Sentencia A. 854/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-854/25

 

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Incumplimiento del presupuesto subjetivo

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

AUTO 854 DE 2025

 

Referencia: CJU-6483

 

Asunto: conflicto aparente de jurisdicciones entre el Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santander de Quilichao (Cauca) y la Justicia Penal Militar

 

Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogotá D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

         

AUTO

 

      I.            ANTECEDENTES

 

1.                 Hechos objeto de la investigación penal. El 11 de agosto de 2023, la Fiscalía 003 de Santander de Quilichao formuló escrito de acusación[1] en contra del soldado profesional David Arredondo Cortés por la presunta comisión del delito de lesiones personales ocasionadas al soldado profesional José Alexander Hernández Lotero. El ente acusador refiere que el 9 de abril de 2015, en la zona rural de la vereda San Pedro, municipio de Santander de Quilichao (Cauca), el pelotón Ballesta Uno, al que pertenecían las partes, se encontraba realizando una reunión para tratar asuntos de seguridad. En el transcurso de dicha conversación se presentó una diferencia de argumentos entre David Arredondo y José Hernández por la protección de un punto de agua que los abastecía. Tras la diferencia verbal, el procesado atacó a su compañero “tratando de cogerlo de la cabeza para golpearlo”[2], pero este lo eludió y se sujetó de un árbol para no caer al suelo y en ese momento, David Arredondo haló el brazo derecho de José Hernández dislocándole el hombro. 

 

2.                 Ante esa situación, los compañeros del pelotón procedieron a separarlos y a trasladar a José Hernández al centro de salud del municipio y posteriormente a la clínica militar. Allí le realizaron varios procedimientos médicos para restaurar la posición del hombro, entre ellos, una intervención quirúrgica. Según el escrito de acusación, en el informe pericial de clínica forense se determinó una “[i]ncapacidad médico legal definitiva de cincuenta (50) días. Secuelas médico legales: perturbación funcional del miembro superior derecho de carácter permanente”[3].

 

3.                 Actuaciones y postura de la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal. El 16 de agosto de 2023, el asunto fue repartido al Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santander de Quilichao[4]. Posteriormente, el 20 de febrero de 2024 se llevó a cabo audiencia concentrada, y allí el procesado no aceptó los cargos. El 12 de marzo de 2024[5], se inició la audiencia preparatoria. No obstante, esta fue suspendida a petición de las partes e intervinientes.

 

4.                 El 3 de abril de 2025, el Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santander de Quilichao continuó con la audiencia preparatoria[6]. En el desarrollo de esta audiencia, la juez planteó la duda acerca de su competencia para conocer el asunto y argumentó que “esta causal de incompetencia a la que estoy haciendo mención es la que tiene que ver con el factor personal o subjetivo, aten[d]iendo [a] las calidades de los dos sujetos, aquí tanto víctima como victimario, por ser soldados profesionales”[7]. Para fundamentar su posición acudió a la sentencia del 4 de noviembre de 2010 bajo el radicado 35075 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. La representante de la Fiscalía y el defensor del acusado estuvieron de acuerdo con la posición presentada por la juez, pero la representante de la víctima consideró que el proceso debía ser conocido por la justicia ordinaria. En consecuencia, la juez ordenó la remisión del asunto a la Corte Constitucional para resolver el conflicto entre jurisdicciones.

 

5.                 Trámite en la Corte Constitucional. El 3 de abril de 2025, el expediente fue enviado a esta Corporación[8]. El 10 de abril de 2025, el expediente fue asignado al despacho de la magistrada ponente. Luego, el 11 de abril de 2025, la Secretaría General de la Corte Constitucional lo remitió al referido despacho^[9].

 

   II.            CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

6.                 La Corte Constitucional es competente para resolver el presente asunto de conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política.

 

2.     Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones

 

7.                 Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones ocurren cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ningún[a] le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[10]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos suceda es necesario acreditar tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[11], los cuales explica el siguiente cuadro:

 

Tabla 1. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones

 

8.                 La acreditación de estos presupuestos es una condición para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, la Sala Plena debe declararse inhibida cuando la controversia entre las autoridades judiciales no cumpla alguna de estas exigencias.

 

9.                 Ahora bien, sobre la configuración del presupuesto subjetivo es necesario resaltar que la Sala Plena ha sido enfática en señalar que cuando no se está ante la contradicción entre dos autoridades judiciales “es impropio concluir la presencia de un conflicto de jurisdicción o de competencia”[15]. En tal sentido, la Corte Constitucional ha precisado que un conflicto de esta naturaleza no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso, sino que necesariamente debe comprobarse (i) la intervención de dos autoridades judiciales (ii) de jurisdicciones diferentes, (iii) que reclamen o nieguen la competencia para asumir el conocimiento del litigio. Entonces, no habrá un conflicto de competencias entre jurisdicciones si no se advierte una controversia entre dos o más autoridades judiciales.

 

10.             De este modo, la Sala Plena ha determinado que, en conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria penal y la jurisdicción penal militar, el presupuesto subjetivo no se satisface cuando la justicia penal militar no realiza pronunciamiento alguno sobre si tiene o no competencia para conocer del asunto.  Esto, porque no se está ante una contradicción por parte de dos o más autoridades judiciales de diferentes jurisdicciones que reclaman o niegan para sí la competencia para tramitar el asunto correspondiente[16].

 

3.     Caso concreto

 

11.             La controversia sub examine no configura un conflicto de competencias entre jurisdicciones. La Sala constata que la controversia suscitada por el Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santander de Quilichao no configura un conflicto entre jurisdicciones porque no se acredita el presupuesto subjetivo de este tipo de conflictos, dado que no existe una discusión efectiva entre dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones que reclamen para sí o nieguen la competencia frente al caso en cuestión.

 

12.             Por un lado, la juez 001 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santander de Quilichao determinó que no tenía competencia para conocer del asunto, argumentando que debido a la calidad de militares tanto del presunto victimario como de la víctima, es la justicia penal militar la que debe conocer del asunto. Para sustentar su decisión, invocó la sentencia del 4 de noviembre de 2010 bajo el radicado 35075 de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal y concluyó que no es posible asumir la competencia del asunto, debido a que las partes son militares y por ende se satisface el factor subjetivo del fuero penal militar[17] (ver párr. 4 supra). Sin embargo, en el expediente no se evidencia pronunciamiento alguno por parte de alguna autoridad de la justicia penal militar en el que se reclame o rechace el conocimiento del asunto.

 

13.             La Sala considera que de la intervención del abogado defensor y del fiscal no se puede deducir que exista una reclamación de competencia expresa y clara por parte de la justicia penal militar, pues esta Corporación ha indicado de forma reiterada[18] que la formulación de los conflictos de jurisdicción es privativa de las autoridades judiciales. Solo estas pueden promoverlos, y “se trata de un requisito indispensable, que no puede ser suplido por la manifestación de la defensa en tanto esta no constituye un pronunciamiento expreso de una autoridad judicial”[19]. En ese orden de ideas, la Sala Plena concluye que en este caso no existe un verdadero conflicto entre la jurisdicción penal militar y la jurisdicción penal ordinaria, pues no hay un pronunciamiento claro y expreso por parte de la justicia penal militar sobre su competencia para conocer la actuación o el proceso seguido contra David Arredondo Cortés.

 

14.             Conforme a lo expuesto, la Corte Constitucional se declarará inhibida para dirimir este asunto y enviará el expediente al Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santander de Quilichao, para lo de su competencia y para que comunique esta decisión a los interesados.

 

 

III.            DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO: Declararse INHIBIDA para resolver el presunto conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santander de Quilichao y la justicia penal militar.

 

SEGUNDO: Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-6483 al Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santander de Quilichao, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

Ausente con comisión

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CAROLINA RAMÍREZ  PÉREZ

Magistrada (e)

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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