T-168 de 2025

En este caso se cuestiona la decisión judicial adoptada en segunda instancia al interior de un proceso de reparación directa interpuesta por los familiares de un erradicador manual de cultivos de uso ilícito que murió por una mina antipersonal.

La providencia censurada se fundamentó en los siguientes argumentos: (i) que no podía inferirse una falla en el servicio atribuible a la Policía Nacional por la falta de claridad en las circunstancias que rodeaban los hechos, dado que no se sabía si el accidente había ocurrido en la zona de erradicación o durante el traslado hacia dicho lugar; (ii) que la víctima conocía los peligros de su actividad y los había asumido de forma voluntaria, por lo que no aplicaba la teoría del riesgo especial para imputar la responsabilidad del Estado; y (iii) que el daño se entendía reparado porque la viuda de la víctima firmó un contrato de transacción con la empresa de servicios temporales que lo había contratado.

Se reiteró jurisprudencia relacionada con las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y sobre el precedente sobre responsabilidad patrimonial del Estado por daños causados por minas antipersonal a erradicadores manuales de cultivos de uso ilícito.

Tras encontrar vulnerados los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la reparación integral de los peticionarios, se CONCEDIÓ el amparo invocado porque la autoridad judicial incurrió en 1º) fáctico porque omitió la valoración de todos los elementos de juicio, le dio un alcance inadecuado a algunas pruebas que interpretó de forma aislada y descontextualizada, impuso una carga probatoria desproporcionada de los accionantes y omitió la práctica de algunas pruebas que pudieron ser necesarias y, 2º) defecto por desconocimiento del precedente, pues la sentencia cuestionada se apartó de la línea jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado.