Sentencia A. 819/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-819/25

 

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Incumplimiento del presupuesto objetivo

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

AUTO 819 DE 2025

Referencia: expedientes CJU-6587 y CJU-6592 acumulados.

Asunto: conflictos aparentes de jurisdicciones suscitados entre el Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito de Arauca y el Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca.

Magistrado ponente (e):

César Humberto Carvajal Santoyo

Bogotá D.C., once (11) de junio dos mil veinticinco (2025).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución política, profiere el presente Auto respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

I.                  ANTECEDENTES

1.                 Hechos que iniciaron la causa judicial

1.                 En el siguiente cuadro, se resumen los hechos que soportan los conflictos entre jurisdicciones remitidos a la Corte Constitucional y asignados al despacho del magistrado ponente para su decisión, los cuales corresponden a demandas ejecutivas presentadas por el Instituto de Desarrollo de Arauca (IDEAR), con el fin de obtener el pago de unas obligaciones contenidas en unos títulos valores:

Tabla I. Síntesis de las demandas de los expedientes acumulados.

2.                 Los mencionados procesos fueron asignados al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca, ante el cual se llevaron a cabo las siguientes actuaciones procesales:

Tabla II. Actuaciones de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Civil.

2.                 Decisiones que suscitaron el conflicto.

3.                 Decisiones de la Jurisdicción Ordinaria Civil. El 13 de enero del 2025[10] y 15 de enero de 2025[11], el Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca declaró su falta de jurisdicción para continuar conociendo de los procesos y, en consecuencia, ordenó la remisión de los expedientes a la oficina de reparto, con el fin de que fueran asignados a los jueces administrativos del circuito judicial de la misma ciudad.

 

 

 

4.                 Decisiones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. A continuación, se presentan las decisiones de las autoridades judiciales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las cuales rechazaron su competencia para conocer los procesos ejecutivos, plantearon conflictos negativos de jurisdicción y remitieron los expedientes a esta corporación:

5.                 El 13 de mayo de 2025 la Sala Plena repartió los expedientes y al día siguiente, los remitió al despacho del magistrado ponente[16].

II.               CONSIDERACIONES

1.                 Competencia

6.                 La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

7.                 Ahora bien, en atención a sus atribuciones constitucionales y legales[17], la Corte Constitucional es competente para: (i) disponer la acumulación de los conflictos de jurisdicción cuando exista unidad de materia, y (ii) pronunciarse sobre su competencia para conocer de los conflictos de competencia que sean remitidos a esta Corporación. Lo anterior, con el propósito de garantizar los principios de celeridad procesal y acceso efectivo a la administración de justicia.

8.                 En el presente caso, se observa que los conflictos de jurisdicción sometidos a revisión guardan plena identidad en materia, toda vez que versan sobre controversias entre autoridades que pertenecen, respectivamente, a la Jurisdicción Ordinaria y a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo cual habilita su estudio conjunto por parte de esta Corte. Adicionalmente, las causas judiciales corresponden a procesos ejecutivos de mínima cuantía promovidos por una entidad pública en contra de particulares, y que están garantizados por un pagaré.

2.                 Presupuestos del conflicto entre jurisdicciones

9.                 Los conflictos de jurisdicción se presentan cuando dos o más autoridades judiciales pertenecientes a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque consideran que a ninguna de ellas le corresponde asumirlo (conflicto negativo) o porque estiman que es de su exclusiva competencia (conflicto positivo)[18]. De manera reiterada, esta Corte ha sostenido que para que dichos conflictos se configuren válidamente, deben concurrir tres presupuestos: (i) subjetivo, relacionado con la intervención de al menos dos autoridades pertenecientes a diferentes jurisdicciones[19]; (ii) objetivo, referido a la existencia de un proceso en curso cuyo objeto esté vigente[20]; y (iii) normativo[21], a partir del cual se requiere que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.

10.             Presupuesto objetivo en procesos ejecutivos en los que se satisface su objeto. Esta Corporación se ha declarado inhibida por el incumplimiento del presupuesto objetivo en casos de procesos ejecutivos en los que se libró mandamiento de pago y se aprobó la liquidación de costas judiciales. Por ejemplo, en el Auto 1070 de 2023, la Corte se declaró inhibida para resolver un conflicto de competencia entre jurisdicciones debido a que la pretensión del demandante fue satisfecha y el proceso cumplió su objetivo, pues se probó que este avanzó desde el mandamiento de pago hasta la imposición de medidas cautelares, el remate y la adjudicación del bien. 

11.             De igual manera, en el Auto 973 de 2024 esta Corporación determinó que no se acreditaba el presupuesto objetivo para que se configurara un conflicto de competencia entre jurisdicciones, pues el proceso ejecutivo que suscitó la controversia avanzó desde la orden de librar mandamiento de pago hasta la aprobación de liquidación de costas judiciales. Por lo tanto, la Sala determinó que se cumplió con el objeto del proceso, sin perjuicio de que quedaran pendientes decisiones orientadas a dar efectividad a la orden de pago. 

12.             Posteriormente, a través del Auto 1036 de 202422, la Sala Plena explicó que para aclarar en qué momento termina el proceso ejecutivo por sumas de dinero es necesario acudir al Código General del Proceso (CGP). En efecto, en esa oportunidad se recordó que en el artículo 430 de este código se establece que “presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación […]”; y que “los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo”. En similar sentido, se indicó que en el artículo 440 el legislador dispuso que “si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará, por medio de auto que no admite recurso, el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado”. 

13.             El artículo 440 del CGP establece expresamente que el Auto que ordena seguir adelante la ejecución no admite recurso, lo cual lo dota de fuerza decisoria y cierra la posibilidad de debate en torno a la exigibilidad de la obligación. Este carácter firme del auto permite concluir que la pretensión del ejecutante ha sido reconocida por el juez y que se ha consolidado el derecho sustancial que dio origen al proceso.

14.             Aunado a esto, la Corte señaló que el artículo 446 del CGP establece que “ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, (…)” y detalla el trámite correspondiente a dicha liquidación, el cual concluye con un auto que la aprueba o modifica. Esta providencia solo es apelable cuando resuelve una objeción o altera de oficio la cuenta respectiva. Por último, sostuvo que el artículo 447 de la norma en mención dispone que “cuando lo embargado fuere dinero, una vez ejecutoriado el auto que apruebe cada liquidación del crédito o las costas, el juez ordenará su entrega al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado”. 

15.             De esta manera, concluyó que la explicación anterior resulta relevante, toda vez que permite establecer con precisión el momento en que: (i) se satisface la pretensión de la demanda; (ii) la fase procesal en la que finaliza la oportunidad del ejecutado para oponerse al mandamiento de pago; y (iii) cuándo adquieren firmeza las decisiones del juez que conoce del proceso ejecutivo, es decir, cuando hacen tránsito a cosa juzgada. Sobre el fenómeno mencionado, la Corte ha señalado que “es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica”23.

3.                 Casos concretos

16.             En el presente caso no se configuró un conflicto entre jurisdicciones en ninguno de los dos expedientes objeto de revisión. La Sala Plena encuentra que en el caso bajo estudio no se configura un conflicto de jurisdicciones, por las razones que se exponen a continuación. En el asunto se cumple el presupuesto subjetivo, dado que el conflicto se suscitó entre dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, en esta ocasión, el Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito de Arauca y el Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca.

17.             La Sala advierte que en los asuntos de la referencia no se satisface el presupuesto objetivo necesario para la configuración de un conflicto de jurisdicciones. Como se expuso previamente, en cada uno de los casos el Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca adelantó los respectivos procesos ejecutivos hasta que se ordenó seguir adelante con la ejecución y condenó en costas a los demandados. En consecuencia, dichos procesos cumplieron su finalidad procesal, y las causas que les dieron origen han cesado. Lo anterior, sin perjuicio de que eventualmente subsistan actuaciones encaminadas a garantizar la efectividad de la orden de pago proferida en su momento.

18.             Por consiguiente, la Sala Plena se declarará inhibida para decidir los presentes asuntos por incumplimiento del presupuesto objetivo, pues no hay una causa judicial vigente respecto de la cual esta Corporación se pueda pronunciar. Como consecuencia de ello, y debido a que los expedientes CJU-6587 y CJU-6592 guardan identidad de materia, la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenará su acumulación y ordenará remitirlos al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca para lo de su competencia y, además, para que comunique esta decisión a los interesados.

19.             Finalmente, la Sala considera necesario hacer un llamado de atención al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca, para que en lo sucesivo se abstenga de suscitar conflictos de jurisdicción en aquellos casos en los que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en esta materia, es clara la cesación del objeto del proceso que estuvo bajo su conocimiento.

III.           DECISIÓN

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE

PRIMERO. ACUMULAR los conflictos de jurisdicciones identificados con los expedientes CJU-6587 y CJU-6592, por presentar unidad de materia.

SEGUNDO. Declararse INHIBIDA para resolver los aparentes conflictos entre jurisdicciones remitidos por el Juzgado 002 Administrativo Oral del Circuito de Arauca.

TERCERO. REMITIR los expedientes de la referencia al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca para lo de su competencia y para que comunique esta decisión a los interesados, incluyendo a los juzgados administrativos de la misma ciudad.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

CÉSAR HUMBERTO CARVAJAL SANTOYO

Magistrado (e)

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

Ausente con comisión

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

CAROLINA RAMÍREZ  PÉREZ

Magistrada (e)

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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