SU- de 2024

La Corte decidió dos acciones de tutela formuladas de manera independiente, en donde el hecho común fue que las actoras cuestionaron decisiones judiciales adoptadas en procesos de reparación directa promovidas en contra del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, por la comisión de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes del Estado.

Con dichas sentencias se declaró la caducidad de la acción, en un caso, porque se consideró que el término debía contarse desde el momento en el que ocurrió el deceso y, en el otro, porque se estableció que el término debía contarse a partir de una entrevista rendida ante la Fiscalía General de la Nación en la que la demandante afirmó haber escuchado que el deceso de la víctima pudo haber sido un falso positivo.

Se reiteró jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de daños originados por presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

Así mismo, se hizo una caracterización de os defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial como causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

Se reiteró que el término de caducidad debe contabilizarse a partir de dos presupuestos: (i) desde el momento en que los demandantes hubieran tenido conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y (ii) desde el momento en que la parte demandante se encuentre en capacidad material de imputarle el daño al Estado ante el aparato judicial.

Se indicó, además, que en estos casos la valoración de las pruebas debe obedecer a criterios contextuales y garantistas, de modo que la aplicación de las reglas procesales no puede darse rígidamente con el propósito de obstaculizar injustificadamente el acceso efectivo a la administración de justicia, en desmedro de las garantías constitucionales de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Se reafirmó, en general, la necesidad de aplicar un enfoque flexible y pro víctima en la interpretación de las reglas procesales, especialmente en casos que involucren presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones graves a los derechos humanos.

En ese sentido, se indicó que estos contextos exigen que las autoridades judiciales valoren las pruebas de manera más comprensiva y contextual, reconociendo las barreras estructurales que enfrentan las víctimas para acceder a la verdad y a la justicia, tales como las dificultades para obtener información veraz y desvirtuar, al menos prima facie, las versiones oficiales de los hechos.

Se CONCEDIÓ el amparo invocado en ambos casos, se revocaron las decisiones judiciales censuradas y se ordenó emitir nuevos fallos en los que se valoren la caducidad de la demanda conforme a los lineamientos establecidos en esta sentencia de unificación.