Sentencia A. 866/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-866/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Ejecución de títulos valores con origen en un contrato estatal

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 866 DE 2024

 

Referencia: Expediente CJU-5335.

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio y el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio.

 

Magistrado Ponente:

José Fernando Reyes Cuartas.

 

Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:

 

AUTO

I.                  ANTECEDENTES

 

1. El 31 de marzo de 2023,[1] el Consorcio Puente 2018[2] presentó demanda ejecutiva contra el departamento de Guainía y solicitó librar mandamiento de pago por la suma de $126.682.754, derivada de la factura de venta CPTE3 del 9 de septiembre de 2022 y sus respectivos intereses moratorios[3]. Según la demanda, dicha factura se emitió en el marco del contrato de interventoría No. 478 de 2028 celebrado entre las partes y cuyo objeto es la “interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para la construcción de puentes vehiculares en Cangrejo y Caño Pato San Felipe, Cacahual”[4].

 

2. Mediante auto del 27 de marzo de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio declaró la falta de jurisdicción y remitió el asunto a los juzgados civiles de la misma ciudad[5]. Sostuvo que la ejecución de títulos valores debía tramitarse a través de la acción cambiaria contemplada en los artículos 780 y siguientes del Código de Comercio, la cual es de conocimiento exclusivo de la jurisdicción ordinaria civil. El despacho fundamentó su posición en varios pronunciamientos de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[6] y de la Corte Suprema de Justicia[7].

 

3. Efectuado el nuevo reparto, el expediente fue remitido al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio, el cual promovió el conflicto negativo entre jurisdicciones mediante auto del 27 de febrero de 2024[8]. El despacho afirmó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era la competente para conocer los procesos en los que se pretende ejecutar un título valor originado en un contrato estatal, si las partes de la controversia son las mismas que suscribieron el contrato. Lo anterior, de conformidad con los autos 022, 218 y 2020 de 2023 de esta corporación.

 

4. Finalmente, de acuerdo con el reparto efectuado el 5 de abril de 2024, el proceso se remitió al despacho del magistrado sustanciador el 9 de abril siguiente[9].

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

5. De conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

6. Esta corporación ha advertido que para que se configure un conflicto de jurisdicciones es necesario que se cumplan los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, tal y como han sido definidos de manera reiterada por este tribunal[10]. En el caso de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos:

 

 

Competencia para conocer los procesos ejecutivos con base en títulos valores derivados de contratos estatales. Reiteración de jurisprudencia[13]

 

7. En el Auto 403 de 2021, la Corte conoció de un conflicto de jurisdicciones suscitado en el marco del proceso ejecutivo para el cobro de unas facturas cambiarias aceptadas por una Empresa Social del Estado, a raíz de un contrato de suministro. Al respecto, advirtió que se trataba de un proceso ejecutivo derivado de un aparente incumplimiento contractual atribuido a la entidad pública en el marco del contrato estatal que las vinculaba, de conformidad con (i) el artículo 104.2 del CPACA, el cual establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de los procesos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública (…)” y (ii) el artículo 104.6 del CPACA, que indica que la referida jurisdicción también conoce de los procesos “ejecutivos (…) originados en los contratos celebrados por esas entidades”.

 

8. La Corte expuso que cuando se trate de las mismas partes que suscribieron el negocio jurídico, la jurisdicción competente para dirimir la controversia de naturaleza ejecutiva será la misma que conoce de las demás controversias derivadas del contrato que le dio origen a la creación o transferencia del respectivo título valor[14]. Así, estableció como regla de decisión que “cuando (i) una entidad estatal (ii) incorpore derechos en títulos-valores (iii) en el marco de sus relaciones contractuales, y (iv) quien fue parte en ese contrato (v) la demande para hacer efectivo el pago del derecho incorporado, (vi) la jurisdicción competente será la de lo contencioso-administrativo, (vii) por tratarse de controversias derivadas del contrato estatal”.

 

Caso concreto

 

9. En el asunto objeto de estudio se evidencia que el Consorcio Puente 2018 pretende la ejecución de la factura de venta CPTE3 del 9 de septiembre de 2022, que fue expedida en el marco de un contrato de interventoría suscrito con el departamento de Guainía[15]. Como el título valor deriva de ese contrato estatal, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente en virtud de los artículos 104.2 y 104.6 del CPACA.

 

10. Así las cosas, la Corte reiterará el Auto 403 de 2021 y remitirá el expediente CJU-5335 al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio. Esa autoridad deberá comunicar la presente decisión a los interesados en el trámite judicial y al juez civil involucrado en el conflicto.

 

III.                DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

  

Primero: DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio y el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio es la autoridad competente para conocer de la demanda ejecutiva presentada por el Consorcio Puente 2018 contra el departamento de Guainía.

 

Segundo: REMITIR por medio de la Secretaría General de esta corporación el expediente CJU-5335 al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados dentro del trámite judicial y al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio.

 

 Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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