T-402 de 2025

La Asociación de Usuarios de Sanitas y varios ciudadanos presentaron la acción de tutela en contra de la Superintendencia Nacional de Salud, por la vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana.

Alegaron que la toma de posesión de la EPS Sanitas fue arbitraria y desconoció el debido proceso y que, a partir de dicha situación, se desmejoró de forma significativa la prestación del servicio de salud y se incumplió con el suministro de servicios y tecnologías.

Al verificar el cumplimiento de los presupuestos de procedencia de la acción de tutela la Corte concluyó que los accionantes no estaban legitimados en la causa por activa para solicitar la protección del derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por la toma de posesión de la EPS Sanitas.

Esto, porque en la Sentencia SU.277/25 se señaló que quienes estaban legitimados para solicitar la protección de dicha garantía eran los socios y representantes legales al momento de la intervención.

Además, la Sala encontró que no era posible identificar una relación directa entre la actuación de la Superintendencia de Salud y la presunta violación de los otros derechos invocados por los accionantes.

En este sentido precisó, además, que la Asociación no estaba legitimada en la causa por activa y este sentido declaró la improcedencia de la acción.

No obstante, encontró que los otros peticionarios sí estaban legitimados, únicamente para solicitar la protección de sus derechos a la salud, vida y dignidad humana, por el eventual incumplimiento en el suministro oportuno de servicios y tecnologías en salud, por las barreras en el agendamiento de citas y el cobro indebido de cuotas moderadoras.

La Sala concluyó que la EPS (i) vulneró las precitadas garantías porque no acreditó haber suministrado a los actores los medicamentos prescritos en los meses en que señalaron no haberlos recibido; (ii) no vulneró los derechos alegados en relación con las supuestas barreras relativas al agendamiento de citas médicas, porque no se evidenció que esto hubiera afectado o incidido en la continuidad de la prestación del suministro de servicios y tecnologías y; (iii) no hubo trasgresión de derechos a una accionante específica, en relación con el cobro de cuotas moderadoras por el servicio de toma de laboratorios clínicos.

Con base en lo anterior, se CONCEDIÓ la protección solicitada en lo que respecta al ordinal (i) y se ordenó a la accionada suministrar los medicamentos que no habían sido entregados a los tutelantes.

Así mismo, la conminó para que, en lo sucesivo, preste los servicios en salud conforme a los principios de oportunidad, continuidad e integralidad previstos en la Ley 1751 de 2015.

Igualmente, la Corte determinó remitir el expediente de tutela a la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760/08, para que tenga conocimiento de las problemáticas estructurales en la prestación del servicio de salud advertidas por los accionantes y, en el marco de su competencia, tome las determinaciones que considere pertinentes.