A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Mil de Familia del Circuito de Bogotá y el Resguardo Indígena.

Se suscita la controversia por una demanda de investigación de paternidad, a través de la defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a favor de una menor perteneciente a comunidad indígena, contra otro miembro de la comunidad, luego que de la realización de la prueba de ADN se estableciera que “Andrés” posee todos los alelos obligados paternos (AOP) que debería tener el padre biológico de Luisa, la menor, por lo tanto no se excluye de la paternidad.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena hace el análisis ponderado de los elementos establecidos por la jurisprudencia para poder asignar la competencia y se tiene que se cumple el factor personal, pues se verificó la pertenencia del presunto padre a la comunidad indígena.

Sobre el factor territorial, se resalta el interés superior de la menor de edad y como relevante el lugar en donde se encuentre la misma y se encuentra que esta reside con su madre en la ciudad de Bogotá, lugar que no hace parte del territorio donde se ubica el Resguardo Indígena, el cual, según la información que reposa en el expediente, se encuentra en el municipio de Tierradeplata, por lo que se tendrá como no cumplido dicho factor.

En relación con el Factor objetivo, la Sala advierte que este no es decisivo, por cuanto los hechos por los que fue demandado el señor Andrés comprometen intereses de la sociedad mayoritaria y de la comunidad indígena, pues aunque ambos padres son indígenas y el resguardo indígena demostró su interés para tramitar y resolver el asunto, al versar sobre los derechos que les asisten a los menores de edad, el análisis del elemento institucional supone un mayor rigor.

Respecto del factor institucional, no es posible constatar que la comunidad indígena cuenta con un procedimiento para investigar procesos como este.

A pesar de que el reclamo de la competencia por parte del resguardo indígena constituye un indicio de la existencia de institucionalidad, la Sala no cuenta con información suficiente para establecer cómo las autoridades tradicionales aplican los principios básicos del debido proceso, resguardan las garantías del demandado y cuentan con una estructura institucional orientada a garantizar los derechos de las partes.

No se suministró elementos de juicio para establecer el andamiaje institucional previsto por el grupo étnico para llevar a cabo el proceso de investigación de paternidad contra el comunero y asegurar los derechos de la menor.

La Sala decide asignar la competencia a la Jurisdicción Ordinaria especialidad Familia y por consiguiente, resuelve remitir el expediente al Juzgado Mil de Familia del Circuito de Bogotá para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Resguardo Indígena.