T-373 de 2025

Como antecedentes de este caso se tiene que los accionantes demandaron la responsabilidad civil extracontractual de una clínica, por la presunta configuración de una falla médica, lo cual condujo al fallecimiento de un familiar que había sido hospitalizado por un dengue hemorrágico.

Se adujo que la institución hospitalaria no tomó las medidas necesarias para evitar que el paciente, luego de haber sufrido un trastorno psicótico previsible por el diagnóstico que le dieron, se lanzara desde una ventana del segundo piso de la clínica.

Así mismo, por no seguir los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud para tratar la caída.

Según los actores, la falta de diligencia en la atención médica antes y después de la caída, fue la razón del deceso.

En sede de tutela se censuró la sentencia judicial de segunda instancia adoptada al interior del precitado proceso administrativo.

Se atribuyó a dicho fallo los defectos violación directa de la Constitución, fáctico y desconocimiento del precedente.

Se verificó el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analizó temática relacionada con la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad civil médica.

Se CONCEDIÓ el amparo al debido proceso, se dejó sin efectos la decisión atacada y se ordenó a la autoridad judicial proferir un nuevo fallo en el que examine únicamente lo relativo a la participación causal del paciente en la materialización del daño y, por ende, la tasación de perjuicios y la condena en costas.

Se preciso que, para los anteriores efectos, se deberá tener en cuenta las consideraciones de esta providencia.

Se fijó la siguiente regla de decisión: en los procesos de responsabilidad civil extracontractual médica, el juez debe realizar una valoración integral de la atención médica prestada al paciente a partir del conjunto de pruebas obrantes dentro del expediente.

Para ello, debe (i) analizar si la lex artis exige protocolos específicos de atención, teniendo en cuenta las condiciones clínicas particulares del paciente; (ii) valorar todos los hallazgos objetivos del informe de necropsia que evidencien la materialización del riesgo clínico y (iii) aplicar el estándar probatorio de probabilidad prevalente o preponderante para establecer el nexo causal entre las omisiones médicas y el resultado dañoso, sin exigir certeza absoluta.