C-292 de 2024

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 116 (parcial) de la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación.

Los actores alegaron que la expresión “comunidades indígenas” incurrió en una omisión legislativa relativa pues el legislador porque: (i) incumplió un mandato constitucional específico consistente en garantizar la identidad y diversidad étnica y cultural de las comunidades negra, afrocolombiana, raizal o palenquera (NARP), así como su derecho a la etnoeducación; (ii) lo hizo sin una justificación válida o razón suficiente y, (iii) generó una discriminación negativa de esos colectivos étnicos.

Indicaron, igualmente, que desconoció el principio de igualdad y la prohibición de discriminación de esas comunidades.

La Corte constató que el Legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al excluir a las comunidades NARP de los efectos de la norma objeto de control, a pesar de que esas comunidades y los grupos indígenas tiene un derecho semejante, en materia de etnoeducación.

Igualmente, consideró que la disposición estudiada vulneró la cláusula de igualdad y no discriminación, pues la anotada exclusión es evidentemente desproporcionada, al impedir que las precitadas comunidades cuenten con mecanismos idóneos para garantizar que sus integrantes tengan una formación que desarrolle y respete su cultura, en clave de igualdad, como ocurre con las comunidades indígenas.

Con base en lo anterior se declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del parágrafo censurado, bajo el entendido que lo que en él se dispone también se aplica a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.