T-345 de 2025

La vulneración de derechos fundamentales se atribuyó a las providencias judiciales adoptadas al interior de un proceso de reparación directa, por las lesiones que sufrió un joven en el marco de una protesta que se desarrolló en la Universidad del Tolima, en conmemoración del Día del Estudiante Caído, en la cual un Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional se presentó para disolver dicha manifestación.

Se alegó la configuración de un defecto asociado a la práctica y valoración prejuiciosa de dos testimonios.

Se verificó el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y se hizo una caracterización del defecto fáctico.

Así mismo, se analizó temática relacionada con los perjuicios en la actividad judicial, la estigmatización de la protesta social y la flexibilización en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

La Sala concluyó que las autoridades accionadas vulneraron el debido proceso de los accionantes, porque en el trámite que adelantaron en el proceso administrativo se evidenciaron perjuicios de la víctima que, incluso, revictimizaron.

Adicionalmente, porque no se identificó la posible grave violación de derechos humanos que involucraba el caso, pues la víctima es un activista estudiantil que documentaba posibles violaciones a los derechos humanos.

Se precisó que, la anterior omisión llevó a que los operadores jurídicos no aplicaran un estándar probatorio flexible, en el que no se exigiera a los demandantes una prueba directa, sino que se evaluaran las pruebas indiciarias para aproximarse a la verdad de los hechos.

En el mismo sentido, la Sala encontró que no se distribuyó la carga de la prueba entre las partes, sino que se dejó en cabeza de la víctima demostrar los hechos que alegaba.

Se CONCEDIÓ el amparo invocado y se revocaron las sentencias censuradas.

Se llamó la atención a los despachos administrativos involucrados para que no vuelvan a incurrir en el defecto fáctico analizado en este caso y que involucra una presunta grave violación a los derechos humanos.

Así mismo, se llamó la atención al juzgado administrativo de primera instancia, para que se abstenga de realizar comentarios que pueden minimizar la importancia del rol de las mujeres dentro de los procesos judiciales.

Se dejó sin efectos la sentencia proferida en segunda instancia y se ordenó al Tribunal Administrativo accionado proferir una nueva sentencia en sede de apelación, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.