CORTE CONSTITUCIONAL
SALA PLENA
AUTO 823 DE 2026
Referencia: Expediente ICC-5429
Asunto: conflicto aparente de competencia suscitado entre el Juzgado 006 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Pereira, Risaralda, y el Juzgado 007 Administrativo del Circuito de Pereira.
Magistrado ponente:
Vladimir Fern�ndez Andrade
Bogot� D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintis�is (2026).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, as� como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del art�culo 5 de su reglamento interno, profiere el presente auto, respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:
I. ANTECEDENTES
1. Wilmer de Jes�s G�mez Bustamante present� acci�n de tutela[1] en contra de la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de Armenia. El accionante refiri� que, en el marco de un proceso de extinci�n de dominio, se dispuso la inscripci�n de medidas cautelares de embargo en los folios de matr�cula inmobiliaria de algunos inmuebles de su propiedad, desde el a�o 2004. Argument� que la inscripci�n de dichas medidas tiene una vigencia de 10 a�os, seg�n el art�culo 64 de la Ley 1579 de 2012, por lo que el 20 de abril de 2026 solicit� a la accionada la aplicaci�n de la caducidad y la consecuente cancelaci�n de las anotaciones de embargo de sus bienes. Se�al� que no obtuvo respuesta alguna, por lo que consider� vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administraci�n de justicia, y de petici�n.
2. El asunto le correspondi� al Juzgado 006 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Pereira[2], autoridad que, mediante Auto del 21 de mayo de 2026[3], resolvi� declarar su falta de competencia para conocer de la tutela y, en su lugar, orden� su remisi�n a los juzgados del circuito de Pereira. El despacho argument� que las Oficinas de Registro de Instrumentos P�blicos, como la accionada, son dependencias de la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada del orden nacional, por lo que de conformidad con el numeral 2 del art�culo 1 del Decreto 333 de 2021, los jueces de circuito son los competentes para conocer de la acci�n constitucional en cuesti�n.
3. Efectuado el nuevo reparto[4], el asunto fue asignado al Juzgado 007 Administrativo del Circuito de Pereira, autoridad que, mediante Auto del 22 de mayo de 2026, propuso el conflicto negativo de competencia y orden� la remisi�n de las diligencias a la Corte Constitucional para su resoluci�n. El juez argument� que la jurisprudencia constitucional[5] ha sido clara en determinar que las reglas de reparto no pueden servir de argumento para que los jueces se declaren incompetentes para conocer de una acci�n de tutela. Por lo anterior, y en atenci�n al criterio a prevenci�n, consider� que correspond�a al Juzgado 006 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Pereira conocer de la tutela objeto del conflicto.
4. El 22 de mayo de 2026, el Juzgado 007 Administrativo del Circuito de Pereira remiti� el expediente ante la Corte Constitucional[6]. Luego, el 3 de junio de 2026 la Sala Plena lo reparti� y lo remiti� al despacho del magistrado ponente.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
5. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la soluci�n de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[7]. Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta Corporaci�n para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[8] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administraci�n de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el tr�mite o, en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicaci�n a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administraci�n de justicia y, de esta forma, evitar la dilaci�n en la adopci�n de una decisi�n de fondo que garantice la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales[9], tal y como lo precis� la Sala Plena en el Auto 550 de 2018.
6. En la presente oportunidad, este Tribunal est� facultado para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, pese a integrar funcionalmente la Jurisdicci�n Constitucional, desde una perspectiva org�nica, carecen de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que est� facultada para solucionar la colisi�n suscitada.
7. De acuerdo con los art�culos 86 de la Constituci�n y 8 transitorio de su t�tulo transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los art�culos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignaci�n de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes, �a prevenci�n�, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneraci�n o la amenaza que motiva la presentaci�n de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[10]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones interpuestas en contra de (a) los medios de comunicaci�n, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito, de conformidad con el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (b) de las providencias adoptadas por las autoridades de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, cuya resoluci�n corresponde al Tribunal para la Paz, en virtud del art�culo 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017; y (iii) el factor funcional, que opera para asumir el conocimiento de la impugnaci�n de una sentencia de tutela y que implica que �nicamente pueden conocer de ella, las autoridades judiciales que ostentan la condici�n de �superior jer�rquico correspondiente�[11], en los t�rminos establecidos en el art�culo 32 del citado Decreto 2591 de 1991.
8. Adicionalmente, seg�n la jurisprudencia pac�fica de esta Corporaci�n, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 1983 de 2017, 333 de 2021 y 799 de 2025, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino �nicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podr� ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho de acceso a la administraci�n de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resoluci�n del asunto en sede de instancia[12].
9. As� las cosas, al tener en cuenta que estos preceptos no pueden servir de fundamento para que los jueces se aparten del conocimiento de las solicitudes de amparo, la Corte ha expresado que, �en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente ser� remitido a aquella a quien se reparti� en primer lugar con el fin de que la acci�n de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales�[13].
III. �� CASO CONCRETO
10. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configur� un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 006 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Pereira se apart� del conocimiento de la solicitud de tutela presentada por el se�or Wilmer de Jes�s G�mez Bustamante, con fundamento en las reglas de reparto, a pesar de que estas no desplazan su competencia para fallar la acci�n constitucional (ver fj. 2. Supra).
11. De esta manera, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de esta Corporaci�n, la Sala Plena considera que le corresponde al Juzgado 006 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Pereira resolver la acci�n de tutela en cuesti�n, en tanto fue la primera autoridad judicial a la que se le asign� el conocimiento del presente asunto.
12. Con base en lo expuesto, la Corte dejar� sin efectos el Auto del 21 de mayo de 2026, proferido por el Juzgado 006 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Pereira, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la tutela y, en su lugar, orden� su remisi�n a los jueces del circuito de Pereira, toda vez que desconoci� la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el contenido expl�cito del par�grafo 2� del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, y afect� la celeridad con que debe surtirse el tr�mite de esta acci�n constitucional. De igual manera, se ordenar� que se le remita por Secretar�a el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisi�n a que haya lugar.
13. Por otra parte, se advertir� al Juzgado 006 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Pereira que, en lo sucesivo, deber� observar con estricto rigor las normas que regulan la competencia en materia de tutela y la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia, en particular las reglas reiteradas en la presente providencia, para que se abstenga de separarse del conocimiento de acciones con fundamento en reglas de reparto.
IV. DECISI�N
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 21 de mayo de 2026 proferido por el Juzgado 006 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Pereira, en el marco del tr�mite de la acci�n de tutela promovida por el se�or Wilmer de Jes�s G�mez Bustamante en contra de la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de Armenia
SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-5429 al Juzgado 006 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Pereira para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisi�n a que haya lugar.
TERCERO. ADVERTIR al Juzgado 006 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Pereira que, en lo sucesivo, deber� observar con estricto rigor las normas que regulan la competencia en materia de tutela y la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia, en particular las reglas reiteradas en la presente providencia, para que se abstenga de separarse del conocimiento de acciones con fundamento en reglas de reparto.
CUARTO. Por la Secretar�a General de esta corporaci�n, COMUNICAR la presente decisi�n a la parte demandante, al Juzgado 006 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Pereira y al Juzgado 007 Administrativo del Circuito de Pereira.
Notif�quese, comun�quese y c�mplase.
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Presidenta
NATALIA �NGEL CABO
Magistrada
CARLOS CAMARGO ASSIS
Magistrado
HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O
Magistrado
JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ
Magistrado
LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ
Magistrada
VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE
Magistrado
JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR
Magistrado
MIGUEL POLO ROSERO
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital ICC 5429. Archivo �2_RepartoyRadic_002Tutela_1_20260521142328262�. En adelante, se entender� que los archivos a los que se haga referencia integran el expediente digital ICC 5429, a menos de que se indique lo contrario.
[2] Archivo �1_RepartoyRadic_001ActaRepartoJ06Pen_0_20260521142328199�
[3] Archivo �04AutoRemiteReglasReparto�.
[4] Archivo �5_RepartoyRadic_005CorreoyActaRepart_4_20260521142328512�
[5] En particular, el juez hizo referencia al Auto 106 de 2023.
[6] Archivo �Correo envio ICC 5429�
[7] Corte Constitucional, autos 014 de 1994, 087 de 2001, 122 de 2004, 280 de 2006, 031 de 2008, 244 de 2011, 218 de 2014, 492 de 2017, 565 de 2017, 178 de 2018, entre otros.
[8] Corte Constitucional, autos 170A de 2003 y 205 de 2014, entre otros.
[9] Corte Constitucional, autos 159A y 170A de 2003.
[10] Corte Constitucional, Auto 493 de 2017.
[11] Corte Constitucional, entre otros, los autos 486 y 496 de 2017.
[12] Corte Constitucional, entre otros, los autos 105 de 2016; 157 de 2016; 007 de 2017; 028 de 2017; 030 de 2017; 052 de 2017; 059 de 2017; 059A de 2017; 061 de 2017; 152 de 2017; 171 de 2017; 197 de 2017; 332 de 2017; 325 de 2018; y 242 de 2019. Debido a ello, el par�grafo 2� del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 dispone que: �Las anteriores reglas de reparto no podr�n ser invocadas por ning�n juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia�.
[13] Corte Constitucional, autos 481 de 2019, 495 de 2019 y 159 de 2020.