as� como la prohibici�n de comunicarse con la v�ctima y/o con integrantes de su grupo familiar.

Estas penas tendr�n una duraci�n de NUEVE (9) A�OS. 6�. Conforme a los par�metros establecidos en el art�culo 10 de la Convenci�n de �Belem do Para�, se oficiar� a la Direcci�n Seccional de Fiscal�as, para que se estudie los t�rminos del preacuerdo que fue presentado en este caso y se analice para futuros eventos, sobre la forma en que deben ser presentados a fin de garantizar los derechos de las mujeres v�ctimas de Violencia intrafamiliar. 7�.

Esta decisi�n se notifica en estrados y se hace saber que en su contra, procede el recurso extraordinario de casaci�n, que deber� interponerse dentro de los 5 d�as siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE BLANCA LIDIA ARELLANO MORENO Magistrada SILVIO CASTRILLON PAZ Magistrado JOSE ANIBAL MEJIA CAMACHO Magistrado JUAN CARLOS ALVAREZ LOPEZ Secretario  CD Audiencia de verificaci�n de preacuerdo Archivo 1 � record 00:46:29 a 00:46:50  T.S. de Pasto, AP 15 sep 2015, NI 9787 MP Silvio Castrill�n Paz  TSP, AP 20 oct 2016.

CUI 528356000538201500122, NI 15483 MP Blanca Lidia Arellano Moreno  CSJ AP, 19 sep. 2012, rad. 38.137, MP Fernando Alberto Castro Caballero.  CSJ SP, 23 feb 2011, Rad. 35.678 y CSJ SP, 28 sep 2011. Rad. 37.258.  CSJ SP 8 jun 2011, rad. 34022 MP Julio Enrique Socha Salamanca. Ver tambi�n: rad. 15833 jun 13 de 2001, rad. 15820 abr 24 de 2003 y rad. 25963 oct-10 de 2006.  UPRIMNY YEPES, Rodrigo.

M�dulo: Bloque de Constitucionalidad. Derechos Humanos y Proceso Penal. Consejo Superior de la Judicatura � Sala Administrativa- Escuela Judicial �Rodrigo Lara Bonilla�. Bogot�. 2006. P�g. 58.  En dicha decisi�n se adelant� el control constitucional autom�tico y oficioso del "Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protecci�n de las v�ctimas de los conflictos armados sin car�cter internacional (Protocolo II)" y la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, por medio de la cual se aprob� dicho Protocolo  Corte Constitucional.

Sentencia C-295 de 1993. M.P. Dr. Carlos Gaviria  Corte Constitucional. Sentencia C-401 de 2005. M.P. Dr. Manuel Jos� Cepeda Espinosa  Corte Constitucional. Sentencia C-578 de 1995. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu�oz  UPRIMNY, op. cit., p.65.  TSP, AP 20 oct 2016. CUI 528356000538201500122, NI 15483 MP Blanca Lidia Arellano Moreno  CSJ, AP 1 sep. 2010, rad. 33857  TSP AP 15 sep 2015, NI 9787  CD Audiencia de verificaci�n de preacuerdo Archivo 1 Record 01:05:47  CD Audiencia de verificaci�n de preacuerdo Archivo 1 Record 01:07:41  CSJ, AP 4 de mayo de 2005, rad. 23567;

AP 19 de julio de 2005, rad. 23910. Asimismo Corte Constitucional T-797 de 2006.  CSJ, AP 19 jul 2005, rad. 23910  CSJ, SP 3 nov 2004, rad. 21956 y SP 11 may 2005, rad 20534.  Art�culo 5o  Art�culo 6�  Art�culo 10  Art�culo 11  Art�culo 12  Art�culo 13  Art�culo 15  Se cita este aparte en el Decreto 4799 de 2011  En especial la sentencia T-967 de 2014, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.  C 297 de 2016 que estudia la exequibilidad del literal e) del art�culo 2� de la Ley 1761 de 2015  M. P. Alejandro Mart�nez Caballero.

Por medio de la cual se declar� la constitucionalidad de la Ley que ratific� en Colombia la Convenci�n Interamericana de Bel�m de Par�.  T 967 de 2014  En especial la sentencia T-967 de 2014, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Ver tambi�n: Ver, entre otras, las sentencias C-438 de 2013, M. P. Alberto Rojas R�os; C-781 de 2012, M. P. Mar�a Victoria Calle Correa;

T-973 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-677 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao P�rez; T-1015 de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; A-092 de 2008 (Sala de seguimiento a la T-025 de 2004), M. P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-408 de 1996, M. P. Alejandro Mart�nez Caballero.  Tal es el caso de la posici�n de muchas mujeres frente a la administraci�n de justicia cuando sus denuncias y/o reclamos son considerados como asuntos privados, producto de visiones que reflejan la desigualdad hist�rica y estructural contra �stas.

En estos casos, esa neutralidad de la justicia, puede ser problem�tica, pues detr�s de ese velo, son identificables diversas barreras impuestas por la violencia y la discriminaci�n contra �stas. En efecto, la falta de recursos econ�micos, la verg�enza, las amenazas, las intimidaciones, las distancias f�sicas o geogr�ficas, la falta de orientaci�n, la invisibilizaci�n, los estereotipos de g�nero presentes en los operadores jur�dicos, entre otras situaciones, son factores que permiten concluir que bajo una perspectiva de g�nero una v�ctima de violencia en Colombia no llega en igualdad de armas procesales a las instancias judiciales.  Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armon�a y unidad, y ser� sancionada conforme a la ley  Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la v�ctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitaci�n resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la v�ctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada  CSJ, 28 nov 2012, rad 40246  Fl. 29  Fls. 30 y 31  Fls. 81 a 83  Fls. 90 a 92  Fls. 87 y 88  Fl. 47  Fl. 51  Fls. 42 a 45  Fl. 14     Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Proceso No. 520016107547201581672 1 N�mero Interno 14236 PAGE  PAGE 32 =MNxyz{������������/ 0 1 ����谘��{�{�{�{�{�cKc.hY!!h/h�5�CJOJQJ\�^JmH sH tH.hY!!h?3�5�CJOJQJ\�^JmH sH tHhtV5�CJOJQJ^JhY!!h�s$5�CJOJQJ^J.hY!!h�N�5�CJOJQJ\�^JmH sH tH.hY!!h�s$5�CJOJQJ\�^JmH sH tHhY!!h�?�5�CJOJQJ^JhY!!h�N�5�CJOJQJ^J.hY!!hfV�5�CJOJQJ\�^JmH sH tH�������I`a����������������� �f��d�`��gdBk� ��d�`��gdBk� $@&a$gdBk� $@&a$gdrC� $�`�a$gdrC� $da$gd�� $�`�a$gdBf� $da$gdBf��d�&d P�� `�gdY!! �d�`�gdY!!1 2 3 c � � � � � � � � � � � �    # ��������wfTBTBTBTB#hY!!hfZ�5�@�CJOJQJ^J#hY!!h�5�5�@�CJOJQJ^J hY!!hfZ�0J)CJOJQJ^J hY!!h�5�0J)CJOJQJ^J.hY!!h�N�5�CJOJQJ\�^JmH sH tHhY!!h�B�5�CJOJQJ^JhY!!h�?�5�CJOJQJ^JhY!!hDu�5�CJOJQJ^J.hY!!h?3�5�CJOJQJ\�^JmH sH tH.hY!!h�V5�CJOJQJ\�^JmH sH tH# [ \ ^ � � � � �  M N ��͵��m�UF6&hY!!h�r5�CJOJQJ^JhY!!h��5�CJOJQJ^JhY!!h��CJOJQJ^J.hY!!hTI�5�CJOJQJ\�^JmH sH tH.hY!!h��5�CJOJQJ\�^JmH sH tH.hY!!hy' 5�CJOJQJ\�^JmH sH tH.hY!!hS@�5�CJOJQJ\�^JmH sH tH.hY!!h[ 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