T-187 de 2025

La actora tiene setenta años y es de nacionalidad venezolana.

Ella ingresó al territorio nacional a comienzos del 2019 y solicitó a la accionada que se le reconociera la condición de refugiada.

En el trámite de resolución de la anterior petición, se le expidió el salvoconducto SC-2 con vigencia hasta diciembre de 2023.

A mediados del año 2021, la entidad le informó que no podía acogerse a lo dispuesto en el Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos y obtener un permiso por protección temporal (PPT), porque tenía en tramite el reconocimiento de la condición de refugiada, el cual, no solo fue negado en agosto de 2023, sino que devino en la cancelación del salvoconducto que se le había otorgado inicialmente.

Luego de lo anterior, se le concedió otro salvoconducto, pero con vigencia de treinta días para que abandonara el país.

Frente a la anterior decisión la accionante interpuso recurso de reposición y solicitud de revocatoria directa, pero la entidad denegó ambas acciones.

Con base en lo anterior, presentó una petición para que se le expidiera un PPT pero la accionada contestó que no cumplía el requisito de temporalidad exigido para que los ciudadanos que fueron titulares de un Salvoconducto de permanencia SC-2 por condición de refugiado, se acogieran al Estatuto Temporal de Protección, porque dicha etapa había culminado el 30 de abril de 2023.

La precitada respuesta es la que se considera trasgresora de derechos fundamentales, porque no fue completa y porque de manera explícita indicó la necesidad de reconocer extemporáneamente el permiso de protección.

Se analizó temática relacionada con el marco legal migratorio para migrantes venezolanos y el régimen jurídico para los migrantes que quieren permanecer en Colombia.

Respecto al derecho de petición que se alegó vulnerado la Corte declaró la configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO, en tanto la entidad dio respuesta.

Así mismo, decidió TUTELAR los derechos a la unidad familiar, a la salud y al mínimo vital de la actora y ordenó a la entidad adoptar un enfoque diferencial y, en los términos del resolutivo cuarto de la sentencia SU.543/23, extender los efectos del fallo, en el sentido de inaplicar por inconstitucionales los artículos 16 y 17 del Decreto 216 de 2021, que modificaron el parágrafo transitorio del artículo 2.2.3.1.4.1 del Decreto 1067 de 2015 y proceder a inscribir a la tutelante en el Registro Único de Migrantes Venezolanos y le permita continuar con el trámite de expedición del PPT y, más adelante, con la posibilidad de optar por una visa tipo R.