Sentencia A. 911/25

CJU

Asunto

6537

Hechos. El 26 de septiembre de 2017, el Instituto de Desarrollo de Arauca (IDEAR), mediante apoderado judicial, presentó demanda ejecutiva de mínima cuantía contra la señora Lilibeth Baroni Trillo. En el escrito solicitó librar mandamiento de pago en contra de la demandada con fundamento en el pagaré N.º 30376073-2008 por un valor de $11.643.000. Según los hechos de la demanda, la señora Baroni Trillo obtuvo un crédito de vivienda aprobado por la entidad, el cual se perfeccionó mediante un contrato de “crédito de vivienda tipo reembolsable” y la suscripción del referido pagaré. No obstante, incurrió en mora desde febrero de 2013, por lo que acumuló un saldo pendiente de pago por concepto de capital por valor de $1.447.037, por intereses desde octubre de 2014 por valor de $2.456.984 y de $10.943 por concepto de cuotas de seguro desde julio de 2017[2].

Autoridades en conflicto

El Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca, Arauca[3], declaró su falta de competencia. A través de Auto del 5 de octubre de 2017, la autoridad judicial ordenó librar mandamiento de pago a cargo de la demandada y en favor del IDEAR[4]. Asimismo, a través de Auto del 5 de noviembre de 2019, ordenó seguir adelante con la ejecución, requirió a las partes para que presentaran la liquidación del crédito y condenó en costas a la parte demandada[5]. Igualmente, durante el tiempo en que el asunto estuvo bajo conocimiento de este Juzgado, el 24 de agosto de 2022 aprobó la liquidación en costas[6].

Pese lo anterior, a través de Auto del 13 de enero de 2025, esta autoridad judicial declaró, entre otras, su falta de jurisdicción para conocer del asunto, por lo que dispuso abstenerse de seguir con el conocimiento del asunto y remitió el expediente a los juzgados administrativos de Arauca. Al respecto, señaló que el IDEAR no era una institución financiera conforme al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ni estaba sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, por lo que no reunía los requisitos de la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo contenida en el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contenido en la Ley 1437 de 2011. Refirió que así lo ha reiterado la Corte Constitucional en los autos 554 y 609 de 2023 y 1622 de 2024, al resolver conflictos de jurisdicción similares, al destacar que cuando están en juego recursos públicos administrados por una entidad pública no financiera, la jurisdicción competente es la de lo contencioso administrativo[7].

El Juzgado 003 Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, Arauca, declaró su falta de competencia. En Auto del 26 de marzo de 2025, esta autoridad judicial declaró su falta de jurisdicción para conocer del caso, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto suscitado. Señaló que la Corte Constitucional, en el Auto 1622 de 2024, sostuvo que, en procesos ejecutivos derivados de títulos valores en los que interviene una entidad pública, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer del asunto cuando el título se origina o puede estar vinculado a un contrato estatal. No obstante, si se demuestra con certeza que el título no tiene origen contractual estatal, la competencia es de la jurisdicción ordinaria. En cuanto a los procesos ejecutivos hipotecarios, incluso con intervención de entidades públicas, refirió que la Corte en el Auto 609 de 2023 reiteró que son competencia de la jurisdicción ordinaria civil, conforme al artículo 15 del Código General del Proceso (CGP), contenido en la Ley 1564 de 2012, al no involucrar actos ni relaciones propias del derecho administrativo. En el caso del IDEAR, advirtió que, aunque fue transformado en un Instituto de Fomento y Desarrollo Territorial (INFI), esta se considera una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, por lo que no aplica la excepción del artículo 105 del CPACA, y la competencia permanece en la jurisdicción ordinaria[8].

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Asunto

6557

Hechos. El 16 de febrero de 2024, el IDEAR, por medio de apoderado judicial, presentó una demanda ejecutiva de mínima cuantía contra de la señora María Jesús Escobar y el señor Hugo Fernando Camejo Puerta. La acción judicial tenía por objeto que se librara mandamiento de pago en favor del demandante y en contra de la demandada, con base en el pagaré N.º 30382086, por un valor de $9.957.238. Según lo señalado en la demanda, la señora María Jesús Escobar y el señor Hugo Fernando Camejo Puerta incurrieron en mora en el pago del título valor desde el 17 de julio de 2023. Conforme a lo pactado, dicho incumplimiento habría generado intereses moratorios a una tasa equivalente al doble del interés remuneratorio convenido, o, en su defecto, a la tasa máxima legal permitida[9].

Autoridades en conflicto

El Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca, Arauca, declaró su falta de competencia. A través de Auto del 29 de febrero de 2024, la autoridad judicial ordenó librar mandamiento de pago en favor del IDEAR[10]. Asimismo, a través de Auto del 12 de abril de 2024, ordenó seguir adelante con la ejecución, requirió a las partes para que presentaran la liquidación del crédito y condenó en costas a la parte demandada[11].

Sin perjuicio de lo anterior, a través de Auto del 9 de diciembre de 2024, esta autoridad judicial declaró, entre otras, su falta de jurisdicción para conocer del asunto, por lo que dispuso abstenerse de seguir con el conocimiento del asunto y remitió el expediente a los juzgados administrativos de Arauca. Al respecto, señaló que el IDEAR no era una institución financiera conforme al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ni estaba sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, por lo que no reunía los requisitos de la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo contenida en el artículo 105 del CPACA. Refirió que así lo ha reiterado la Corte Constitucional en los autos 554 y 609 de 2023 y 1622 de 2024, al resolver conflictos de jurisdicción similares, al destacar que cuando están en juego recursos públicos administrados por una entidad pública no financiera, la jurisdicción competente es la contenciosa[12].

El Juzgado 006 Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, Arauca, declaró su falta de competencia. En Auto del 31 de marzo de 2025, esta autoridad judicial declaró su falta de jurisdicción para conocer del caso, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto suscitado. Señaló que, de acuerdo con el artículo 104 del CPACA y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, principalmente lo referido en los autos 403 de 2021, 553 de 2022 y 1027 de 2021, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente cuando el título valor se origina en un contrato estatal o cuando no existe certeza sobre su origen contractual. Por el contrario, cuando se acredita que el título valor no surge de un contrato estatal ni existe duda sobre ello, la competencia se asigna a la jurisdicción ordinaria, conforme a la cláusula residual de competencia prevista en el artículo 15 del CGP. En el caso concreto, refirió que el pagaré objeto de ejecución por parte del IDEAR no se originó en virtud de un contrato estatal, sino en una relación autónoma y comercial de naturaleza privada. Dado que no existe vínculo contractual de derecho público entre las partes, ni tampoco se plantea una controversia derivada de funciones administrativas ni de actos administrativos, el asunto no se subsume en las hipótesis del artículo 104 del CPACA. En consecuencia, y conforme a las reglas de competencia establecidas por la Corte Constitucional, corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, el conocimiento del proceso, pues se trata de la ejecución de un título valor autónomo que no se deriva de una relación contractual estatal[13].

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Asunto

6558

Hechos. El 27 de mayo de 2022, el Instituto de Desarrollo de Arauca (IDEAR), por medio de apoderado judicial, presentó una demanda ejecutiva de mínima cuantía contra de la señora Sandra Patricia Sánchez Blanco. La acción judicial tenía como pretensión principal ordenar que se librara mandamiento de pago en favor del demandante y en contra de la demandada, con base en el pagaré N.º 30379484, por un valor de $80.000.000. Según lo señalado en la demanda, la señora Sandra Patricia Sánchez Blanco presentó mora en el cumplimiento de su obligación crediticia desde el 24 de octubre de 2016, sin que al momento de la presentación de la demanda hubiera realizado algún pago respecto de la deuda adquirida. Igualmente, la parte demandante refirió que, para respaldar el crédito otorgado por el IDEAR, la deudora no solo comprometió su responsabilidad personal, sino que constituyó una hipoteca abierta de primer grado y cuantía indeterminada a favor del acreedor hipotecario. Esta garantía fue formalizada mediante la Escritura Pública N.º 1613 del 10 de octubre de 2014, otorgada en la Notaría Única del Círculo de Arauca, sobre el bien inmueble de su propiedad denominado La Vorágine, ubicado en la vereda Buenos Aires, municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca. En consecuencia, con fundamento en el pagaré N.º 30379484 suscrito por la deudora y en la existencia de una garantía real, el IDEAR refirió que esta garantía es la que responde legalmente a la obligación crediticia adquirida por la señora Sandra Patricia Sánchez Blanco[14].

Autoridades en conflicto

El Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca, Arauca[15], declaró su falta de competencia. A través de Auto del 6 de julio de 2022, la autoridad judicial ordenó librar mandamiento de pago a cargo de la demandada y en favor del IDEAR[16]. Asimismo, a través de Auto del 22 de septiembre de 2023, ordenó seguir adelante con la ejecución, requirió a las partes para que presentaran la liquidación del crédito y condenó en costas a la parte demandada[17].

Pese a lo anterior, a través de Auto del 15 de enero de 2025, esta autoridad judicial declaró, entre otras, su falta de jurisdicción para conocer del asunto, por lo que dispuso abstenerse de seguir con el conocimiento del asunto y remitió el expediente a los juzgados administrativos de Arauca. Al respecto, señaló que el IDEAR no era una institución financiera conforme al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ni estaba sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, por lo que no reunía los requisitos de la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo contenida en el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contenido en la Ley 1437 de 2011. Refirió que así lo ha reiterado la Corte Constitucional en los autos 554 y 609 de 2023 y 1622 de 2024, al resolver conflictos de jurisdicción similares, al destacar que cuando están en juego recursos públicos administrados por una entidad pública no financiera, la jurisdicción competente es la contenciosa[18].

El Juzgado 006 Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, Arauca, declaró su falta de competencia. En Auto del 31 de marzo de 2025, esta autoridad judicial declaró su falta de jurisdicción para conocer del caso, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto suscitado. Señaló que, de acuerdo con el artículo 104 del CPACA y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, principalmente lo referido en los autos 403 de 2021, 553 de 2022 y 1027 de 2021, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente cuando el título valor se origina en un contrato estatal o cuando no existe certeza sobre su origen contractual. Por el contrario, cuando se acredita que el título valor no surge de un contrato estatal ni existe duda sobre ello, la competencia se asigna a la jurisdicción ordinaria, conforme a la cláusula residual de competencia prevista en el artículo 15 del CGP. En el caso concreto, refirió que el pagaré objeto de ejecución por parte del IDEAR no se originó en virtud de un contrato estatal, sino en una relación autónoma y comercial de naturaleza privada. Dado que no existe vínculo contractual de derecho público entre las partes, ni tampoco se plantea una controversia derivada de funciones administrativas ni de actos administrativos, el asunto no se subsume en las hipótesis del artículo 104 del CPACA. En consecuencia, y conforme a las reglas de competencia establecidas por la Corte Constitucional, corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, el conocimiento del proceso, pues se trata de la ejecución de un título valor autónomo que no deriva de una relación contractual estatal[19].

CJU

Asunto

6568

Hechos. El 25 de noviembre de 2020, el IDEAR, por medio de apoderado judicial, presentó una demanda ejecutiva de mínima cuantía contra de la señora Sanjy Saele Vanessa Durán Avendaño. La acción judicial tenía por objeto que se librara mandamiento de pago en favor del demandante y en contra de la demandada, con base en el pagaré N.º 30379892, por un valor de $21.484.000. Según lo señalado en la demanda, la señora Sanjy Saele Vanessa Durán Avendaño incurrió en mora en el pago del crédito que le fue otorgado por el IDEAR desde el 8 de julio del 2017. Conforme a lo pactado, dicho incumplimiento habría generado intereses moratorios a una tasa equivalente al doble del interés remuneratorio convenido, o, en su defecto, a la tasa máxima legal permitida[20].

Autoridades en conflicto

El Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca, Arauca[21], declaró su falta de competencia. A través de Auto del 1º de diciembre de 2020, la autoridad judicial ordenó librar mandamiento de pago a cargo de la demandada y en favor del IDEAR[22]. Asimismo, a través de Auto del 4 de mayo de 2023, ordenó seguir adelante con la ejecución, requirió a las partes para que presentaran la liquidación del crédito y condenó en costas a la parte demandada[23].

Pese lo anterior, a través de Auto del 15 de enero de 2025, esta autoridad judicial declaró, entre otras, su falta de jurisdicción para conocer del asunto, por lo que dispuso abstenerse de seguir con el conocimiento del asunto y remitió el expediente a los juzgados administrativos de Arauca. Al respecto, señaló que el IDEAR no era una institución financiera conforme al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ni estaba sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, por lo que no reunía los requisitos de la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo contenida en el artículo 105 del CPACA. Refirió que así lo ha reiterado la Corte Constitucional en los autos 554 y 609 de 2023 y 1622 de 2024, al resolver conflictos de jurisdicción similares, al destacar que cuando están en juego recursos públicos administrados por una entidad pública no financiera, la jurisdicción competente es la contenciosa[24].

El Juzgado 004 Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, Arauca, declaró su falta de competencia. En Auto del 21 de abril de 2025, esta autoridad judicial declaró su falta de jurisdicción para conocer del caso, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto suscitado. Sostuvo que la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme al artículo 104 del CPACA, abarca controversias derivadas de actos, contratos u omisiones sujetos al derecho administrativo, en las que se incluyen responsabilidad extracontractual, contratos estatales con cláusulas exorbitantes, relaciones laborales públicas, actos políticos y ejecuciones derivadas de condenas o laudos arbitrales. Sin embargo, refirió que el artículo 105.1 del CPACA excluye de su competencia las controversias relacionadas con entidades públicas financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera cuando correspondan a su giro ordinario, como operaciones crediticias. En el caso concreto, consideró que el pagaré ejecutado no provenía de un contrato estatal y el IDEAR, como entidad financiera de fomento territorial bajo supervisión de la Superfinanciera, actuó dentro de su objeto social al otorgar el crédito. Por tanto, al no cumplirse los presupuestos del artículo 104 CPACA y aplicarse la excepción del artículo 105.1, el juez administrativo carecía de competencia, por lo que correspondía el conocimiento a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil[25].

CJU

Asunto

6636

Hechos. En el año 2020, el IDEAR, por medio de apoderado judicial, presentó una demanda ejecutiva de mínima cuantía contra la empresa Sumcons y Obras Heranm S.A.S. La acción judicial tenía por objeto que se librara mandamiento de pago en favor del demandante y en contra de la demandada, con base en el pagaré N.º 30380241, por un valor de $7.336.080. Según lo señalado en la demanda, la empresa Sumcons y Obras Heranm S.A.S., incurrió en mora en el pago del crédito en la modalidad empresarial que le fue otorgado por el IDEAR a la demandada y adeuda por concepto de capital la suma de $2.507.767 y por intereses la suma de $1.138.365. Conforme a lo pactado, dicho incumplimiento genera intereses moratorios a una tasa equivalente al doble del interés remuneratorio convenido, o, en su defecto, a la tasa máxima legal permitida[26].

Autoridades en conflicto

El Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca, Arauca[27], declaró su falta de competencia. A través de Auto del 31 de julio de 2020, la autoridad judicial ordenó librar mandamiento de pago a cargo de la demandada y en favor del IDEAR[28]. Asimismo, a través de Auto del 13 de octubre de 2020, ordenó seguir adelante con la ejecución, requirió a las partes para que presentaran la liquidación del crédito y condenó en costas a la parte demandada[29]. Igualmente, durante el tiempo en que el asunto estuvo bajo conocimiento de este Juzgado, el 24 de abril de 2023 aprobó la liquidación en costas[30].

Pese lo anterior, a través de Auto del 13 de enero de 2025, esta autoridad judicial declaró, entre otras, su falta de jurisdicción para conocer del asunto, por lo que dispuso abstenerse de seguir con el conocimiento del asunto y remitió el expediente a los juzgados administrativos de Arauca. Al respecto, señaló que el IDEAR no era una institución financiera conforme al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ni estaba sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, por lo que no reunía los requisitos de la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo contenida en el artículo 105 del CPACA. Refirió que así lo ha reiterado la Corte Constitucional en los autos 554 y 609 de 2023 y 1622 de 2024, al resolver conflictos de jurisdicción similares, al destacar que cuando están en juego recursos públicos administrados por una entidad pública no financiera, la jurisdicción competente es la contenciosa[31].

El Juzgado 007 Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, Arauca, declaró su falta de competencia. En Auto del 25 de abril de 2025, esta autoridad judicial no avocó el conocimiento del asunto, declaró su falta de jurisdicción para conocer del caso, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto suscitado. Esta autoridad judicial refirió que la jurisdicción de lo contencioso administrativo solo es competente para procesos ejecutivos derivados de contratos estatales cuando el título valor (como un pagaré) mantenga un nexo causal directo con dicho contrato, conforme al artículo 104.6 del CPACA y los requisitos de validez de los contratos estatales. En el presente caso, advirtió que el pagaré ejecutado carece de este vínculo, pues el IDEAR acreditó que la obligación nació de una relación financiera autónoma, sin contrato estatal previo, lo que descarta la competencia de esta jurisdicción, según lo establecido por la Corte Constitucional en el Auto 1314 de 2024. Adicionalmente, al tratarse el IDEAR de una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, de acuerdo con el Decreto 723/2017, y corresponder el crédito a su giro ordinario, la competencia recae en la jurisdicción ordinaria civil conforme a los criterios fijados por la Corte Constitucional en el Auto 1077 de 2023, así como en los artículos 105.1 del CPACA y 15 del CGP[32].