Sanción 78264 de 2022 — SIC

(04 OCTUBRE 2022) VERSIÓN ÚNICA “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” Radicación: 19-250372 EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 19 y los literales a) y b) del artículo 21, ambos de la Ley 1581 de 2012, y los numerales (5) y (9) del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011, modificado por el artículo 7 del Decreto 092 de 2022, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que este Despacho evidenció que la sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA, identificada con NIT. 860.501.303-7 no había implementado ninguna medida de seguridad para proteger los datos personales alojados en sus archivos o bases de datos ni había implementado medidas reforzadas para proteger los datos de carácter sensible, por tal motivo mediante Resolución No. 61042 del 6 de noviembre de 20191 la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales consideró necesario impartir, con CARÁCTER PREVENTIVO una orden administrativa a la sociedad mencionada, que dice lo siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a la sociedad ASESORIAS MONTEPRIETO LIMITADA que documente, implemente y monitoree una política de seguridad de la información que contenga medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para otorgar seguridad a los datos personales evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

La política deberá contener medidas de seguridad reforzada, especiales y más robustas respecto de las bases de datos que contengan datos sensibles.

ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad ASESORIAS MONTEPRIETO LIMITADA deberá cumplir lo ordenado en esta resolución dentro de los seis (6} meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.

SEGUNDO: Que la Sociedad tenía la obligación de acreditar el cumplimiento de las órdenes dadas en la Resolución 61042 de 6 de noviembre de 2019, remitiendo a esta Superintendencia una certificación suscrita por el Representante Legal de la sociedad que acreditara que se habían implementado las medidas ordenadas como se indicó en el parágrafo del artículo segundo así: “ARTÍCULO SEGUNDO: (…)

TERCERO: Que consultado el Registro Nacional de Base de datos (RNBD) a octubre de 2020 la sociedad no había modificado la información del mismo, por lo que seguía registrando lo siguiente, respecto a las medidas de seguridad: 1 Resolución No. 61042 del 6 de noviembre de 2019 obrante en el expediente bajo radicado 19-250372 “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” HOJA N, VERSIÓN ÚNICA CUARTO: Que, con base en los hechos anotados, a partir de los cuales se advirtió la presunta violación de las normas sobre protección de datos personales y, en particular, las disposiciones contenidas en: literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal h) del artículo 21 de la norma en mención, el 4 de diciembre de 2020, se inició la presente investigación administrativa mediante la expedición de la Resolución No. 78264 por medio de la cual se formuló un (1) cargo a la sociedad ASESORIAS MONTEPRIETO LIMITADA, identificada con Nit. 860.501.303-7.

La mencionada resolución le fue notificada a la investigada para que se pronunciara sobre los hechos materia de investigación y aportara y/o solicitara las pruebas que pretendiera hacer valer dentro del referido trámite, con el fin de que ejerciera a cabalidad su derecho de defensa y contradicción. De la misma manera, esta actuación fue comunicada al denunciante.

QUINTO: La investigada presentó el escrito de descargos fuera del término legal establecido, por lo cual no se tendrán en cuenta los argumentos de hecho y de derecho expuestos en el mismo, sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 del CPACA, se tendrán en cuenta las pruebas aportadas al momento de proferir la decisión.

SEXTO: Que mediante Resolución No. 15043 de 2021, esta Dirección incorporó las pruebas obrantes en la totalidad del expediente radicado bajo el número 19-250372, consecutivos 0 a 15, con el valor legal que les corresponda, declarando agotada la etapa probatoria, corriendo traslado a la investigada para que rindiera los alegatos de conclusión respectivos.

SÉPTIMO: Que dentro del plazo otorgado por la Resolución No. 15043 de 2021, la sociedad investigada mediante comunicado del 25 de marzo de 20212, presentó alegatos de conclusión indicando lo siguiente: 7.1 Indicó que: “Monteprieto Limitada ha reconocido la infracción cometida y aceptado los cargos señalados en la Resolución 78264 de 2020 previo a la imposición de cualquier sanción. Adicionalmente, del estudio del caso se evidencia que: i) la dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la Ley 1581 de 2012 fue baja; ii) la Compañía no obtuvo un beneficio económico para sí o a favor de un tercero; iii) la Compañía no es reincidente 2 Expediente digital, consecutivo 19 “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” HOJA N, VERSIÓN ÚNICA en este tipo de infracciones; iv) la Compañía no ha presentado resistencia, negativa u obstrucción a la investigación. Los anteriores son criterios de graduación y/o atenuación de las sanciones que solicito sean aplicados al presente caso.

Por otra parte, y acorde al compromiso indicado en el memorial de aceptación de cargos, Monteprieto Limitada ha diseñado, implementado y publicado su política de seguridad de la información. Anexo certificación emitida por la representante legal y copia de la respectiva política.”3 7.2 Manifestó que: “Finalmente, en atención al requerimiento realizado por su Despacho mediante Resolución 15043 del 18 de marzo de 2021, se anexa copia de los estados financieros detallados de la Compañía, acompañados de sus correspondientes notas, en específico el balance general y estado de pérdidas y ganancias de los últimos tres (3) años, suscritos por la representante legal, revisor fiscal y contador público de la Compañía.”4 OCTAVO: Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio El artículo 19 de la Ley 1581 de 2012, establece la función de vigilancia que le corresponde a la personales se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la mencionada Ley.

NOVENO: Análisis del caso 9.1 Adecuación típica La Corte Constitucional mediante sentencia C-748 de 20115, estableció lo siguiente en relación con el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionatorio: “En relación con el principio de tipicidad, encuentra la Sala que pese a la generalidad de la ley, es determinable la infracción administrativa en la medida en que se señala que la constituye el incumplimiento de las disposiciones de la ley, esto es, en términos específicos, la regulación que hacen los artículos 17 y 18 del proyecto de ley, en los que se señalan los deberes de los responsables y encargados del tratamiento del dato”.

Atendiendo los parámetros señalados por la citada jurisprudencia, para el caso específico se tiene que: (i) El artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 establece los deberes que les asisten a los responsables del tratamiento respecto del manejo de los datos personales de los titulares. El incumplimiento de tales requisitos dará lugar a la aplicación de las sanciones definidas específicamente en el artículo 23 de la Ley 1581 de 2012.

(ii) De conformidad con los hechos alegados por los reclamantes y el acervo probatorio que obra en el expediente, se puede establecer que la conducta desplegada por la investigada se concreta en la posible vulneración a literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal h) del artículo 21 de la norma en mención. En ese orden de ideas, corresponde a este Despacho establecer si la conducta desplegada por la investigada dará lugar o no a la imposición de una sanción para lo cual se deberán tener en cuenta los hechos narrados por el denunciante, así como las razones de hecho y de derecho aducidas por la investigada en los alegatos de conclusión, así como el conjunto de pruebas allegadas al expediente. 9.2 Valoración probatoria y conclusiones 3 Expediente digital, consecutivo 19, página 3, folio 1 4 Expediente digital, consecutivo 19, página 3, folio 1 5 Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, seis (6) de octubre de dos mil once (2011).

“Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” HOJA N, VERSIÓN ÚNICA 9.2.1 Respecto del deber de cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control Frente al cargo único formulado, esta Dirección consideró que la investigada presuntamente había incumplido el deber de cumplir con las instrucciones de esta Superintendencia consagrado en el n literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal h) del artículo 21 de la norma en mención; normas que establecen lo siguiente: “Artículo 17.

Deberes de los Responsables del Tratamiento. Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: ( ) o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. ( ) Artículo 21.

Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: ( ) h) Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos y emitir las órdenes y los actos necesarios para su administración y funcionamiento” En el caso objeto de estudio, la Dirección de Investigación de Datos Personales, por conducto del Grupo de Investigación de Protección de Datos Personales, mediante Resolución 61042 de 06 de noviembre de 2019, la cual fue debidamente notificada mediante aviso No. 25755 del 19 de noviembre de 2019, le impartió a la sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA., identificada con número de Nit. 860.501.303-7 las órdenes indicadas, y de conformidad con las investigaciones preliminares se infiere que no ha cumplido con ellas, obstaculizando de esta forma la facultad de esta Dirección de “Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos y emitir las órdenes y los actos necesarios para su administración y funcionamiento”.

Mediante la Resolución No. 61042 de 06 de noviembre de 2019, esta Dirección resolvió lo siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a la sociedad ASESORIAS MONTEPRIETO LIMITADA que documente, implemente y monitoree una política de seguridad de la información que contenga medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para otorgar seguridad a los datos personales evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

La política deberá contener medidas de seguridad reforzada, especiales y más robustas respecto de las bases de datos que contengan datos sensibles.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para demostrar el cumplimiento deberá remitir una certificación suscrita por el Representante Legal de la sociedad ASESORIAS MONTEPRIETO LIMITADA que acredite que se han implementado las medidas ordenadas.” Al respecto, en los alegatos de conclusión la investigada manifestó que:  Indicó que: “Monteprieto Limitada ha reconocido la infracción cometida y aceptado los cargos señalados en la Resolución 78264 de 2020 previo a la imposición de cualquier sanción. Adicionalmente, del estudio del caso se evidencia que: i) la dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la Ley 1581 de 2012 fue baja; ii) la Compañía no obtuvo “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” HOJA N, VERSIÓN ÚNICA un beneficio económico para sí o a favor de un tercero; iii) la Compañía no es reincidente en este tipo de infracciones; iv) la Compañía no ha presentado resistencia, negativa u obstrucción a la investigación. Los anteriores son criterios de graduación y/o atenuación de las sanciones que solicito sean aplicados al presente caso.

Por otra parte, y acorde al compromiso indicado en el memorial de aceptación de cargos, Monteprieto Limitada ha diseñado, implementado y publicado su política de seguridad de la información. Anexo certificación emitida por la representante legal y copia de la respectiva política.”6  Manifestó que: “Finalmente, en atención al requerimiento realizado por su Despacho mediante Resolución 15043 del 18 de marzo de 2021, se anexa copia de los estados financieros detallados de la Compañía, acompañados de sus correspondientes notas, en específico el balance general y estado de pérdidas y ganancias de los últimos tres (3) años, suscritos por la representante legal, revisor fiscal y contador público de la Compañía.”7 Ahora bien, revisado el acervo probatorio que obra en el expediente se encuentra lo siguiente: Para el mes de mayo de 2020, transcurridos los seis (6) meses otorgados, la investigada no había remitido a esta Superintendencia la certificación suscrita por el representante legal mediante la cual acreditara la implementación de las medidas ordenadas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 61042 de 6 de noviembre de 2019.

Por otra parte, una vez consultado el Registro Nacional de Base de Datos se encuentra que la investigada no respondió al cuestionario de Medidas de Seguridad de la Información ni allegó unas políticas de seguridad de la información conforme a lo requerido: 6 Expediente digital, consecutivo 19, página 3, folio 1 7 Expediente digital, consecutivo 19, página 3, folio 1 “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” HOJA N, VERSIÓN ÚNICA “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” HOJA N, VERSIÓN ÚNICA No obstante, junto con los alegatos de conclusión la investigada aporta una “POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”8: Adicionalmente aporta una “CERTIFICACIÓN” suscrita por el Representante Legal de ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA9: Por lo que se infiere que la investigada implementó las medidas se seguridad ordenadas con posterioridad al inicio de esta investigación administrativa en marzo de 2021 (fecha en que radicó los alegatos de esta investigación administrativa), pese a que los seis (6) meses de plazo para cumplir con la orden se finalizaban en mayo de 2020, por lo tanto, ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA tardo diez (10) meses en cumplir la orden de la Resolución No. 61042 de 6 de noviembre de 2019.

Así pues, se concluye que la sociedad investigada no dio cumplimiento a la orden impuesta en la Resolución No. 61042 de 6 de noviembre de 2019 dentro del término establecido. En consecuencia, se encuentra probado el actuar negligente por parte de la investigada frente al cumplimiento del deber establecido en el literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en 8 Expediente digital, consecutivo 19, página 4 9 Expediente digital, consecutivo 19, página 3 “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” HOJA N, VERSIÓN ÚNICA concordancia con el literal h) del artículo 21 de la norma en mención. Por lo tanto, procede una sanción pecuniaria.

DÉCIMO: Que el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1581 de 201210 señala que los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos incluidas las exceptuadas en el mismo artículo, De ahí que es procedente solicitar a la investigada que garantice el cumplimiento del principio de responsabilidad demostrada desarrollado en el artículo 2.2.2.25.6.1 y subsiguiente del Decreto Único Reglamentario 1074 de 201511.

Al respecto, es oportuno resaltar lo conceptuado en la Resolución No. 83882 del 15 de noviembre de 2018, emanada del Despacho del Superintendente Delegado Para la Protección de Datos Personales, respecto de la responsabilidad de los administradores, acto administrativo en el que se señaló lo siguiente: “(…) 6.1. Responsabilidad de los administradores en materia de tratamiento de datos personales.

El artículo 2 de la Constitución de la República de Colombia de 1991 señala que son fines esenciales del Estado, entre otros, “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. Nótese como la disposición constitucional reclama que se obtengan resultados positivos y concretos respecto de los derechos constitucionales como, por ejemplo, el debido tratamiento de los datos personales o la protección de datos previsto en el artículo 15 de la Carta Política.

La efectividad de los derechos humanos es un asunta de gran importancia en la sociedad a tal punto que es una exigencia de naturaleza constitucional y del más alto nivel en el ordenamiento jurídico. Por eso, el citado artículo ordena que las “autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y parta asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Como es sabido, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 333 que “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. Dicho “bien común” se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, entre otros, la protección de los derechos humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser humano sea tratado como una “persona” y no como un objeto o cosa.

En línea con lo anterior, nuestra Carta Política recalca que la “libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”. Como se observa, la actividad empresarial no puede realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial no tiene cabida jurídica la afirmación según la cual “el fin justifica los medios”.

En efecto, no se trata de una libertad ilimitada, sino de una actividad “restringida” porque no solo debe ser respetuosa del bien común, si no que demanda el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales. 10Ley 1581 de 2012, artículo 2: “Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.

(…)

PARÁGRAFO. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos, los mismos aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley.” 11Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, artículo 2.2.2.25.6.1: Los responsables del tratamiento de datos personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y este capítulo, en una manera que sea proporcional a lo siguiente: 1.

La naturaleza jurídica del responsable y, cuando sea del caso, su tamaño empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo con la normativa vigente. 2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento. 3. El tipo de Tratamiento. 4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de los titulares.

En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Responsables deberán suministrar a esta una descripción de los procedimientos usados para la recolección de los datos personales, como también la descripción de las finalidades para las cuales esta información es recolectada y una explicación sobre la relevancia de los datos personales en cada caso.

En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes efectúen el Tratamiento de los datos personales deberán suministrar a esta evidencia sobre la implementación efectiva de las medidas de seguridad apropiadas. “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” HOJA N, VERSIÓN ÚNICA El bien común al que se refiere el precitado artículo 333 exige que, entre otras, la realización de cualquier actividad económica garantice los derechos fundamentales de las personas.

Es por esto que la Constitución pone de presente que la participación en el mercado supone responsabilidades y que efectuar actividades empresariales implica cumplir con las obligaciones previstas en la ley. Ahora bien, según el artículo 22 de la ley 222 de 19951 la expresión administradores comprende al “representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”.

Cualquiera de ellos tiene la obligación legal de garantizar los derechos de los titulares de los datos y de cumplir la ley 1581 de 2012 y cualquier otra norma. Es por eso que el artículo 23 de la ley en mención establece que los administradores no sólo deben “obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia de un buen nombre de negocios”, sino que en el cumplimiento de sus funciones deben “velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias”1 (subrayamos) (…) Nótese que el artículo 241 de la ley en comento presume la culpa del administrador “en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos”.

Dicha presunción de responsabilidad exige que los administradores estén en capacidad de probar que han obrado con lealtad y la diligencia de un experto, es decir, como un “buen hombre de negocios” tal y como lo señala el precitado artículo 23. Adicionalmente, no debe perderse de vista que los administradores jurídicamente responden “solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros”1.

En virtud de lo anterior, EXHORTAMOS a los Representantes Legales de la sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA para que se adopten las medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con el propósito de: 1) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente investigación. 2) Respetar y garantizar los derechos de los Titulares de los datos. 3) Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias sobre el tratamiento de datos personales. 4) Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, observando las orientaciones de la implementación del principio de responsabilidad demostrada (accountability)”, con especial énfasis en utilizar mecanismos de monitoreo y control que permitan comprobar la efectividad de las medidas adoptadas para garantizar en la práctica los derechos de los Titulares de los datos personales respecto de los principios que rigen el tratamiento de datos personales, especialmente los de seguridad y legalidad. 5) Hacer efectivo el pleno respeto del derecho fundamental de Habeas Data.

UNDÉCIMO: En este orden de ideas, de acuerdo a los argumentos de hecho y de derecho expuestos por la investigada, una vez analizadas las pruebas obrantes en el expediente, y en virtud del literal e) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012, mediante el cual se le asigna, entre otras funciones, esta Superintendencia el “(…)Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la adecuación de las operaciones de los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento a las disipaciones previstas en la presente Ley (…)”, esta Instancia procederá a impartir las siguientes instrucciones:  La sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA deberá especificar en la POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN las medidas reforzadas para proteger los datos sensibles de los Titulares.  La sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA deberá actualizar la información registrada en el RNBD específicamente respecto de las medidas de seguridad implementadas.

De lo anteriormente ordenado la sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA deberá remitir a este Despacho las acciones correctivas adoptadas, dentro del término señalado en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

DÉCIMO SEGUNDO: Imposición y graduación de la sanción HOJA N 10, “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” VERSIÓN ÚNICA 12.1 Facultad sancionatoria La Ley 1581 de 2012 le confirió a la Superintendencia de Industria y Comercio una potestad sancionatoria que se concreta en el artículo 23 de la Ley 1581 de 2012, el cual señala lo siguiente: “ARTÍCULO 23.

SANCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento las siguientes sanciones: a) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó;

Texto del Proyecto de Ley Anterior b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar; c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos sensibles;

(…)”. Por su parte, La Corte Constitucional a través de sentencia C-557 de 2000, señaló que la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo tiene la siguiente naturaleza: “Partiendo de la concepción que entiende la planeación como el instrumento fundamental para el manejo económico del Estado, y con base en lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 341 de la Constitución Política según el cual “(e)l Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes”, y que “sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores”, la jurisprudencia ha destacado que la Ley del Plan de Desarrollo, que debe expedirse en cada período presidencial, determina el contenido de las leyes anuales de presupuesto, de otras leyes que tocan el tema económico, social o ambiental (…)” El Plan Nacional de Desarrollo por ser una ley de iniciativa gubernamental y de un amplio consenso -tanto en la elaboración del proyecto de Ley como en su trámite legislativo- su cumplimiento debe hacerse de manera inmediata por parte de todas las entidades de orden nacional12.

Su cumplimiento se mide en la ejecución que se haga del Plan Nacional de Desarrollo dentro las competencias que le sean propias a cada una de las entidades del orden nacional observando los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. En consecuencia, cualquier norma que se incluya dentro del Plan Nacional de Desarrollo debe ser de obligatorio cumplimiento por las entidades que conforman la rama ejecutiva del nivel nacional a través del respectivo plan de acción institucional como lo establece el inciso 1 del artículo 26 de la ley 152 de 1994.

En ese orden de ideas, el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, establece lo siguiente: ART. 49. —Cálculo de valores en UVT. A partir del 1º de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente, SMMLV, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la unidad de valor tributario, UVT.

En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente. PAR. —Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren ejecutoriados con anterioridad al 1º de enero de 2020 se mantendrán determinados en SMMLV. 12 Las entidades territoriales tienen sus propios Planes de Desarrollo, artículos 31 y ss., de la Ley 152 de 1994.

Sin perjuicio, a la participación que éstas tienen en la elaboración del PND. HOJA N 11, “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” VERSIÓN ÚNICA De esta manera y de conformidad con la norma antes señalada, si el valor de los cobros, sanciones o multas se encuentran establecidos en salarios mínimos, estos deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la unidad de valor tributario UVT.

Por lo cual, las multas de carácter personal e institucional dispuestas en la Ley 1581 de 2012, serán determinadas de la siguiente manera: 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 = 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 UVT vigente 2022 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇 ′ 𝑆 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 = 𝑆𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑈𝑉𝑇′𝑆 De otra parte, la ley 1581 de 2012 en su artículo 24 señala los criterios de graduación de las sanciones de los cuales este Despacho entrará a determinar cuales se deben tener en cuenta en caso concreto, así: De otra parte, dentro del marco de la Ley 1581 de 2012, con relación a la imposición de la sanción, el artículo 24 ibidem establece unos criterios de graduación que permiten garantizar el respeto de las garantías del artículo 29 Constitucional13 y que, por lo tanto, esta Dirección deberá analizar para el caso concreto y así determinar cuáles debe tener en cuenta.

Esos criterios, según la sentencia C-748 de 2012, hacen referencia a cinco circunstancias de agravación, entre los literales a) y e), y a una circunstancia de atenuación o disminución de la sanción, correspondiente al literal f). De igual forma, respecto a las sanciones que se imponen por la infracción al Régimen de Protección de Datos, debe precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho administrativo sancionador, esta Superintendencia debe ejercer su potestad sancionatoria de forma razonable y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad que la norma vulnerada que establezca, así como la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y la sanción aplicada.

Sobre la aplicación de este principio, la Corte Constitucional ha señalado: “En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a las mismas que resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública.

Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad”14 Siendo así, para la correcta adecuación de los hechos y la sanción aplicable, el operador jurídico en materia de protección de datos personales debe analizar todos los criterios de graduación del artículo 24 de la Ley 1581 de 2012 con la finalidad de establecer cómo se aplican al caso concreto y, de esa forma, seleccionar y graduar la sanción que se impondrá. Para esta finalidad, también se pueden tener en cuenta para la dosificación de la sanción, el tamaño de la empresa, sus ingresos operacionales, patrimonio y, en general, su información financiera, como también su rol dentro del cumplimiento la Ley de habeas data financiero, de tal forma que la sanción resulte disuasoria más no confiscatoria.

Es necesario precisar que las sanciones que se imponen dentro de procesos administrativos sancionatorios no constituyen ninguna cuantificación de perjuicios materiales o morales, es decir no se trata de la cuantificación de un daño subjetivo, como sucede en el régimen civil de responsabilidad. Por el contrario, las sanciones que impone esta Superintendencia, en virtud del artículo 23 y siguientes de la Ley 1581 de 2012, es una consecuencia negativa impuesta en contra de la persona natural o jurídica que viole las disposiciones de la Ley 1581 de 2012.

Esta consecuencia negativa tiene como finalidad promover y garantizar el cumplimiento de la Ley de 13 Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. (…) (negrita añadida) 14 Corte Constitucional, Sala Plena, C-125 del 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.

“Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” HOJA N 12, VERSIÓN ÚNICA habeas data financiero y, de esa forma, proteger el derecho fundamental a la protección de datos personales, entre otros15. La imposición de sanciones por violación de la Ley 1581 de 2012 tiene como fin central proteger y promover el respeto del derecho fundamental a la protección de datos personales, derecho humano (universal, inalienable, indivisible, irrenunciable e imprescriptible) que fue positivizado por el Constituyente Primario en el artículo 15 de la Constitución de 1991, y que en muchas ocasiones es conexo a otros derechos fundamentales de gran relevancia constitucional como la dignidad humana, el buen nombre, la intimidad, etc.

Del mismo modo, la vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales no solo afecta los derechos de una persona en particular, sino que pone en riesgo los derechos fundamentales de toda la sociedad. Por eso, las sanciones de dichas conductas no pueden, ni deben tratarse, como una cuestión insignificante o de poca monta.

La transgresión flagrante a los derechos humanos de un ciudadano es, por sí sólo, un hecho muy grave que no necesita de forzosos razonamientos para evitar un desentendimiento de la importancia de lo sucedido. Recuérdese que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”16.

Por eso, según dicho documento, se considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”. No debe olvidarse que el respeto de los derechos humanos es un elemento esencial de la democracia17. La Ley 1581 de 2012 le confirió a la Superintendencia de Industria y Comercio potestad sancionatoria que se concreta en el artículo 2318 de la misma ley.

Asimismo, el artículo 24 de la norma en mención indica los criterios a seguir para graduar las sanciones en los siguientes términos: “ARTÍCULO

24. CRITERIOS PARA GRADUAR LAS SANCIONES. Las sanciones por infracciones a las que se refieren el artículo anterior, se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables: a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley; b) El beneficio económico obtenido por el infractor o terceros, en virtud de la comisión de la infracción; c) La reincidencia en la comisión de la infracción; d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la e) La renuencia o desacato a cumplir las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio;

Las sanciones impuestas en función del derecho administrativo sancionatorio pretenden asegurar el orden público y el correcto funcionamiento de la administración. Al respecto ver: Corte Constitucional, Sala Plena, C-703 de 2010, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza, Considerando 5; Corte Constitucional, Sala Plena, C-010-03, Magistrada Ponente Clara Inés Vargas. 16 Organización de las Naciones Unidas (1948).

Declaración Universal de los Derechos Humanos 17 Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 18Ley 1581 de 2012, artículo 18: “La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento las siguientes sanciones: a) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó; b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de seis (6) meses.

En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar; c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio; d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos sensibles;

PARÁGRAFO. Las sanciones indicadas en el presente artículo sólo aplican para las personas de naturaleza privada. En el evento en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio advierta un presunto incumplimiento de una autoridad pública a las disposiciones de la presente ley, remitirá la actuación a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación respectiva.” HOJA N 13, “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” VERSIÓN ÚNICA f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.” Por lo tanto, atendiendo dichos criterios, este Despacho entrará a determinar cuáles deberá tener en cuenta en el caso en concreto, así: 12.1.1 La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la ley De la lectura de la norma citada, resulta claro que para que haya lugar a la imposición de una sanción por parte de este Despacho, basta que la conducta desplegada por la investigada haya puesto en peligro los intereses jurídicos tutelados por la Ley 1581 de 2012.

Respecto a las sanciones que se imponen por la infracción al Régimen de Protección de Datos, debe precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho administrativo sancionador, la autoridad administrativa debe ejercer su potestad sancionatoria en forma razonable y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad de la norma que establezca, así como la proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.

Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad”19 De esta forma, para la correcta adecuación de los hechos y la sanción aplicable, el operador jurídico en materia de protección de datos personales, debe en primera medida, analizar la dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados, así como el posible beneficio económico, para luego analizar otras circunstancias concurrentes de graduación, tales como la capacidad económica del investigado, la reiteración de la infracción, colaboración del investigado para esclarecer los hechos investigados20.

También se tendrán en cuenta para la dosificación de la sanción, el tamaño de la empresa, sus ingresos operacionales, patrimonio y, en general, su información financiera, de tal forma que la sanción resulte disuasoria más no confiscatoria. Así como, la conducta de la investigada durante el trámite de la investigación administrativa. En el caso sub-examine, quedó demostrado que la sociedad investigada no dio cumplimiento a la orden impuesta en la Resolución No. 61042 del 6 de noviembre de 2019 dentro del término establecido.

En consecuencia, se encuentra probado el actuar negligente por parte de la investigada frente al cumplimiento del deber establecido en el literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal h) del artículo 21 de la norma en mención. Por lo tanto, procede una sanción pecuniaria de SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL 19 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-125 del 18 de febrero de 2003, Exp.

Rad. D-4059, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 20 Ley 1581 de 2012 “Artículo 23. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento las siguientes sanciones: a) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó; b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de seis (6) meses.

En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar; c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la de datos sensibles; Parágrafo. Las sanciones indicadas en el presente artículo sólo aplican para las personas de naturaleza privada.

En el evento en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio advierta un presunto incumplimiento de una autoridad pública a las disposiciones de la presente ley, remitirá la actuación a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación respectiva.” “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” HOJA N 14, VERSIÓN ÚNICA OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (7.600.800) equivalente a DOSCIENTAS (200) unidades de valor tributario-UVT21. 12.1.2 El reconocimiento o aceptación de la comisión de una aceptación El criterio de atenuación señalado en el literal f) del artículo 24 de la Ley 1581de 2012 se aplicará toda vez que la investigada, en su comunicación del 25 de marzo de 2021 con radicado 19250372- -00019-0001, reconoció la comisión de infracción al deber contemplado en literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal h) del artículo 21 de la norma en mención indicando expresamente: “Monteprieto Limitada ha reconocido la infracción cometida y aceptado los cargos señalados en la Resolución 78264 de 2020 previo a la imposición de cualquier sanción. Adicionalmente, del estudio del caso se evidencia que: i) la dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la Ley 1581 de 2012 fue baja; ii) la Compañía no obtuvo un beneficio económico para sí o a favor de un tercero; iii) la Compañía no es reincidente en este tipo de infracciones; iv) la Compañía no ha presentado resistencia, negativa u obstrucción a la investigación.”22 En virtud de lo expuesto, se procederá a reducir la sanción impuesta en el cargo único por la vulneración al deber establecido en literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal h) del artículo 21 de la norma en mención en TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (3.800.400) equivalente a CIEN (100) unidades de valor tributario vigentes -UVT23. 12.1.4 Otros criterios de graduación Por último se aclara que los criterios de graduación de la sanción señalados en los literales b), c), d) y e) del artículo 24 de la Ley 1581 de 2008 no serán tenidos en cuenta debido a que (i) dentro de la investigación realizada no se encontró que la investigada hubiera obtenido beneficio económico alguno por la comisión de la infracción, (ii) no hubo reincidencia en la comisión de la infracción, (iii) no hubo resistencia u obstrucción a la acción investigativa de la Superintendencia y, (iv) no hubo renuencia o desacato a cumplir las órdenes e instrucciones del Despacho.

DÉCIMO TERCERO: CONCLUSIÓN Se procederá a imponer una sanción por las siguientes razones: i. Se comprobó que la sociedad investigada infringió abiertamente las normas sobre protección de datos personales consagradas en el literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal h) del artículo 21 de la norma en mención. ii.

La sociedad investigada no cumplió con la orden impuesta en la Resolución No. 61042 de 6 de noviembre de 2019 dentro del término establecido. iii. La sociedad investigada tardo diez (10) meses en cumplir la orden de la Resolución No. 61042 de 6 de noviembre de 2019. iv. La sociedad investigada aceptó el incumplimiento del deber de cumplir con las instrucciones de esta Superintendencia, por lo cual se aplicó el criterio de atenuación señalado en el literal f) del artículo 24 de la Ley 1581de 2012. 21 Mediante la resolución 140 del 25 de noviembre de 2021, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dio a conocer el valor de la UVT aplicable en 2022, la cual quedó en $38.004. 22 Expediente digital, consecutivo 19, página 2 23 Mediante la resolución 140 del 25 de noviembre de 2021, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dio a conocer el valor de la UVT aplicable en 2022, la cual quedó en $38.004.

“Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” HOJA N 15, VERSIÓN ÚNICA Así las cosas, una vez analizada toda la actuación administrativa, la información y documentos que conforman el expediente, encuentra este Despacho procedente imponer a la sanción correspondiente en TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (3.800.400) equivalente a CIEN (100) unidades de valor tributario vigentes -UVT24, por la violación el literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal h) del artículo 21 a la sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA.

DECIMO CUARTO: Que con el fin de garantizar los derechos fundamentales de contradicción de la sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA identificada con Nit. 860.501.3037, esta Dirección ha concedido el acceso al presente Expediente digital, por intermedio de su Representante legal vinculado al correo electrónico de notificación judicial de la sociedad JMVIUCHE@GMAIL.COM, quien debe registrarse en calidad de persona natural, exclusivamente con los datos en mención, en el enlace https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php En caso de que la sociedad requiera un acceso adicional de consulta del Expediente, deberá dirigir su solicitud en tal sentido desde el correo electrónico de notificación judicial de la sociedad, a los correos electrónicos contactenos@sic.gov.co y habeasdata@sic.gov.co, indicando el número de radicado del expediente, los nombres y números de identificación de las personas autorizadas, acreditando para dicho efecto los debidos poderes y/o autorizaciones, según corresponda.

Si tienen alguna duda o presentan algún inconveniente para la consulta del expediente o requiere más información relacionada con la Protección de Datos Personales, favor comunicarse con el contact center (601) 592 04 00, para que la misma sea atendida en el menor tiempo posible. En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA identificada con el Nit. 860.501.303-7 de en TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (3.800.400) equivalente a CIEN (100) unidades de valor tributario vigentes -UVT por la violación a lo dispuesto en literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal h) del artículo 21 de la norma en mención.

PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco Popular, Cuenta No. 050000249, a nombre de Dirección del Tesoro Nacional – Fondos Comunes, Código Rentístico No. 350300, Nit. 899999090-2. El pago deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución y acreditarse en la ventanilla de Tesorería de esta Superintendencia con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la resolución sancionatoria.

Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso, liquidados a la tasa del 12% efectivo anual.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordena a la sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA identificada con el Nit. 860.501.303-7, cumplir las instrucciones impartidas por esta Dirección en el presente acto administrativo, según lo expuesto en su parte motiva, dentro del término de un (1) mes siguiente a la ejecutoria de la presente decisión. Las siguientes instrucciones: 24 Mediante la resolución 140 del 25 de noviembre de 2021, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dio a conocer el valor de la UVT aplicable en 2022, la cual quedó en $38.004.

HOJA N 16, “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” VERSIÓN ÚNICA  La sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA deberá especificar en la POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN las medidas reforzadas para proteger los datos sensibles de los Titulares.  La sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA deberá actualizar la información registrada en el RNBD específicamente respecto de las medidas de seguridad implementadas.

PARÁGRAFO PRIMERO: La sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA identificada con el Nit. 860.501.303-7, deberá acreditar el cumplimiento de lo ordenado en el presente artículo ante esta Superintendencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expiración del plazo previsto para su acatamiento. Para ello deberá remitir a esta entidad una certificación de cumplimiento de las órdenes impartidas por mandato de este acto administrativo.

Dicha certificación debe ser emitida por un auditor interno o externo con conocimientos o especializado en los temas que involucra la implementación de cada orden, y suscrita por el representante legal de la sociedad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en el presente acto administrativo, hará a la sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA identificada con el Nit. 860.501.3037, acreedora de las sanciones previstas en la ley.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la sociedad ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA identificada con el Nit. 860.501.303-7 a través de su representante legal, en calidad de investigada, entregándole copia de la misma e informándole que contra ella procede recurso de reposición, ante el Director de Investigación de Protección de Datos Personales y de apelación ante el Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: La Superintendencia de Industria y Comercio se permite recordar que los canales habilitados para que los investigados ejerzan sus derechos, den respuesta a requerimientos, interpongan recursos, entre otros, son: - Correo Superindustria: contactenos@sic.gov.co - Sede Principal: Avenida Carrera 7 # 31 A - 36 pisos 3 y 3a en la Ciudad de Bogotá de lunes a viernes de 8:00 a.m a 4:30 p.m

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá, D.C., 04 OCTUBRE 2022 El Director de Investigación de Protección de Datos Personales, Firmado digitalmente por ENRIQUE SALAZAR CARLOS ENRIQUE CARLOS MUNOZ SALAZAR MUNOZ Fecha: 2022.10.04 12:49:09 -05'00' CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ Proyectó: DMPRB Revisó: AMVJ Aprobó: CESM NOTIFICACIÓN: Investigada: Entidad: ASESORÍAS MONTEPRIETO LIMITADA Identificación: Nit.: 860.501.303-7 Representante Legal: CAMILA PRIETO DI COLLOREDO Identificación: C.C. No. 52387003 Dirección: CALLE 86 A NO. 13 A - 09 OFICINA 407 Ciudad: Bogotá D.C Correo electrónico: JMVIUCHE@GMAIL.COM “Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden” Apoderado: JORGE MARIO SILVA BARRETO Identificación: C.C 79946093 Tarjeta Profesional: 126.732 del C.S. de la J Dirección: Carrera 15 No. 97-40, oficina 403 Ciudad: Bogotá D.C Correo electrónico: jorgemariosilva@silvaabogados.com HOJA N 17, VERSIÓN ÚNICA

Resolución sancionatoria N° 78264 de 2022

CONSIDERANDO

RESUELVE