A- de 2022

Conflicto de jurisdicción suscitado por el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Montería y el Juzgado 4º Administrativo del Circuito de la misma ciudad.

La controversia entre los precitados despachos tuvo su origen en una demanda ordinaria en la que el demandante pretendía, entre otras cosas, que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término fijo, así como el pago de las obligaciones laborales que de este se desprendían.

Ello, en razón al despido unilateral y sin justa causa.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Corte determinó que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer un proceso promovido por un trabajador particular que pretende el reconocimiento de una relación laboral, el pago de prestaciones sociales e indemnización por despido sin justa causa, demandando en solidaridad a un contratista y al beneficiario del servicio o dueño de la obra, el cual fuera una entidad de Derecho Público.

Lo anterior porque, según lo dispuesto en los artículos 2.1. de la Ley 712 de 2001 y 12 de la Ley 270 de 1996, la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer de los asuntos que se originen directa o indirectamente de un contrato de trabajo y de los asuntos que no están atribuidos a otra jurisdicción.

Con base en lo anterior, se ordena el envío del expediente al Juzgado 3º Laboral del Circuito de Montería para que adelante las funciones de su competencia, y para que comunique esta decisión al otro operador jurídico y a los sujetos procesales e interesados dentro del trámite judicial correspondiente.