Sentencia A. 681/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

 

AUTO 681 DE 2026

 

Ref.: Expediente RE-394

Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 0176 del 24 de febrero de 2026, �Por el cual se adoptan medidas en materia de calendario acad�mico y suministro del Programa de Alimentaci�n Escolar - PAE en el marco del Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica en parte del territorio nacional�.

Magistrado sustanciador:

H�CTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

 

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Bogot� D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintis�is (2026).

 

La Sala Plena, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular de las previstas en los art�culos 214 y 241.7 de la Constituci�n, y

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CONSIDERANDO

 

1.                 En desarrollo del Decreto 150 del 11 febrero de 2026, �[p]or el cual se declara el Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica en parte del territorio nacional�, el presidente de la Rep�blica expidi�, el 5 de marzo de 2026, el Decreto Legislativo 0176 del 24 de febrero de 2026, �Por el cual se adoptan medidas en materia de calendario acad�mico y suministro del Programa de Alimentaci�n Escolar - PAE en el marco del Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica en parte del territorio nacional�.

 

2.                 En oficio del 25 de febrero de 2026, la secretaria jur�dica de la Presidencia de la Rep�blica remiti� a la presidencia de la Corte Constitucional copia aut�ntica del citado decreto[1].

 

3.                 El 25 de febrero de 2026, en sesi�n virtual de la Sala Plena de la Corte, se realiz� el reparto aleatorio del expediente, y la sustanciaci�n le correspondi� al magistrado H�ctor Alfonso Carvajal Londo�o, raz�n por la cual el proceso se remiti� a su despacho al d�a siguiente.

 

4.                 En auto del 2 de marzo de 2026[2], el magistrado sustanciador avoc� conocimiento del control autom�tico de constitucionalidad del decreto legislativo de la referencia y ofici�, por intermedio de la Secretar�a General de la Corte, a la Secretar�a Jur�dica de la Presidencia de la Rep�blica, a los Ministerios de Educaci�n Nacional, del Interior y de Hacienda y Cr�dito P�blico, para que aportaran distintos elementos de juicio al debate. Adicionalmente, invit� a organizaciones p�blicas y privadas a participar del mismo. En esta misma providencia, se orden� fijar en lista el proceso y correr traslado al procurador general de la Naci�n, para que rindiera el concepto de rigor.

 

5.                 La Secretar�a General de la Corte, en oficio del 25 de marzo de 2026[3], inform� que se recibieron varios documentos, aportados por la Secretar�a Jur�dica de la Presidencia de la Rep�blica y el Ministerio de Transporte. Al revisar su contenido, el magistrado sustanciador, mediante auto del 10 de abril de 2026[4], consider� que la informaci�n que reposaba en el expediente digital era suficiente para continuar con el tr�mite del proceso.

 

6.                 Seg�n informe de Secretar�a General, el t�rmino de fijaci�n en lista concluy� el d�a 28 de abril de 2026.[5] Por oficio No 0141 del 29 de abril de 2026, se dio traslado del proceso al Se�or Procurador General de la Naci�n.[6] El 12 de mayo de 2026, el procurador general de la Naci�n rindi� su concepto.[7]

 

7.                 De acuerdo con el numeral 7 del art�culo 241 de la Constituci�n, le compete a esta Corte: �decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los art�culos 212, 213 y 215 de la Constituci�n�. El art�culo 214 del Texto Superior condiciona la expedici�n de los decretos legislativos que adoptan medidas bajo los estados de excepci�n a que el presidente de la Rep�blica, con la firma de todos los ministros, lo haya declarado v�lidamente. De igual manera, dispone que los decretos legislativos �solamente podr�n referirse a materias que tengan relaci�n directa y espec�fica con la situaci�n que hubiere determinado la declaratoria del estado de excepci�n�.

 

8.                 La relaci�n entre el decreto de declaratoria de un estado de excepci�n y aquellos que se profieren bajo su amparo no es solo una condici�n de habilitaci�n, sino tambi�n de validez^[8]. Lo anterior implica que el control de constitucionalidad del decreto que declara el estado de excepci�n debe ser anterior al escrutinio judicial de los decretos de desarrollo que se adoptan con base en este. De all� que exista una relaci�n de dependencia entre la sentencia que analiza la constitucionalidad del decreto de declaratoria y el control judicial de los decretos de desarrollo.

 

9.                 En el asunto bajo estudio, el Decreto Legislativo 0176 del 24 de febrero de 2026 fue adoptado en virtud de la declaratoria del estado de emergencia econ�mica, social y ecol�gica mediante el Decreto 150 del 11 de febrero de 2026. Este �ltimo decreto se encuentra bajo el control autom�tico de la Corte Constitucional, en el marco del expediente RE-390, y a�n no se ha proferido sentencia.

 

10.             De conformidad con lo anterior, la Sala Plena evidencia que en el presente expediente ocurre el fen�meno de la prejudicialidad respecto de lo que se decida sobre el Decreto 150 del 11 de febrero de 2026. Por ello, como ha sido reiterado por esta Corte en situaciones similares, esta circunstancia impone la necesidad de suspender el proceso judicial de la referencia, hasta tanto se profiera la sentencia sobre el decreto que declar� el estado de emergencia econ�mica, social y ecol�gica.

 

11.             Dado que el Decreto Ley 2067 de 1991 no establece una regla particular sobre la prejudicialidad, se deben aplicar las normas procesales de car�cter general, como se ha hecho en oportunidades anteriores[9]. El art�culo 1 del C�digo General del Proceso (CGP) extiende el �mbito de aplicaci�n de esa normativa a �todos los asuntos de cualquier jurisdicci�n o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no est�n regulados expresamente en otras leyes�. A partir de lo anterior, el art�culo 161 del CGP dispone que el juez decretar� la suspensi�n del proceso, entre otros casos, �cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuesti�n que sea imposible de ventilar en aquel como excepci�n o mediante demanda de reconvenci�n�.

 

12.             Por lo se�alado, la aplicaci�n del CGP resulta necesaria, ante la ausencia de una norma espec�fica que regule la prejudicialidad en el r�gimen de control abstracto de constitucionalidad. Adem�s, dada la urgencia de brindar una respuesta procesal a una situaci�n apremiante, es factible acudir a una regulaci�n semejante[10], para garantizar el control efectivo de las medidas adoptadas en los decretos legislativos. La aplicaci�n del CGP no es incompatible ni contraria con la naturaleza del proceso de control abstracto de constitucionalidad, en cuanto se trata de un medio de control p�blico y no sujeto a un esquema de partes[11]. Al respecto, el art�culo 1 del CGP expresamente se�ala que las disposiciones en �l contenidas resultan aplicables "a todos los asuntos de cualquier jurisdicci�n o especialidad".

 

13.             En s�ntesis, resulta indispensable analizar la constitucionalidad del decreto que declar� el estado de emergencia econ�mica, social y ecol�gica con anterioridad al estudio del Decreto Legislativo 0176 de 2026, pues, como ya se indic�, el primero incide en la validez del segundo. De lo contrario, la Sala Plena tendr�a que adoptar una decisi�n sin los presupuestos sustantivos necesarios. Esta circunstancia desvirtuar�a el ejercicio mismo del control de constitucionalidad y su relevancia democr�tica en el marco de los estados de excepci�n[12].

 

14.             Para tal fin, el art�culo 162 del CGP dispone que el proceso debe suspenderse cuando se encuentre en estado de dictar sentencia. En atenci�n a la especialidad de los asuntos de control abstracto y, particularmente, de los estados de excepci�n, la Sala concluye que debe decretarse la suspensi�n de t�rminos a partir de la fecha, y hasta el d�a h�bil siguiente a la publicaci�n del comunicado de la decisi�n que se adopte respecto del Decreto 150 del 11 de febrero de 2026, �por el cual se declara el Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica en parte del territorio nacional� (RE-390). A partir de ese momento, se reanudar� la contabilizaci�n de t�rminos[13].

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero: SUSPENDER, a partir de la fecha, los t�rminos del expediente RE-394, correspondiente al Decreto Legislativo 0176 de 2026, �febrero de 2026, �Por el cual se adoptan medidas en materia de calendario acad�mico y suministro del Programa de Alimentaci�n Escolar - PAE en el marco del Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica en parte del territorio nacional�.

Segundo: DISPONER que esta suspensi�n se mantenga hasta el d�a h�bil siguiente a la publicaci�n del comunicado de la decisi�n que se adopte respecto del Decreto 150 del 11 de febrero de 2026, �[p]or el cual se declara el Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica en parte del territorio nacional� (RE-390). A partir de ese momento, se reanudar� la contabilizaci�n de t�rminos.

 

Tercero: la Secretar�a General de la Corte Constitucional realizar� las anotaciones correspondientes en el expediente de la referencia.

 

Comun�quese y c�mplase.

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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