A- de 2024

Conflicto de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, y el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de la misma ciudad.

Se presenta la controversia entre los Despachos por causa de una acción popular instaurada por la ONG MIPOFAAMCOL, en contra de la Campaña Electoral de Gustavo Petro Urrego y otros para la presidencia 2022, Coalición Pacto Histórico o la denominación registrada, mediante la cual pretende que por sentencia se determine que la campaña electoral de los accionados violó los topes legales, con lo que considera se vulnera la moralidad administrativa y el patrimonio público, que solicita se protejan.

Al verificar si se da cumplimiento a los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena evidencia que, en el presente asunto, el Consejo Nacional Electoral adelanta una investigación administrativa para determinar si la campaña presidencial del presidente electo en el 2022 violó o no los topes legales de financiación.

Por esta razón, no es posible tramitar, de manera concomitante, una acción popular para que por sentencia se determine “que la campaña electoral de los accionados violó los topes legales”, esto es, para resolver lo que debe ventilarse ante el aludido Consejo Nacional Electoral, en el término y con el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 996 de 2005.

Por ello, la Sala Plena determina que le asiste razón a las dos autoridades judiciales que concurren al presente conflicto de competencia y niegan asumir el conocimiento del caso, pues no es procedente el trámite de la acción popular interpuesta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo ni ante la jurisdicción ordinaria y se concluye que la competencia para decidir sobre la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial corresponde al Consejo Nacional Electoral, conforme lo dispuesto en los artículos 265 de la Constitución y 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, y para los efectos allí establecidos.

En consecuencia, la Corte dispone el envío del expediente al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, y al Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá, para su archivo.