T-112/26 de 2026

La accionante alegó que la EPS Famisanar vulneró derechos fundamentales de su hija, una menor de once años diagnostica con Parálisis Cerebral Espástica, al negar la autorización y el suministro de una silla de ruedas motorizada y de una silla de baño tipo A, indispensables para garantizar su movilidad, autonomía y calidad de vida.

La entidad argumento que nos insumos solicitados no se autorizaron por ausencia de orden médica emitida por un profesional de la salud que solicitara el servicio con las especificaciones técnicas pretendidas por la actora y de acuerdo con las condiciones médicas actuales de la paciente.

Se reiteró jurisprudencia sobre el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes; la protección especial de la precitada garantía para las personas en situación de discapacidad; la prestación de servicios y suministro de tecnologías en salud y, el alcance del derecho a la salud en su faceta de diagnóstico.

La Sala reiteró que los niños, niñas y adolescentes son titulares de una especial protección constitucional reforzada y que, en virtud de ello, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación correlativa de garantizar su salvaguarda integral y cuidado efectivo.

Igualmente, precisó que el goce efectivo del derecho a la salud de las personas en situación de discapacidad se rige por un conjunto de principios constitucionales y legales que el Estado está obligado a observar y garantiza y que tal exigencia responde a la necesidad de asegurar que este grupo poblacional, conformado por sujetos de especial protección constitucional, alcance los más altos niveles de bienestar, particularmente en lo relativo a su estado de salud, en consonancia con el mandato superior de dignidad humana y con el carácter fundamental del derecho a la salud.

Se CONCEDIÓ el amparo invocado y se impartieron una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce del derecho tutelado.