T-060 de 2025

En este caso tres mujeres de Camerún alegaron que Migración Colombia vulneró sus derechos fundamentales a raíz de la decisión administrativa de inadmisión o rechazo que adoptó como consecuencia de un control migratorio a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado.

Según las actoras, las consecuencias de la anterior decisión fueron: (i) que estuvieron detenidas en el aeropuerto durante varios días sin una orden judicial o administrativa, en condiciones precarias, con malos tratos y sin acceso a información mínima de su condición migratoria; (ii) que fueran rechazadas sin observarse un debido proceso administrativo que les permitiera ejercer el derecho a la defensa y contradicción, con garantías de traducción o de comunicación en su lenguaje natal y; , (iii) que fueran rechazadas sin haber podido presentar solicitudes de asilo en la zona de tránsito y, por lo mismo, ignorando la garantía de la no devolución ante el riesgo que podría existir sobre sus derechos en caso de que regresaran a su país de origen.

La Corte consideró que, en este caso concreto, existía una tensión constitucional entre, de un lado, el ámbito de soberanía del Estado para organizar los procedimientos migratorios y, de otro, la protección de los derechos humanos de la población migrante.

Se analizó la siguiente temática: 1º.

Nociones esenciales en el contexto de movilidad humana y precisiones sobre el fenómeno de la migración en tránsito. 2º.

El marco jurídico sobre la soberanía del Estado para organizar los procedimientos administrativos de carácter migratorio y el procedimiento de inadmisión o rechazo de extranjeros. 3º.

El régimen jurídico internacional y nacional para la protección a la población migrante y sus implicaciones sobre el fenómeno de la migración en tránsito. 4º.

Las reglas jurisprudenciales sobre libertad personal y debido proceso y las subreglas para su aplicación respecto del fenómeno de la migración en tránsito y, 5º.

Las reglas del derecho al asilo y el principio de no devolución como categorías de protección internacional y las subreglas para el fenómeno de la migración en tránsito.

A pesar de que se declaró la carencia actual de objeto por DAÑO CONSUMADO, la Sala declaró que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales de las accionantes a la libertad personal, al debido proceso y a la no devolución.

Se exhortó al Congreso de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores, como encargados de la formulación y ejecución de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano, y a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, como autoridad migratoria, que regulen, en el marco de sus competencias legales, los derechos de los migrantes respecto del fenómeno de la migración en tránsito.