Sentencia A. 728/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 728 DE 2026

 

Referencia: expediente ICC-5397.

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Bah�a Solano, Choc�, y el Juzgado 040 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Medell�n, Antioquia.

 

Magistrada ponente:

Natalia �ngel Cabo.

 

Bogot� D. C., tres (3) de junio de dos mil veintis�is (2026).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la prevista en el literal e) del art�culo 5 de su Reglamento Interno, profiere el siguiente

 

AUTO.

 

I. ANTECEDENTES

 

1.   El 9 de febrero de 2026, el se�or Baldomero Pote[1] interpuso una acci�n de tutela en contra de ARUS SAS. El accionante indic� que esa entidad, que es operadora de su planilla de seguridad social, se niega a recibir mensualmente los aportes en salud, con fundamento en una interpretaci�n de la Resoluci�n 1271 de 2023, y solo permite pagos cada dos meses. Esto ocasiona, seg�n indic� el demandante, que figure en mora ante su EPS y que, al requerir servicios de salud, estos le sean negados. Por ello, el accionante solicit� la protecci�n de sus derechos fundamentales a la salud, la vida y la dignidad humana, as� como ordenar a ARUS SAS recibir los aportes mensuales[2].

 

2.   El asunto le correspondi� al Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Bah�a Solano. Sin embargo, mediante Auto del 22 de abril de 2026, esta autoridad judicial se abstuvo de conocer la acci�n presentada por carecer de competencia territorial y, en consecuencia, orden� remitir el expediente para ser repartido entre los jueces municipales de Medell�n. El Juzgado sostuvo que Medell�n era el lugar determinante para efectos de la competencia, pues all�: (i) se produc�an los efectos de la presunta vulneraci�n de los derechos fundamentales alegados; (ii) se adelantaba la gesti�n administrativa y operativa de las entidades accionadas; y (iii) se ubicaba la direcci�n registrada del accionante. Esa autoridad judicial justific� su decisi�n en el art�culo 86 de la Constituci�n, en el Decreto 2591 de 1991 y en el Auto 187 de 2025 de la Corte Constitucional[3].

 

3.   Despu�s, el asunto fue repartido al Juzgado 040 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Medell�n. Esta autoridad judicial, por medio de Auto del 23 de abril de 2026, tambi�n decidi� no avocar el conocimiento del proceso de la referencia y, por el contrario, devolvi� el expediente al Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Bah�a Solano[4]. El Juzgado argument� que, seg�n �los anexos de la demanda y la constancia de la fecha�[5], el accionante tiene domicilio en Bah�a Solano. En consecuencia, el despacho judicial indic� que, en virtud del criterio a prevenci�n, el asunto deb�a ser conocido por el primer juez que tuvo conocimiento del proceso de tutela de la referencia.

 

4.   Despu�s, el 24 de abril de 2026, el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Bah�a Solano remiti� el proceso a la Corte Constitucional[6]. El expediente fue repartido a la magistrada ponente el 6 de mayo de 2026 �y remitido a su despacho el 7 de mayo del mismo a�o.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

5.   La Corte Constitucional sostiene que, por regla general, la soluci�n de los conflictos de competencia, en materia de tutela, corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[7]. Asimismo, su competencia para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[8]. En consecuencia, esta Corporaci�n estableci�, seg�n las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018, que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administraci�n de Justicia no prevea cu�l es la autoridad encargada de asumir el tr�mite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deban aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acci�n de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administraci�n de justicia y, de esta forma, evitar la dilaci�n en la adopci�n de una decisi�n de fondo que garantice la protecci�n efectiva de sus derechos fundamentales[9].

 

6.   La Sala encuentra que, al tenor del art�culo 18 de la Ley 270 de 1996[10], la controversia debi� ser resuelta por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, puesto que las autoridades judiciales integran la jurisdicci�n ordinaria, pero tienen diferente especialidad y pertenecen a distintos distritos judiciales. Sin embargo, en aplicaci�n de los principios de celeridad y eficacia, esta Corte, en su calidad de �rgano de cierre de la Jurisdicci�n Constitucional, asumir� el estudio de las controversias rese�adas para evitar que se dilate m�s el tr�mite de los procesos de tutela.

 

7.   De conformidad con los art�culos 86 y 8 transitorios de la Constituci�n, as� como los art�culos 32 y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991[11], este tribunal constitucional ha reiterado que existen tres factores de asignaci�n de competencia en materia de tutela. El factor territorial, en virtud del cual son competentes �a prevenci�n� los jueces con competencia territorial en el lugar donde: (i) ocurre la vulneraci�n o la amenaza que motiva la presentaci�n de la solicitud o (ii) se producen sus efectos. El factor subjetivo, que se aplica a las acciones de tutela interpuestas en contra de: (i) los medios de comunicaci�n, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial; y (ii) las autoridades de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, cuya resoluci�n corresponde al Tribunal para la Paz. Por �ltimo, el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnaci�n de una sentencia de tutela. Esto implica que �nicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condici�n de superior jer�rquico correspondiente.

 

8.   Sobre el factor territorial, la Corte sostiene que, cuando se presenta una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor, se le debe otorgar prevalencia a la elecci�n hecha por el demandante. En virtud del criterio �a prevenci�n�, consagrado en el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991[12], se ha interpretado que existe un inter�s del Legislador estatutario de proteger la libertad del accionante en relaci�n con la posibilidad que tiene de elegir el juez que resolver� su acci�n, dentro de aquellos que sean competentes[13].

 

9.   Por otro lado, esta Corte tambi�n ha insistido en que la competencia por el factor territorial no puede determinarse �nicamente a partir del lugar de residencia de la parte accionante^[14] o de su apoderado, o del sitio donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales^[15]. La competencia por dicho factor corresponde al juez del lugar donde se present� u ocurri� la vulneraci�n o del lugar donde se producen los efectos de dicha violaci�n. Esa autoridad judicial no necesariamente debe coincidir con el domicilio de las partes, pero en todo caso, debe otorgarse preeminencia al criterio �a prevenci�n�.

 

III. CASO CONCRETO

 

10.   En el presente caso se configur� un conflicto de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial que tienen las autoridades judiciales en conflicto. El Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Bah�a Solano declar� su falta de competencia por considerar que el asunto le correspond�a a los jueces de Medell�n. Este juzgado sustent� su decisi�n en que era en Medell�n donde se produc�an los efectos de la presunta vulneraci�n de los derechos fundamentales invocados, se adelantaba la gesti�n administrativa y operativa de la entidad accionada y se ubicaba la direcci�n registrada del accionante. El Juzgado 040 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Medell�n, por su parte, se abstuvo de conocer del asunto porque consider� que, seg�n la tutela y sus anexos, el accionante ten�a su domicilio en Bah�a Solano.

 

11.   La Corte considera que ambos juzgados tienen competencia territorial para conocer de la acci�n de tutela. En efecto, seg�n la acci�n de tutela, en Medell�n podr�a ocurrir la presunta vulneraci�n, pues all� es donde se adelantar�a la gesti�n administrativa y operativa de la entidad accionada. Sin embargo, en Bah�a Solano, podr�an extenderse los efectos de la vulneraci�n invocada, pues es all� donde est� actualmente ubicado el accionante[16] y, en consecuencia, la negativa de la accionada de recibir mensualmente los aportes en salud incide en el acceso efectivo del actor a los servicios de salud en ese municipio. En esa medida, ambas autoridades judiciales resultan competentes por el factor territorial.

 

12.   Ahora, en virtud de la competencia �a prevenci�n� establecida por la ley para el factor territorial, debe respetarse la elecci�n del accionante cuando existan varias autoridades competentes por el factor territorial. As�, este criterio es plenamente aplicable a este caso. Esto debido a que tanto el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Bah�a Solano, Choc�, como el Juzgado 040 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Medell�n, Antioquia, son competentes para tramitar y resolver la acci�n de tutela interpuesta por el se�or Baldomero Pote en contra de ARUS SAS. Sin embargo, el primero de ellos fue el escogido por el accionante.

 

13.   Con base en las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Bah�a Solano, Choc�, se encuentra en la obligaci�n de resolver, en primera instancia, la acci�n de tutela. Esto debido a que fue la primera autoridad con competencia a la que se le reparti� el asunto. De ese modo, la Sala Plena dejar� sin efectos el Auto del 22 de abril de 2026, proferido por la mencionada autoridad judicial. En consecuencia, la Sala ordenar� que se le remita el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, contin�e con el tr�mite respectivo y profiera la decisi�n de fondo a que haya lugar.

 

IV. DECISI�N

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

Primero. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 22 de abril de 2026, proferido por el Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Bah�a Solano, Choc�, dentro del tr�mite de la acci�n de tutela formulada por el se�or Baldomero Pote en contra de ARUS SAS.

 

Segundo. REMITIR el expediente ICC-5397 al Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Bah�a Solano, Choc�, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisi�n a que haya lugar.

 

Tercero. Por la Secretar�a General de la Corporaci�n, COMUNICAR la decisi�n adoptada en esta providencia a la parte accionante, al Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Bah�a Solano, Choc�, y al Juzgado 040 Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Medell�n, Antioquia.

 

 

 

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

�

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

---