SU- de 2025

El caso que se resolvió con la presente providencia se relacionó con una niña indígena de casi doce años de edad que fue víctima de violencia sexual por parte de su padrastro y que, como consecuencia de ello, quedó embarazada.

Las instituciones de salud que confirmaron el estado de gravidez determinador que, por la edad de la gestante, se trataba de un embarazo de alto riesgo, por lo cual informaron al núcleo familiar sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo, al estar contemplada la violencia sexual dentro de las causales de la Sentencia C-355/06.

No obstante, la institución que atendió la solicitud de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) condicionó su realización a la autorización del resguardo indígena al que pertenecía la niña, el cual se negó a autorizarla.

Mientras la autoridad indígena accionada adelantaba la investigación contra el padrastro, la niña en estado de embarazo, su mamá y sus dos hermanas más pequeñas, quienes son hijas de él, ingresaron a una IPS para evitar que volvieran al hogar, ya que en ese momento él aún residía allí.

Tres meses después del nacimiento de la niña, se les dio egreso del lugar, sin que la que la autoridad accionada las acompañara en su retorno.

Debido a la ausencia de implementación de medidas y ante la dependencia económica del núcleo familiar respecto del agresor, las mujeres se vieron obligadas a reanudar la convivencia con él, situación que se prolongó hasta el momento en el que se ordenó su captura.

La accionante, actuando en representación de su hija, instauró la acción de tutela alegando que no se había hecho justicia.

Con la precitada aseveración hacía referencia a que se procesara al responsable de la violencia sexual contra la menor.

Pese a que la peticionaria no profundizó en las pretensiones y derechos invocados, la Corte consideró necesario delimitar el asunto y analizar la siguiente temática: 1º.

El derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencias de género. 2º.

La garantía de los derechos a la salud, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en favor de quienes han sufrido violencia sexual. 3º.

La diversidad étnica y cultural de las mujeres indígenas, su derecho a una vida libre de violencias y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes como límite y fundamento de la Jurisdicción Especial Indígena.

Se declaró la configuración de un DAÑO CONSUMADO en lo referente al derecho fundamental una vida libre de violencias de género, en sus facetas de acceso a la salud y ausencia de enfoque diferencial en la investigación del acto de violencia sexual que sufrió la niña.

Asimismo, se declaró el daño consumado frente a la falta de la debida diligencia del Cabildo en impedir que la niña conviviera con el agresor, lo que la sometió a un escenario de revictimización y no atendió a las garantías de no repetición.

Se TUTELARON los derechos fundamentales a una vida libre de violencias y a la dignidad humana de la niña y de su núcleo familiar.

Se impartieron una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de las garantías constitucionales amparadas.

Se instó al Cabildo accionada para que, en adelante, se abstenga de restringir las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo y de supeditarla a autorizaciones y barreras de acceso, que desconocen la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular, la sentencia previamente referenciada.