TEMAS-SUBTEMAS
Auto A-905/24
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Reglas para dirimir conflictos ante la Jurisdicción Ordinaria
TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA-Juez no le es dado declinar su competencia bajo el pretexto de hacer una adecuada aplicación de las normas atinentes al reparto
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 905 DE 2024
Expediente: ICC-4669
Conflicto aparente de competencia en materia de tutela suscitado entre el Juzgado 2º Civil del Circuito de Girardot y el Juzgado 1º Penal Municipal de Girardot
Magistrado Ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5 del Acuerdo 02 de 2015, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 16 de abril de 2024, la señora María Sonia Salgado Bañol acudió a la acción de tutela para proteger su vulnerado derecho fundamental de petición frente a la Nueva EPS. La señora Salgado expuso que su médico tratante le ordenó la realización de exámenes y procedimientos médicos, empero, la EPS no habría autorizado la prestación de estos servicios en el municipio de Girardot, lugar de residencia de la accionante. Por el contrario, la Nueva EPS remitió a la señora Salgado a la ciudad de Bogotá para la realización de los estudios y procedimientos médicos. Sin embargo, la señora María Sonia Salgado Bañol argumentó ser paciente crónica con movilidad reducida, lo que le dificulta desplazarse a otra ciudad. Por tal motivo, presentó un escrito a la accionada solicitando la prestación de los servicios en salud en Girardot, petición que, hasta el momento de la presentación del escrito de tutela, no habría sido respondida.[1]
2. Por reparto, la acción de tutela fue asignada al Juzgado 2º Civil del Circuito de Girardot, el cual, mediante auto del 16 de abril de 2024 estimó ser incompetente para conocer del asunto y envió el expediente a los Juzgados Municipales de Girardot. Refirió que la acción de tutela estaba dirigida contra un organismo particular, de acuerdo a la composición accionaria que conforma la entidad (el 49.99% del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 50.01% a entidades privadas sin ánimo de lucro), por lo que esta clase de asuntos eran competencia de los juzgados municipales, de acuerdo con el numeral 1º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado parcialmente por el Decreto 333 de 2021.[2]
3. En cumplimiento del anterior proveído, el asunto fue asignado al Juzgado 1º Penal Municipal de Girardot, el cual, mediante Auto del 18 de abril de 2024, no asumió conocimiento de la acción de tutela y remitió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto. La autoridad judicial afirmó que las reglas establecidas en el Decreto 333 de 2021, en relación con las acciones de tutela, se refieren al reparto de casos y no a la competencia para resolverlos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y lo preceptuado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En todo caso, refirió que las propias reglas de reparto advierten que todos los asuntos dirigidos contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública, siempre y cuando estén en el ámbito nacional, deben ser atendidos por los Juzgados del Circuito, y no por los Juzgados Municipales de Girardot. En consecuencia, señaló que la Nueva EPS cuenta con la participación económica del Estado, lo que le otorga el carácter de entidad descentralizada por servicios del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente. Por consiguiente, estimó que la competencia era del Juzgado 2º Civil del Circuito de Girardot.[3]
4. El 18 de abril de 2024, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional.[4] El 18 de abril de 2024, la Sala Plena de esta Corporación repartió el asunto al despacho ponente para su sustanciación.
II. CONSIDERACIONES
5. Esta Corte ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.[5] Asimismo, ha explicado que su competencia para conocer y dirimir dicha clase de controversias es residual y, en consecuencia, opera en los casos en que las disposiciones del referido cuerpo normativo de rango estatutario no establezcan otra corporación encargada de asumir el trámite;[6] o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia.[7]
6. En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Superior de Cundinamarca conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 270 de 1996, pues las autoridades judiciales en disputa pertenecen al mismo distrito judicial y pertenecen a categorías diferentes.6 Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
7. De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen únicamente tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:
(i) El factor territorial, en virtud del cual son competentes a prevención los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) se produzcan sus efectos (artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991);[8]
(ii) El factor subjetivo, aplicable a las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado en primera instancia a los jueces del circuito (artículo 37 del Decreto 2591 de 1991),[9] y de (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución le corresponde al Tribunal para la Paz (artículo 8° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017);[10] y
(iii) El factor funcional, el cual debe ser verificado al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de un fallo de tutela, pues de ella únicamente pueden conocer las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente del a quo (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).[11]
8. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la aplicación de las normas previstas en el Decreto 1069 de 2015,[12] las cuales fueron modificadas parcialmente por el Decreto 333 de 2021,[13] no autoriza a los jueces de tutela para abstenerse de conocer de los asuntos que les son asignados, en la medida en que tales normas únicamente se refieren a reglas administrativas para el reparto de los casos, pero no hacen alusión a la competencia de las autoridades judiciales.[14] Así las cosas, teniendo en cuenta que estos preceptos no pueden servir de fundamento para que los jueces se aparten del conocimiento de las solicitudes de amparo, la Corte ha expresado que en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales.[15]
9. Análisis del caso concreto. La Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 2º Civil del Circuito de Girardot se apartó del conocimiento de la solicitud de tutela presentada por la señora María Sonia Salgado Bañol, con fundamento en las reglas de reparto, a pesar de que estas no desplazaban su competencia para fallar la acción constitucional. Es importante anotar que la antedicha autoridad judicial no alegó ni demostró que se incumpliera alguno de los factores de competencia previstos en el Decreto 2591 de 1991.
10. Así pues, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala considera que le corresponde al Juzgado 2º Civil del Circuito de Girardot resolver la acción de tutela en cuestión, en tanto fue la primera autoridad judicial a la que se le asignó el conocimiento del presente asunto.
11. Por tal razón, la Corte dejará sin efectos el Auto proferido por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Girardot el 16 de abril de 2024, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la acción constitucional impetrada por la señora María Sonia Salgado Bañol. De igual manera, ordenará que se le remita el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar. Finalmente, advertirá al Juzgado 2º Civil del Circuito de Girardot que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto y abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 16 de abril de 2024 por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Girardot dentro del expediente ICC-4669.
SEGUNDO. REMITIR al Juzgado 2º Civil del Circuito de Girardot el expediente ICC-4669 para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por la señora María Sonia Salgado Bañol en contra de la Nueva EPS.
TERCERO. ADVERTIR al Juzgado 2º Civil del Circuito de Girardot que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.
CUARTO. Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y al Juzgado 1º Penal Municipal de Girardot.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Presidente
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Expediente ICC-4669, documento digital 002EscritoTutelaAnexos.pdf
[2] Ibid., documento digital 005AutoRemiteTutelaJdosMunGirardot16Abr2024.pdf
[3] Ibid., documento digital 008AT 2024-00094 Auto remite Acción de tutela a la Corte Constitucional para dirimir competencia.pdf
[4] Ibid., documento digital Correo ICC 4669.pdf
[5] Ante la inexistencia de una normatividad específica, la Corte Constitucional ha optado por utilizar las normas contenidas en los artículos 17, 18, 37, 41 y 43 de la Ley 270 de 1996 para determinar la autoridad judicial encargada de dirimir los conflictos de competencia suscitados dentro de los procesos de tutela, al considerar que, además de su rango estatutario, son las que en mayor medida armonizan con la estructura de la Jurisdicción Constitucional en materia de amparo, la cual está conformada por todos los jueces de tutela del país sin importar su especialidad (Auto 550 de 2018).
[6] Cfr., Corte Constitucional, Autos 003 de 2018, 050 de 2018, 158 de 2018, 262 de 2018 y 111 de 2020.
[7] Cfr., Corte Constitucional, Autos 170A de 2003 y 205 de 2014.
[8] Cfr., Corte Constitucional, Auto 158 de 2018.
[9] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-940 de 2010 y Auto 700 de 2017.
[10] Cfr., Corte Constitucional, Auto 021 de 2018.
[11] Cfr., Corte Constitucional, Auto 046 de 2018.
[12] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
[13] Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
[14] Cfr., Corte Constitucional, Autos 064 de 2018, 172 de 2018, 242 de 2019 y 398 de 2020. A este respecto, la Corte ha insistido en que por disposición expresa del parágrafo segundo del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, [l]as anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.
[15] Cfr., Corte Constitucional, Autos 481 de 2019, 495 de 2019 y 159 de 2020.