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PENAS ACCESORIAS � FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ - Corresponde al funcionario judicial determinar en qu� casos resulta necesaria su imposici�n, sin que est� supeditada al anuncio previo en la imputaci�n. / PENAS ACCESORIAS � MOTIVACI�N � Sustentaci�n de su imposici�n como fundamento de legitimidad./ SUSPENSI�N DE LA PATRIA POTESTAD � Improcedencia de su imposici�n por falta absoluta de motivaci�n � Al ser catalogadas las penas �privativas de otros derechos� como facultativas, son de imposici�n discrecional por parte del juez, atendiendo las particularidades del caso y conforme las directrices previstas en la ley, sin que sea necesaria la especificaci�n de tales penas por parte de la Fiscal�a en la respectiva oportunidad procesal; sin embargo, esa potestad del juez para su imposici�n, solamente halla legitimaci�n en tanto con razonado criterio consigne en el fallo las motivaciones que tuvo para ello, exigencia que se explica por cuanto con dicha medida, se est� restringiendo un derecho por v�a judicial y al determinarse que en la sentencia la juez a quo no efectu� una cabal argumentaci�n acerca de su necesidad ni indic� un t�rmino motivado de duraci�n de las mismas, hay lugar a dejar sin efecto la imposici�n de la suspensi�n de la patria potestad. / Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto Sala de Decisi�n Penal Magistrado Ponente: Franco Solarte Portilla Asunto: Apelaci�n sentencia condenatoria Delito: Violencia intrafamiliar Condenado: JPEP Radicaci�n: 2013-10108 N.I. 13421 Aprobaci�n: Acta N�035 (febrero 16 de 2017) San Juan de Pasto, febrero veintid�s de dos mil diecisiete Vistos Corresponde al Tribunal resolver el recurso de apelaci�n interpuesto y sustentado por la defensa de JPEP, contra la sentencia del 31 de agosto del a�o pasado emitida por la titular del Juzgado Segundo Penal Municipal de Pasto, mediante la cual conden� al mencionado ciudadano a 30 meses de prisi�n, a la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas y a la p�rdida de la patria potestad por igual tiempo, y le concedi� la prisi�n domiciliaria; todo, por hallarlo responsable como autor del delito de violencia intrafamiliar agravado.
Los hechos jur�dicamente relevantes Cerca de la una de la tarde del d�a 15 de diciembre de 2013, la se�ora GMMG fue f�sicamente agredida por su esposo JPEP, producto de lo cual la referida mujer sufri� incapacidad definitiva de 6 d�as sin secuelas. Seg�n la Fiscal�a esos hechos, por lo dem�s reiterados, tuvieron ocurrencia en la casa de habitaci�n ubicada en el barrio � y en presencia de una hija de la pareja de apenas 2 a�os de edad.
Resumen de la actuaci�n cumplida El 5 de mayo de 2015 ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Pasto con funci�n de control de garant�as se adelant� audiencia de formulaci�n de imputaci�n, en cuyo escenario el delegado de la Fiscal�a enrostr� al se�or EP la comisi�n como autor del delito de violencia intrafamiliar a voces del art�culo 229 del C�digo Penal, agravado por la circunstancia de haberse perpetrado sobre una mujer, ante lo cual aqu�l guard� silencio.
El 30 de junio de la misma anualidad la delegada de la Fiscal�a para este asunto radic� ante la judicatura escrito de acusaci�n, pero el 27 de agosto siguiente se alleg� acta de preacuerdo, en donde el implicado de manera libre, expresa y profesionalmente asesorado opt� por aceptar los cargos penales se�alados por la Fiscal�a, a cambio de recibir los beneficios punitivos previstos en el art�culo 57 del C�digo Penal, es decir, los derivados de la atemperante de la ira e intenso dolor, quedando los extremos de la pena de prisi�n entre 1 a 7 a�os.
Tambi�n fue convenida la concesi�n de la prisi�n domiciliaria. El 30 de septiembre del a�o pr�ximo pasado la se�ora Juez Segunda Penal del Circuito de Pasto resolvi� radicar el conocimiento de la actuaci�n en el despacho del Juzgado Segundo Penal Municipal de esta ciudad, tras haber manifestado su titular impedimento no aceptado por su hom�loga del Juzgado Tercero. Con providencia del 14 de marzo de 2016 la Juez de conocimiento improb� el preacuerdo presentado por las partes a su consideraci�n, decisi�n que al ser impugnada se revoc� por el superior jer�rquico, mediante auto del 13 de junio de ese a�o. Para el 31 de agosto se program� y se llev� a cabo la audiencia de que trata el art�culo 447 del C�digo de Procedimiento Penal y se dict� el respectivo fallo, el cual al ser apelado por el defensor del acusado ocupa ahora la atenci�n de la Sala.
La sentencia apelada Luego de realizar un resumen de los hechos y de la actuaci�n cumplida, de identificar al acusado y de referirse al sistema de terminaci�n anticipada de los procesos penales, recab� la se�ora Juez de primera instancia en la necesidad de verificar la existencia de prueba necesaria para condenar, la que estim� aducida en la presente actuaci�n con elementos de juicio que relacion� y valor� como un haz consistente al lado de la confesi�n realizada por el acusado a trav�s de la admisi�n de responsabilidad por la v�a de la suscripci�n de un preacuerdo, acto bilateral que connot� en su juridicidad.
Toda vez que el referido pacto no fij� la pena a imponerse, procedi� la Juez a la dosificaci�n punitiva, trabajo que fue adelantado as�: Tom� inicialmente los extremos punitivos contemplados en el art�culo 229 del C�digo Penal, que por tratarse de la violencia intrafamiliar agravada los ubic� entre 72 y 168 meses de prisi�n, cifras a las cuales les aplic� las previsiones del art�culo 57 ib�dem, que habla de la figura jur�dica de la ira e intenso dolor seg�n los t�rminos del acuerdo, resultando una sanci�n oscilante entre 12 y 84 meses de prisi�n. Estableci� enseguida los cuartos y se estacion� en el m�nimo que va entre 12 y 30 meses privativos de la libertad, habida cuenta ello de que la Fiscal�a no imput� circunstancias de mayor o menor punibilidad.
Luego, atendiendo las directrices contempladas en el art�culo 61 inciso 3 Del C�digo Penal opt� por el extremo mayor de ese marco, imponiendo finalmente una pena de 30 meses de prisi�n. La legalidad de esa decisi�n la fundament� en el hecho de la reiteraci�n de las agresiones f�sicas del acusado a su esposa; que se haya ejecutado los golpes en presencia de la hija menor de la pareja, que incluso fue alcanzada por la violencia; y, �por �ltimo este Despacho deja constancia que el procesado quince d�as despu�s de estos hechos decidi� cejar (sic) la vida de GMMG, dispar�ndole en repetidas ocasiones y tambi�n delante de sus hijas existiendo ya una sentencia condenatoria por estos hechos�.
Finalmente, la Juzgadora de primer nivel concedi� la prisi�n domiciliaria al acusado, con fundamento en que tal mecanismo fue materia de convenio por las partes seg�n el texto del preacuerdo ya aprobado por ese mismo Despacho. La sustentaci�n del recurso El abogado de la defensa comenz� por hacer un recuento de los hechos y en particular enfatiz� en lo acaecido en la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, en donde el delegado de la Fiscal�a de ese entonces enrostr� al hoy condenado la comisi�n del delito de violencia intrafamiliar agravado, as� como que hizo saber de la imposici�n de la pena accesoria de la inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas, sin embargo �no se le imput� la pena accesoria para el ejercicio de la patria potestad�.
Tras memorar con gran extensi�n las circunstancias procesales acaecidas a lo largo de la actuaci�n, afirm� el apelante que la sentencia objeto de inconformidad reporta �ausencia absoluta de motivaci�n en la individualizaci�n de la pena�, lo que acontece debido a la pr�ctica general de los jueces de hacerse primero a una decisi�n, asumirla y luego tratar de justificarla en la argumentaci�n, errada actitud que por fortuna puede precaverse con el uso de las impugnaciones.
Para el caso, sostiene que si probatoriamente no se encuentran acreditadas las razones que llevaron a la Judicatura a escoger la sanci�n mayor del respectivo cuarto punitivo, entonces era deber judicial acoger la pena m�nima solicitada por la defensa. Luego de referirse con apoyo en citas jurisprudenciales a la necesidad de fundamentar las providencias y de se�alar con razones dogm�ticas el camino que en estos casos deben transitar los operadores judiciales, procurando aplicar la norma sustancial sustentada en los hechos procesalmente constatados, el apelante afirm� que pec� la A quo al considerar unos hechos que jur�dicamente no fueron materia de imputaci�n como soporte de gravedad para imponer al final una pena tan alta.
En espec�fico, que ni en la audiencia preliminar correspondiente ni en el texto del acuerdo se hizo menci�n a la reiteraci�n del comportamiento en cuesti�n desplegado por el hoy condenado, como tampoco se habl� del golpe recibido por la menor y mucho menos se hizo alusi�n a la posterior muerte violenta de quien aqu� funge como v�ctima. Reprendi� que la Juez haya dado una interpretaci�n desfasada de los sucesos, en particular en lo que respecta al golpe recibido por la menor de edad que estaba en brazos de su madre cuando fue �sta agredida, en tanto que lo aseverado por la v�ctima fue que �la ni�a se golpe� en la discusi�n�, mientras que en la sentencia se dio por sucedido que en esos actos violentos la infante fue tambi�n golpeada.
As�, luego de referirse prolijamente sobre los criterios y fines de la pena concluy� el impugnante que �los argumentos esbozados por la se�ora Juez seg�n los cuales la conducta es grave, lejos est�n de servir como premisas que se puedan enlazar l�gica y razonadamente con la parte dispositiva o conclusi�n arribada�, cuanto m�s que frente a las circunstancias que rodearon el delito, la sanci�n impuesta luce exagerada, sin dejar de mencionar que cuando para el proceso de dosificaci�n se tom� como criterio lo atinente al homicidio posterior de la v�ctima, se estaba generando una doble sanci�n por un mismo hecho, ejercicio proscrito en el ordenamiento jur�dico.
Respecto a la imposici�n de la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de la patria potestad, igualmente el defensor acus� falta de motivaci�n, adicional al hecho de que tal aflicci�n no fue imputada, por lo que en el sentir del recurrente con tal sorpresiva decisi�n fue vulnerado el derecho de defensa. Con todo, adujo que tampoco fue argumentada en primera instancia la relaci�n directa de la pena accesoria objeto de censura con la realizaci�n de la conducta punible, ni siquiera se estableci� el t�rmino de duraci�n de la misma, vulner�ndose as� las reglas del art�culo 51 del C�digo Penal y de contera los derechos fundamentales no solamente del acusado sino tambi�n de los de las hijas menores de aqu�l, quienes en la actualidad gozan de excelentes relaciones con su padre.
Con estos esbozos el defensor recurrente pidi� del Tribunal �se modifique y revoque parcialmente el numeral primero de la sentencia apelada y en su lugar se condene al se�or JPEP a la pena principal de 12 meses de prisi�n domiciliaria y la accesoria de inhabilitaci�n de derechos y funciones p�blicas por el mismo tiempo y se revoque la condena a la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de la patria potestad�.
Consideraciones de la Sala Establecida la competencia del Tribunal para conocer de la apelaci�n propuesta, de conformidad con lo se�alado en la parte final del numeral 1� del art�culo 34 del C�digo de Procedimiento Penal y respetando los l�mites que impone la alzada, los siguientes ser�n los problemas jur�dicos que habr�n de ser dilucidados en esta oportunidad: �Fue jur�dicamente correcto el proceso de dosificaci�n punitiva adelantado por la Funcionaria de primera instancia o adolece el mismo de fallas sustanciales como lo afirma el recurrente, de tal modo que la pena finalmente impuesta al acusado fue exagerada y sin la debida motivaci�n, por cuyo motivo deba ser reformada en segunda instancia? �Pod�a la Juez de conocimiento imponer al procesado la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de la patria potestad respecto a sus dos menores hijas, como as� lo hizo, am�n que si para ese fin la aludida Funcionaria judicial hizo cabal argumentaci�n e indic� un t�rmino motivado de duraci�n de la aludida aflicci�n como lo dispone el art�culo 51 del C�digo Penal? Comoquiera que de la sustentaci�n del recurso vertical interpuesto por el abogado de la defensa no asoma alguna inconformidad con la tarea inicial de dosificaci�n de la pena, en tanto que de entrada el Tribunal avizora que la misma ning�n reparo soporta, esto es, adecuada verificaci�n de los extremos punitivos, legal determinaci�n de los cuartos de movilidad, correcta ubicaci�n en el m�nimo y acertada operaci�n relacionada con la aplicaci�n del atemperante de la ira e intenso dolor pactada, la misi�n de la Sala se circunscribir� entonces a examinar el proceso de determinaci�n final de la sanci�n, que es donde radica uno de los cuestionamientos que hace el recurrente, porque en suma reclama que la Juez de conocimiento inobserv� las disposiciones del art�culo 61 en su inciso 3.
Asegura enf�ticamente el apelante que no se consignaron en la sentencia las necesarias motivaciones que cubran de legitimidad la imposici�n final de la pena para su defendido, lo que degener� en una sanci�n que en su sentir luce exagerada. D�gase al respecto que, ciertamente, sobre los hombros de los jueces recae el deber inexcusable de la sustentaci�n de sus decisiones, como que solamente as� se legitima el ius puniendi estatal, se destierra la arbitrariedad judicial y se allana el camino para que los sujetos procesales puedan hacer ejercicio cabal y garantizado de las impugnaciones.
La obligaci�n de las motivaciones de las providencias, claro est�, no excluye el espacio de la determinaci�n de las penas, por el contrario, justo all�, por ser el momento que mayor expectativa y sensibilidad ofrece, es quiz�s donde debe haber especial cuidado en la elaboraci�n del discurso, como ya ha sido enfatizado por esta Colegiatura, as�: �El defensor considera que la Sentenciadora de primer nivel incurri� en indebida sustentaci�n en el proceso de dosificaci�n punitiva.
Sabido es que la motivaci�n de las providencias judiciales hunde ra�ces en la concepci�n democr�tica de Estado que propugna, entre otras muchas cosas, por la divulgaci�n de los actos oficiales como garant�a para el ejercicio de un control social, que le sigue la posibilidad, ya en el �mbito judicial, de conocer las razones que llevan a la autoridad a asumir alguna decisi�n e impugnarla, si es del caso, respetando el marco de legitimidad otorgado por el propio ordenamiento jur�dico.
Un fallo sin bases argumentativas trasunta arbitrariedad y despotismo y constituye afrenta al debido proceso que amerita nulidad. As� lo ha expresado la jurisprudencia: �La Sala tiene dicho que la exigencia a los sujetos procesales de sustentar los recursos se correlaciona con la obligaci�n impuesta a los funcionarios judiciales de motivar sus decisiones, pues s�lo mediante la satisfacci�n de ese deber funcional se brinda a las partes la posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de contradicci�n. En el caso de las sentencias, dicho requisito se encuentra previsto en el numeral 4� del art�culo 170 de la Ley 600 de 2004 (sic) y su pretermisi�n, si se trata del procesado, supone la vulneraci�n del derecho de defensa, elemento estructurante de la garant�a fundamental del debido proceso que, por ende, conduce a la nulidad de la sentencia� En el punto espec�fico del deber de sustentaci�n a la hora de la imposici�n de la pena, la alta Corporaci�n dijo: �Como se destaca en el libelo, la debida motivaci�n de la sentencia, imposici�n hecha por el art. 163 de la Constituci�n Nacional y el art�culo 186 del C. de P. P., no se satisface tan s�lo con la exposici�n de los fundamentos sobre los que se estructura el hecho punible en sus diferentes elementos o aspectos.
Tambi�n es exigencia a ser observada por el juzgador al momento de dosificar e individualizar la pena. S�lo as� se ven satisfechos a cabalidad supremos principios, como el de la certeza y proporci�n, en el ejercicio punitivo del Estado al aplicar las consecuencias establecidas por la realizaci�n de un hecho definido legalmente como punible y permitir al afectado ejercer el derecho de impugnaci�n, el cual no necesariamente implica el cuestionamiento en los extremos de la inocencia o responsabilidad, sino tambi�n en los diferentes grados que esta �ltima ofrece.
Esto, desde luego, hace indispensable el conocimiento de c�mo se lleg� a la imposici�n de un determinado quantum punitivo. El desconocimiento de esta exigencia en el proferimiento del fallo, ciertamente genera su anulaci�n�. Debe ser reconocido que la cultura judicial no ha desarrollado esta obligaci�n como deber�a. Es corriente encontrar connotada argumentaci�n en la parte considerativa de las providencias en cuanto ata�e a la valoraci�n probatoria o al manejo de la dogm�tica, pero se escatima esfuerzos en el aspecto punitivo, siendo que esta parte como aquella merece id�ntico tratamiento; se trata de explicar al condenado, ni m�s ni menos, del por qu� le fue atribuida determinada cantidad de pena bajo los criterios de necesidad, ponderaci�n y proporcionalidad�.
No obstante, ya lo hemos precisado, cumple con satisfacci�n ese encargo el juez que, con independencia de la extensi�n de sus argumentos, vierta asertos inteligiblemente dirigidos a explicar los motivos que lo conducen a irrogar cualitativa y cuantitativamente una determinada sanci�n penal, surti�ndose con ello las garant�as ya referidas supra.
Debe admitirse, para el caso, en punto atinente a la imposici�n de la pena, la Funcionaria de primer nivel no hizo uso de las mejores motivaciones, mas debe tambi�n aceptarse que no obstante s� dio a conocer con suficiente claridad las razones que la llevaron a tomar la determinaci�n de ubicarse en el extremo m�ximo punitivo previsto en el primer cuarto de movilidad, es decir 30 meses de prisi�n, acatando los par�metros dispuestos en el inciso 3� del art�culo 61 del C�digo Penal.
En efecto, esto consign� sobre el punto la a quo: �En este caso para la Judicatura la conducta realizada por EP, es muy grave si se tiene en cuenta que seg�n afirmado por la v�ctima no era la primera vez que la agred�a f�sicamente sino que era un comportamiento reiterativo, por otro lado, la agresi�n la hizo delante de su peque�a hija a quien alcanz� a pegarle pues su progenitora la ten�a cargada, y por �ltimo este Despacho deja constancia que el procesado quince d�as despu�s de estos hechos decidi� cejar (sic) la vida de GMMG, dispar�ndole en repetidas ocasiones y tambi�n delante de sus hijas existiendo ya una sentencia condenatoria por estos hechos�.
Como se ve, son tres las causas perfectamente delineadas en las que la Falladora de primera instancia se afianz� para determinar finalmente la pena de prisi�n en este asunto, de las que, por virtud de los cuestionamientos hechos por el apelante, la Sala debe hacer las siguientes acotaciones: La reiteraci�n del comportamiento, sin que los primeros hechos hubiesen sido judicialmente imputados, de seguro que eleva su gravedad; no es menester acudir a connotadas disquisiciones para concebir la mayor alteraci�n de la armon�a familiar por la repetici�n de conductas violentas, que no llegan solas sino acompa�adas de explicables sensaciones de zozobra prolongada.
A nadie, en condiciones normales, le gusta revivir momentos de angustia o de sufrimiento. Y no es cierto, como sin fundamento lo sostiene el censor, que la reiteraci�n de actos violentos de similar calado al que ahora se juzga haya sido un invento de la Juzgadora, porque no fueron enrostrados por la Fiscal�a. En el escrito de acusaci�n presentado a la Judicatura el 30 de julio de 2015, textualmente se plasm� en el relato f�ctico que la v�ctima �manifiesta que vive con el se�or JP hace 7 a�os aproximadamente, para la fecha de los hechos y que ya en dos ocasiones anteriores ha sido agredida f�sicamente por parte del esposo�.
Como tambi�n en la audiencia de verificaci�n de legalidad del preacuerdo la delegada del �rgano instructor dej� sentado que el hoy acusado �no es la primera vez que la agrede f�sicamente�. Que los censurados hechos se hayan realizado en presencia de una menor de edad, justamente la peque�a hija de la pareja, es sin duda sintom�tico de un dolo encumbrado, porque denota no solamente insensibilidad por las negativas consecuencias psicol�gicas que semejante episodio pudiese ocasionar en la ni�a, sino tambi�n porque devela absoluta irresponsabilidad frente a los deberes que como padre le asist�an al procesado, direccionados a la formaci�n normal y sin traumas de su v�stago.
Pero adem�s, resulta grave que EP no haya reparado en que al estar la infante en brazos de su madre mientras le pegaba, pod�a aquella igualmente resultar lesionada. Aqu� cabe referirse a la glosa que al respecto hace el defensor, para quien la Juez de primera instancia interpret� err�neamente tal informaci�n suministrada por la v�ctima, porque mientras �sta adujo que la ni�a �se golpe� en la refriega, la Funcionaria dio por hecho que el procesado tambi�n agredi� a la menor.
Con tama�a aseveraci�n se estar�a condicionando la gravedad de ese episodio a que en efecto la violencia del agresor haya sido dirigida contra la ni�a, aserto que a la luz de la l�gica resulta insostenible, porque lo que importa es que fue el comportamiento del acusado el generador del riesgo en cuyos contextos de violencia la menor result� tambi�n golpeada.
Ahora que, si bien los dos fundamentos acabados de referir se erigen por lo visto como base f�ctica dotada de validez dentro del proceso de dosificaci�n punitiva adelantado por la A quo, no lo mismo puede decirse en cuanto respecta al tercer fundamento por ella esbozado. En efecto, dando raz�n en este punto al apelante, no es de recibo que en desarrollo de la aplicaci�n de lo dispuesto en el inciso 3 del art�culo 61 del C�digo Penal, la Sentenciadora haya afianzado su decisi�n en el hecho ulterior sucedido, donde lamentablemente el se�or JPEP acab� con la vida de su esposa.
Esa informaci�n adicional suministrada, no debi� ser ni siquiera tenida en cuenta, como que por reprochable que tales hechos puedan parecer, no hacen parte del presente proceso y al considerarlos con capacidad jur�dica de incidir en las resultas punitivas para el acusado, no solamente se atenta contra la concepci�n del derecho penal de acto, sino que adem�s, ciertamente, estar�amos desvalorando doble vez un mismo evento, lo que est� proscrito incluso en el tr�mite de una misma actuaci�n procesal.
Como lo asegur� el recurrente, los detalles, circunstancias y consecuencias jur�dicas de ese homicidio deben dejarse para ser ventilados en el asunto que por esos hechos se adelante. Comoquiera que ante la advertencia de ese dislate corresponde a la Sala la respectiva correcci�n, de la siguiente manera se procede: Si la A quo opt� por escoger el m�ximo de pena previsto en el cuarto m�nimo de movilidad, que va de 12 a 30, considerando a la saz�n los tres fundamentos de gravedad y de dolo elevado en una misma magnitud de afectaci�n, porque no hizo discriminaci�n de cu�l de ellos revest�a m�s trascendencia, entenderemos en consecuencia que al l�mite menor de ese cuarto, le hubo de hacer un incremento de 18 meses, a los que entonces habr� de rest�rsele una tercera parte, esto es 6 meses, arrojando un resultado final de 24 meses de prisi�n que habr� de imponerse al se�or EP; por igual t�rmino se condenar� a la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas, surti�ndose de ese modo la modificaci�n al numeral primero de la parte resolutiva del fallo impugnado.
Huelga a�adir que no resulta procedente que la sanci�n a irrogar sea la menor dispuesta en el correspondiente cuarto, debido ello a que: �Es menester recordar que la jurisprudencia de la Sala ha precisado que ni siquiera ante la concurrencia exclusiva de circunstancias de atenuaci�n el fallador est� compelido a imponer el m�nimo de pena, dado que los fundamentos para la individualizaci�n de la sanci�n contenidos en el art�culo 61 lo habilita para apartarse de tal l�mite cuando alguno o algunos de los criterios previstos en el citado precepto hagan presencia.� Sin m�s, la Sala proceder� a modificar en este punto la sentencia recurrida, precisando que la aludida pena accesoria ser� por tiempo igual al de la pena principal.
El segundo problema jur�dico, aunque en espec�fico no fue tratado as� en la apelaci�n, solamente de manera breve dicho, toca indefectiblemente con el principio de congruencia, el cual en juicio del recurrente fue en este caso vulnerado porque la Juez de primera instancia impuso la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de la patria potestad respecto de las dos hijas menores del procesado, siendo que tal aflicci�n no fue concebida en la respectiva oportunidad procesal por parte de la Fiscal�a. En t�rminos precisos, el art�culo 448 de la Ley 906 de 2004 habla de la aludida figura as�: �Congruencia. El acusado no podr� ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusaci�n, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena�.
Como ya otrora fue expuesto por el Tribunal, puede decirse que se trata entonces de un principio rector del derecho procesal penal, cuya esencia radica en la perentoria obligaci�n que tienen los jueces de dictar sentencia ce�ida a los t�rminos se�alados por el �rgano encargado constitucionalmente de la persecuci�n penal, vale decir, solamente por los hechos y tipos penales por los que se investig� y juzg� a una persona y que por lo mismo �es un presupuesto procesal de la acci�n penal, del juicio y de la sentencia de fondo�.
En el marco de la introducci�n de un sistema penal con tendencia acusatoria a partir del Acto Legislativo 03 de 2002, sin querer significar que antes no lo estaba, la Fiscal�a General de la Naci�n, dejando a salvo la aplicaci�n del principio de oportunidad, est� obligada a ejercer privativamente la acci�n penal, esto es, le compete perseguir los hechos que revistan caracter�sticas de punibles y est�n respaldados en elementos de prueba que atestig�en la participaci�n del indiciado en ellos.
Hay entonces una secuencia casi que irrebatible: el ente instructor adelanta, en consuno con polic�a judicial, la investigaci�n previo dise�o del programa metodol�gico, que permitir� o no edificar la hip�tesis delictiva, la que incluye tanto el acontecer hist�rico y su encuadramiento normativo; si los medios probatorios tienen la aptitud de dar cuenta de un grado de conocimiento inferencial de la existencia de la conducta punible y de la autor�a o participaci�n en ella de una persona, concurrir� dicho ente a formular imputaci�n en audiencia que preside un juez de control de garant�as, con lo que el indiciado en compa��a de su defensor mutar� su condici�n a imputado o vinculado formalmente al proceso penal y podr� obtener una rebaja de pena en caso de allanarse a esos cargos.
Acaece luego la acusaci�n entendida como acto complejo �la presentaci�n del escrito y su formulaci�n en vista p�blica-, bien que se llegue a ella por los cauces ordinarios o por los abreviados propios de la justicia premial o de la consensuada, puesto que habr�n de tenerse tanto los allanamientos como los preacuerdos como acusaci�n, lo que se hace ante un juez de conocimiento.
Sin ir m�s all� en la secuencia de la sistem�tica procesal penal, pues el inter�s que convoca la presente alzada es otro �el de la vinculaci�n entre aquellos dos momentos procesales, la imputaci�n y la acusaci�n-, hay que mencionar precisamente que uno de esos v�nculos es el que impone el principio de congruencia, mismo que comporta la garant�a al encausado de que �el proceso transita alrededor de un eje conceptual f�ctico-jur�dico que (�) sirve como marco y l�mite de desenvolvimiento y no como una �atadura irreductible� , por lo que si bien se avala la posibilidad de modificar la calificaci�n jur�dica, esa facultad no es factible sino en tanto observe y preserve el n�cleo central de la imputaci�n f�ctica o conducta b�sica.
Pues bien, tal orden -como lo ha dicho la Corte Constitucional- no es uno que solamente rija las relaciones entre la acusaci�n y la sentencia, su aplicaci�n tambi�n dimana sus efectos al v�nculo entre las audiencias de formulaci�n de imputaci�n y de formulaci�n de acusaci�n, de modo tal que �sta no puede incorporar hechos nuevos, o sea, no enrostrados previamente al procesado.
Es claro entonces que entre la imputaci�n y la acusaci�n tambi�n debe mediar una relaci�n de congruencia, pero es justo determinar en qu� grado y en qu� t�rminos conforme al criterio jurisprudencial m�s evolucionado. En tal sentido es posible que a medida que avanzan las actividades investigativas con la recolecci�n de nuevos elementos materiales probatorios y evidencia f�sica sea necesario ajustar la imputaci�n otrora dise�ada a efectos de precisarla, ello en virtud del principio de progresividad que hace caracterizar a la imputaci�n por su alto grado de flexibilidad, no obstante el tratamiento es dis�mil si de lo que se trata es de variar la calificaci�n f�ctica o hacerlo respecto de la jur�dica.
As�, sobre la primera, ab initio est� vedada la alteraci�n de la facticidad comunicada en la imputaci�n, en tanto que opera como una condicionante de hecho absoluta de la acusaci�n, luego, entre los dos actos debe existir una adecuada relaci�n de correspondencia; entre tanto que en la segunda, la atribuci�n de derecho no predetermina la acusaci�n ni la sentencia, y por ello la Fiscal�a puede introducirle variables en la acusaci�n, momento a partir del cual tales cambios se erigen como l�mite de la sentencia en el �mbito jur�dico y personal como lo demanda el art�culo 448 de la Ley 906 de 2004, esto es, la aludida congruencia jur�dica solamente es exigible entre la acusaci�n y la sentencia, pero lo que es m�s con un car�cter relativo, pues la Judicatura inclusive puede condenar por distintos cargos, siempre que sean atenuados y se respete el n�cleo f�ctico central de la acusaci�n. Entonces debe reconocerse que la variaci�n de la calificaci�n jur�dica no encuentra mayores limitantes, como los que s� pudiera aparejar la reca�da sobre la secuencia hist�rica, porque se itera, a partir de la formulaci�n de imputaci�n se singulariza el supuesto f�ctico con la notificaci�n al indiciado, lo que de suyo implica su vinculaci�n formal al proceso y su cambio de condici�n a imputado, de los hechos jur�dicamente relevantes que lo convocan al proceso, o sea, aquello que es sustancial o importante de su comportamiento y a partir de los cuales ejercer� sus garant�as procesales como el derecho de defensa, y si ello es as�, dicha imputaci�n f�ctica debe ser sim�trica con la acusaci�n a efectos de que tales prerrogativas queden inc�lumes: �Precisamente, en ese sentido, la Sala ha se�alado que la formulaci�n de imputaci�n se constituye en condicionante f�ctico de la acusaci�n, de ah� que deba mediar relaci�n de correspondencia entre tales actos.
Los hechos ser�n inmodificables, pues si bien han de serle imputados al sujeto con su connotaci�n jur�dica, no podr� la acusaci�n abarcar hechos nuevos�� (CSJ SP, rad. 27.518, del 28 de noviembre de 2007). En cambio, la calificaci�n jur�dica que se comunica en la imputaci�n es provisional, y la que se ofrece en el escrito de acusaci�n puede ser modificada en la audiencia de formulaci�n de acusaci�n y en los alegatos finales �nicamente por el fiscal como titular de la pretensi�n penal y solamente para resolver con criterio favorable la situaci�n jur�dica del procesado en la medida en que con esa decisi�n no se afecten garant�as fundamentales.
Este acto complejo se constituye as� en referente necesario e indispensable para definir la congruencia entre acusaci�n y sentencia. (�) Por lo mismo, no se puede aceptar, como lo pretende el defensor, que la formulaci�n de cargos realizada en la audiencia de imputaci�n, sea un acto inmodificable que formal y materialmente define con vocaci�n de permanencia el contenido de los actos posteriores del proceso, hasta impedirle a la fiscal�a moldear el n�cleo de la conducta de acuerdo con la din�mica del proceso, mediante la inclusi�n de la totalidad de circunstancias que acompa�an a la conducta y no solamente de las enunciadas en el escrito de acusaci�n. En este sentido, al identificar la relaci�n progresiva entre la imputaci�n de cargos y la sentencia, la Sala ha se�alado que: � �Lo anterior no conlleva a una inmutabilidad jur�dica, porque precisamente los desarrollos y progresividad del proceso hacen que el grado de conocimiento se incremente, por lo tanto es posible que la valoraci�n jur�dica de ese hecho, tenga para el momento de la acusaci�n mayores connotaciones que implican su precisi�n y detalle, adem�s, de exigirse a�n la imposibilidad de modificar la imputaci�n jur�dica, no tendr�a sentido que el legislador hubiera previsto la formulaci�n de imputaci�n como primera fase y antecedente de la acusaci�n.� (CSJ.
SP. radicados12.768 de 2003; 14.470 de 2004, y 22.314 de 2004) En ese orden, de acuerdo con la estructura del proceso penal, la acusaci�n es un acto d�ctil que permite incluso, sin causar infracci�n al debido proceso, condenar por �delitos� distintos al formulado en la acusaci�n, siempre y cuando, (i) la nueva imputaci�n corresponda a una conducta del mismo g�nero (ii) se trate de un delito de menor entidad, y (iii), la tipicidad novedosa respete el n�cleo f�ctico de la acusaci�n, entre otros presupuestos (CSJ.
AP, radicado 40.675, 18 de dic, de 2013). Por lo mismo, es insensato pensar que no se pueda circunstanciar la conducta en la formulaci�n de la acusaci�n y en los alegatos finales, m�xime cuando el n�cleo f�ctico de la acusaci�n se mantiene.� (Negrillas fuera del texto original) Por eso es que adem�s el escrito de acusaci�n puede ser aclarado, adicionado y corregido a fin de decantar de forma suficiente, certera y actual el marco en el que actuar� subsiguientemente el ente instructor, �entendiendo que corregir significa enmendar lo errado; aclarar es disipar o quitar lo que ofusca la claridad o transparencia de algo, y adicionar implica a�adir una parte o un complemento a algo, de suerte que so pretexto de esas actividades no se puede en la audiencia de formulaci�n de acusaci�n desconocer el n�cleo f�ctico natural�stico de la imputaci�n�; entonces, es a partir de que ha quedado formulado el acto complejo de la acusaci�n que se activa a plenitud la garant�a del art�culo 448 del estatuto adjetivo penal.
Ahora bien, teniendo claro que cuando la ley dispone como uno de los requisitos para una cabal formulaci�n de imputaci�n el de la exposici�n de los hechos jur�dicamente relevantes, lo que est� se�alando es que constituye deber de la Fiscal�a el de realizar con razonada ponderaci�n la denominada adecuaci�n t�pica del comportamiento, operaci�n que incluye todos los elementos que estructuran el tipo penal, esto es, el precepto que es la descripci�n que el legislador hace en su proceso de criminalizaci�n primaria al elevar a rango delictivo una determinada acci�n humana, m�s lo concerniente a la pena con todas los aspectos circunstanciales que en ella inciden.
Esto �ltimo cobra fundamental importancia en la medida en que quien es sujeto pasivo de la acci�n penal del Estado, adquiere conocimiento de las consecuencias jur�dicas derivadas de su conducta, pero adem�s le permite ejercitar el derecho que tiene a participar activamente en la soluci�n del trance judicial al que est� sometido a trav�s de las v�as abreviadas de terminaci�n del proceso.
Solamente si de forma cabal sabe de la sanci�n que la ley tiene dispuesta para el delito del que es imputado o acusado podr�a leg�timamente embarcarse con su admisi�n de responsabilidad en una de las formas que el ordenamiento tiene previstas dentro del llamado sistema premial de justicia. D�gase entonces que, por lo visto, la especificaci�n de la pena por parte de la Fiscal�a se torna en presupuesto indispensable para que el juez pueda a la postre imponerla.
No obstante, impera precisar que tal t�pico, as� con esa exigencia expuesta, aplica s� para las penas conocidas en doctrina como �obligatorias� o �autom�ticas�, pero no para las que se distinguen como �discrecionales o facultativas�, teniendo presente que las primeras, como su nombre lo indica, deben ser inexcusablemente irrogadas por el Juez para la persona condenada, obligaci�n que no deviene imperativa cuando de las segundas se trata.
Precisamente el que las penas accesorias o tambi�n identificadas como �privativas de otros derechos� sean catalogadas como �facultativas�, no solamente entra�a la discrecionalidad que tiene el juzgador para imponerlas, seg�n que el caso amerite de conformidad con las directrices previstas a partir del art�culo 45 del C�digo Penal, sino que implica una gesti�n reservada con exclusividad al funcionario judicial que luego de examinar los pormenores develados en la actuaci�n, se persuadi� de que con la pena principal resulta insuficiente para los prop�sitos consagrados en el art�culo 4 ib�dem y que, en consecuencia, debe echar mano a una reprensi�n adicional a trav�s de las penas accesorias.
Oportuna es la ocasi�n para citar lo consignado en un salvamento de voto ofrecido en el contexto de una discusi�n suscitada en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, aunque controversia distinta al punto en concreto que nos convoca en esta oportunidad -pues all� se ofreci� pol�mica sobre si a las penas accesorias debe aplic�rseles el sistema de cuartos-, pero que dada la utilidad porque ofrece un estudio integral del tema que estamos abordando, reproducimos algunos de sus apartes: �Del art�culo 52 de la codificaci�n citada se extrae que la aludida clase de pena -hace alusi�n a las penas restrictivas de otros derechos- solo puede ser aplicada por el juez (i) con ocasi�n de la imposici�n de una pena principal y (ii) siempre que entre la realizaci�n del delito y el contenido de la pena accesoria exista una �relaci�n directa�, valga decir, se verifique un v�nculo estrecho entre su contenido y la conducta punible cometida.
De otro lado, si bien originalmente el legislador consider� que en quien reca�a una condena de prisi�n era indigno y, por tanto, estableci� la restricci�n para el ejercicio de algunos delitos pol�ticos y, principalmente, para desempe�ar cargos p�blicos, lo cual explica la existencia de ciertas penas accesorias denominadas obligatorias o �autom�ticas�, aquella visi�n evolucion� hacia un concepto preventivo, cuyo prop�sito es conjurar el riesgo de reiteraci�n de delitos que de forma directa tengan relaci�n con determinadas actividades o derechos, finalidad que sustenta la aplicaci�n de las llamadas penas accesorias discrecionales o �facultativas�.
(�) Ahora, como se se�al� p�rrafos atr�s, las penas accesorias, en cuya imposici�n el juez goza de un margen de apreciaci�n motivado, no hay una determinaci�n legislativa absoluta del aspecto cuantitativo. Este es flexible, al punto que corresponde al juzgador determinar en qu� casos resulta necesaria su imposici�n, atendiendo las particularidades del asunto concreto, obviamente respetando las pautas establecidas en la ley -art. 52, inc. 1� C.P.- y considerando que aquellas tienen una marcada finalidad preventiva, en tanto que con su aplicaci�n se pretende precaver la afectaci�n futura de bienes jur�dicos concretos mediante la restricci�n de un derecho o prerrogativa, distintas a las que resultan limitadas con la aplicaci�n de la sanci�n principal -con injerencia en la libertad personal y el patrimonio econ�mico-.
(�) Por tanto, sin desconocer que las penas principales de prisi�n y multa, as� como las restrictivas de otros derechos cuando est�n previstas como tales, am�n de la funci�n de retribuci�n justa que apareja la realizaci�n del delito, tambi�n cumplen fines preventivos -generales y especiales-, bien puede suceder en determinados casos que la limitaci�n de la libertad y el patrimonio, producto de la sanci�n principal, no sean medidas suficientes para proteger ciertos bienes jur�dicos de ulteriores conductas desviadas por parte del condenado.
En tal virtud, la concreta armonizaci�n de las finalidades preventivas de la pena con el principio de proporcionalidad (arts. 3� inc. 1� y 4� del CP), impone la necesidad de ampliar esa cobertura con la aplicaci�n de sanciones adicionales. (�) Ahora, la limitaci�n del principio de estricta legalidad de la pena en punto de la elegibilidad de la sanci�n accesoria facultativa, se explica en que �no en todos los casos es justificado desde el punto de vista de prevenci�n, proporcionalidad y la necesidad de la pena, preestablecer efectos agregados a los contemplados por las penas principales frente a un determinado hecho punible, sin considerar las circunstancias y caracter�sticas concretas de su realizaci�n�.
En esa medida, si la ley atribuye al juez la facultad reglada de imponer o no cierta pena accesoria, cuando la restricci�n de otros derechos se ofrezca necesaria para cumplir sus fines preventivo-especiales de protecci�n al inter�s jur�dico, tambi�n emerge razonable que en su determinaci�n cuantitativa aquel tenga posibilidad, atendidas las particularidades del caso, de fijar la cantidad de sanci�n que, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y razonabilidad, se requiera para que se obtenga el prop�sito perseguido, sin que para esa labor deba acudir al sistema de cuartos�. (Lo destacado fuera del texto original).
Como viene de verse, aspecto destacado de ese examen es aquel que pone de manifiesto la potestad funcional de imponer mutuo proprio al juez de conocimiento las penas accesorias, tarea que est� legitimada en la medida en que por reserva judicial le compete exclusivamente a dicho funcionario el establecimiento, en primer lugar, del nexo existente entre la medida punitiva discrecional y la conducta punible, luego la verificaci�n de la necesidad de imponerlas porque las sanciones principales resultan insuficientes de acuerdo a los fines de la pena legalmente procurados y, finalmente, que con esas adicionales aflicciones se intenta evitar la reiteraci�n del delito en el marco de la prevenci�n especial.
Huelga decir que esa facultad discrecional solamente la ejerce el juez, sin que para materializarla est� supeditada al anuncio previo en la imputaci�n. Concebirlo de otra manera es tanto como despojar al juzgador de la posibilidad de acopiar todos los medios posibles destinados al cumplimiento cabal de los objetivos buscados con la imposici�n de la pena.
Con el norte de que las penas accesorias pueden o no imponerse y que tal misi�n luce como una potestad exclusiva del Juez, lo que s� refulge como deber para �l es la motivaci�n acerca de su necesidad para el asunto que define, de donde se derive, fundamentalmente, que lo buscado es la aplicaci�n, entre todos los fines atribuidos a la sanci�n punitiva en el ya mentado art�culo 4, de la prevenci�n especial, entendida ella como el objetivo de evitar que para el caso en concreto la conducta delictuosa que se juzga no ofrezca el riesgo de la reiteraci�n. Por manera que, si bien resulta incuestionable la potestad pose�da por el juez para la imposici�n de las sanciones accesorias, impera advertir que dicha prerrogativa legal solamente halla legitimaci�n en tanto con razonado criterio el sentenciador consigne en el fallo las motivaciones que lo alentaron a imponer el adicional gravamen, exigencia que se explica por la entidad de la medida, nada menos que la restricci�n de un derecho por v�a judicial, de la misma manera como se demanda la sustentaci�n para las penas principales seg�n las voces del art�culo 59 del C�digo Penal.
Tal aserto encuentra oportuno apoyo de autoridad en la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un asunto de similares supuestos al que ahora nos concita, as�: �El representante del Ministerio P�blico tiene raz�n cuando sostiene que la pena accesoria de suspensi�n de la patria potestad impuesta al condenado, adolece de falta absoluta de motivaci�n, y que su aplicaci�n en las anotadas condiciones viola el debido proceso.
Muchas han sido las oportunidades en que la Sala ha llamado la atenci�n sobre el hecho de que la �nica pena accesoria de imposici�n obligatoria cuando la sanci�n principal es prisi�n, es la de interdicci�n de derechos y funciones p�blicas, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 52 del C�digo Penal. Las dem�s relacionadas en el art�culo 43 del mismo ordenamiento, son de imposici�n discrecional por parte del juzgador, quien las aplicar� atendiendo los criterios relacionados en el art�culo 61 ib�dem, con indicaci�n en cada caso de los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan, pues �stas, se insiste, no operan de forma autom�tica.
La obligaci�n de motivar la imposici�n de la pena surge del contenido del art�culo 59 del C�digo Penal. Este mandato legal exige que toda pena � en ello no se diferencian las principales de las accesorias- debe responder a una motivaci�n espec�fica, que la legitime en aspectos cualitativos o cuantitativos. Esta implica un ejercicio argumentativo basado en las reglas que rigen la pena, los principios que la inspiran y las razones por las que en el caso concreto se llega a la determinaci�n final de su imposici�n. La aplicaci�n de estos criterios moduladores significa que la argumentaci�n no puede fundarse en la �ntima convicci�n del juez, ni en la intuici�n, ni en la sospecha, sino en las pruebas legalmente practicadas, y en el significado jur�dico de los hechos probados.
De alejarse el juez de estos par�metros ingresar� en la proscrita arbitrariedad. Debe entenderse que la imposici�n de una pena accesoria conlleva la privaci�n de un derecho, que puede ser limitado si se establece en el proceso que el condenado abus� de �l, o que su ejercicio facilit� la realizaci�n del punible, o que su restricci�n se torna aconsejable para prevenir conductas similares a la que es objeto de condena.
De all� que la discrecionalidad de su imposici�n est� atada a su MOTIVACI�N. En trat�ndose de la pena accesoria de suspensi�n de la patria potestad, su imposici�n debe tener por fundamento la existencia de un nexo causal entre los hechos constitutivos del delito y el ejercicio de las funciones de representaci�n legal y de administraci�n de los bienes de los hijos por parte del procesado, que puedan ponerlos en peligro.
Por no ser com�n a toda clase de delitos, ni para todos los procesados, es necesario precisar su viabilidad y pertinencia, consultando la naturaleza del hecho punible, el grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuaci�n y agravaci�n concurrentes y la personalidad del sentenciado, en aras de determinar su aptitud para continuar ligado al ejercicio de los derechos familiares, en la medida en que la formaci�n integral y tranquilidad de sus hijos no se vea afectada�.
En la referida ocasi�n la Corte dispuso �dejar sin efecto la pena accesoria� en cuesti�n, con fundamento en que no cumpli� el Juzgador con los discriminados par�metros y eso que dicho funcionario judicial atin� en esbozar, muy lac�nicamente, que tal sanci�n se irrogaba con el fin de �evitarse de cualquier manera que repita ese comportamiento en relaci�n con un menor de edad�.
En el presente caso, la A quo no hizo la menor menci�n de las razones que la llevaron a imponer la suspensi�n de la patria potestad a la persona que conden� cual era su deber, nada dijo acerca de la relaci�n de los hechos con la medida punitiva adicional irrogada y menos justific� los motivos que la persuadieron a calcular el tiempo que durar�a la restricci�n de ese derecho; inmotivada y lapidariamente se limit� a referir que �seg�n el art�culo (sic) 44 del C�digo Penal igualmente se le impone como pena accesoria la inhabilidad para el ejercicio de sus hijas seg�n lo dispone el art�culo 47 del C.P.�.
Tal inexplicable omisi�n funcional se torna m�s reprochable a�n, si en cuenta se tiene que la historia procesal ofrece clara y valiosa informaci�n sobre cuyas bases bien pudo edificarse con s�lidos argumentos la procedencia legal de la aludida pena accesoria, pero que, como sobrar�a decirlo, vedado est� a esta Corporaci�n suplir la falencia argumentativa avizorada en la primera instancia, cuanto m�s si de hacerlo devendr�a una afrenta a la estructura procesal en su esencia, sin que los sujetos procesales, en particular la defensa del procesado, tenga la oportunidad de la confrontaci�n. Los asertos precedentes en nada se afectan por el conocimiento que el Tribunal tiene de algunos precedentes jurisprudenciales, en espec�fico los distinguidos con los radicados 42536 de 2014 y 43881 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde esa alta Corporaci�n admiti� la legalidad de la imposici�n de la pena accesoria de privaci�n a la tenencia o porte de armas de fuego.
Debe advertirse que si bien en efecto as� fue decidido, ello acaeci� como una situaci�n muy excepcional, dada la innegable e incontrovertible relaci�n entre la clara facticidad que estructur� el delito y la sanci�n a irrogar, pero fue la Corte insistente que cuando tal evidente nexo no se muestra con esa meridiana claridad, sin justificaci�n alguna se impone la sustentaci�n como fundamento de legitimidad de la pena accesoria impuesta.
Evidente es que tal excepcional permisi�n no opera para el caso que en esta ocasi�n nos concita. Queda faltando, sin dudarlo, suministrar las razones que, al margen de la explicable impresi�n que prima facie los reprochados actos que aqu� se juzgan puedan generar, justifiquen la imposici�n de ese adicional gravamen. Sin embargo, ya para terminar, resulta aconsejable que la particular situaci�n de las menores de edad sea examinada por el Instituto de Bienestar Familiar, tras la realizaci�n de gestiones administrativas propias de su rol y la determinaci�n final de las medidas protectoras a que haya lugar, si es que se requieren, las que, hay que decirlo, no existen constancias procesales que aqu� se hayan procurado.
As�, atendiendo el pedimento del recurrente la Sala proceder� a revocar la parte final del numeral 1� de la parte resolutiva de la sentencia objeto de inconformidad, en el sentido de dejar sin efecto la imposici�n de la p�rdida de la patria potestad que como pena accesoria por el tiempo igual al de la sanci�n principal se irrog� al condenado de este asunto.
Decisi�n En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, Resuelve Primero. Modificar el numeral primero de la sentencia impugnada y en su lugar condenar al se�or JPEP a la pena de prisi�n de 24 meses. Por igual t�rmino se condena por la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas.
Segundo. Revocar lo decidido en la parte final del numeral primero de la sentencia impugnada y en consecuencia dejar sin efecto la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de la patria potestad impuesta en primera instancia. Tercero.- Oficiar al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, a fin de que si es del caso, disponga de las determinaciones que correspondan en atenci�n a la situaci�n de los menores hijos del procesado, de conformidad con lo se�alado precedentemente.
Esta decisi�n se notifica en estrados y contra ella procede el recurso extraordinario de casaci�n, el cual deber� ser presentado dentro de los 5 d�as siguientes a su notificaci�n, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 98 de la Ley 1395 de 2010. C�piese y c�mplase. Franco Solarte Portilla Magistrado Blanca Lidia Arellano Moreno Silvio Castrill�n Paz Magistrada Magistrado Juan Carlos �lvarez L�pez Secretario CSJ SP, 21 julio 2009, Rad. 32099. Casaci�n Penal.
Febrero 27 de 2001. Tribunal Superior de Pasto, Sala de Decisi�n Penal, sentencia del 12 de octubre de 2016, radicado n�mero interno 3626. Folio 12 y siguientes de la carpeta Folios 109 y siguientes de la carpeta CSJ SP, 9 jun 2008, Rad. 29250. Ver providencia del 15 de noviembre de 2016, radicado n�mero interno 10014, Magistrado ponente, Franco Solarte Portilla. Fierro-M�ndez, Heliodoro.
La imputaci�n y la acusaci�n en el sistema penal acusatorio, segunda edici�n. Leyer. Bogot�. P�gina 353. CSJ SP, 29 julio 1998, Rad. 10827. C-025 de 2010. CSJ SP, 28 nov 2007, Rad. 27518; CSJ SP, 30 oct 2008, Rad. 29872; CSJ SP, 5 sep 2012, Rad. 39799; CSJ SP, 3 julio 2013, Rad. 36467, entre otras. CSJ SP, 11 feb 2015, Rad. 39.894. CSJ SP, 28 mayo 2014, Rad.42357. CSJ SP, 22 junio 2016, Rad. 42720. Art�culo 52, inciso 3� del C�digo Penal; art�culo 163 de la Ley685 de 2001; y art�culo 24 de la Ley 1257 de 2008. Salvamento de voto presentado por los honorables magistrados Fernando Alberto Castro Caballero y Jos� Leonidas bustos Mart�nez, dentro del asunto radicado con el n�mero 46390, providencia del 9 de septiembre de 2015. CSJ SP, 21 oct 2009, Rad. 31.399. Como de igual modo y por id�nticas razones lo hizo en el asunto radicado con el n�mero 44759 del 13 de julio de 2016, con ponencia de la Magistrada Patricia Salazar Cu�llar. Sentencia de Segunda Instancia SPA Radicaci�n: 2013- 10108 N.I. 13421 Condenado: JPEP M. P. Franco Solarte Portilla PAGE PAGE 2 DLaij{���������ǫ�s�WsWs;s;Ws7hR�h�M�5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 7hR�h�*�5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 7hR�h�?�5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 7hR�h�|�5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 7hR�h<K�5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 7hR�h.l-5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 7hR�h�/�5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH � � �������,^�������{{ff$d��5$7$8$9DH$a$gdb]%dh�5$7$8$9DH$gdb]%$dh�5$7$8$9DH$a$gdb]% �(dh�5$7$8$9DH$gd�� $d��&d 5$7$8$9DH$P�� a$gdTp�$d��5$7$8$9DH$a$gd �$d��5$7$8$9DH$a$gdq=� ���� * C D F k y � � � � � ����㫏}k}YGYGY5Y#hR�h��CJOJQJ\�^JaJ#hR�hM�CJOJQJ\�^JaJ#hR�h�?�CJOJQJ\�^JaJ#hR�h<K�5�CJOJQJ^JaJ#hR�h�D5�CJOJQJ^JaJ7hR�h�D5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 7hR�h�?�5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 7hR�h�*�5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 7hR�hi�5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH � � � � � � � � � # $ % 3 ��ʹʨ�rWrWr<4hR�h�8fCJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h>CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h. lCJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h�`zCJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH hR�h. lCJOJQJ^JaJ hR�hM�CJOJQJ^JaJ hR�h�?�CJOJQJ^JaJ#hR�h�?�CJOJQJ\�^JaJ#hR�h;}CJOJQJ\�^JaJ 3 > I � q r s ~ � �ʯ�y^C(C4hR�h]JCJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h�CACJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h1OCJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h�9�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h�5HCJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h�#�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h�8fCJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h�Z�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH � � � � � � � ' L o p � � �ʯ��y^y^y�C(4hR�hT<ZCJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h�u�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h�u�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h�N�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h =!CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h�CACJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h R�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hR�h�TCJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH � � � � � � � FG��ʭ�sV9V9�8h�! 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