Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 523566000513201600046-1 N.I. 18813

Sala: PENAL

Ponente: Silvio Castrillón Paz

Fecha: 2017-01-17

Sujetos procesales: PROCESADO: EACM

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HECHOS DE IMPORTANCIA PARA LA DECISI�N De la sentencia condenatoria de fecha 19 de agosto de 2016, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales � Nari�o, se extraen los siguientes hechos jur�dicamente relevantes: �En C, el 20 de septiembre de 2007, el se�or EACM, actuando como Alcalde Municipal de C, consign� una falsedad al expedir la certificaci�n de 20 de septiembre de 2007, en la que se hace constar que revisados los presupuestos municipales correspondientes a las vigencias fiscales 2003, 2004 y 2005, exist�a disponibilidad presupuestal para celebrar con la ingeniera MPCBs, los contratos que se relacionan en la constancia. La informaci�n consignada es falsa, porque la disponibilidad presupuestal nunca fue expedida por el cargo de T�cnico C�digo 401 grado 02 o Tesorero Municipal, autoridad competente conforme a manual de funciones contenido en resoluci�n 072 de 1 de agosto de 2002 de la Alcald�a Municipal de C, que una vez expedida tampoco fue registrada, conforme lo ordena el art. 71 del decreto 111 de 2006.

La certificaci�n fue expedida por el se�or EACM en ejercicio de sus funciones, y fue utilizada como prueba en proceso ejecutivo contractual adelantado por MPCB en contra del MUNICIPIO DE C, radicado con el No. 2007-00195 del Juzgado Segundo Administrativo del Distrito de Pasto. Dentro del mencionado proceso, en C, el 30 de noviembre de 2007, el alcalde omiti� contestar la demanda ejecutiva, cuando el mandamiento de pago se libr� el 29 de octubre de 2007, y fue notificado personalmente.

As� las cosas el se�or EACM, en su condici�n de Alcalde Municipal de C, omiti� cumplir un acto propio de sus funciones. En vista de que la demanda ejecutiva nunca fue contestada, en fecha 17 de diciembre de 2007, el Juzgado Segundo Administrativo del Distrito de Pasto, profiere sentencia ordenando seguir adelante con la ejecuci�n como lo dispuso el mandamiento de pago y se practicaron las medidas cautelares en contra del Municipio de C, que relaciona la fiscal�a en la formulaci�n de imputaci�n. Acorde con lo anterior en Ipiales, el se�or EACM (sic), el 19 de julio de 2012, se apropi� a favor de un tercero, en este caso la ingeniera MPCB, de la suma de $8.500.000, al certificar en forma contraria a la realidad como suma adeudada dentro del contrato de interventor�a de fecha 1� de enero de 2003, cuando en realidad se deb�an $5.000.000, dineros que egresaron de la cuenta 3480600004-2 del Banco Agrario de Ipiales, cuyo titular es el Municipio de C, provenientes del SGP�.

ACTUACI�N PROCESAL Por los hechos descritos anteriormente, el d�a 02 de marzo de 2016 la Fiscal�a formul� imputaci�n por el delito de Peculado por Apropiaci�n, tipificado en el art�culo 397 del C.P., a t�tulo de coautor, modalidad dolosa, verbo rector apropiarse, en concurso con los delitos de Falsedad Ideol�gica en Documento P�blico, tipificado en el art�culo 286 del C.P, a t�tulo de autor, en modalidad dolosa, verbo rector consignar y el de Prevaricato por Omisi�n previsto en el art�culo 414 del C.P, en modalidad dolosa, a t�tulo de autor, verbo rector omitir.

En ese momento procesal la Fiscal�a ofreci� al se�or EACM una rebaja de la mitad de la pena si se allanaba a los cargos, a lo cual �l respondi� que s� los aceptaba, decisi�n que manifest� haberla tomado de manera libre, consciente y voluntaria. En ese mismo estadio, la Fiscal�a solicit� medida de aseguramiento consistente en detenci�n preventiva intramural, por concurrir los requisitos legales y constitucionales para tal fin.

Despu�s de analizar los argumentos de la Fiscal�a y verificados los EMP, la Judicatura concluy� que exist�an tres delitos que le fueron imputados al se�or EAC, respecto de los cuales el imputado acept� cargos; que exist�an otros procesos pendientes en su contra, y que tambi�n se encontraban pendientes otras condenas. Por lo tanto, para evitar evasi�n al proceso o el accionar de la justicia, se decidi� imponer medida de aseguramiento de detenci�n preventiva en establecimiento carcelario en contra del imputado.

Posteriormente en audiencias realizadas antes del proferimiento de la sentencia hoy apelada, el allanamiento a cargos fue aprobado, por lo cual, se prosigui� al tr�mite correspondiente a la individualizaci�n de la pena y lectura de la sentencia, diligencias que correspondieron al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales. LA SENTENCIA APELADA La Jueza Segunda Penal del Circuito de Ipiales � Nari�o arguy� que teniendo en cuenta la existencia del fen�meno post-delictual del allanamiento o aceptaci�n de cargos que realiz� el procesado hizo respecto de los cargos a �l enrostrados por la Fiscal�a General y c�mo �sta manifestaci�n se traduce en un expresa aceptaci�n de la conducta que da cuenta de la existencia del delito y la culpabilidad del sujeto, quien al momento de realizar dicho allanamiento fue asistido por su defensor y se encontraba plenamente consciente y que adem�s dicho allanamiento tuvo ocurrencia en desarrollo de la audiencia preliminar de formulaci�n de imputaci�n, actitud que se consider� determinante para ahorrar tiempo a la judicatura en la b�squeda de la verdad y definici�n del proceso, por ende comport� una rebaja de la pena imponible que pod�a ir en su m�xima expresi�n hasta la mitad de �sta.

Aclar� que sobre el procesado CM no reposaron circunstancias de mayor ni de menor punibilidad, situaci�n que hizo que al dividir el �mbito punitivo de movilidad en cuartos, la judicatura se ubique en el cuarto m�nimo; sin embargo aument� la pena en 9 meses, al considerar que la conducta sancionada fue grave, pues el imputado se apropi� de recursos estatales radicados en el Municipio de C, a favor de terceros, lo que gener� gran impacto entre los moradores de dicho ente territorial.

Por lo anterior, la Judicatura resolvi� condenar al se�or EACM a la pena principal de CUARENTA Y SEIS (46) MESES y QUINCE (15) d�as de PRISI�N, multa equivalente a $4.900.550 y la inhabilitaci�n de derechos y funciones p�blicas por el mismo t�rmino de la pena principal, as� mismo se lo conden� a la inhabilidad constitucional intemporal a que hace referencia el inciso 5 del art�culo 122 de la C.N., que lo priva del derecho a ser inscrito como candidato a cargos de elecci�n popular, ser elegido, ser designado servidor p�blico ni celebrar personalmente o por interpuesta persona, contratos con el Estado.

Respecto a la concesi�n de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, record� que seg�n el art�culo 63 del C�digo Penal, existen 2 requisitos para poder otorgar el beneficio de la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena, los cuales deben concurrir de manera simultanea y que son: que la pena impuesta no supere los 3 a�os de prisi�n y que de la naturaleza y modalidad de la conducta, as� como de la personalidad del condenado, se pueda inferir que la ejecuci�n de la pena no es necesaria.

As�, afirm� que resulta obvio que el primer requisito no se cumple, pues la pena impuesta al condenado supera en gran medida el monto antes mencionado, por cuanto consider� que no es necesario revisar el otro requisito. APELACI�N Intervenci�n del Recurrente. El se�or Fiscal 23 Seccional de Ipiales de la Unidad Especial de Delitos Contra la Administraci�n P�blica, doctor GERM�N TREJO NARVAEZ, haciendo uso del recurso de alzada en contra de la sentencia condenatoria de fecha 19 de agosto de 2016, donde se conden� al se�or EACM, precis� que el motivo de inconformidad se centra en NO compartir los aspectos de dosificaci�n de la pena.

La Fiscal�a se�al� que para efectos de dosificar la pena y al tratarse de un concurso de delitos, la A quo parti� del delito de Peculado por Apropiaci�n como el m�s grave, que tiene una pena de prisi�n de 64 a 180 meses; seguidamente estableci� los cuartos en los que se mover�a y luego fij� la pena en el cuarto m�nimo (de 64 a 93 meses), dentro del cual increment� el m�nimo previsto en dicho cuarto en 9 meses, para tener como punto de partida 73 meses; que para fijar dicho incremento consider� los factores establecidos en el inciso 3� del articulo 61 del C.P., como son la gravedad de la conducta, el da�o real causado, la modalidad en que se perpetr� el hecho y la necesidad de la pena.

Por todo esto catalog� la conducta como grave. Frente a los anteriores argumentos, la Fiscal�a consider� que una vez establecido el �mbito de movilidad, como en efecto se hizo, se deben valorar en concreto los criterios establecidos en el inciso 3� del art�culo 61 del C.P., con el fin de determinar el monto de la pena; sin embargo, insisti� en que la Jueza al imponer la pena (incrementar el cuarto m�nimo en 9 meses) no estudi� detalladamente dichos criterios.

Por tanto la Fiscal�a en su escrito de sustentaci�n del recurso de alzada los discrimin� de manera detallada cada uno de ellos. 1.- De la mayor gravedad de la conducta: Indic� que la gravedad de la conducta hace referencia a la peculiaridad del delito, que hace que sea m�s reprochable; en este caso en concreto afirm� que se trata de una persona con excelente formaci�n acad�mica, con especializaciones en materia de administraci�n y econom�a, con amplia experiencia en el sector p�blico, por lo cual deb�a observarse por su parte un comportamiento conforme a derecho; insisti� que, contrario a esto, el imputado abus� del conocimiento t�cnico de la administraci�n e hizo uso de su t�cnica para defraudar el presupuesto del Municipio de C; para esto se vali� de maniobras como no contestar la demanda ejecutiva presentada por la se�ora MPCB, consignar una falsedad en una certificaci�n y, finalmente, apropiarse de recursos del presupuesto del ente territorial en menci�n. Afirm� el impugnante que todo esto denota una mayor connotaci�n o gravedad de la conducta, que debe ser considerada a la hora de dosificar la pena. 2.- El da�o real o potencial creado: En cuanto a este criterio, la Fiscal�a arguy� que el acusado es una persona con excelente formaci�n profesional y amplia experiencia en el campo de la administraci�n p�blica, y que esos conocimientos fueron utilizados para que varios actos que realiz� durante su administraci�n como Alcalde del Municipio de C se prolongasen en el tiempo y aseguraran resultados a largo plazo, para este caso el resultado fue la apropiaci�n de recursos.

Insisti� nuevamente el Fiscal delegado que este es un factor de gran importancia para considerar al momento de dosificar la pena 3.- La intensidad del dolo: Afirm� el impugnante que es evidente que hubo una planificaci�n de la ejecuci�n de la conducta, que existieron maniobras enga�osas tendientes a obtener como resultado la apropiaci�n de recursos del Estado, esto denota que existi� una mayor intensidad del dolo, mayor ponderaci�n, preparaci�n y voluntad para ejecutar la conducta. 4.- La necesidad de la pena: Arguy� el Fiscal que debido a que el lugar donde se presentaron los hechos es un municipio peque�o, donde la comunidad presta mayor atenci�n al comportamiento de las personas que los gobiernan, es necesario que la pena a imponer sea ejemplar, esto con el fin de evitar que futuros gobernantes incurran en conductas similares; esto en torno a la prevenci�n general.

Ya en cuanto a la prevenci�n especial, afirm� que una sanci�n ejemplar evitar�a la reca�da en el delito, teniendo en cuenta que el acusado es un profesional de la administraci�n p�blica, que cuenta con un amplio prontuario delincuencial por delitos similares. Insisti� el impugnante, que sumado a esto, lo que busca es que la sanci�n genere confianza y seguridad en el sistema.

Concluy� entonces que, para efectos de dosificar la pena en el caso en estudio, la A quo debi� partir del cuarto m�nimo previsto en la ley para el delito de Peculado por Apropiaci�n y dentro de dicho cuarto aplicar el m�ximo e incrementarlo en 12 meses por el delito de Falsedad Ideol�gica en Documento P�blico y en 8 meses por el Prevaricato por Omisi�n, para un quantum de 113 meses de prisi�n y sobre este hacer la rebaja de la pena por allanamiento a cargos.

Fue as� como la Fiscal�a pidi� se modifique la decisi�n impugnada en ese t�pico teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.. PROBLEMA JUR�DICO A RESOLVER 1.- �Ha sido tasada de manera adecuada la pena impuesta al se�or EACM, teniendo en cuenta que la Fiscal�a no imput� circunstancias de mayor ni menor punibilidad? CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia. Esta Corporaci�n es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido en el numeral 1� del art�culo 34 de la Ley 906 de 2004 - C�digo de Procedimiento Penal.

Cuestiones Preliminares El presente asunto se ha surtido por las ritualidades de la Ley 906 de 2004, que desarrolla los principios b�sicos de un modelo o sistema penal de estirpe acusatorio, tambi�n llamado adversarial, de contradictores o de partes. Este pretende finiquitarse a trav�s de un mecanismo anticipado y alternativo de sentenciamiento, como lo es el del allanamiento unilateral a cargos, previsto en los art�culos 350 y siguientes del C�digo de Procedimiento Penal, debido a que el imputado EACM acept� simple y llanamente su responsabilidad como autor material de los tres (3) delitos que se le ven�an enrostrando desde la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, renunciando as� al tr�mite del juicio oral, p�blico, contradictorio, en igualdad de condiciones con la Fiscal�a y con pr�ctica de pruebas inmediadas por el Juez de conocimiento; todo lo anterior con miras a la obtenci�n de un beneficio punitivo, consistente en la rebaja de hasta la mitad de la pena a imponer en este caso concreto.

El motivo de disenso del Fiscal del caso se reduce a la tasaci�n de las penas principales y accesorias impuestas, las cuales considera resultan bajas frente a la connotaci�n jur�dica que tuvieron los hechos en la poblaci�n donde fueron cometidos, yerro que �en su sentir- ha ocurrido porque en el Juzgado de Conocimiento no fueron debidamente valorados en concreto los criterios establecidos en el inciso 3� del Art�culo 61 del C�digo de Procedimiento Penal.

Para resolver el asunto con la debida correcci�n jur�dica, lo primero que debe recordar la Sala es que la condena anticipada contra EACM se profiere por un concurso delictual que involucra tres (3) figuras punitivas atentatorias de la administraci�n y la fe p�blicas; se trata de los delitos de PECULADO POR APROPIACI�N (art�culo 397 inciso 3 del C�digo Penal), FALSEDAD IDEOL�GICA EN DOCUMENTO P�BLICO (Art�culo 286 �dem.) y PREVARICATO POR OMISI�N (art�culo 414 de la misma codificaci�n penal sustantiva).

En segundo lugar, como quiera que la v�a de soluci�n del conflicto es el allanamiento o aceptaci�n de cargos, el Juzgador de Conocimiento se encuentra en el deber jur�dico de tasar la pena bajo los criterios b�sicos orientadores de la sistem�tica penal vigente, para el caso debe respetar la ecuaci�n establecida por el legislador en el art�culo 31 para aplicar las penas en caso de concurso de delitos, seg�n el cual �el que con una sola acci�n u omisi�n o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposici�n, quedar� sometido a la que establezca la pena m�s grave seg�n su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuera superior a la suma aritm�tica de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una�; as� mismo se deben venerar los par�metros para la determinaci�n legal y judicial de las sanciones establecidos en los art�culos 60 y 61 del C�digo Penal.

En el caso sometido a consideraci�n de la Sala fue escogido acertadamente el delito de PECULADO POR APROPIACI�N como el de mayor gravedad o trascendencia, debido a que como la cuant�a de lo defraudado era superior a cincuenta (50) salarios m�nimos legales mensuales vigentes para el a�o 2007, la pena principal establecida en el art�culo 397 inciso 3 del C�digo Penal oscilaba entre 64 y 180 meses de prisi�n, y dado que el delito concurrente de FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO P�BLICO, si bien ten�a la misma pena m�nima, regulaba una pena m�xima inferior a esta.

Tambi�n advierte esta Colegiatura acertada la escogencia del primer cuarto de movilidad de la sanci�n para determinar la pena del delito principal al se�or EACM, que oscila entre 64 y 93 meses de prisi�n, pero solo por la circunstancia que no le fue imputada vicisitud alguna de mayor o de menor punibilidad, porque el argumento explicitado por la Jueza de primer grado de que tambi�n se determin� por la escogencia de �ste primer cuarto punitivo dado que �el imputado acept� cargos desde las audiencias preliminares evitando as� un mayor desgaste de la justicia�, en realidad de verdad en nada puede incidir para tal aspecto.

El problema que plantea la Fiscal�a est� en que �en su criterio- debi� imponerse la sanci�n m�xima de �ste cuarto punitivo, esto es 93 meses de prisi�n, y no 73 meses de prisi�n como lo hizo el despacho de primer grado, atendiendo (1) que la conducta desplegada le resulta grave porque el ex alcalde CM es una persona con excelente formaci�n acad�mica especializada y con mucha experiencia en el sector p�blico, lo que le obligaba observar una conducta ajustada a derecho, quien adem�s se puso de acuerdo con una contratista para adelantar maniobras fraudulentas y esquilmar el erario p�blico del municipio de C (Nari�o), (2) porque el peculado se cometi� sobre un municipio peque�o y de escasos recursos econ�micos, lo que hace mayor el da�o real causado;

(3) porque la modalidad de comisi�n del delito muestra que se hizo con planificaci�n, en contubernio con una contratista, a trav�s de actos que se prolongaron en el tiempo, lo cual fue favorecido por la amplia experiencia y conocimiento que el Ex Alcalde ten�a de los temas administrativos oficiales; (4) porque hubo mayor intensidad del dolo por la planificaci�n de la ejecuci�n de la conducta, lo cual se advierte en las maniobras utilizadas que requieren un manejo t�cnico del tema, como dar origen a disponibilidades presupuestales inexistentes, omitir la carga procesal de responder una demanda, liquidar irregularmente contratos, pero todo orientado a la apropiaci�n indebida de recursos p�blicos; finalmente, (5) con relaci�n a la necesidad de pena, aduce que la conducta delictiva es de impacto en municipios peque�os, donde la comunidad presta mayor atenci�n al comportamiento de sus gobernantes y en donde el comportamiento irregular causa alarma, por ello el autor debe recibir una sanci�n ejemplar a efecto de evitar que otros miembros de la comunidad incurran en similares conductas y para generar confianza en el sistema punitivo.

Con respecto a lo anterior debe indicarse que la Sala advierte muy lac�nico el cuerpo argumentativo del fallo de primer grado, respecto a los motivos determinantes para imponer la sanci�n de setenta y tres (73) meses de prisi�n por el delito de PECULADO POR APROPIACI�N al se�or CM, y seguramente esta situaci�n es la que incentiv� a la Fiscal�a a oponerse a la sanci�n impuesta.

En la p�gina 9 de la sentencia condenatoria se indica: �Para determinar la pena a imponer, partiremos del primer cuarto m�nimo, es decir 64 meses un d�a de prisi�n, ponderando para ello los aspectos previstos en el inciso 3� del art�culo 61 ejesdum, tales como a) la gravedad de la conducta, b) el da�o real causado, c) la modalidad en que se perpetr� el hecho, y d) la necesidad de la pena, a fin de verificar si la misma se ver� incrementada.

Un an�lisis conjunto de dichos aspectos nos permite considerar que la conducta sancionada fue grave, pues el sentenciado se apropi� de recursos estatales radicados en el municipio de C, en favor de terceros, lo que gener� un gran impacto en la comunidad de dicho ente territorial, se caus� un da�o en el patrimonio del Estado, con una actuaci�n preparada y ponderada entre el Alcalde y la acreedora todo lo cual lleva al juzgado a incrementar la pena en 9 meses, es decir en 73 meses de prisi�n�.

Recuerda la Sala que cuando se est� en eventos de �procesos sin juicio�, merced a renuncia expresa del imputado a someterse a �l por aceptaci�n simple de cargos, preacuerdos de responsabilidad o negociaciones anticipadas, la mayor carga del Juez de Conocimiento est� en la de determinar adecuadamente las sanciones a imponer, porque escaso gravamen o compromiso le recae sobre el debate de autor�a, participaci�n o responsabilidad, en virtud de la confesi�n llana y simple que impl�citamente contienen estas formas de terminaci�n anticipada del proceso, amen que el art�culo 59 sustantivo penal establece el deber de consignar en la sentencia una fundamentaci�n expl�cita sobre los motivos de determinaci�n cualitativa y cuantitativa de las penas principales y accesorias a imponer, porque ah� est�n comprometidos algunos de los fundamentos del principio democr�tico -que es basilar en los estados sociales y democr�ticos de derecho- como son los postulados de trato humanitario y digno para el penado.

La Sala se permite recordar que cuando se est� en presencia de tr�mites de sentenciamiento r�pido, bien sea por v�a de la aceptaci�n llana de cargos o de preacuerdos de responsabilidad, opera la renuncia al juicio p�blico, ante Juez o Jurado imparcial, a la contradicci�n probatoria, pero a lo �nico que nunca se renuncia es a la pena, motivo por el cual su determinaci�n debe ser clara, precisa, razonada, motivada y proporcional.

Esta carga argumentativa o de motivaci�n del proceso de individualizaci�n de la pena fue desatendida en cierta medida por la Juzgadora de primer nivel, porque sin coherencia jur�dica consign� en el libelo de condena que la conducta le resultaba grave simplemente por aquello que hubo apoderamiento de recursos estatales en favor de un tercero, lo mismo que porque se produjo un da�o en el patrimonio del estado, cuando estos aspectos f�cticos son lo que configuran el tipo objetivo de peculado por apropiaci�n y, per se, no tienen incidencia alguna en la connotancia social o antijuridicidad material de la conducta; mientras tanto, que nada consign� para explicar que la actuaci�n atribuida al Ex Alcalde y a la acreedora que result� beneficiaria de recursos p�blicos fue �preparada y ponderada�, como lo refiri� en el acto impugnado, para determinarse por la imposici�n de setenta y tres (73) meses de prisi�n por el delito principal.

De acuerdo con lo anterior, debemos verificar si le asiste raz�n al Fiscal en su exposici�n de motivos de impugnaci�n, y si hay lugar a imponer una sanci�n mayor en el caso que se tiene entre manos. En primera medida la Sala se permite resaltar que el inciso tercero del art�culo 61 del estatuto punitivo fija los siguientes criterios para determinar la pena en concreto: �la mayor o menor gravedad de la conducta, el da�o real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o aten�en la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintenci�n o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la funci�n que ella ha de cumplir en el caso concreto�.

Debe advertirse que en el proceso de determinaci�n judicial en concreto de la pena, el juzgador goza de algunos niveles de discrecionalidad; sin embargo, tambi�n debe respetar los criterios reglados por la ley, as� como los principios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos en el art�culo 3 del C�digo Penal. De la misma manera es importante precisar que los aspectos gen�ricos aducidos por el juzgador, son del �mbito de competencia exclusiva del legislador al momento de la determinaci�n de los extremos punitivos de cualquier conducta delictiva, pues es �l quien tras realizar un juicio de razonabilidad y racionabilidad, con respeto a los lineamientos constitucionales, se encarga de establecer qu� conductas se tipifican como delitos, imponiendo as� la sanci�n correspondiente, previo el an�lisis de la gravedad de las mismas.

Es por ello que la labor que debe ejecutar el juzgador consiste en evaluar la conducta en el caso concreto, examinando su espec�fica modalidad, pues elegir un monto de pena concreto, bajo el argumento gen�rico de que la conducta atenta contra un bien jur�dicamente tutelado, no resulta un fundamento v�lido. En el presente caso, la Jueza de conocimiento se determin� por la aplicaci�n de una pena de prisi�n establecida en el cuarto m�nimo, para el delito de PECULADO POR APROPIACI�N, cometido por el se�or EACM, argumentando que no fueron imputadas circunstancias de mayor ni de menor punibilidad, as� mismo que el imputado acept� cargos desde las audiencias preliminares evitando as� un mayor desgaste de la justicia. Para resolver el problema jur�dico planteado por el recurrente se debe tener en cuenta que el art�culo 61 del c�digo penal vigente en su inciso 3, al hablar de los criterios que deben analizarse a la hora de individualizar la pena, se�ala que: �Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deber� determinarse la pena, el sentenciador la impondr� ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el da�o real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o aten�en la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintenci�n o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la funci�n que ella ha de cumplir en el caso concreto�.

Como se puede notar, para la precisi�n de la pena en concreto debe el juzgador analizar una variedad de factores que parten del an�lisis preciso del menor o mayor grado de injusto, el menor o mayor grado de culpabilidad y los fen�menos relacionados con la personalidad del sentenciado que resulten relevantes en la medici�n de la pena, siempre y cuando sean compatibles con los principios propios del estado social y democr�tico de derecho.

Sobre el grado de injusto cometido por el agente, debe indicarse que �ste aspecto engloba lo relativo a la mayor o menor gravedad de la conducta y al da�o real o potencial creado, para lo cual resulta menester examinar detenidamente el hecho objeto de imputaci�n y estudiar en conjunto su �desvalor de acci�n� y el �desvalor de resultado�. La doctrina nacional ha precisado que �Este procedimiento se verifica, en primer lugar, mediante la indagaci�n pertinente de los aspectos de la conducta t�pica y antijur�dica relevantes en la medida de la pena.

Estos hechos, que confirman una mayor lesi�n o puesta en peligro del bien jur�dico, pueden ser, por ejemplo, las modalidades que comporta o con las cuales se ha intentado realizar el delito y que le diferencian de otros hechos similares, que quedan cobijados como t�picos por la misma norma, siempre que no est�n legamente rese�ados en los tipos de la parte especial; la naturaleza tutelable de la v�ctima, la condici�n de los sujetos; los motivos, intenciones o fines que se�alan un mayor grado de intensidad lesiva, el disvalor de acto y de resultado, la efectiva lesi�n al bien jur�dico; la manera de realizaci�n del delito (acci�n u omisi�n) que denote la existencia de un injusto diferente; la mayor o menor determinaci�n o instigaci�n en la resoluci�n criminosa del autor, etc�tera�. En lo que hace referencia al grado o magnitud de la culpabilidad, debemos rese�ar que si el fundamento de la culpabilidad se asienta en la posibilidad de exigir un comportamiento diferente al autor, quien voluntariamente ha decidido realizar conductas penalmente prohibidas por el legislador, surge entonces necesario hacer una valoraci�n de las motivaciones del acto y, por supuesto, de la posibilidad que haya podido tener el sujeto acusado de actuar conforme a derecho.

Sobre �ste aspecto ha dicho la doctrina colombiana �la culpabilidad del autor puede ser graduada, pues de no ser as� habr�a de concluirse, en abierta contradicci�n con el postulado del acto, que para el ordenamiento jur�dico es equiparable el juicio de exigibilidad formulable a quien incurre en un tr�fico de doscientos kilos de coca�na, comete un hurto en cuant�a de mil pesos, o da muerte a su padre.

Si, como se dijo, la culpabilidad es exigibilidad, el juzgador no puede formular juicios iguales en frente a hechos desiguales; ello es tan evidente que en diversas hip�tesis el mismo codificador se encarga de tasar la pena seg�n dicho criterio�. Sobre la necesidad de pena, en el caso concreto, se hace alusi�n a aquello que los penalistas llaman como Principio de Necesidad de Intervenci�n Estatal, que constituye un l�mite al ejercicio del ius puniendi del Estado, de suerte que acudiendo al principio rector del art�culo 3 del C�digo Penal, la injerencia penal del Estado y la consiguiente imposici�n del castigo s�lo puede justificarse cuando ella sea indispensable para mantener la organizaci�n pol�tica dentro de los linderos propios establecidos en la Constituci�n. An�lisis del caso concreto Retomando los f�cticos que dan lugar al presente sentenciamiento contra el Ex Alcalde EACM, de cara a las argumentaciones del impugnante, la Sala considera relevante recordar que el delito mayor o m�s grave de los concursalmente imputados al filiado es el de PECULADO POR APROPIACI�N, en cuant�a superior a cincuenta (50) salarios m�nimos, cometido en favor de un tercero que fue la ingeniera MPCB, de quien se indica sosten�a o sostiene a�n el citado una relaci�n sentimental.

El camino delictual recorrido para esquilmar el erario p�blico del Municipio de C (N), aparej� la expedici�n de certificados de disponibilidad presupuestales falsos para la celebraci�n de contratos, motivo por el cual otro delito atribuido es el de FALSEDAD IDEOL�GICA EN DOCUMENTO P�BLICO; unido a lo anterior, como todo este cuerpo documental fue utilizado para el adelantamiento de un proceso ejecutivo contractual adelantado por la misma ingeniera CB, en contra del Municipio de C, y el ex alcalde CM omiti� responder la demanda ejecutiva y facilit� la condena al ente territorial, tambi�n se le atribuy� el punible de PREVARICATO POR OMISI�N. Estos f�cticos imputados fueron aceptados de manera simple o llana por el ex alcalde EACM cuando decidi� de manera libre, consiente y voluntaria allanarse a cargos.

Para el Fiscal del caso, la conducta tiene mayor gravedad y hasta hay necesidad de un mayor volumen punitivo por dos razones fundamentales: la primera, porque el ex alcalde tiene una excelente formaci�n acad�mica en administraci�n p�blica y vasta experiencia en el sector, las cuales lo obligaban a actuar con mayor �tica y responsabilidad frente al Municipio de C (N); por otro lado, aduce que actu� en contubernio con la contratista MPCB para apropiarse de los recursos estatales, lo que traduce planificaci�n de la conducta.

En el plano argumentativo, para �sta Sala de decisi�n resulta extra�o, por decir lo menos, que el Fiscal del caso haya omitido atribuir las circunstancias de mayor punibilidad establecidas en el art�culo 58 numerales 9 y 10 del C.P, que obligan a imponer un mayor nivel sancionatorio cuando el autor realice la conducta o conductas punibles aprovechando �La posici�n distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posici�n econ�mica, ilustraci�n, poder, oficio o ministerio�, y tambi�n cuando �se obre en coparticipaci�n criminal�.

Es claro que si el Fiscal hubiera realizado su labor jur�dica en los t�rminos que correspond�a, esto es realizando una imputaci�n jur�dica debidamente circunstanciada, seg�n su leal saber y entender frente al caso particular, esto es si hubiera atribuido las causales de mayor punibilidad previamente rese�adas, entonces la sanci�n necesariamente deb�a haberse impuesto por lo menos en los cuartos punitivos intermedios, o incluso en el cuarto punitivo m�s alto, en la medida de los antecedentes penales que le aparecen al ex burgomaestre CM.

Recordemos que los factores analizados por el Fiscal impugnante son relevantes en el nivel de determinaci�n judicial de la pena, esto es cuando se va a ubicar el cuarto punitivo en el que ha de imponerse las sanciones, seg�n la primera parte del art�culo 61 del C�digo Penal, pero no puede tener incidencia cuando se trata de la �ltima fase de tasaci�n individual en sentido estricto, porque se corre el riesgo de que incluso se ofenda el principio del non bis in �dem; aqu�, lo que se debe establecer es la mayor o menor gravedad del injusto, analizando qu� tan disvaliosa ha sido la acci�n y cu�nto da�o ha causado su resultado.

De lo anterior se puede evidenciar claramente que lo que ha ocurrido en el caso que ocupa la atenci�n de �sta Corporaci�n, es una inadecuada imputaci�n jur�dica por parte del ente acusador, ya que no atribuy� en su momento oportuno circunstancias de mayor punibilidad que � al rompe � era necesario endilgarlas, resultando inapropiado en este estadio del proceso querer modificar la pena impuesta al condenado, sin mayores argumentos plausibles, cuando en realidad la responsabilidad recae sobre los hombros de la Fiscal�a por omitir enrostrar las circunstancias agravantes enunciadas que, aun cuando no tienen capacidad para modificar los limites punitivos, s� incid�an sustancialmente en la determinaci�n judicial de la sanci�n, por aquello que catapultaban a la imposici�n de una pena en un cuarto mayor.

Ahora bien, no puede perderse de vista que ha habido una ponderada preparaci�n del acto delictual por parte de CM, seguramente favorecido por el conocimiento que tiene de la administraci�n p�blica y de las fases del sistema contractual, y esto traduce un mayor desvalor en la acci�n criminosa realizada, lo cual debe incidir en la aplicaci�n de una pena superior al m�nimo del cuarto que corresponde.

Por otro lado, simplemente se afirma - pero no se demuestra a trav�s de los medios probatorios id�neos -, que el Municipio de C (N) es un ente territorial peque�o y que el actuar caus� gran da�o en su econom�a; este aserto no puede ser tenido en cuenta por la Colegiatura ya que no tiene respaldo existencial, oblig�ndonos a recordarle al impugnante que �el secreto del derecho est� en probar m�s all� de mi propia palabra�.

Finalmente, debe indicarse que en las carpetas no aparece referencia alguna a que el ex alcalde CM haya actuado con disminuci�n de su conciencia de antijuridicidad respecto de los comportamientos criminosos que se le atribuyen, o que existan circunstancias modales o personales que le hayan disminuido la exigibilidad de realizar un comportamiento diferente; es el �nimo de obtener dinero estatal f�cil, para favorecer intereses personales de un tercero, con quien ten�a o mantuvo v�nculos sentimentales lo que lo aparece llevando a cometer el triduo de ilicitudes, concursalmente imputadas, voluntariamente reconocidas, unidas ellas por v�nculos de conexidad ideol�gica o de medio af�n, ya que las Falsedades documentales y el Prevaricato, fueron delitos antecedentes para operar el acto atentatorio del patrimonio del erario p�blico.

A pesar del corto an�lisis que la falladora de primer grado realiz� sobre el comportamiento de CM, al momento de dosificar la pena, aumentando el m�nimo del delito de Peculado en nueve (9) meses, aduciendo gravedad de la conducta y gran impacto del hecho entre los moradores del Municipio de C (N), la Sala considera adecuada la tasaci�n y no encuentra mayores motivos para imponer una superior o equivalente al m�ximo del cuarto punitivo escogido, porque los elementos materiales probatorios aducidos por la Fiscal�a no daban para asumir una decisi�n jur�dica diferente.

Por tal raz�n, se proceder� a la confirmaci�n de la sentencia venida en apelaci�n. Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. -. CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales - Nari�o el d�a 19 de agosto de 2016, por la cual se conden� al se�or ECM las penas principales de cuarenta y seis (46) meses y quince (15) d�as de prisi�n y multa de cuatro millones novecientos mil quinientos cincuenta pesos ($4.900.550), y a las accesorias de ley, por encontrarlo responsable a t�tulo de autor, de la comisi�n del delito de PECULADO POR APROPIACI�N EN CONCURSO CON FALSEDAD IDEOL�GICA EN DOCUMENTO PUBLICO Y PREVARICATO POR OMISI�N.

SEGUNDO: Esta decisi�n queda notificada en estrados y contra ella procede recurso de casaci�n. CUMPLASE SILVIO CASTRILL�N PAZ Magistrado JOS� AN�BAL MEJ�A CAMACHO FRANCO SOLARTE PORTILLA Magistrado Magistrado JUAN CARLOS �LVAREZ L�PEZ Secretario  POSADA MAYA, Ricardo. HERN�NDEZ BELTR�N, Harold Mauricio. �EL SISTEMA DE INDIVIDUALIZACI�N DE LA PENA EN EL DERECHO COLOMBIANO�.

Universidad Pontificia Bolivariana. Biblioteca Jur�dica DIKE. 1� edici�n. Medell�n Colombia. 2001. P�gina 456. En el mismo sentido VEL�SQUEZ VEL�SQUEZ, Fernando, en el texto �DERECHO PENAL PARTE GENERAL�. Tercera edici�n. Santaf� de Bogot�. Editorial TEMIS. 1997. P�ginas 632 y 633.  VEL�SQUEZ VEL�SQUEZ, Fernando, obra citada, pagina 696.     Euler Alfredo Caicedo Montenegro Peculado Por Apropiaci�n y otros N.I. 18813 PAGE  PAGE 2 REPUBLICA DE COLOMBIA  TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PASTO � NARI�O SALA DE DECISION PENAL $FGRVWcm���������   ( ) F J ����³�³壓��������ӳo[o[o'h�g�h��5�@�CJOJQJ^JaJ'h�g�h05�@�CJOJQJ^JaJh q�h�3@�OJPJQJ\�h q�h�5y@�OJPJQJ\�h q�h�+�@�OJPJQJ\�h q�h�5y@�OJPJQJ h q�h�5y@�OJPJQJ^J#h�F�h�F�@�OJPJQJ\�^J&h q�h�5y5�@�OJPJQJ\�^J h q�h�5yGW� ����88K$ �# ��L � �\ ����i�� �_�dh$d%d&d'dN��O��P��Q��]�i^�� `�_�a$gd�5y<$ �� �i�f���dh$d%d&d'dN��O��P��Q��]�i^�f`���a$gd�5y8$�i�� �_�dh$d%d&d'dN��O��P��Q��]�i^�� `�_�a$gd�5y gd�5yJ � � � � � �    2 4 ? @ G �����ׯ뛅oYC/'h�g�h;&w5�@�CJOJQJ^JaJ*h�g�h�(�5�@�CJOJQJ\�^JaJ*h�g�h;&w5�@�CJOJQJ\�^JaJ*h�g�h�ZA5�@�CJOJQJ\�^JaJ*h�g�hJCZ5�@�CJOJQJ\�^JaJ'h�g�hJCZ5�@�CJOJQJ^JaJ'h�g�h�ZA5�@�CJOJQJ^JaJ'h�g�h�|'5�@�CJOJQJ^JaJ'h�g�hry5�@�CJOJQJ^JaJ'h�g�h�~�5�@�CJOJQJ^JaJG N _ ` a � � � � � �:;

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nota al pie,Footnote Text Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char,ft Car Car,ft CarCJaJX�/��aX (}�0Texto nota pie CarCJOJPJQJ^JaJtH �/��q (}��Texto nota pie Car1,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,Footnote Text Char Char Char Car,texto de nota al pie Car,Footnote Text Char Car,ft Car Car Car,ft Car Car1CJOJPJQJ^JaJtH D&`���D (}��Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,referencia nota al pie,Ref. de nota al pie 2,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Ref,de nota al pieH*^JFB@�F (}�Texto independiente�xb�/���b (}�Texto independiente CarCJOJPJQJ^JaJtH TC@�T (}�Sangr�a de texto normal d��xf�/���f (}�Sangr�a de texto normal CarCJOJPJQJ^JaJB�O�B (}�P�rrafo de lista1^��8)@��8 (}�N�mero de p�ginaD�@�D Q� P�rrafo de lista ^��m$V�`��V �5y Sin espaciado CJOJQJ_HaJmH sH tH L�L "�5y0Texto de globo!CJOJQJ^JaJX�/��!X !�5y0Texto de globo CarCJOJPJQJ^JaJtH 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