A- de 2022

Conflicto de jurisdicción suscitado por el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Manizales y el Juzgado 4º Administrativo del Circuito de la misma ciudad.

La controversia entre los precitados despachos tuvo su origen en una demanda ordinaria laboral que presentó una ciudadana en contra de la empresa Aquamaná E.S.P., entre otros, con el objeto de que se declare que la vinculación de la demandante con esta empresa fue como trabajadora oficial con un contrato individual de trabajo; que la terminación unilateral del contrato de trabajo fue sin justa causa; el reintegro al cargo que ocupaba al momento de su desvinculación y; que la demandada. debe cancelar los salarios, primas y demás prestaciones sociales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social desde el momento de la desvinculación hasta el momento del reintegro.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Corte determinó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer un proceso promovido por un servidor público en el que pretenda cuestionar una relación legal y reglamentaria, así como el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y demás valores a que hubiera lugar.

Lo anterior porque, conforme a la regla establecida en el artículo 104.4 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia para conocer de los conflictos o litigios relativo a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado.

Con base en lo anterior se ordenó el envío del expediente al Juzgado 4º Administrativo del Circuito de Manizales para que adelante las funciones de su competencia, y para que comunique esta decisión al otro operador jurídico involucrado y a los sujetos procesales e interesados dentro del trámite judicial correspondiente.