T-072/26 de 2026

La accionante, una mujer que tiene cáncer de recto y es tratada por esta patología, alegó que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al negar el pago de incapacidades a pesar de tener acumulados 1164 días de incapacidad; negar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez e incurrir en mora de medicamentos, citas y transporte.

De manera específica la actora le pidió al juez de tutela ordenar una nueva revisión del dictamen de pérdida de capacidad laboral con la modificación de la fecha de estructuración, el reconocimiento de la pensión de invalidez, el pago de incapacidades adeudades y la garantía de atención integral en salud.

Se analizó jurisprudencia relacionada con incapacidades médicas, pensión de invalidez, debido proceso en dictámenes de pérdida de capacidad laboral y el derecho fundamental a la salud, especialmente frente a sujetos de especial protección constitucional.

Se declaró la carencia actual de objeto por situación sobreviniente respecto de la revisión del dictamen, en la medida en que se inició un nuevo proceso de calificación.

Se negó el amparo en lo relacionado con la pretensión del pago de incapacidades, por cuanto se verificó que éstas fueron canceladas.

Respecto a las demás pretensiones se decidió ordenar de manera transitoria el reconocimiento y pago de la prestación reclamada, hasta tanto se resuelva de manera definitiva su reconocimiento, una vez el dictamen se encuentre en firme.

Así mismo, se ordenó verificar la totalidad de servicios médicos que han sido prescritos y no realizados, para que éstos se materialicen a través de la prestación de un servicio integral.