Auto 738/21

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Contencioso Administrativo Laboral y Ordinaria Laboral

 

VINCULACION LABORAL CON EL ESTADO-Modalidades

 

RELACIONES LABORALES ENCUBIERTAS EN CONTRATOS ESTATALES DE PRESTACION DE SERVICIOS-Competencia de la jurisdicción contencioso administrativa

 

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de demandas y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado, de conformidad con el artículo 104 del CPACA.

 

 

Referencia: expediente CJU-309

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga (Atlántico).

 

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

 

 

Bogotá D. C., primero (1) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del Artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1. La señora Victa Isabel Algarín Ruiz indicó que se desempeñó como trabajadora oficial, en el cargo de auxiliar de mantenimiento preventivo y aseo en diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Manatí (Atlántico), desde el 01 de febrero de 2008 hasta el 06 de enero de 2011.^[1] Aseguró que prestó sus servicios personales, durante 3 años, 9 meses y 5 días, bajo la continua subordinación y dependencia de la entidad territorial demandada, con horarios de 8 am a 12 m y de 2 a 6 pm de lunes a viernes, aunque su vinculación se realizara mediante sucesivas órdenes o contratos de prestación de servicios, como se relaciona a continuación:^[2]

 

Tabla 1. Órdenes y/o Contratos de Prestación de Servicios Victa Isabel Algarín Ruiz y el municipio de Manatí (Atlántico)^[3]

Fuente: Elaboración de la Sala

 

Afirmó que el último contrato tenía como fecha de terminación el 30 de diciembre de 2011, pero que siguió trabajando hasta el 6 de enero de 2012 sin que se le notificará su terminación por lo que considera que “se renovó automáticamente transformándose en Contrato de Trabajo a Término Indefinido (contrato realidad)”, pero no recibió pago alguno por prestaciones sociales, ni se le efectuaron aportes a la seguridad social^[4].

 

2. El 30 de octubre de 2014, la accionante presentó “derecho de petición para reclamación administrativa como agotamiento de gubernativa” por medio del cual solicitó el reconocimiento y pago de sumas de dinero por concepto de salarios, prestaciones sociales, indemnización por despido injusto y aportes a la seguridad social, así como la orden de reintegro y las certificaciones de trabajo y de la deuda pendiente^[5]. Sin embargo, advierte que la Alcaldía Municipal de Manatí resolvió negar la solicitud y no reconocer el pago de las sumas de dinero reclamadas por concepto de acreencias laborales^[6].

 

3. La señora Vita Isabel Algarín Ruiz presentó demanda ordinaria laboral contra el Municipio de Manatí, Atlántico, que le correspondió por reparto al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga.^[7] Mediante auto del 08 de marzo de 2019^[8], ese despacho declaró la falta de competencia jurisdiccional y ordenó remitir la demanda al Centro de Servicios Judiciales de los juzgados administrativos de Barranquilla para ser repartida entre tales autoridades. Consideró que, según el tipo de actividad desempeñada, la naturaleza jurídica de la entidad demandada y la calidad de empleado público de la accionante, que pretende la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo, corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo asumir el conocimiento del proceso.^[9]

 

4. El proceso correspondió por reparto^[10] al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla el cual, mediante Auto del 08 de mayo de 2019, resolvió declarar la falta de jurisdicción para conocer del asunto y remitir el expediente al Consejo Superior de la Judicatura para que decida el conflicto negativo de jurisdicción planteado en esta providencia. En su criterio, debido a que la pretensión principal tiene por objeto el reconocimiento de un contrato realidad de trabajo y el pago de las prestaciones laborales y sociales correspondientes como trabajadora oficial, es el juez laboral quien tiene competencia para pronunciarse.^[11]

 

5. El 13 de mayo de 2019 Victa Isabel Algarín Ruiz promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Manatí Atlántico.^[12] El propósito es que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto que configuró el silencio administrativo negativo por la no contestación al derecho de petición y/o reclamación administrativa, que se declaré la existencia de un contrato realidad de trabajo y el status de empleado público de la demandante y que como consecuencia se condene al ente demandado al pago de las acreencias laborales reclamadas, conforme a las normas que establecen las condiciones de los empleados públicos.^[13]

 

6. El 16 de marzo de 2021, el expediente fue radicado en la Corte Constitucional^[14]. El 1º de junio de 2021, la Secretaría General de la Corporación envió el expediente al despacho de la Magistrada Sustanciadora^[15].

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

7. La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del Artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el Artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

 

8. En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la Corte Constitucional debe resolver. Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones:^[16] (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;^[17] (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional;^[18] y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.^[19]

 

9. La Sala constata que en el presente caso se cumplen tales presupuestos, puesto que (i) el conflicto se suscita entre dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, en esta oportunidad, de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de la Jurisdicción Ordinaria (presupuesto subjetivo). (ii) El conflicto versa sobre el conocimiento de la demanda de Victa Isabel Algarín Ruiz contra el municipio de Manatí-Atlántico (presupuesto objetivo). (iii) Ambas autoridades jurisdiccionales realizan una valoración preliminar de las actividades desarrolladas por la demandante con el propósito de inscribirlas bajo el concepto de trabajador oficial o de empleado público y enunciaron fundamentos de índole constitucional y legal, en los que soportan cada una de sus posiciones dirigidas a negar su competencia. Específicamente, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, Atlántico invocó el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el artículo 2 del Decreto 1848 de 1969, el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, el artículo 3 del Decreto 1950 de 1973 y el artículo 1 de la Ley 909 de 2004 sobre el régimen laboral de los empleados públicos. Por su parte, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla fundó su decisión en jurisprudencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.^[20]

 

10. La competencia para conocer de la demanda de Victa Isabel Algarín Ruiz contra el municipio de Manatí es de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En el Auto 492 de 2021,^[21] la Corte estableció que “de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado.” La Corte ha llegado a esta conclusión con base en el Artículo 104.4 según el cual la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerá los asuntos laborales relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, además es la que conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones que estén sujetos al derecho administrativo y en los que se encuentren involucradas las entidades públicas. Al contrario, a la Jurisdicción Ordinaria Laboral le corresponde el conocimiento de los procesos laborales en los que son parte trabajadores oficiales.^[22]

 

11.   Ahora bien, las personas naturales se vinculan con el Estado para prestar sus servicios u oficios, a través de tres tipos de relaciones: (i) como empleados públicos en virtud de una relación legal y reglamentaria; (ii) como trabajadores oficiales por medio de un contrato laboral; y (iii) como contratistas mediante contrato estatal de prestación de servicios. Al respecto, esta Corporación ha mencionado que las dos primeras modalidades suponen la existencia de un vínculo de carácter laboral, mientras que la última no, dado su carácter “contractual estatal”.^[23] En específico, el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala que entre los contratos estatales^[24] están los contratos de prestación de servicios, que son “los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”

 

12.   En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que la Jurisdicción Contencioso Administrativa es la competente para conocer las controversias originadas para reclamar la declaratoria de un vínculo laboral oculto bajo la figura de un contrato de prestación de servicios celebrado con el Estado, porque es la jurisdicción que el ordenamiento jurídico ha habilitado para controlar y revisar los contratos estatales y determinar la calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une al contratista con la administración, a partir del acervo probatorio y las circunstancias específicas del caso concreto.^[25] Este Tribunal ha establecido, además, que dicha jurisdicción dispone de los mecanismos de defensa idóneos para controvertir la existencia de posibles contratos laborales y el cobro de acreencias derivadas de la celebración indebida de contratos de prestación de servicios con el Estado.^[26] En consecuencia, cuando el litigio planteado cuestiona la legalidad de actuaciones de la administración, como los contratos de prestación de servicios celebrados por una entidad pública o la validez de un acto administrativo, la competencia es de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

 

13. En el presente caso, la accionante manifestó que se desempeñó como auxiliar de mantenimiento y aseo por más de 3 años, vinculada continuamente mediante contratos u órdenes de prestación de servicios. También hizo referencia a las condiciones de prestación personal y continua del servicio, remuneración y subordinación, elementos esenciales para demostrar la presunta relación de trabajo entre las partes. Además, previamente al trámite judicial, la actora agotó el procedimiento administrativo (vía gubernativa), sin obtener respuesta favorable a su reclamación administrativa^[27]. En consecuencia, inicialmente promovió demanda laboral en contra del municipio de Manatí. Luego, después de que fue propuesto el conflicto de jurisdicción, presentó un memorial de subsanación en el que pasó a solicitar que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto, configurado por el silencio administrativo negativo, mediante el cual se negó la existencia del contrato realidad y el pago de las prestaciones solicitadas, y que se condene al demandado al pago de las acreencias laborales reclamadas conforme a los decretos leyes y reglamentarios que establecen las condiciones de los empleados públicos del nivel territorial.^[28]

 

14. En virtud de lo anterior, la Sala remitirá el expediente al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.

 

15. Regla de decisión. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de demandas y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado, de conformidad con el artículo 104 del CPACA.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE:

 

Primero. Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga (Atlántico) y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla es la autoridad competente para conocer del proceso promovido por la señora Victa Isabel Algarín Ruiz.

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-309 al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga (Atlántico).

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Presidente

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

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