Sentencia A. 966/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-966/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA CIVIL-Conflictos sobre ocupación permanente de predios que no constituyan legalmente una servidumbre

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 966 DE 2024

 

Referencia: expediente CJU-5356

 

Conflicto de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Istmina, Chocó

 

Magistrado sustanciador:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá, D. C., cinco (05) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial la prevista en el artículo 241.11 de la Carta[1], profiere el presente auto con fundamento en las siguientes

 

CONSIDERACIONES

 

1.   Causa judicial que suscita la controversia. Carmen Gladis Ordoñez Rivas presentó medio de control de reparación directa en contra de las Empresas Públicas del municipio de Condoto y el municipio de Condoto, en el departamento del Chocó[2]. La demandante manifestó que en el año 2008 el municipio y la empresa demandada construyeron en su propiedad un tanque elevado para proveer de agua mediante el sistema de acueducto al corregimiento de Opogodó. Lo expuesto, pese a que la accionante se opuso y solicitó la indemnización correspondiente, la cual, no le fue reconocida. En consecuencia, la demandante solicitó al juez de conocimiento (i) declarar el establecimiento de una servidumbre continua y aparente desde el año 2008 y (ii) ordenar a las demandadas el pago de los daños y perjuicios ocasionados derivados de la ocupación permanente de la servidumbre.

 

2.   Decisión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en audiencia inicial del 26 de septiembre de 2023[3], en la fase de saneamiento del proceso, declaró la falta de jurisdicción y competencia y ordenó la remisión del expediente a los juzgados civiles del circuito de Istmina. Señaló que de conformidad con el Auto 1045 de 2021[4] de la Corte Constitucional, corresponde a los jueces ordinarios en su especialidad civil el conocimiento de los conflictos originados por la ocupación permanente de predios por parte de empresas prestadoras de servicios públicos, en los eventos en los que no estuviese legalmente constituida una servidumbre.

 

3.   Decisión de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. Mediante auto del 13 de marzo de 2024[5], el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Istmina propuso conflicto negativo de jurisdicción y remitió el expediente a la Corte Constitucional. Señaló que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente, de conformidad con el Auto 283 de 2021 de esta Corte[6] y el artículo 104[7] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), cuando el objeto de la demanda no tiene regulación expresa sobre la jurisdicción que debe conocer el asunto, la demanda está dirigida contra una entidad pública y se trata de un asunto cuya resolución está sujeta al derecho administrativo, supuestos que se cumplen en el caso en estudio, más si se tiene en cuenta que una de las entidades demandadas es el municipio de Condoto.

 

4.    El caso cumple con los presupuestos para la procedencia de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. El presente asunto satisface las reglas definidas en el Auto 155 de 2019[8] para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Primero, acredita el cumplimiento del presupuesto subjetivo, debido a que existe una controversia suscitada entre dos autoridades judiciales que pertenecen a diferentes jurisdicciones. Estas son el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Istmina y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Segundo, demuestra el cumplimiento del presupuesto objetivo, pues la controversia se refiere al proceso judicial promovido por Carmen Gladis Ordoñez Rivas en contra de las Empresas Públicas del municipio de Condoto y el municipio de Condoto. Tercero, satisface el presupuesto normativo, toda vez que las dos autoridades plantean una controversia legal y jurisprudencial dirigida a negar su competencia (ver supra 2 y 3).

 

5.   Reiteración de los Autos 1045 de 2021 y 3129 de 2023[9]. En el Auto 1045 de 2021, como lo manifestó el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, la Sala Plena estudió un caso en el cual un ciudadano presentó demanda reivindicatoria contra la empresa Electricaribe por la ocupación de un predio, como consecuencia de la instalación de unas torres de interconexión eléctrica, sin que se hubiere autorizado la construcción. En ese caso se pretendía declarar al demandante como legítimo propietario y que se ordenara la restitución material del inmueble, con el pago de los frutos civiles dejados de percibir. En aquella ocasión, la Corte concluyó que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para resolver los conflictos derivados de la ocupación permanente de terrenos por parte de empresas prestadoras de servicios públicos, siempre que no se haya establecido legalmente una servidumbre con fundamento en la Sentencia T-824 de 2007, así como en la jurisprudencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado[10], la Corte Suprema de Justicia[11] y el Consejo Superior de la Judicatura[12].

 

6.   Posteriormente, mediante Auto 1085 de 2021[13] la Corte conoció de un caso en el cual una sociedad presentó demanda en contra de una empresa de servicios públicos, en la que solicitaba declarar la existencia de una servidumbre y el reconocimiento de los perjuicios. En esa oportunidad la Sala extendió lo dispuesto en el Auto 1045 de 2021 y recordó que “(i) las servidumbres de servicios públicos domiciliarios pueden ser impuestas por acto administrativo, mediante proceso judicial o de forma voluntaria, esto es, mediando la autorización del propietario del predio sirviente; (ii) no existe una prerrogativa legal que le permita a los prestadores de servicios públicos imponer servidumbres de hecho; (iii) en los casos en los cuales por la vía de los hechos los prestadores ocupen de facto, temporal o permanentemente, bienes de propiedad privada para construir infraestructura de servicios públicos; (iv) deberán responder patrimonialmente mediante el pago de una indemnización justa al propietario, que compense los perjuicios derivados de la afectación que deberá soportar el predio, según lo disponen el artículo 57[14] de la Ley 142 de 1994 y la Ley 56 de 1981; (iv) en estos casos la pretensión es de tipo reivindicatorio y será del conocimiento de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil; todo ello, (v) sin perjuicio de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para conocer de la legalidad de los actos administrativos por los cuales se impone una servidumbre o de la responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos, como en los casos de responsabilidad extracontractual por daños antijurídicos derivados de la prestación del servicio público domiciliario”.

 

7.   Finalmente, el Auto 3129 de 2023 se refirió a un caso similar al ahora estudiado. En esa oportunidad, una ciudadana demandó, a través del medio de control de reparación directa, a las Empresas Públicas del Santuario -EEPS- y al municipio de El Santuario, Antioquia, por la imposición de las servidumbres de acueducto y/o alcantarillado sin celebrar acuerdo válido alguno con la propietaria o haber realizado el trámite de constitución de servidumbre de servicios públicos previsto en la ley. En este contexto, la Sala reiteró los Autos 1045 y 1085 de 2021, en concordancia con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 142 de 1994 y la Ley 56 de 1981, y ordenó remitir el expediente a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. En dicha providencia precisó este tribunal que la simple mención del municipio de El Santuario en el extremo pasivo de la demanda no era suficiente para activar la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto, dado que la regla de competencia fijada por la Corte Constitucional recae sobre la materia del asunto, es decir, sobre los conflictos originados por la ocupación permanente de predios por parte de empresas prestadoras de servicios públicos, en los eventos en los que no se hubiese constituido legalmente una servidumbre. Por consiguiente, la conformación de las partes que integran la litis no es un factor que determina la jurisdicción competente para abordar el asunto en cuanto a la regla de competencia aplicable al caso concreto.

 

8.   Aplicación del precedente contenido en los autos 1045 de 2021 y 3129 de 2023. La jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es la competente para conocer el caso que suscita el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con la regla de decisión prevista en los Autos 1045 de 2021 y 3129 de 2023. Lo anterior, considerando que se trata de una acción de reparación directa i) presentada en contra de una empresa de servicios públicos domiciliarios, en la que la inclusión del municipio de Condoto no activa la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y ii) en ella se pretende la declaración de la servidumbre y iii) el pago de los daños y perjuicios derivados de una ocupación por vía de hecho que, según la demanda, han ejercido las Empresas Públicas del municipio de Condoto y dicho municipio sobre el predio de propiedad de la demandante sin que, en estricto sentido, se hubiere constituido legalmente una servidumbre. Por ello, la demanda debe seguir el procedimiento definido en la Ley 56 de 1981, según lo establecido en el artículo 57 de la Ley 142 de 1994, en virtud de lo cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Istmina es el competente para pronunciarse sobre este litigio.

 

9.   Finalmente, es importante mencionar que, si bien la situación fáctica del Auto 1045 de 2021 se basaba en un proceso reivindicatorio, distinto al caso en estudio que abarca una situación de servidumbre, al tratarse de conflictos derivados de la ocupación permanente de terrenos por parte de empresas prestadoras de servicios públicos, siempre que no se haya establecido legalmente una servidumbre, la extensión de la regla es pertinente, por la naturaleza de este tipo de controversias.  

 

10.   Regla de decisión. Reiteración Auto 1045 de 2021: “Corresponde a los jueces ordinarios, en su especialidad civil, el conocimiento de los conflictos originados por la ocupación permanente de predios por parte de empresas prestadoras de servicios públicos, en los eventos en los que no se hubiese constituido legalmente una servidumbre.”.

 

DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el presente conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones en el sentido de DECLARAR que corresponde al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Istmina, Chocó, conocer del proceso judicial promovido por Carmen Gladis Ordoñez Rivas en contra de las Empresas Públicas del municipio de Condoto y el municipio de Condoto, Chocó.

 

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-5356 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Istmina, Chocó, para lo de su competencia, y para que comunique esta decisión al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y a los interesados en este trámite.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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