A- de 2021

Conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Montería y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de la misma ciudad.

La controversia entre los precitados despachos tuvo su origen en una demanda ejecutiva laboral interpuesta por una ciudadana en contra de la ESE CAMU de Los Córdobas, con la pretensión de que se librara un mandamiento ejecutivo de pago por valor de los salarios y prestaciones sociales adeudadas, junto con los intereses corrientes y moratorios correspondientes.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Corte aplicó la regla de decisión fijada en el Auto 613/21 en el cual sostuvo que, en materia de procesos ejecutivos originados en actos administrativos en los que se pretenda el cobro de obligaciones derivadas de relaciones de trabajo, se activa la cláusula general de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, de conformidad con los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 2.5 y 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Esto, por cuanto el artículo 104.6 del CPACA delimita la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo al conocimiento de cargas crediticias impuestas mediante sentencia emanada de autoridad contencioso administrativa o de un contrato estatal.

Con base en lo anterior, se ordena el envío del expediente al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Montería para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados, así como a las autoridades judiciales correspondientes.