C-340 de 2025

Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 157 de 2023 Senado y 360 de 2024 Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural y se adoptan otras disposiciones.

La Corte revisó el proyecto de ley de la referencia en cumplimiento del control automático e integral que corresponde a esta clase de normas.

En cuanto al proceso de formación del proyecto se constató: (i) que se respetaron los requisitos que rigen dicho proceso; (ii) que en el trámite legislativo no se desconocieron los principios de consecutividad e identidad flexible, (iii) que se estudió el impacto fiscal y, (iv) que no era necesario realizar la consulta previa.

No obstante, se encontró que se vulneró el principio de unidad de materia, pues entre lo previsto en los artículos 4 y 5 del proyecto y la materia dominante de la ley no hay una relación de conexidad, porque regulan aspectos de la administración de justicia que no tienen que ver con la integración y con la estructura de la jurisdicción agraria y rural, por lo que se declararon inconstitucionales.

Al analizar el resto de contenido normativo la Sala Plena constató que el proyecto de ley es compatible con la Constitución, salvo los artículos 3 y 8, que se declararon constitucionales, pero condicionalmente.

El artículo 3 se declaró constitucional en el entendido de que el artículo que modifica es el 12 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, tal y como fue introducido por la Ley 2430 de 2024.

El artículo 8 se declaró constitucional en el entendido de que: i) los exámenes de conocimiento de la fase de formación judicial en los concursos para proveer cargos de jueces y magistrados agrarios y rurales comprenderán, en forma preponderante, también temas de derechos fundamentales de la población campesina, debido a sus especiales dimensiones económica, social, cultural, política y ambiental, así como temas de los enfoques diferencial, entre otros, los enfoques territorial y de género, que deben emplearse respecto del campesinado; y ii) el Consejo Superior de la Judicatura deberá garantizar la equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres, comunidades campesinas, étnicas y víctimas del conflicto armado en la provisión de dichos cargos.

Con las anteriores declaratorias la Corte elaboró en un anexo de esta sentencia el texto del proyecto de ley estatutaria, con los ajustes correspondientes, para efectos de remitirlo al Congreso de la República, para que se firme por los presidentes y secretarios del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y ulteriormente se remita al Presidente de la República para su sanción y promulgación.