T-670 de 2010

Debido proceso administrativo, igualdad, vida digna.

La accionante comenta que el Consejo de Estado, condenó a la Nación al pago de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los desplazados del municipio de Tibú Norte de Santander, sin embargo señalo que no podía considerarse que las personas que figuran en la lista elaborada por la Red de Solidaridad Social tuvieran la calidad de desplazados, por esta razón se depuró el listado, para determinar quienes eran los desplazados de dicha zona, por lo que, solicitó el reconocimiento y pago de lo ordenado por el Consejo de Estado, sin embargo el fondo de la Defensoría del Pueblo negó la solicitud argumentando que no concurrió a reclamar la indemnización dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que se publicó la sentencia, la accionante considera que esta decisión constituye una vía de hecho, pues la misma sentencia no señala ningún término perentorio para hacer efectivo el pago ordenado.

La Sala pasa a pronunciarse sobre los requisitos para acceder al pago de indemnizaciones cuando se trata de acciones de grupo, se encuentra que a la accionante se le pidió demostrar ser la legítima beneficiaria de la indemnización, aportando para el efecto el certificado del INCORA de adjudicación de terrenos baldíos, sin embargo no aportó ningún documento, por este motivo la entidad accionada pagó la indemnización a quien logró demostrar ser la beneficiaria, ya que allegó las pruebas necesarias para demostrar su calida de desplazada y de ser la persona mencionada en las listas del Consejo de Estado, se decide no acceder a las pretensiones de la accionante por no haber demostrado ser la persona que aparece en la lista de desplazados.

Niega.