T-350 de 2025

La acción de tutela fue interpuesta directamente por una niña de diez años que cuestionó a un despacho judicial por el trámite que impartió al proceso de regulación de visitas promovido por su padre biológico.

De manera específica censuró la audiencia que aprobó la conciliación alcanzada por los progenitores y fijó un régimen de visitas, sin tomar en cuenta su opinión.

La Corte interpretó que la presunta trasgresión al derecho al debido proceso se presentó porque la conciliación atacada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.

Ello, por cuanto no valoró la opinión de la accionante, ni garantizó su participación en el trámite de regulación de visitas.

Se reiteró jurisprudencia relacionada con el alcance de los defectos precitados y el debido proceso de los menores de edad en los trámites judiciales, específicamente, el derecho a ser oídos.

Así mismo, se analizó temática referente al proceso de regulación de visitas y el enfoque de curso de vida que se debe aplicar en el mismo.

La Sala concluyó que la autoridad judicial al aprobar el acuerdo conciliatorio suscrito entre los padres de la menor de edad incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.

Lo anterior, toda vez que, de una parte, (i) no valoró las evaluaciones psicológicas incorporadas al expediente y que daban cuenta de la relación de la menor con su padre biológico, el incumplimiento de los deberes parentales de afecto por parte de este último y, por lo tanto, de la necesidad de tomar en consideración la opinión de la niña en el proceso.

De otra parte, porque (ii) los elementos de prueba evidenciaban la inexistencia de un entorno familiar seguro, con ocasión de la falta de comunicación e interacción adecuada entre los progenitores.

Igualmente consideró la Sala que el accionado desconoció los artículos 6, 8, 9 y 26 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en concordancia con el artículo 44 de la Constitución, los cuales establecen (a) el principio del interés superior del menor, como criterio obligatorio en toda decisión que los afecte, exigiendo la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos, y (b) la prevalencia de sus derechos sobre los de cualquier otra persona, en particular, cuando se está ante una actuación judicial, pues todos los menores de edad tienen derecho a ser escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta en tales trámites.

Se CONCEDIÓ el amparo invocado y se adoptaron un conjunto de medias de protección a su favor, incluyendo la presentación de una síntesis de lo resuelto en un lenguaje sencillo que le permita a la peticionaria comprender íntegramente por la Corporación.