A- de 2025

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado 2 Civil del Circuito de la precitada ciudad.

Encontró la Corte que en este caso solo se presentó un conflicto aparente en la medida en que las autoridades involucradas se apartaron del conocimiento de la acción de tutela deprecada, con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, que modificó el Decreto 1069 de 2015.

Se dirimió el asunto con la remisión del expediente a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a la que haya lugar.

A las tres autoridades involucradas se les hizo una advertencia para que, en lo sucesivo, se abstengan de apartarse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, que modificó el Decreto 1069 de 2015, por cuanto tal actuación contraría la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional.

Lo anterior, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

A la Sala de Casación Laboral se le advirtió, específicamente, que en lo sucesivo se debe abstener de realizar análisis a priori sobre las entidades que podrían ser responsables de la vulneración de derechos. fundamentales a efectos de justificar su falta de competencia.

Al Juzgado 2 Civil del Circuito de Cartagena se le hizo una advertencia para que, cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, deberá tener en cuenta que, en principio, este debe ser resuelto por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual está en la obligación de observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.