A- de 2025

Conflicto entre el Juzgado 002 Civil Municipal de Yopal (Casanare) y el Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Yopal, suscitado por una demanda ejecutiva singular de mínima cuantía presentada por el Instituto Financiero de Casanare, contra una ciudadana, con el fin de que se libre mandamiento de pago por el valor de un crédito no pagado.

Cumplidos los presupuestos del conflicto de jurisdicciones, la Sala Plena advierte que el pagaré que contiene la obligación fue emitido como consecuencia de un contrato de mutuo celebrado entre las partes, contrato que, debido a la naturaleza del I.F.C., como empresa industrial y comercial del Estado, se sujetaría a las reglas del derecho privado, según artículo 85 de la Ley 489/98.

La Corte ha reiterado que, conforme al artículo 32 de la Ley 80/93, los contratos en los que intervienen entidades públicas son, por definición, contratos estatales, sin que la naturaleza estatal dependa del régimen jurídico aplicable.

Así, aunque las empresas industriales y comerciales del Estado se rijan por el derecho privado en el desarrollo de sus actividades comerciales, sus actos y contratos conservan el carácter de estatales.

El contrato de mutuo que originó el pagaré es un contrato estatal, y el proceso ejecutivo debe ser conocido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme el artículo 104 del CPACA.

Como el I.F.C. no tiene naturaleza de entidad financiera, ni está vigilado por la Superfinanciera de Colombia, no es posible asignar la competencia a la Jurisdicción Ordinaria conforme el numeral 1° del artículo 105 del CPACA.