TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-995/23

 

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Negar por cuanto la providencia analizó todos los asuntos de relevancia constitucional con efecto trascendente para el sentido de la decisión

 

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional

 

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presupuestos formales y materiales de procedencia

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Reiteración de jurisprudencia sobre omisión arbitraria de análisis de aspectos de relevancia constitucional

 

(...) exige demostrar una verdadera “elusión arbitraria del análisis de asuntos de relevancia constitucional”, con lo cual quedan a salvo las delimitaciones y el análisis de procedencia que no puede ser ignorando, menos considerando el margen limitado en el marco de la acción de tutela contra providencia judicial (...) Como soporte de esto se tiene que, la controversia suscitada entre la mayoría de la Sala Plena y los salvamentos de voto demuestran no sólo que este tema fue discutido, sino que fue la base de la controversia que dio lugar al proyecto inicialmente presentado, el cual no obtuvo los votos requeridos. Por lo cual, no puede existir una omisión cuando, en el marco del proceso de deliberación en la Sala Plena, ello se discutió a profundidad y dio lugar a las dos posiciones encontradas.

 

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE ALTAS CORPORACIONES-Procedencia más restrictiva, en la medida que solo tiene cabida cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional

 

NULIDAD DE SENTENCIA DE REVISION PROFERIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL-Reiteración de jurisprudencia

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Plena-

 

AUTO 995 de 2023

 

Expediente: T-8.363.539

 

Referencia: Solicitud de nulidad en contra de la sentencia SU-216 de 2022, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

 

Solicitante: Raissa Morella Carrillo Villamizar

 

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 106 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional (Acuerdo 02 de 2015), procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver la solicitud de nulidad presentada en contra de la sentencia SU-216 de 2022, proferida por el pleno de este tribunal.

 

I.             ANTECEDENTES

 

A.          LA SENTENCIA SU-216 DE 2022

 

1.                 Raissa Morella Carrillo Villamizar y Jesús María Carrillo Ballesteros[1] presentaron acción de tutela contra la providencia que declaró, en segunda instancia, la caducidad de la acción de reparación directa por considerar que se habían desconocido los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso y defensa de sus representados. Así, como defectos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se propuso la existencia de: (i) un defecto fáctico y un desconocimiento del precedente sobre el cómputo del término de caducidad, al considerar que antes de que se contaran con ciertos elementos probatorios, no se conocía el daño y su magnitud; (ii) un defecto sustantivo por la aplicación exegética del término de caducidad y su indebida inaplicación; (iii) un defecto procedimental absoluto porque el juez actuó al margen del procedimiento establecido; y finalmente, (iv) la convergencia de una violación a la Constitución. Al conocer el amparo de la referencia, los jueces negaron la acción de tutela presentada al no encontrar configurados los cuestionamientos alegados y/o no cumplir con la carga argumentativa mínima.

 

2.                 Como antecedentes de la demanda de reparación directa se indicó que, el 27 de marzo de 2007, el Teniente de Navío Luis Alejandro Zapata Casas comandó el plan de vuelo correspondiente al recorrido entre El Encanto (Amazonas) y Puerto Leguízamo (Putumayo), que tuvo lugar en la aeronave Cessna TU-206G, con matrícula ARC-412, asignada al Grupo Aeronaval de Apoyo y Transporte Fluvial con sede en Bogotá. Durante el descenso a tierra, se produjo una explosión al interior de la cabina de dicha aeronave, que tuvo como consecuencia la muerte de una persona y en la que resultó el accionante herido, quien perdió el conocimiento y tuvo que permanecer hospitalizado por algún tiempo con pronóstico reservado.

 

3.                 Conciliación extrajudicial. El 25 de marzo de 2009, se presentó solicitud de conciliación extrajudicial. No obstante, sólo hasta el 19 de agosto de 2009, ante la Procuraduría 36 Judicial II Administrativa de Pasto (Nariño), se celebró audiencia de conciliación prejudicial No. 1740-09, con motivo de la reclamación formulada para el resarcimiento de los perjuicios materiales y morales, causados como resultado del accidente aéreo acaecido el 27 de marzo de 2007. En dicha oportunidad, se consideró que la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional de Colombia eran responsables, de forma solidaria, por los daños ocasionados. Esta solicitud se formuló -entre otros- por la apoderada judicial de Luis Alejandro Zapata Casas, María Margarita Sánchez Llinás y sus hijos.

 

4.                 El proceso de reparación directa. El 5 de agosto de 2009, el apoderado del señor Luis Alejandro Zapata Casas acudió a un proceso de reparación directa contra el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional, al considerar que el Estado era responsable por los daños causados, como consecuencia de los perjuicios a él generados y a distintos familiares. Esta demanda se fundó en los hechos originados en una explosión de una granada, activada en el vuelo, en tanto se consideró que todos sus apoderados fueron damnificados por “el accidente aéreo ocurrido el 27 de marzo de 2007, donde resultó víctima Luis Alejandro Zapata Casas (…)”. En consecuencia, se indicó que se trataba de una falla probada del servicio, por cuanto el hecho generador es imputable a un agente del Estado que, de manera imprudente, manipuló el artefacto explosivo. Así, se solicitó que se condenara por los perjuicios morales y patrimoniales, causados como resultado del daño antijurídico, derivado de las lesiones sufridas por el señor Luis Alejandro Zapata Casas, esto es politraumatismo severo con graves consecuencias y secuelas irreversibles de su condición física, que calificaron de gravísimas afectaciones que transformaron su vida militar y lo redujeron a un sedentarismo obligado.

 

5.                 Primera instancia: la demanda de reparación directa fue resuelta, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, el cual, mediante providencia, proferida el 1 de noviembre de 2012, negó las pretensiones tras declarar que había ocurrido la caducidad de dicho mecanismo de control judicial. Como sustento, explicó que “el presunto daño acaeció el 27 de marzo de 2007, mientras que la demanda fue presentada el 5 de agosto de 2009”, esto es “cuando ampliamente se encontraba superado el término de dos años para presentar la acción”. En efecto, adujo que, el 25 de marzo de 2009, es decir cuando faltaban tres días para que operara el fenómeno de caducidad de la acción, los demandantes presentaron ante la Procuraduría Judiciales para Asuntos Administrativos del Tribunal Administrativo de Nariño conciliación extrajudicial, a fin de cumplir con el requisito de procedibilidad. Por lo anterior, los términos de caducidad quedaron suspendidos conforme a lo expuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, pero llegado el 25 de junio de 2009 y, transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud de conciliación, “se reanudaron los términos de caducidad que vencieron el 30 de junio de 2009”[2].

 

6.                 Recurso de apelación. Contra la anterior determinación, el apoderado de la parte demandante formuló recurso de apelación, el 31 de enero de 2013, explicando que su interposición se justificaba, sin perjuicio de la ampliación del recurso que efectuaría con fundamento en lo dispuesto en el artículo 247 del C.C.A. En tal sentido, precisó que, si bien la caducidad es una institución de orden público, para analizar dicho término se debían estudiar las circunstancias concretas del caso y atender criterios de proporcionalidad, con el fin de no afectar el derecho fundamental de acceder a la justicia. En consecuencia, cuestionó en este recurso que no hubiera considerado en la providencia de primera instancia, la naturaleza del daño y la diferencia existente entre el momento del accidente y cuando se causó el daño, pues, según se indicó, se desconocieron las posteriores secuelas y el consecuente retiro del demandante de la Fuerza Pública. Tampoco, se valoró el estado crítico de la víctima después del accidente que generó el daño y que, algunas de las pruebas que requería, estaban en poder de la demandada.

 

7.                 Además, se adujo que no se tuvo en cuenta que el Ministerio demandado abrió una investigación fiscal dentro de la cual se definiría la participación de la víctima, “lo cual hacía confusa transitoriamente su condición como demandante”. En consecuencia, se anexaron a este recurso ciertas pruebas -entre las cuales- se encontraba (i) la notificación del dictamen de pérdida de capacidad laboral; y (ii) la exoneración del proceso de responsabilidad administrativa en su favor. Al respecto, adujo que el término de caducidad se debía computar desde el momento en el que la Junta Médica fijó el “conocimiento de las secuelas permanentes”, esto es el 8 de mayo de 2009; y, de otra parte, desde la fecha de notificación del retiro de su carrera militar. 

 

8.                 Auto del Consejero Ponente. Después de admitirse el recurso de apelación y previo a resolverlo, el 2 de agosto de 2013, afirmó que constataba que “el recurrente allegó varias piezas documentales respecto de las cuales solicitó se tuvieran como prueba al momento de resolver el recurso de alzada”. No obstante, consideró que algunas de tales no se ajustaban a ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, sobre las pruebas en segunda instancia, por cuanto “dichos documentos pudieron alegarse con anterioridad a la clausura del período probatorio, pues se observa que tienen fecha de expedición anterior al 3 de agosto de 2009”. En consecuencia, se dispuso no tener como pruebas -entre otras- la notificación al Teniente Luis Alejandro Zapata Casas de las conclusiones del Acta Médico Laboral y la resolución No. 3132 del 28 de julio de 2009, en la que el Ministerio de Defensa Nacional lo retiró del servicio. Sin embargo, se tuvo en consideración, por ser posteriores al período probatorio, entre otras, el fallo del 28 de octubre de 2009, proferido por la Armada Nacional al interior de la investigación administrativa de la referencia. No obstante que contra el anterior auto se interpuso recurso de súplica, el 13 de noviembre de 2013, fue confirmado.

 

9.                 Segunda instancia. El conocimiento del asunto en segunda instancia le correspondió al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, autoridad judicial que, mediante sentencia del 27 de agosto de 2020, confirmó la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta sentencia partió de los hechos demostrados, entre los cuales se encontraba que el Teniente Luis Alejandro se accidentó el 27 de marzo de 2007 y que, como consecuencia, sufrió una serie de lesiones con secuelas irreversibles. A continuación, explicó que la caducidad se consagra por el ejercicio tardío del derecho de acción, por la desatención de los términos estipulados en el ordenamiento jurídico para la presentación de la demanda. En tal sentido, esta figura no admite suspensión salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, en concordancia con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001. Así, para el caso estudiado, concluyó que el análisis de la caducidad se debía realizar conforme a lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 136 del C.C.A, de acuerdo con el cual la reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u ocupación administrativa[3].

 

10.             Aprobación y discusión de la sentencia SU-216 de 2022. En el anterior contexto, pese a que la acción de tutela se había repartido al Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, en sesión de Sala Plena del 16 de junio de 2022, la ponencia presentada[4] no obtuvo la mayoría de los votos requeridos para su aprobación, razón por la cual el expediente fue rotado al Magistrado Alejandro Linares Cantillo, para la sustanciación de la sentencia de la referencia. Así, por oposición a la anterior tesis, concluyó la mayoría de la Sala Plena que la procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada sólo se cumplió de forma parcial, por cuanto los defectos fácticos y por desconocimiento del precedente incumplieron los requisitos generales de procedencia, al (i) carecer de relevancia constitucional, (ii) no haber agotado los recursos judiciales de defensa, (iii) la inmediatez y (iv) la alegación de los hechos que se consideran generados de la vulneración en el proceso judicial, al estar reabriendo el debate sobre el auto del Consejero Ponente de 2013:

 

“Por lo anterior y en los términos argumentados en la acción de tutela, no es posible aceptar que se reabra el debate sobre un asunto que quedó en firme mediante una providencia, diferente a la cuestionada, en el año 2013 y que corresponde a la negativa en incorporar las pruebas aportadas, al haberlas podido presentar en el correspondiente proceso probatorio, surtido en primera instancia. De allí que, la controversia sobre la necesidad de valorar estos elementos probatorios es un tema sobre el cual el juez del amparo no puede pronunciarse sin desconocer la cosa juzgada de otra providencia. Por lo cual, se declarará improcedente el defecto alegado por el presunto desconocimiento del precedente y su impacto en un defecto fáctico, dado que no se cumple con el presupuesto de inmediatez y se trata de un asunto resuelto, en su debida oportunidad, en una providencia diferente a la ahora cuestionada. De manera que tampoco puede entenderse satisfecha la oportuna alegación de los correspondientes defectos y el cumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, en tanto la razón por la que no se valoraron ciertos elementos no puede atribuirse a la providencia dictada, en segunda instancia, mediante sentencia del 27 de agosto de 2020, sino a su explícita exclusión como parte del proceso en una providencia que quedó en firme desde el año 2013”.

 

11.             En consideración a lo expuesto, la Corte declaró improcedente el amparo solicitado contra la providencia de la referencia, respecto al supuesto desconocimiento del precedente y el impacto de ello en un defecto fáctico. Lo anterior, por cuanto no es posible estructurar una anomalía en una providencia por la no valoración de elementos de pruebas que, de manera expresa, fueron excluidos, previo a la determinación de fondo, en una providencia de 2013[5]. De declararse procedente, se permitiría la reapertura de esta discusión y ello implicaría invalidar los cauces ordinarios del máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa. En consecuencia, no es posible subsanar la omisión en la que incurrió la parte actora al no aportar todas las pruebas en el momento procesal oportuno. Sin embargo, continuó el análisis por considerar que acreditaba los requisitos generales de procedencia en relación con los demás defectos, pero concluyó más adelante que los defectos por (i) violación de la Constitución y (ii) procedimental absoluto, no cumplieron con la carga argumentativa mínima, al haberse estructurado como una proyección del defecto fáctico que fue declarado improcedente.

 

12.             Finalmente, en relación con (iii) el defecto sustantivo por la aplicación exegética de ley, al margen de un enfoque constitucional (sentencia SU-659 de 2015), la supuesta carencia de fundamento y la imposibilidad del accionante para recurrir a la jurisdicción por los daños que causó el accidente, la mayoría de la Sala concluyó que tales argumentos no podían estructurarse como defecto en el caso concreto. Así, explicó la referida providencia que (a) la aplicación del término de caducidad de la disposición que para el momento en que ocurrieron los hechos de la demanda, era aplicable, es decir el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo, no puede constituir un defecto sustantivo, sino que, por el contrario, es un garantía derivada de la revolución francesa, que busca evitar la arbitrariedad y que ha sido reconocido en el artículo 230 de la Constitución, al indicar que los jueces están sometidos a la Constitución y a la ley. De otro lado, (b) concluyó, después de analizar los antecedentes de la SU-659 de 2015, que no se trataba de un precedente aplicable al no haberse resuelto un problema análogo al propuesto. Además, se cuestionó que no mencionaran las disposiciones constitucionales que se consideraron desconocidas, por lo cual no se puede adelantar un control oficioso, incompatible con el fundamento mismo de la acción de tutela contra providencias. Finalmente, (c) adujo que no es posible afirmar la inexistencia de fundamento jurídico alguno para justificar la determinación controvertida y que (d) tampoco era viable modificar el criterio relevante para fijar la caducidad de las demandas de reparación directa conforme al tipo de daño y el sujeto involucrado, en virtud de que ello no atiende a ninguno de los criterios fijados por el legislador para fijar el término de la caducidad.

 

13.             En relación con este último punto, se explicó que en la demanda esto no se puso de presente, por lo que este argumento incumpliría con la subsidiariedad. En este marco, también se aludió al resultado de la investigación fiscal, el cual fue explícitamente considerado en la argumentación[6]. De cualquier manera, se adujo que en tal análisis los accionantes prescindieron por completo del texto del artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo (cómputo de la caducidad en acciones de reparación directa) y de lo dispuesto en la Ley 640 de 2001 (plazo máximo de suspensión por solicitud de conciliación extrajudicial), para explicar la razón de dicha flexibilización en tal contexto y, mucho menos, cómo esta noción debía ser asumida por el Consejo de Estado. Así, además de cuestionar que se trata de un argumento nuevo, no expuesto en su momento, “retoma el defecto fáctico declarado improcedente por las razones ya explicadas, así como tampoco cumple con una carga argumentativa mínima, para que el juez de tutela sustituya al competente y de determine, a partir de argumentos generales, la existencia de un defecto que no fue sustentado en rigor”. Asimismo, desconoce que, desde el acto de apoderamiento, se solicitó considerar como relevante la fecha del accidente y no otra:

 

“debe cuestionarse que lo ahora indicado no sea coherente con las actuaciones procesales, de acuerdo con las que, se tiene, que la solicitud de la audiencia de conciliación extrajudicial se formuló, el 25 de marzo de 2009, es decir dentro del término de caducidad que vencía, en principio, el 27 de marzo de 2009. En consecuencia, con esta solicitud persistían tres meses adicionales para la interposición de la demanda, pero ello no se dio y, por esto, se declaró la caducidad de la acción. De manera que ninguna de las circunstancias descritas con anterioridad parecen haber tenido influencia en la extemporaneidad con la que se interpuso la demanda pues, incluso, existiendo el poder para el momento en que se presenta la solicitud de conciliación extrajudicial, no se entiende cómo podría influir la circunstancia de que quien lo otorga hubiese estado en coma, más de un año antes o no hubiese estado en condiciones de probar el daño y su magnitud, cuando dicha solicitud se presentó antes y, en término, con fundamento en un daño que ya era conocido. Entonces, no resulta del todo comprensible lo afirmado en la acción de tutela. Con mayor razón, si lo solicitado para valorar la oportunidad de la demanda son documentos aportados con posterioridad a ella y los cuales se consideraron determinantes para comprender la magnitud del daño. Así, lo argumentado es que se deben valorar nuevas pruebas para justificar la tardanza en la interposición de una demanda que es anterior y que estuvo precedida de una solicitud de conciliación oportuna”.

 

14.             En consecuencia, ninguno de los argumentos logró explicar la configuración del defecto sustantivo pues no existe evidencia de que los accionantes demostraran actuaciones ostensibles arbitrarias o caprichosas, con fundamento en una defectuosa aplicación de la ley. Por lo cual, en la parte resolutiva se ordenó lo siguiente:

 

“Primero.- DECLARAR improcedente el amparo presentado, mediante apoderados judiciales, por Luis Alejandro Zapata Casas, María Margarita Sánchez Llinás y de sus menores hijos, respecto a los defectos por el presunto desconocimiento del precedente y la supuesta configuración de un defecto fáctico respecto a la providencia proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, proferida el 27 de agosto de 2020 (Exp. 46.706), por las razones expuestas en esta providencia.

 

Segundo.- En los demás aspectos y por las razones expuestas en esta providencia, CONFIRMAR el fallo proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 24 de junio de 2021 que, a su vez, confirmó la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado el 11 de marzo de 2021, en las cuales, se negó el amparo solicitado de los derechos al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la defensa, por no haberse acreditado la existencia de un defecto específico de tutela contra providencia.

 

Tercero.- Por Secretaría General de esta Corte, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991”.

 

B.           Solicitud de nulidad de la sentencia SU-216 DE 2022

 

15.             El 11 de noviembre de 2022, Raissa Carrillo Villamizar -apoderada de los accionantes- presentó solicitud de nulidad contra la sentencia SU-216 de 2022, mediante correo electrónico recibido la Secretaría de la Corte Constitucional. Así, adujo que (i) acreditó la legitimación por activa al tener la calidad de apoderada de la parte demandante, como así consta en el expediente. De otro lado, (ii) explicó que la solicitud fue presentada en tiempo, por cuanto “[d]e acuerdo con la Ley 1223 de 2022, el término para presentar la solicitud de nulidad corre hasta el 11 de noviembre de 2022, toda vez que recibimos la notificación del fallo el día 3 de noviembre del 2022”.

 

16.             En cuanto al sustento de la solicitud de nulidad de la sentencia SU-216 de 2022 (iii) explicó la existencia de una vulneración al debido proceso que se concretó, a juicio de la solicitante, en “la elusión arbitraria de asuntos con relevancia constitucional”. Así, después de caracterizar este defecto con sustento en lo explicado en el auto 055 de 2019, adujo que la SU-216 de 2022 “de forma caprichosa” omitió el siguiente asunto:

 

“en el escrito de tutela (así como en el proceso que originó el proceso de tutela) se diferenció (i) la ocurrencia de la explosión dentro de la aeronave que constituye el siniestro aéreo, (ii) el momento en el cual se tuvo conocimiento que dicha explosión constituyó un verdadero hecho causante del daño antijurídico y (iii) el momento en el que el accionante quedó excluido de manera cierta de la responsabilidad de la generación del daño. No podía el accionante recurrir a la administración de justicia de manera leal, sin antes tener la certeza que no estaría reclamando un daño, sobre el cual había una discusión sobre su responsabilidad en su generación. Mucho menos cuando su situación de salud se lo impedía y se demostró en el curso del proceso”.

 

17.             A continuación, afirmó que el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia está mediado por las garantías probatorias, por lo cual consideró “reprochable” que, al alejarse de una perspectiva garantista, “se hubiera dejado de analizar el defecto fáctico desarrollado en la tutela”. A juicio de la solicitud, no haberlo hecho comporta una elusión arbitraria de asuntos con relevancia constitucional que no puede subsumirse en el supuesto (b), al que se aludió de manera tangencial. Advirtió la apoderada que “ignorar los hechos y las pruebas de un proceso judicial, no puede sino conducir a una decisión errada aunque se aplique la norma correcta”.

 

18.             Por último, como sustento de sus cuestionamientos, adujo que los magistrados que salvaron el voto afirmaron que la mayoría de la Sala Plena no realizó un análisis profundo de los defectos alegados y, por ello, debía la Sala pronunciarse sobre el defecto fáctico, con lo cual se hubiese adoptado una determinación diferente. De allí que, con fundamento en un extracto del comunicado de prensa, en relación con los salvamentos de voto, explicó que “dado que esto fue señalado como de vital importancia por los demás magistrados para tomar una decisión en derecho, que hubiera conducido a una determinación distinta, esta solicitud no debe ser interpretada como caprichosa”. Por el contrario, adujo que “se trata de una oportunidad para que se replantee la decisión adoptada y se protejan los derechos fundamentales del accionante y se afiance la jurisprudencia de Sala Plena”.

 

C.          ACTUACIONES REALIZADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

19.             Como consecuencia de la solicitud de nulidad presentada en contra de la sentencia SU-216 de 2022, el 24 de febrero de 2023, la Secretaría General de la Corte Constitucional informó que, además de la solicitud de nulidad, se recibieron dos comunicaciones: (i) correo electrónico remitido por Juan Enrique Bedoya Escobar, como Secretario General del Consejo de Estado, por medio del cual allega oficio No. JJ/2864 del 16 de noviembre de 2022, mediante el cual se remitió la certificación de notificación de la sentencia SU-216 de 2022 y copia de los oficios mediante los cuales fueron notificadas las partes e intervinientes dentro del proceso de la referencia[7]. Se adujo que la referida sentencia fue notificada al accionante, mediante oficio No. 115181 del 3 de noviembre de 2022, dirigido en favor de Luis Alejandro Zapata Casas y otros.; y (ii) un correo electrónico de Raissa Carrillo Villamizar, en el cual, adjuntó el correo de notificación de la sentencia SU-216 de 2022 de fecha 3 de noviembre de 2022.

 

II. CONSIDERACIONES

 

A.          COMPETENCIA

 

20.             De conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Decreto Ley 2067 de 1991, la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para decidir los incidentes de nulidad que se promueven contra las sentencias proferidas por esta corporación[8].

 

B.           SOBRE LA NULIDAD A LAS SENTENCIAS PROFERIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

21.             Consideraciones respecto del carácter excepcional de la nulidad de sentencias proferidas por la Corte Constitucional. Como así se ha expuesto por esta corporación, la regla general es la improcedencia de la nulidad contra las sentencias de la Corte Constitucional y su anulación constituye la excepción[9]. El artículo 49 del Decreto Ley 2067 de 1991, en armonía con el artículo 243 de la Constitución[10], establece que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno (…)”. Sin embargo, también dispone que, de manera excepcional, procede la nulidad por las irregularidades que impliquen violaciones al debido proceso. Ante esto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que (i) las nulidades no implican, en sí mismas, la existencia de un recurso contra las providencias de esta Corte; y (ii) que su procedencia, como excepción, está restringida a la prueba de las situaciones jurídicas extraordinarias y violatorias del derecho fundamental al debido proceso y dicha trasgresión, sea de tal magnitud, que incida de manera directa en la decisión adoptada[11].

 

22.             En atención al carácter excepcional de la solicitud de nulidad, no es admisible que la misma sea utilizada como una nueva oportunidad procesal para reabrir el debate o proponer controversias ya definidas en la respectiva providencia. De tal manera que la simple inconformidad de los solicitantes con el sentido del fallo[12], sus fundamentos teóricos, probatorios o procesales[13], su redacción o estilo argumentativo, no son motivos para decretar la nulidad de la providencia, y es imperativo circunscribir el análisis a la vulneración del derecho al debido proceso[14]. Sobre ello, este tribunal ha precisado que: “(…) en tratándose del incidente de nulidad, la acusación debe limitarse a la confrontación entre el contenido normativo de las garantías fundamentales del debido proceso presuntamente vulneradas y la sentencia acusada, sin que, por ningún motivo, pueda el debate incidental, convertirse en la herramienta para reabrir la discusión que fue objeto de pronunciamiento o para analizar y/o presentar nuevos hechos o pruebas que escapen al ámbito exclusivo de legalidad del fallo”[15].

 

23.             De manera que, es forzoso concluir que la nulidad no es una nueva oportunidad procesal (probatoria o de otra índole para reabrir el debate), tampoco sirve para cuestionar la posición jurídica a través de la cual se resolvió el problema jurídico ni como medio para proponer nuevas controversias. Así las cosas, en los eventos de nulidades alegadas sobre las sentencias de la Corte Constitucional, el solicitante deberá demostrar la relación entre la providencia y la violación al debido proceso.

 

24.             El carácter excepcional de la nulidad da lugar a la exigencia del cumplimiento de requisitos formales y sustanciales[16]. Se debe rescatar que la nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional prospera cuando se acreditan conjuntamente todos los requisitos formales y por lo menos uno de los sustanciales. De no ser así, la naturaleza excepcional de esta clase de incidentes obliga a rechazar la solicitud de nulidad, en caso de incumplimiento de las exigencias formales; y a negarla en caso de que, no obstante haber acreditado los primeros, no se demuestre la existencia de un supuesto de anulación.

 

25.             De los requisitos formales se exige su concurrencia[17], so pena del rechazo de plano de la solicitud. Estos son: oportunidad, legitimación y deber de argumentación o carga argumentativa mínima[18]. En el auto 214 de 2015 se precisó el contenido de estos requisitos, en los siguientes términos:

 

“(i) Oportunidad. Cuando la nulidad tenga origen en la sentencia, el incidente de nulidad debe ser propuesto dentro de los tres (3) días contados a partir de la notificación de la sentencia. Si la nulidad tiene origen en un vicio anterior al fallo, sólo podrá ser alegada antes de que éste se profiera (Art. 49 Decreto 2067 de 1991), pues de lo contrario, quienes hubieran intervenido durante el trámite de la acción pierden, a partir de ese momento, toda legitimidad para invocarla. Entonces, vencido en silencio el término de ejecutoria, cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada.

 

(ii) Legitimación activa. El incidente de nulidad debe ser propuesto por quien haya sido parte en el trámite del amparo constitucional o por un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión.

 

(iii) Carga argumentativa. La solicitud de nulidad debe explicar de forma clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y la incidencia en la decisión proferida. Lo anterior significa que no es suficiente expresar razones o interpretaciones diferentes a las de la decisión adoptada por la Sala, que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante”[19].

 

26.             En particular, es relevante considerar que el deber de argumentación exige que el solicitante cumpla, previamente, con una exigente carga argumentativa para probar con “fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes la causal de nulidad invocada, la incidencia en la decisión adoptada y la “evidente violación del debido proceso”. Al respecto, el auto 327 de 2022 proferido por la Sala Plena de esta Corte reiteró que “no toda inconformidad con la interpretación realizada por este Tribunal, con la valoración probatoria, o con los criterios argumentativos que apoyan la sentencia, constituye fundamento suficiente para declarar la nulidad de una de sus providencias, pues esta clase de situaciones solo constituyen meras apreciaciones ‘connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión’”[20].

 

27.             En el mismo sentido, el auto 052 de 2019 indicó que no se acredita el deber de argumentación cuando: “el interesado: i) se limite a cuestionar la interpretación realizada por la Sala Plena o las salas de revisión, o en la enunciación de diferencias que obedezcan “al disgusto o inconformismo con la decisión adoptada”; ii) se refiera a aspectos de “forma, tanto de redacción como de argumentación que utilice una sala de revisión”; iii) cuestione la valoración probatoria realizada, puesto que la competencia del juez “está aún más restringida” frente a este tipo de consideraciones; o iv) actúe con la finalidad de discutir “nuevamente los problemas jurídicos planteados”.

 

28.             Por otro lado, los requisitos materiales están encaminados a demostrar la grave y significativa violación al debido proceso y han sido denominados como supuestos de nulidad. La Corte ha sistematizado seis eventos cuya base común es la “ostensible, probada, significativa y trascendental” afectación al artículo 29 Superior con “repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”, sin que dicha lista sea taxativa:

 

(i)                                                                                                                                          Una Sala de Revisión se aparta del criterio de interpretación o de la posición jurisprudencial fijada por la Sala Plena frente a una misma situación.

(ii)                                                                                                                                       Las decisiones no son adoptadas por las mayorías legalmente establecidas.

(iii)                                                                                                                                     Exista una incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva de una sentencia, la cual genere incertidumbre frente al alcance de la decisión proferida.

(iv)                                                                                                                                     En la parte resolutiva de una sentencia se profieran órdenes a particulares que no fueron vinculados al proceso y que no tuvieron la oportunidad procesal para intervenir en su defensa.

(v)                                                                                                                                        Una sentencia de la Corte Constitucional desconozca la existencia de la cosa juzgada constitucional respecto de cierto asunto, caso en el cual lo que se presenta es una extralimitación en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas a esta Corporación por la Constitución y la ley.

(vi)                                                                                                                                     Se configura una elusión arbitraria del análisis de asuntos de relevancia constitucional. Esta circunstancia se presenta cuando se omite el examen argumentos, pretensiones o cuestiones de orden jurídico que afecten el debido proceso y, se compruebe que, de haber sido analizados hubieran llevado a una decisión o a un trámite distinto, o que por la importancia que revestía -en términos constitucionales para la protección de derechos fundamentales- su estudio no podía dejarse de lado por la respectiva Sala.

 

29.             Conclusión. En caso de no haberse acreditado los requisitos formales procede rechazar la solicitud; mientras que, de otra parte, en los supuestos en donde no se cumplan materiales señalados, los cuales deben ser expuestos y probados rigurosamente por quien acude al incidente de nulidad, debe denegarse la solicitud. Con todo, es necesario advertir que debido al carácter excepcional de éste y de su naturaleza restrictiva “(…) el estudio de este Tribunal debe ceñirse estrictamente a los argumentos planteados por el libelista, sin que le corresponda en esta etapa reabrir debates ni entrar a analizar oficiosamente la existencia de vicios no alegados o planteados de manera inadecuada”[21].

 

C.          VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE FORMA

 

30.             Expuesto lo anterior, pasa la Sala a considerar la argumentación presentada en la solicitud de nulidad contra la sentencia SU-216 de 2022, con el fin de determinar, de manera previa, si lo allí expuesto cumple los requisitos formales de oportunidad, legitimación por activa y deber de argumentación.

 

Legitimación por activa

 

31.             En esta oportunidad, encuentra la Sala Plena acreditado el requisito de legitimación por activa, por cuanto, la solicitud de nulidad fue formulada por la parte accionante, por conducto de la apoderada señora Raissa Morella Carrillo Villamizar, quien representa a Luis Alejandro Zapata Casas, María Margarita Sánchez Llinás y sus hijos menores de edad. La señora Carrillo Villamizar también actuó en calidad de apoderada en la acción de tutela que llevó a que se profiriera la sentencia SU-216 de 2022.

 

Oportunidad

 

32.             Considera la Sala Plena que la solicitud de nulidad fue presentada de manera oportuna, por cuanto lo alegado es un vicio que atribuye al fallo y no al procedimiento. De esta manera, se reitera que la solicitud de nulidad debe alegarse dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo. En ese sentido, le asiste razón a la solicitante cuando expone que la solicitud fue presentada en tiempo, por cuanto “[d]e acuerdo con la Ley 1223 de 2022, el término para presentar la solicitud de nulidad corre hasta el 11 de noviembre de 2022, toda vez que recibimos la notificación del fallo el día 3 de noviembre del 2022”.

 

33.             Así, ha explicado la Corte Constitucional que es posible efectuar la notificación personal, mediante mensaje de datos. Por lo cual, en atención a la temporalidad del Decreto Legislativo 806 de 2020, “mediante la Ley 2213 de 2022, el Congreso de la República adoptó, como legislación permanente, las disposiciones previstas por el Decreto Legislativo 806 de 2020. Así, a partir de una interpretación sistemática de los artículos 1 y 8 de esta Ley, para efectos del cómputo de términos, debe entenderse realizada la notificación personal una vez transcurridos dos días hábiles posteriores al envío del mensaje al destinatario”[22]. Por ende, en el caso estudiado, se tiene que la solicitante recibió el oficio de notificación el 3 de noviembre de 2022, como así fue confirmado por la Secretaría General del Consejo de Estado. En consecuencia, el 8 de noviembre se puede entender que la sentencia de la Sala Plena fue notificada y que la oportunidad para formular la nulidad vencía el 11 de noviembre de 2022, día en el que fue presentada la solicitud de nulidad.

 

Carga argumentativa – Elusión arbitraria de asuntos con relevancia constitucional

 

34.             Sobre este requisito, observa la Sala Plena que la solicitud de nulidad cumple con el requisito de la carga argumentativa mínima para obtener un pronunciamiento de fondo, ya que se trata de uno de los supuestos identificados por la jurisprudencia como un escenario que podría desconocer el derecho fundamental al debido proceso. En efecto, se exige que el asunto tenga relevancia constitucional, lo cual implica que se omitan argumentos, pretensiones o cuestiones que, de haber sido analizados, hubiesen llevado a adoptar un trámite diferente o una decisión distinta.

 

35.             Sin embargo, ello no necesariamente implica que en este caso se hubiese demostrado la alegada elusión arbitraria, lo cual debe dejar a salvo las delimitaciones de la Sala Plena y las respuestas a la argumentación presentada. En efecto, explicó el auto 290 de 2016 que “la Corte cuenta con la facultad de definir el ámbito de análisis constitucional, restringiendo su estudio a los temas que considere de especial trascendencia”. De forma más reciente, explicó la Corte Constitucional que esta hipótesis de nulidad sólo se presenta cuando se deja de analizar un asunto que hubiese llevado a la adopción de una decisión diferente:

 

“La Constitución Política le confirió a la Corte Constitucional la función de revisar, de manera discrecional, los fallos de tutela que se profieran por los jueces del país. En ejercicio de tal facultad, la Corte tiene la posibilidad de delimitar el tema a ser debatido en las sentencias de revisión, pues dicho escenario procesal no es una instancia adicional en el diseño del proceso de amparo. La delimitación puede acontecer (i) mediante referencia expresa en la sentencia, cuando se circunscribe claramente el objeto de estudio, o (ii) tácitamente, cuando la sentencia se abstiene de pronunciarse en relación con algunos aspectos que no tienen relevancia constitucional.

 

Esta potestad, no obstante, tiene un límite en la medida en que la Corte no puede dejar de analizar los asuntos con relevancia constitucional y, ligado a lo anterior, tampoco puede dejar de analizar los puntos que claramente llevarían a una decisión distinta”[23].

 

36.             En consecuencia, concluyó esta providencia que “si se encuentra que al analizar los asuntos omitidos –ya sean normas, argumentos, pruebas o pretensiones– se hubiese llegado a una decisión diferente, se puede configurar una violación del debido proceso; no obstante, la omisión de un aspecto del asunto estudiado no supone en sí misma una vulneración del derecho al debido proceso que genere una nulidad”[24]. Es decir que, según se explicó, sólo se configura un presupuesto de nulidad de las sentencias cuando: (i) exista una omisión de determinado asunto; (ii) que, por su importancia constitucional, para la protección de derechos fundamentales, no podía dejarse de lado por la respectiva Sala; y (iii) se encuentre “de manera clara e inequívoca que, de haber sido analizados, hubiesen generado una decisión o trámite distintos” (énfasis fuera del texto original). Así, en el marco de la interposición de una acción de tutela contra providencia judicial se ha concluido que no se configura esta causal por haberse estudiado determinado asunto, pero concluirse que el argumento no cuenta con relevancia constitucional, como requisito de procedencia del amparo contra providencias[25], declarar improcedente dicho análisis[26] o determinar que estudió de manera diferente a la solicitada[27].

 

37.             Análisis de fondo de la solicitud. Considera la Sala Plena que pese a que la solicitud cumplió con la carga argumentativa, en realidad no se configuró la elusión arbitraria de un asunto con relevancia constitucional. Para ello se debe retomar el argumento central de la solicitud de nulidad, el cual afirma que la SU-216 de 2022 “de forma caprichosa” omitió el siguiente asunto:

 

“en el escrito de tutela (así como en el proceso que originó el proceso de tutela) se diferenció (i) la ocurrencia de la explosión dentro de la aeronave que constituye el siniestro aéreo, (ii) el momento en el cual se tuvo conocimiento que dicha explosión constituyó un verdadero hecho causante del daño antijurídico y (iii) el momento en el que el accionante quedó excluido de manera cierta de la responsabilidad de la generación del daño. No podía el accionante recurrir a la administración de justicia de manera leal, sin antes tener la certeza que no estaría reclamando un daño, sobre el cual había una discusión sobre su responsabilidad en su generación. Mucho menos cuando su situación de salud se lo impedía y se demostró en el curso del proceso”.

 

38.             Al respecto, cabe advertir que la solicitante no explicó cuáles fueron los medios de prueba que, a su juicio, no fueron valorados por la Sala Plena. En efecto, la apoderada se limitó a transcribir apartes de salvamento de voto a la sentencia, sin si quiera referir los medios de prueba que, a su juicio, permitían la configuración del defecto fáctico y que no fueron valoradas. Por ejemplo, transcribió el aparte del salvamento en el que los magistrados señalaron que “[d]e haberse valorado en su integridad el material probatorio debidamente decretado y practicado, como mínimo, se habría concluido que la imputación del daño antijurídico a una autoridad pública, como consecuencia de su acción u omisión, presupuesto indispensable para que surja el deber de indemnizar integralmente a la persona que lo padece (…) solo fue posible determinar” cuando se constató que (i) el accidente lo provocó un agente del Estado ;y (ii) el accionante fue exonerado en su condición de piloto de la aeronave (p. 4). Sin embargo, de esto no es posible inferir a qué elementos probatorios se refiere la apoderada. A juicio de la Sala Plena, en la sentencia SU-216 de 2022, la Corte consideró que los accionantes reprochaban el auto de 2 de agosto de 2013, y  no la sentencia de instancia. Lo anterior, porque, por medio del referido auto, el consejero ponente negó la incorporación de algunas pruebas al proceso (ff.jj. 51 a 54 de la sentencia SU-216 de 2022). De esta manera, en virtud de los elementos materiales y probatorios del expediente, se concluyó que una parte del defecto fáctico debía declararse improcedente:

 

“51. Así, entre los defectos específicos de tutela contra providencia, alegados por los poderdantes, se planteó la argumentación respecto a la valoración de ciertos elementos procesales que, a su juicio, son determinantes para la configuración de dos causales. Sobre (i) el presunto desconocimiento del precedente se explicó que la providencia cuestionada no valoró la imposibilidad de presentar la demanda antes de la notificación del acta de la Junta Médico Laboral y de la resolución de retiro, lo cual -a juicio de ellos- desconocería las providencias sobre la contabilización del término de caducidad. De otro lado, (ii) dentro del defecto procedimental absoluto se consideró que la supuesta incongruencia culminó en la configuración de un defecto fáctico por indebida valoración del dictamen de la Junta Médica Militar y la resolución del retiro del servicio, en torno a la fecha que debió tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad. En consecuencia, la valoración y, por tanto, la incorporación de estos dos elementos probatorios luce trascendental para la configuración del asunto de la referencia.

 

52. Por ello, es importante resaltar que -como se explicó en los antecedentes de esta providencia- el entonces Consejero Ponente consideró que, pese a la admisión del recurso de apelación, “el recurrente allegó varias piezas documentales respecto de las cuales solicitó se tuvieran como prueba al momento de resolver el recurso de alzada”. No obstante, advirtió mediante auto del 2 de agosto de 2013, que algunas de las pruebas aportadas no se ajustaban a ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, sobre las pruebas en segunda instancia, por cuanto “dichos documentos pudieron alegarse con anterioridad a la clausura del período probatorio, pues se observa que tienen fecha de expedición anterior al 3 de agosto de 2009”. En consecuencia, se dispuso no tener como pruebas -entre otras- la notificación al Teniente Luis Alejandro Zapata Casas de las conclusiones del Acta Médico Laboral y la resolución No. 3132 del 28 de julio de 2009, en la que el Ministerio de Defensa Nacional lo retiró del servicio. Sin embargo, se tuvo en consideración, por ser posterior al período probatorio, el fallo del 28 de octubre de 2009, proferido por la Armada Nacional al interior de la investigación administrativa de la referencia. No obstante que contra el anterior auto se interpuso recurso de súplica, el 13 de noviembre de 2013, fue confirmado.

 

53. Por lo anterior y en los términos argumentados en la acción de tutela, no es posible aceptar que se reabra el debate sobre un asunto que quedó en firme mediante una providencia, diferente a la cuestionada, en el año 2013 y que corresponde a la negativa en incorporar las pruebas aportadas, al haberlas podido presentar en el correspondiente proceso probatorio, surtido en primera instancia. De allí que, la controversia sobre la necesidad de valorar estos elementos probatorios es un tema sobre el cual el juez del amparo no puede pronunciarse sin desconocer la cosa juzgada de otra providencia. Por lo cual, se declarará improcedente el defecto alegado por el presunto desconocimiento del precedente y su impacto en un defecto fáctico, dado que no se cumple con el presupuesto de inmediatez y se trata de un asunto resuelto, en su debida oportunidad, en una providencia diferente a la ahora cuestionada. De manera que tampoco puede entenderse satisfecha la oportuna alegación de los correspondientes defectos y el cumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, en tanto la razón por la que no se valoraron ciertos elementos no puede atribuirse a la providencia dictada, en segunda instancia, mediante sentencia del 27 de agosto de 2020, sino a su explícita exclusión como parte del proceso en una providencia que quedó en firme desde el año 2013.

 

54. Asimismo, la improcedencia de estos asuntos también se sustenta en la ausencia de relevancia constitucional, por cuanto el recurso de amparo contra providencias judiciales está estrictamente reservado a aquellos eventos en los que se evidencia, prima facie, una trasgresión o amenaza de los derechos constitucionales de quien invoca la salvaguarda. De ahí que el objeto de pronunciamiento judicial, en estos casos, no sea la resolución de debates de mera legalidad, sin implicaciones trascendentes en la realización de los derechos fundamentales. Su propósito es controlar la sujeción a la Carta Política de las decisiones judiciales sobre las que se adviertan afectaciones a los contenidos de éstas, en una causa particular y no el control sobre si determinado asunto puede considerarse como una prueba sobreviniente, para ser valorada como parte de la segunda instancia de un proceso de reparación directa. Con mayor razón, si en estricto sentido, lo cuestionado debió ser la providencia que negó la incorporación de dichos elementos probatorios al proceso y fue confirmada mediante el recurso de súplica. Un actuar contrario terminaría por anular las atribuciones judiciales de los órganos competentes para resolver tales recursos, así como los efectos de la cosa juzgada sobre el carácter inmutable, definitivo y vinculante de la determinación, adoptada hace más de ocho años (…)”.

 

39.             Así, después de retomar la sentencia C-590 de 2005, se adujo que la acción de tutela contra un órgano de cierre exige una valoración más estricta de la relevancia constitucional, en donde se debe analizar que se trate de un caso un caso definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional. En este marco, se explicó que “la Corte declarará improcedente el amparo solicitado contra la providencia de la referencia, respecto al supuesto desconocimiento del precedente y el impacto de ello en un defecto fáctico”. En consecuencia, indicó la providencia que “no es posible subsanar la omisión en la que incurrió la parte actora al no aportar todas las pruebas en el momento procesal oportuno”.

 

40.             Según se ha explicado, la solicitante no está estructurando una alegación fundada en el desconocimiento del debido proceso, sino que concluyó, de manera errada, que no se estudió un cuestionamiento cuando se hizo, pero para declararlo improcedente. En esta dirección, no puede sustentar un cargo de nulidad, cuando fue la misma Corte la que restringió su estudio por encontrar que no se acreditaron los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia, en tanto el supuesto de afectación al debido proceso exige la omisión de argumentos, pretensiones o cuestiones que afecten el debido proceso y, de ninguna manera, ello puede interpretarse como la imposibilidad de declarar improcedente ciertos argumentos, como precisamente ocurrió. De lo contrario y de manera inaceptable, tendría que aceptarse que los jueces deben omitir el análisis de procedencia, de cosa juzgada y de relevancia constitucional. En similar sentido, se tiene que tampoco se consideró viable fijar como base para la caducidad el momento en el que el accionante quedó excluido de responsabilidad, no sólo porque era una carga de los demandantes demostrar cuando conoció el daño, sino también por lo siguiente, que fue explicado en la sentencia:

 

“92. Por el contrario, en la demanda no se argumentó de manera particular la razón por la cual debía flexibilizarse el cómputo de la caducidad en el caso concreto, pues nada se adujo al respecto; y fue sólo en el recurso de apelación en donde se aportaron como pruebas nuevas las que ya fueron excluidas, así como también se adujo que no se tuvo en cuenta que el Ministerio demandado abrió una investigación fiscal dentro de la cual se definiría la participación de la víctima, “lo cual hacía confusa transitoriamente su condición como demandante”. Esta prueba, se aclara, sí se admitió al conocer el recurso de apelación, pero tampoco es clara esta aproximación del caso, pues ello implicaría computar el término de caducidad desde un momento que es, incluso, posterior a la demanda, situación para la que, de ninguna manera, la sentencia citada constituye un antecedente. De seguirse esta lógica, el juzgador de segunda instancia -en un proceso de reparación directa en el que ya se habría surtido una instancia- con base en la demanda formulada, incurriría en un defecto sustantivo, por no empezar a contabilizar el término desde una prueba aportada en segunda instancia.

 

93.   Así, al margen de esta argumentación, que no resulta del todo comprensible, pues -se repite- se estaría justificando un nuevo hecho para considerar que la demanda, que fue presentada antes, se formuló en tiempo, tampoco es claro cómo este hecho sería determinante para configurar la responsabilidad del Estado. Según los términos de la acción de tutela, hasta ese momento, era “confuso” que el siniestro no se hubiese ocasionado a causa del piloto. Sin embargo, al revisar esta decisión se tiene que ella se profirió en el marco del proceso de responsabilidad fiscal por la pérdida de la aeronave en el siniestro aéreo. Por lo cual, se trata de un argumento que pretende valorar como positiva la interposición de una demanda por un hecho que, según se explica, es determinante y sin el cual no se podía resolver lo solicitado, pero el cual sólo fue aportado en segunda instancia”.

 

41.             Al respecto, ha precisado la jurisprudencia constitucional que en estos casos se exige demostrar una verdadera “elusión arbitraria del análisis de asuntos de relevancia constitucional”, con lo cual quedan a salvo las delimitaciones y el análisis de procedencia que no puede ser ignorando, menos considerando el margen limitado en el marco de la acción de tutela contra providencia judicial. En este caso no se probó una ostensible, flagrante y determinante vulneración al debido proceso y, además, el defecto propuesto cuestiona un asunto que fue estudiado, pero no de la manera pretendida por la solicitante con lo cual no se demostró la supuesta omisión y, mucho menos, que ella hubiese sido arbitraria. Como soporte de esto se tiene que, la controversia suscitada entre la mayoría de la Sala Plena y los salvamentos de voto demuestran no sólo que este tema fue discutido, sino que fue la base de la controversia que dio lugar al proyecto inicialmente presentado, el cual no obtuvo los votos requeridos. Por lo cual, no puede existir una omisión cuando, en el marco del proceso de deliberación en la Sala Plena, ello se discutió a profundidad y dio lugar a las dos posiciones encontradas[28].

 

42.             Conclusión. Con sustento en lo estudiado, debe negarse la solicitud de nulidad pues el asunto cuestionado sí se consideró sólo que no de la manera requerida por la accionante y, conforme ha explicado la jurisprudencia constitucional, esto no permite estructurar la omisión, sino que hace parte de una delimitación que, en este caso, consideró la mayoría de la Sala Plena, podía terminar por desconocer la cosa juzgada de una providencia de 2013, de un lado, o exigir el cómputo de la caducidad desde un momento que es, incluso, posterior a la presentación de la demanda. Estos hechos evidencian la necesidad de negar la solicitud pues no encontró configurado el defecto alegado y, además, tampoco se demostró “de manera clara e inequívoca que, de haber sido analizados, hubiesen generado una decisión o trámite distintos”. El eje de debate, en este caso, han sido las posturas encontradas sobre la manera en la que se deben valorar los referidos argumentos, los cuales fueron considerados en extenso en el debate que surtió este caso en la Sala Plena de la Corte Constitucional.

 

43.             Así, reitera la Sala Plena que no es posible acceder a la solicitud de la solicitante. De forma reciente, explicó el auto 126 de 2022 que “no es admisible utilizar la solicitud de nulidad como una nueva oportunidad procesal para reabrir el debate jurídico o proponer nuevos puntos de vista sobre el asunto en cuestión”. Mucho menos, si como sucede en este caso la discusión se ha fundado en la valoración de la prueba, con lo que se pretende reabrir un asunto de fondo[29] y no demostrar una verdadera vulneración al debido proceso.

 

Por lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

 

RESUELVE

 

Primero. – NEGAR la solicitud de nulidad presentada por Raissa Carrillo Villamizar, apoderada de la parte accionante, en contra de la sentencia SU-216 de 2022, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

 

Segundo. - Contra esta providencia no procede recurso alguno.

 

Comuníquese y cúmplase.

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

Aclaración de voto

 

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

Con Salvamento de voto

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Con salvamento de voto

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

Con salvamento de voto

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

Con aclaración de voto

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

AL AUTO 995/23

 

 

Referencia: Expediente T-8.363.539

 

Solicitud de nulidad en contra de la sentencia SU-216 de 2022.

Magistrado ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

 

1.      Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la mayoría presento salvamento de voto frente al auto 995 de 2023, a través del cual se negó la solicitud de nulidad en contra de la sentencia SU-216 de 2022.

 

2.      Aunque estuve de acuerdo con que la Sala Plena estudiara la solicitud y adoptara una decisión de fondo, considero que, contrario a lo afirmado por la mayoría, sí se configuro el requisito material esgrimido que se refiere a la elusión arbitraria del análisis de un asunto de relevancia constitucional. Concretamente, estimo que al interior del proceso de reparación directa y en la sentencia SU-216 de 2022 no se valoraron las pruebas acerca de la ausencia de responsabilidad del teniente Zapata Casas frente a los daños sufridos por la aeronave accidentada y la cognoscibilidad de la responsabilidad del Estado. 

 

I. Breve resumen de la solicitud de nulidad

 

3.      En la solicitud de nulidad se plantea que en los procesos de reparación directa y tutela se diferenciaron varios momentos, a saber: (i) el de la ocurrencia de la explosión, (ii) en el que se tuvo conocimiento de que la explosión constituyó un daño antijurídico y (iii) aquel en que el señor Zapata Casas fue excluido de la responsabilidad en la generación del daño.

 

4.      Dicho esto, la apoderada de la parte accionante aseguró que se omitió un asunto atinente a que el actor no podía “recurrir a la administración de justicia de manera leal, sin antes tener la certeza que no estaría reclamando un daño, sobre el cual había una discusión sobre su responsabilidad en su generación. Mucho menos cuando su situación de salud se lo impedía y se demostró en el curso del proceso”.

 

5.      En el proyecto de auto se hace referencia a la decisión de declarar la improcedencia de unos cargos alegados, pero la parte solicitante consideró que la Corte Constitucional no evaluó que el término de caducidad no debía contarse a partir del momento de la ocurrencia del accidente, sino desde aquel en el que se disipó la supuesta responsabilidad administrativa del teniente Zapata Casas.

 

II. Elementos a tener en cuenta de cara a la contabilización del término de caducidad

 

6.      La jurisprudencia constitucional ha preferido, bajo ciertas condiciones, la flexibilización del cómputo del término de caducidad “en aras de asegurar la primacía de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”.^[30]

 

7.      Particularmente, en la sentencia T-528 de 2016,^[31] la Sala Sexta de Revisión estudió el criterio de cognoscibilidad a efectos de determinar el momento a partir del cual era constitucionalmente admisible calcular el periodo de los dos años. Sobre el particular, la Sala adujo que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de esta Corporación, “mientras exista duda y oscuridad frente a elementos constitutivos de la responsabilidad estatal, solo puede contabilizarse la caducidad, desde el momento en que se tenga claridad de estos, por lo que se concluye que, la interpretación literal de la norma de caducidad referida que efectuaron las autoridades demandadas, no es admisible constitucionalmente y comporta la vulneración del derecho al acceso a la administración de justicia de las accionantes”.

 

8.      Recientemente, la Corte Constitucional profirió sentencias en las que se analizaron decisiones judiciales en las que se cuestionaba la forma en la que se abordaba el estudio de la caducidad en casos de falsos positivos y desaparición forzada.

 

9.      En la sentencia SU-167 de 2023,^[32] la Sala Plena estudió un posible yerro para determinar el término de caducidad en un caso de falsos positivos y la apreciación probatoria al establecer el momento a partir del cual se tuvo conocimiento de la antijuridicidad del daño y su imputabilidad al Estado.

 

10.  Por su parte, en la sentencia SU-168 de 2023,^[33] la Sala Plena concluyó que el momento a partir del cual debía iniciar el cómputo del término de caducidad en un caso de desaparición forzada debía hacerse a partir de un criterio de cognoscibilidad de la participación del Estado y no de un criterio de cognoscibilidad del hecho.

 

11.  Dicho esto, estimo que, en el caso de la referencia, se omitió analizar elementos que permitían llegar a la conclusión de que el término de caducidad no podía iniciar a contarse desde el día siguiente al que se presentó el accidente con la aeronave, tal como expondré a continuación.

 

A. Momento en que se decidió el proceso administrativo en contra del señor Zapata Casas

 

12.  Un asunto trascendental en este caso es que el teniente de Navío Luis Alejandro Zapata Casas pretendía el resarcimiento de los perjuicios materiales y morales causados como resultado del accidente aéreo, pero, paralelamente, era investigado para determinar su posible responsabilidad acerca de los daños sufridos por la aeronave accidentada.

 

13.  Ello no es un tema menor, porque por dos vías se estaba analizando (i) su posible responsabilidad, así como (ii) la oportunidad para reclamar los perjuicios derivados del mismo hecho.

 

14.  De esta manera, la Sala Plena debió estudiar si el término de caducidad debía fijarse de manera objetiva el 28 de octubre de 2009, fecha en la que la Dirección de Reclutamiento y Control de Reserva Naval de la Armada Nacional profirió fallo en el que exoneró de responsabilidad administrativa al teniente de Navío Luis Alejandro Zapata Casas y concluyó que los hechos materia de investigación no fueron generados por dolo, culpa o negligencia del investigado, sino por una causa externa a su voluntad.

 

B. Momento en que se pudo concretar la posible responsabilidad de un agente del Estado

 

15.  Por la misma línea, considero que la Sala Plena debió analizar que, a partir de varios elementos obrantes en el proceso administrativo surtido en contra del Zapata Casas, era posible establecer la presunta o efectiva participación de un agente del Estado en el accidente (criterio de cognoscibilidad), lo que podría variar el término de caducidad. Los elementos a los que me refiero son los siguientes:

 

-                                      Informe del 16 de abril de 2007, del jefe del Departamento de Operaciones de Infantería de Marina., en el que concluyó que “[t]eniendo en cuenta los pertrechos militares que le son asignados como dotación al personal militar de la Armada Nacional, me permito conceptuar que basado en la orientación hacia fuera de la perforación existente en el piso del avión, ésta fue causada por la explosión de una (01) granada de mano del tipo IM-M26 H.E fabricada por la Industria Militar Colombiana”.

 

Frente a este documento, debe señalarse que en el párrafo 106 de la sentencia SU-216 de 2022 se establece que en la demanda de reparación directa se mencionó este. No obstante, estimo que para la fecha en que se profirió el informe no era posible que el demandante lo conociera, dado su delicado estado de salud, asunto que tuvo que ser tenido en cuenta a la hora de adoptar la decisión.

 

-                                      Peritaje No. 191814R del 19 de agosto de 2008, realizado por el teniente de Fragata Hernán Darío Prada Saavedra. En este se determinó que el motivo del accidente correspondió a la manipulación imprudente de una granada de mano tipo IM M26HE por parte del teniente Coronel Fabián Hernández Toca, lo que estaba en consonancia con el Informe de Explosión A/B Avión Cessana ARC 412 del 16 de abril de 2007.

 

En la tutela se puso de presente que “solo hasta 19 de agosto de 2008 hubo certeza sobre la causa del accidente, mediante el dictamen pericial que se trató de la explosión de una granada de mano tipo IM M26HE, fabricada por Indumil, manipulada en forma imprudente, irresponsable y premeditada por el Teniente Fabián Hernández Toca, como fue allegado con la demanda”.

 

Sin embargo, este elemento no se estudia en la sentencia SU-216 de 2022 y podría llevar a cambiar sustancialmente el término de caducidad.

 

16.  Así pues, considero que se debió declarar la nulidad de la sentencia SU-216 de 2022, dado que al interior del proceso de reparación directa y en la sentencia SU-216 de 2022 no se analizaron los elementos materiales probatorios que permitían modificar la fecha para iniciar el cómputo del término de caducidad.

 

Con mi acostumbrado y profundo respeto,

 

Fecha ut supra

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA

DIANA FAJARDO RIVERA

 AL AUTO 995/23

 

 

Referencia: expediente T-8.363.539

 

Solicitud de nulidad en contra de la Sentencia SU-216 de 2022

 

Magistrado ponente:

Alejandro Linares Cantillo

 

 

1. La adopción del Auto 995 de 2023 constituye, de manera excepcional, el punto final a un trámite de revisión de tutela que fue resuelto por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-216 de 2023. Aunque no estuve de acuerdo con la decisión que, por mayoría, se adoptó en la sentencia y, por tal motivo, suscribí salvamento de voto en dicha oportunidad, sí compartí la decisión contenida en el auto que motiva este voto particular.

 

2. Así, en el Auto 995 de 2023 la Sala Plena decidió, por mayoría, que la Sentencia SU-216 de 2023 no era nula. Este pronunciamiento tiene su origen en la solicitud que, en tal sentido, interpuso la parte demandante porque, en su concepto, la sentencia mencionada vulneró su derecho al debido proceso al eludir el estudio de asuntos de relevancia constitucional que, de haberse tenido en cuenta, habrían determinado una decisión diferente.

 

3. Para comprender dicho reclamo, es oportuno recordar que en la Sentencia SU-216 de 2023 la Corte Constitucional negó la protección de los derechos fundamentales invocados por el teniente de navío (r) Luis Alejandro Zapata Casas y otros contra la Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado, en razón a que resolvió la demanda de reparación directa que interpusieron contra la Nación - Ministerio de Defensa y Armada Nacional aplicando la figura de la caducidad del medio de control. La razón de la demanda contenciosa obedeció al siniestro aéreo del que fue víctima el señor Zapata Casas.

 

4. Para la parte tutelante, la Sentencia SU-216 de 2023 era nula porque, en su concepto, dejó de analizarse el defecto fáctico propuesto, el cual se soportaba en la distinción de los siguientes tres momentos: primero, la fecha de la ocurrencia del accidente; segundo, el momento en el que los interesados tuvieron conocimiento de que la explosión había generado un daño antijurídico; tercero, la fecha en la que el señor Zapata Casas fue excluido de la responsabilidad en el accidente aéreo. De haberse tenido en cuenta como criterio para contar el término de caducidad uno de estos dos últimos criterios, y no el primero -como lo hizo el Consejo de Estado y la Corte Constitucional- no se hubiera declarado la caducidad.

 

5. Tal como lo expuse en el salvamento de voto a la sentencia ya citada, en mi criterio, la valoración del fenómeno de la caducidad realizada por el Consejo de Estado sí fue equivocada y, por lo tanto, la Corte Constitucional debió amparar los derechos fundamentales invocados por el señor Zapata Casas y su familia. Como lo afirmé en aquella oportunidad, debió tenerse en cuenta que no era razonable, principalmente por el estado de salud del teniente de navío (r), exigirle desde el mismo momento del siniestro el ejercicio de su derecho de acción, esto es, planificar sus líneas de defensa por el daño causado.

 

6. No obstante lo anterior, y por ello aclaro el voto en esta oportunidad, es evidente que la Sala Plena no dejó de valorar la existencia de los mencionados tres momentos ni mucho menos su relevancia jurídica para determinar si la demanda de reparación directa se había interpuesto una vez configurado el término extintivo del medio de control. Lo que sucedió es que no acogió la tesis de los tutelantes, tesis que, en su momento, yo misma compartí.

 

7. Por lo anterior, teniendo en cuenta la excepcionalidad de la nulidad y los alcances que tiene la misma, los cuales fueron expuestos debidamente en el Auto 995 de 2023, no era procedente acceder a lo peticionado. Si bien estimo que la Sentencia SU-216 de 2023 maneja una tesis demasiado estricta de la caducidad, esto no constituye una causal de nulidad.

 

8. Respeto profundamente las decisiones que válidamente adopta la mayoría, incluso cuando aquellas no reflejan las posiciones que, con la convicción de corrección y de forma genuina, sostuve. Los incidentes de nulidad no constituyen, ni para las partes ni para los jueces, nuevas oportunidades de reabrir debates ya dados y superados a partir del intercambio de las ideas. En este caso, bajo la convicción de que el debate planteado por la parte tutelante en el incidente de nulidad ya se había efectuado, compartí y suscribí la conclusión de la providencia a la que se refiere esta aclaración.

 

En los anteriores términos dejo expuestas las razones que justifican mi decisión de aclarar el voto al Auto 995 de 2023.

 

Fecha et supra

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

AL AUTO 995/23

 

 

1. A continuación, expreso las razones que me llevan a aclarar el voto en la decisión adoptada por la Sala Plena en el Auto 995 de 2023.

 

2. En el asunto de la referencia, esta corporación no accedió a la solicitud de nulidad de la Sentencia SU-216 de 2022, en tanto no se configuró una elusión arbitraria del análisis de asuntos de relevancia constitucional. Sobre el particular, la solicitante no explicó cuáles fueron los medios de prueba que, a su juicio, no fueron valorados por la Sala Plena. Además, el defecto propuesto cuestionó un asunto que fue estudiado en la sentencia, pero no de la manera pretendida por la solicitante.

 

3. Aunque comparto el sentido de la providencia adoptada por la Sala Plena en esta oportunidad, estimo indispensable reiterar los reparos que, en su momento, manifesté respecto de la sentencia de unificación previamente mencionada.

 

4. En la Sentencia SU-216 de 2022, la Corte Constitucional negó la protección de los derechos fundamentales invocados por el teniente de navío (r) Luis Alejandro Zapata Casas y otros contra la Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado, al considerar que la providencia dictada por esa corporación no incurrió en ningún defecto al declarar la caducidad del medio de control de reparación directa, el cual había sido interpuesto por el accionante contra la Nación - Ministerio de Defensa y Armada Nacional, debido al siniestro aéreo del que fue víctima.

 

5. Tal como lo expuse en el salvamento de voto a la sentencia ya citada, en mi criterio, la providencia dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en los siguientes defectos:

 

 

6. En suma, considero que el análisis del fenómeno de la caducidad realizado por el Consejo de Estado fue erróneo y, en consecuencia, esta corporación debió amparar los derechos fundamentales invocados por el accionante. No obstante, comparto la decisión contenida en la providencia que motiva el presente voto, porque la Sala Plena no dejó de valorar asuntos de relevancia constitucional, sino que optó por aplicar una tesis estricta sobre la operancia de la caducidad.

7. De esta manera, expongo las razones que me conducen a aclarar mi voto respecto del Auto 995 de 2023, adoptado por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

 

Fecha ut supra,

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

AL AUTO 995/23

  

 

Expediente: T-8.363.539

 

Solicitante: Raissa Morella Carrillo Villamizar

 

Asunto: Solicitud de nulidad en contra de la sentencia SU-216 de 2022, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

Magistrado Ponente:

Alejandro Linares Cantillo

 

 

1.                 Con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por el pleno de esta Corporación, presento las razones por las cuales salvo el voto al auto 995 de 2023, que decidió la solicitud de nulidad en contra de la Sentencia SU-216 de 2022. Dicha peticion fue sustentada en que la providencia acusada eludió arbitrariamente el análisis de asuntos de relevancia constitucional, relacionados con la prueba de la responsabilidad en la generación del daño que dio origen a la demanda de reparación directa y con el estado de salud del actor. La postura mayoritaria resolvió negar la petición en razón  a que el asunto cuestionado sí fue considerado por la decisión de la Sala Plena, solo que no de la de manera pretendida por la accionante. Lo anterior, porque la metodología aplicada por la Corte, en aquella oportunidad, consistió en delimitar el asunto objeto de decisión a los aspectos del amparo que consideró debían ser objeto de pronunciamiento y que versaban sobre el ejercicio probatorio del proceso. La conclusión de dicha aproximación fue la improcedencia del amparo referido al defecto fáctico por falta de relevancia constitucional, debido a que buscaba reabir debates que fueron abordados y resueltos por el juez natural.

 

2.                 Me aparté de la decisión mayoritaria porque considero que en este caso procedía estudiar de fondo la nulidad y considerarla al menos parcialmente, respecto del resolutivo primero^[34] de la Sentencia SU-216 de 2022, porque lo argumentado sobre elusión en el análisis de aspectos de trascendencia constitucional, reunía los elementos necesarios que hubiesen permitido acreditar la procedencia general de la accion de tutela y que la Sala Plena adelantara el estudio de fondo del defecto fáctico, como lo solicitó la peticionaria. Mi desacuerdo se sustenta en los siguientes argumentos: i) la procedencia general de la acción de tutela contra providencias judiciales y su análisis flexible cuando el amparo es ejercido por personas que están en situación de especial vulnerabilidad en razón a su estado de salud; ii) le asistía razón a la solicitante de la nulidad. La sentencia acusada no valoró la especial condición de vulnerabilidad del actor, por su estado de salud, y la consecuente necesidad del análisis de procedencia general de la tutela bajo criterios más flexibles, pero no menos exigentes; y iii) el presente asunto no buscaba reabrir un debate probatorio clausurado, sino que provocaba una controversia con innegable trascendencia constitucional, por involucrar la afectación de derechos fundamentales de un sujeto de especial condición de vulnerabilidad. A continuacion desarrollaré los temas propuestos.

 

3.                 La procedencia general de la accion de tutela contra providencias judiciales y su análisis flexible cuando es ejercida por personas en situación de especial vulnerabilidad. Este Tribunal ha decantado en su jurisprudencia los presupuestos de procedencia general de la acción de tutela contra providencia judicial. Así, la Sentencia C-590 de 2005 unificó dichos requisitos de la siguiente manera:

 

-                     Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones e instancias. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que debe resolver afecta los derechos fundamentales de las partes.

 

-                     Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. 

 

-                     Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. 

 

-                     Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. 

 

-                     Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos vulnerados, y que hubiese alegado dichas circunstancias en el proceso judicial, siempre que fuera posible. 

 

-                     Que no se trate de sentencias de tutela.

 

4.                 De otra parte, en términos generales, el análisis de procedibilidad de la acción de tutela ha considerado la situación de especial vulnerabilidad en que pueda encontrarse quien acciona. En tal sentido, la jurisprudencia de esta Corporación estima que el estudio de procedencia del amparo debe tener en cuenta criterios más flexibles, pero no menos exigentes, cuando así lo amerite el caso concreto, particularmente, si se trata de personas en especial vulnerabilidad^[35]. En efecto, la Sentencia T-001 de 2021 indicó lo siguiente: “En el caso de sujetos de especial protección constitucional, esta Corporación ha reconocido una mayor flexibilidad en el análisis del requisito de subsidiariedad. En efecto, la jurisprudencia ha sostenido que el juez de tutela debe brindar un tratamiento diferencial al accionante y verificar si este se encuentra en la posibilidad de ejercer el medio de defensa, en igualdad de condiciones al común de la sociedad. De esa valoración dependerá establecer si el presupuesto mencionado se cumple o no en el caso concreto.”

 

5.                 El mencionado criterio ha sido utilizado en el análisis de la procedencia general del amparo constitucional contra providencias judiciales. En efecto, la Sentencia T-422 de 2018^[36] al estudiar la relevancia constitucional indicó lo siguiente: “Resulta del caso precisar que el tutelante no acredita ninguna situación de riesgo, en atención a sus condiciones no puede considerarse que se trate de una persona vulnerable, cuyos derechos fundamentales sean prima facie desconocidos, como consecuencia de la decisión judicial que se cuestiona. En efecto, no estamos frente a un sujeto de especial protección constitucional, ni se observa ninguna condición de riesgo particular en la parte accionante.” Luego, en el estudio de inmediatez precisó: “La definición del término ‘razonable’ que debe mediar entre la fecha de ocurrencia de la presunta afectación de los derechos fundamentales y su cuestionamiento en sede de tutela no ha sido pacífica en la jurisprudencia. Por tal razón, de manera abstracta y previa, este solo puede catalogarse como prima facie, pues su valoración concreta está sujeta a las circunstancias específicas del caso, a las condiciones del tutelante (en especial a su situación concreta de vulnerabilidad), a los intereses jurídicos creados a favor de terceros por la actuación que se cuestiona y a la jurisprudencia constitucional en casos análogos.”

 

6.                 La solicitud de nulidad de la referencia fue sustentada en la elusión arbitraria de análisis de asuntos de relevancia constitucional. Uno de los elementos enunciados por la peticionaria fue la ausencia de valoración de la condición de salud del actor y la imposibilidad de acudir a la administración de justicia “de manera leal”. En concreto, indicó:

 

“en el escrito de tutela (así como en el proceso que originó el proceso de tutela) se diferenció (i) la ocurrencia de la explosión dentro de la aeronave que constituye el siniestro aéreo, (ii) el momento en el cual se tuvo conocimiento que dicha explosión constituyó un verdadero hecho causante del daño antijurídico y (iii) el momento en el que el accionante quedó excluido de manera cierta de la responsabilidad de la generación del daño. No podía el accionante recurrir a la administración de justicia de manera leal, sin antes tener la certeza que no estaría reclamando un daño, sobre el cual había una discusión sobre su responsabilidad en su generación. Mucho menos cuando su situación de salud se lo impedía y se demostró en el curso del proceso”.

 

7.                 En el trámite de la tutela, el actor acreditó su estado de especial vulnerabilidad con ocasión del accidente que sufrió y las secuelas irreversibles a su salud derivadas del mismo. Al revisar el expediente y los hechos acreditados en la Sentencia SU-216 de 2022, es posible identificar la especial condición de vulnerabilidad del actor con ocasión del accidente aéreo que dio origen a la acción de reparación directa. En concreto, la providencia en mención indicó lo siguiente: “El Teniente de Navío Luis Alejandro Zapata Casas, inicialmente, fue atendido en el Hospital de Puerto Leguízamo y después fue trasladado al Hospital Militar de Bogotá. Con ocasión del impacto perdió el conocimiento y permaneció hospitalizado, como también, “sufrió un politraumatismo severo con graves consecuencias y secuelas irreversibles a su condición física y psíquica, que se han desarrollado con posterioridad al accidente por la naturaleza evolutiva y crónica de las afecciones en salud. Por ello, para noviembre de 2008, aún los médicos tratantes dieron un concepto reservado pero no definitivo sobre la salud del teniente”.

 

8.                 La Sentencia SU-216 de 2022 no valoró la especial condición de vulnerabilidad del actor al analizar la procedencia general de la tutela en relación con el defecto fáctico. En tal sentido, la argumentación gravitó en torno  a la verificación de la existencia de cosa juzgada del asunto en providencia distinta a la acusada, la ausencia de inmediatez y la consecuente falta de relevancia constitucional. De esta forma, no estudió la condición de especial vulnerabilidad del actor por su condición de salud, lo que hubiese llevado, conforme a la jurisprudencia de la Corte, a la flexibilización del examen de procedencia general del amparo en relación con el defecto fáctico.

 

9.                 Conforme a lo expuesto, le asistía razón a la solicitante de la nulidad porque la sentencia eludió el análisis de procedencia general de la tutela contra providencias judiciales, a partir de considerar el estado de salud del actor. Tal situación implicaba un estado de especial vulnerabilidad que obligaba a un estudio flexible de procedibilidad genérica del amparo propuesto por parte de este Tribunal. Bajo dicha premisa, era posible establecer que el asunto cumplía con el requisito de relevancia constitucional, debido a que lo alegado no era un simple desacuerdo con el análisis probatorio y de oportunidad, sino que trascendía a la garantía de acceso a la administración de justicia de una persona en condición de especial vulnerabilidad. En concreto, por sufrir secuelas irreversibles en su salud con ocasión de un accidente aéreo, según la peticionaria, no fue posible acudir a la administración de justicia “de manera leal”, en concreto, en el trámite de un proceso de reparación directa y la asunción, en dichas condiciones, de la carga probatoria correspondiente.

 

10.             Lo expuesto, sin lugar a dudas, era un elemento de innegable trascendencia constitucional que incidía directamente en la decisión y que, de haber sido estudiado, habría permitido superar la procedencia general de la tutela en relación con el defecto fáctico y habilitar el estudio de fondo de dicha causal específica a partir de la especial condición de vulnerabilidad del actor. Tal circunstancia llevó a que no se considerara materialmente el asunto objeto de amparo, pues finalmente, el debate probatorio planteado sobre las condiciones del actor y su incidencia en el ejercicio de la acción contenciosa no se evalúo.

 

11.             Con base en lo anterior, me aparto de la postura mayoritaria que negó la solicitud de nulidad de la Sentencia SU-216 de 2022, porque se plantearon argumentos suficientes en cuanto a que la mencionada providencia eludió el análisis de asuntos de relevancia constitucional. Particularmente, el estado de especial vulnerabilidad del actor con ocasión de las secuelas irreversibles que sufrió, por cuenta del accidente aéreo, y que dio lugar al medio de control de reparación directa presentado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

Fecha ut supra

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

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