T-438 de 2025

La accionante, actuando como madre y cuidadora de un hijo mayor de edad en estado de mínima conciencia, solicitó a la EPS un servicio de enfermería domiciliaria y el procedimiento de eutanasia para él.

El fundamento de la segunda pretensión fue que su hijo, antes de perder la conciencia le manifestó que no le gustaría encontrarse en una situación de total dependencia y postración en una cama.

El Comité Interdisciplinario para Morir Dignamente negó la solicitud por la ausencia de un consentimiento expresado a través de un documento de voluntad anticipada y la falta de elementos disponibles para valorar el estado de salud del paciente.

En sede de revisión la Sala conoció que el agenciado murió y, por ello, declaró la carencia actual de objeto por HECHO SOBREVINIENTE frente a la petición del servicio de enfermería y por DAÑO CONSUMADO en lo relacionado con el derecho a morir dignamente.

En lo que respecta a esta última garantía la Corte señaló que los Comités Interdisciplinarios para el Derecho a la Muerte Digna tienen un rol fundamental como puerta de acceso al ejercicio del derecho y, por lo tanto, sus procedimientos deben aplicar la jurisprudencia constitucional de manera prevalente.

Teniendo en cuenta que el presente caso suponía una intersección entre el consentimiento como fundamento del derecho a la muerte digna y el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, la Corte se refirió en detalle a ambos temas.

De esta forma, la Sala indicó que, hasta ahora, la figura del consentimiento sustituto, reconocida por la jurisprudencia, se aplicaba a todos los casos en los que la persona no pudiera expresar su voluntad en el momento presente, pero existían condiciones para determinar cuál sería su posición sobre la muerte digna.

En esta sentencia se abordó una circunstancia específica en la que, aunque la persona no podía manifestar actualmente su voluntad, sí hizo manifestaciones previas a sus allegados sobre sus intereses vitales de manera informal.

En este caso específico se indicó que no se está propiamente ante una discusión sobre consentimiento sustituto sino ante un caso de apoyo interpretativa de la voluntad.

Se concluyó que, este concepto, que se alinea de mejor manera con estándares internacionales y jurisprudenciales sobre discapacidad, refleja de manera más exacta el proceso, ya que no se trata de sustituir la voluntad de quien no puede expresarse en un particular momento, sino de interpretar, con base en manifestaciones previas, las preferencias y decisiones de la persona en cuestión.

Se reiteró los exhortos hechos al Congreso de la República en varias providencias, para que, en desarrollo de su potestad de configuración normativa, avance en la protección de una muerte digna, con miras a eliminar las barreras aún existentes para el libre ejercicio de la autodeterminación de las personas en aplicación de sus derechos fundamentales a una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad y al respeto de la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Así mismo, para que incluyan en la discusión a las personas con discapacidad y sus organizaciones, para asegurar que sus derechos estén plenamente integrados, de conformidad con el artículo 4.3 de la Ley 1996 de 2019 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

También se ordenó Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud que difundan el contenido del derecho a morir dignamente y promuevan capacitaciones entre las instituciones prestadoras de salud sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la aplicación del criterio de la mejor interpretación sobre la voluntad de la persona en el marco de la muerte digna.